TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 9 de abril de 2015
204º y 156º

ASUNTO: AH16-V-2003-000054
PARTE DEMANDANTE: ASOCIACIÓN CIVIL CAJA DE AHORROS Y PREVISIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO UNIÓN, C.A., inscrita por ante la oficina subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha 26 de Febrero de 1959, bajo el Nº 49, Tomo 6, Folio 126, protocolo Primero, cuya modificación Estatutaria consta de Acta de Asamblea General Ordinaria de sus Asociados, inscrita en la Oficina Subalterna Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha 23 de enero de 2002, bajo el Nº 2, tomo 4.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: LUIS HUMBERTO CRUZ HERNÁNDEZ y OSANNA NAFFAH CASCELLA, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 10.096.353 y V- 13.360.093, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros 64.531 y 85.216, respectivamente.-
PARTE DEMANDADA: IRMA MARGARITA RIVERO DE MUÑOZ y FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ, titulares de las cédulas de identidad Nros V- 4.172.858 y V- 3.403.280, respectivamente.
MOTIVO: EJECUCIÓN DE HIPOTECA.-
-I-

Se inicio el procedimiento en virtud del escrito de demanda interpuesto en fecha 16 de agosto de 2003, por LUIS HUMBERTO CRUZ HERNÁNDEZ y OSANNA NAFFAH CASCELLA. En fecha 01 de septiembre de 2003 Se admitió la demanda.
En fecha 11 de Septiembre de 2003, se libraron compulsas de intimación. En fecha 07 de Enero de 2004, se recibió diligencia del alguacil, indicando que le fue imposible cumplir con la tarea encomendada.
En fecha 29 de enero de 2004, se libro cartel de intimación a la parte demandada en la presente causa. En fecha 26 Mayo de 2004, la representación de la parte actora consigna publicaciones en prensa del cartel de intimación. En fecha 16 de Junio de 2004, el Secretario de este Juzgado deja constancia de la fijación del cartel de intimación librado a la parte demandada.
En fecha 28 de Julio de 2004, se designo al ciudadano PEDRO MARTE, como defensor judicial de la parte demandada. En fecha 26 de Agosto de 2004, el ciudadano PEDRO MARTE, manifiesta la aceptación del cargo encomendado. En fecha 06 de Septiembre de 2004, se recibió escrito de contestación a la demanda.-
En fecha 21 de septiembre de 2011, se suspende el juicio hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.-
-II-
Ahora bien, vistas las actuaciones que anteceden contenidas en el expediente y por cuanto no existen elementos sobre los cuales amerite el pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
Igualmente, establece el artículo 269 ejusdem:
Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente.

Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente:
(…) Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer(…).

Asimismo, la figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales.
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “(…)La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil(…)”.
Ahora bien, se desprende del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que el legislador ha previsto con la misma sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía procesal, que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.
En el caso que nos ocupa, de una revisión realizada de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que, desde el 21 de septiembre de 2011, en la cual este Tribunal mediante auto ordenó la suspensión del juicio hasta tanto las partes acrecienten haber cumplido con el procedimiento en el decreto con rango, valor y fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación arbitraria de viviendas, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año, sin que conste en autos que la parte actora haya cumplido con dicha obligación ni mucho menos se evidencia que de alguna otra manera haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso, esto, objetivamente se traduce en la posibilidad de apreciar que el postulante ya no está interesado en impulsarlo hasta el estado en que haya de dictarse alguna resolución, conducta omisiva que depende naturalmente de la voluntad de los justiciables, pero que afecta, sin duda, el normal desarrollo del servicio público de administración de justicia, por congestionar innecesariamente la actividad del Tribunal y distraer la atención del juez sobre otros asuntos que sí la requieren. En consecuencia y en virtud de las circunstancias antes señaladas, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio se ha producido la perención anual en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el transcurso de un año y así se decide.-

-III-
Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Todo de conformidad con lo establecido en artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido por haber transcurrido mas de un (1) año de inactividad entre las partes.
No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los nueve (09) días del mes de abril de dos mil quince (2015). Años 204º de la Independencia y 156º de la Federación.
EL JUEZ,

LA SECRETARIA ACC,
Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL.-
ABG. CAROLYN BETHENCOURT.-

En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión siendo las 09:20 a.m.
LA SECRETARIA ACC,

LTLS/CB/*.-
ASUNTO: AH16-V-2003-000054