TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 28 de abril de 2015
205º y 156º

ASUNTO: AP11-V-2014-000405
Sentencia Interlocutoria

PARTE ACTORA: Ciudadanos ANDRES RICARDO ABREU GALAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.081.830.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadano SIMÓN ENRIQUE ALVAREZ AGUILERA, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo lo No. 155.169.-

PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil GARANTIA ASOCIADAS C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 7 de octubre de 1960, bajo el Nro. 8, tomo 34-A del año 1960, cuya ultima modificación estatutaria se realizó mediante Asamblea de Accionistas celebrada el 19 de junio de 1995, inscrita en la misma oficina el 20 de julio de 1995, bajo el Nro. 55, tomo 221-A.
DEFENSOR JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA, Ciudadano JOSÉ MANUEL MORENO, abogado en ejercicio, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 72.950.-

MOTIVO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.

-I-
NARRATIVA
Se inicia el presente juicio mediante escrito presentado en fecha 9 de abril de 2014, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), del Circuito Judicial de los Juzgados Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano ANDRES RICARDO ABREU GALAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.081.830, asistido por el abogado SIMÓN ENRIQUE ALVAREZ AGUILERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.155.169, mediante la cual demandan por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, a la Sociedad Mercantil GARANTIAS ASOCIADAS C.A., la cual le correspondió conocer a este Juzgado, luego de la distribución de Ley.
Posteriormente por auto de 11 de abril de 2014, se admitió la demanda y se ordenó la citación de la parte demandada.
Luego de cumplidos los trámites correspondientes para la citación de la parte demandada, el día 21 de octubre de 2014, la secretaria de este Juzgado Gabriela Paredes, dejó constancia que fijó el cartel de citación, cumpliendo con las formalidades en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.-
Posteriormente, mediante diligencia de fecha 18 de noviembre de 2014, la parte actora solicitó se designe defensor judicial a la parte demandada.-
Por auto de fecha 26 de noviembre de 2014, este Tribunal procedió designar defensor judicial a la parte demandada.-
En fechas 4 de diciembre de 2014 y 8 de enero de 2015, el ciudadano JOSÉ MANUEL MORENO, aceptó el cargo recaído en su persona como defensor judicial de la parte demandada y juró cumplir con los deberes inherentes al mismo.-
Subsiguientemente, en fecha 10 de febrero de 2015, este Tribunal ordenó librar compulsa de citación al defensor judicial de la parte demandada, a petición de la parte actora.-
Posteriormente en fecha 20 de febrero de 2015, el ciudadano JESÚS E. VILLANUEVA F., Coordinador de la Unidad de Alguacilazgo, consignó recibo de citación firmado por el abogado JOSÉ MANUEL MORENO, defensor judicial de la parte demandada.-
En fecha 31 de abril de 2015, el ciudadano JOSÉ MANUEL MORENO, en su condición de defensor judicial de la parte demandada, consignó escrito de contestación, el cual se opuso a la presente demanda de conformidad en lo establecido 881 del Código de Procedimiento Civil.-
-II-
MOTIVA
Establecido como ha quedado el trámite procesal seguido en el presente asunto, este Juzgador a los fines de resolver respecto a lo alegado en autos, pasa a efectuar las siguientes consideraciones:
El artículo 257 del nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:
“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. (Negrillas y subrayado del Tribunal).

En este mismo orden de ideas, quien se pronuncia considera traer a colación lo establecido en los artículos 206 y 211 del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen:
Artículo 206: “Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”.

Artículo 211: “No se declarará la nulidad total de los actos consecutivos a un acto irrito, sino cuando éste sea esencial a la validez de los actos subsiguientes o cuando la ley expresamente preceptúe tal nulidad. En estos casos se ordenará la reposición de la causa al estado correspondiente al punto de partida de nulidad y la renovación del acto irrito”.

De las normas ut supra señaladas, se puede observar que, el Juez como director del proceso, a objeto de garantizar la estabilidad de los juicios, está facultado para reponer la causa al estado en que se haga necesario la renovación, siempre que éstos no hayan alcanzado el fin para el cual estaban destinados, y consecuentemente, ordenar la reposición de la causa, al estado de renovar el acto procesal que dio origen a la inestabilidad del proceso.
Asimismo, es de observar que es criterio sostenido por nuestro Más Alto Tribunal en sus constantes y reiteradas jurisprudencias, donde está sentado la teoría sobre las nulidades procesales, que consisten en indagar si el acto sometido a impugnación satisface los fines prácticos que persigue, y en caso afirmativo es inoficioso acordar la reposición; toda vez que la reposición es una institución procesal creada con el fin practico de corregir errores de procedimiento que afecten o menoscaben el derecho de las partes con infracción de normas legales que señalen las condiciones que deben seguirse en el trámite del proceso en Puridad de Derechos y cuando se hayan dejado de llenar en el acto procesal formalidades esenciales a su validez. Mediante la nulidad se tiende a invalidar solamente los actos ejecutados para que vuelvan a efectuarse, enmendando los defectos que tenían.
En armonía con lo antes señalado, cabe destacar que la nulidad y consecuente reposición que consagra nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 206, sólo puede ser decretada si se cumplen los siguientes extremos:
• Que efectivamente se haya producido el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos;
• Que la nulidad esté determinada por la Ley o se haya dejado de cumplir en el acto alguna formalidad esencial a su validez;
• Que el acto no haya logrado el fin al cual estaba destinado, y;
• Que la parte contra quien obre la falta no haya dado causa a ella o que sin haber dado causa a ella no la haya consentido expresa o tácitamente, a menos que se trate de normas de orden público.

De tal forma, puede afirmarse que la reposición no es un fin en si mismo, sino un medio para lograr finalidades procesalmente útiles, y un recurso para corregir faltas, errores o vicios, que no es posible subsanar de otra manera.
Al respecto, la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 14 de abril de 2005, Ponente Magistrado Dr. LEVIS IGNACIO ZERPA, incoada por ROMAN EDUARDO REYES, en recurso de nulidad, Exp. Nº 03-1380, Sentencia Nº 1851, estableció:
“…Del análisis sistemático de la norma supra transcrita (Art. 206, 212 y 214 C.P.C.) se infiere, por interpretación en contrario cuales son los extremos establecidos por el legislador adjetivo, a los efectos de, una vez advertido el error “in procedendo” o vicio en el proceso, pueda el juez anular el acto o subsanar la omisión producida, que dio lugar al defecto de actividad del juzgador. En este orden de ideas, cabe destacar que son cinco (5) los requisitos concurrentes que deben ser observados, a los fines de dictar la nulidad de un acto procesal írrito, a saber:
i) que se haya quebrantado u omitido alguna formalidad esencial para la validez del acto;
ii) que el acto no haya alcanzado el fin para el cual estaba destinado;
iii) que la parte contra quien obre la falta no haya dado causa a ella;
iv) que la parte afectada no haya consentido expresa o tácitamente la falta; y por último,
v) que se le haya causado indefensión a la parte contra quien obre el acto…”.

Igualmente, éste Tribunal señala lo establecido por el Legislador patrio en el artículo 245 del Código Adjetivo Civil vigente, el cual dispone:
“Salvo lo dispuesto en el artículo 209, la sentencia podrá limitarse a ordenar la reposición de la causa, por algún motivo legal, al estado de que en la propia sentencia se determine”.

En el sistema venezolano, en relación con las nulidades de los actos de procedimiento, ha establecido que el Juez sólo en dos casos puede declarar la nulidad de un acto procesal, a saber:
a) Cuando la nulidad se encuentre establecida expresamente en la ley, y,
b) Cuando se haya dejado de cumplir en el acto, alguna formalidad esencial para su validez.

Es así como conforme a la Doctrina, en el primer caso, es de obligatorio cumplimiento para el juez declarar la nulidad, por imponérselo así la propia Ley. En el segundo caso, el juez deberá declarar la nulidad del acto procesal cuando se hubiere dejado de llenar un requisito esencial a su validez.
La consecuencia de la declaratoria de la nulidad de un acto es la reposición de la causa, al estado que en la misma sentencia se señale, tal y como lo establece la norma supra citada, pero ésta, por los efectos que produce en los actos consecutivos del acto irrito, y muy especialmente a la economía procesal, por obra de la Jurisprudencia, ha ido adquiriendo contornos cada vez más limitados, y así se tiene sentado tanto en la Doctrina como en la Jurisprudencia patria, como rasgos característicos de la reposición los siguientes:
1°) La reposición de la causa no es un fin, sino un medio para corregir un vicio procesal declarado, cuando no puede subsanarse de otro modo, pero no se declara la nulidad del acto y la reposición, si esta a alcanzado el fin al cual estaba destinado;
2°) Con la reposición se corrige la violación de la ley que produzca un vicio procesal, y no la violación de preceptos legales, que tengan por objeto, no el procedimiento sino la decisión del litigio o de alguna de las cuestiones que lo integran, porque entonces en error alegado, caso de existir, se corrige por la interpretación y aplicación que el Tribunal de Alzada de, a las disposiciones legales que se pretendan violar;
3°) Las reposición no puede tener por objeto subsanar desacierto de las partes, sino corregir vicios procesales, faltas del Tribunal que afecten al orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de éstas y siempre que ese vicio o error y el daño consiguiente, no haya sido subsanado o no pueda subsanarse de otra manera.

Por lo que conforme al criterio del procesalista patrio Aristides Rengel Romberg, la reposición sólo seria justificada cuando el acto procesal viciado fuese esencial para la validez de los actos consecutivos.
Es así como la doctrina de la Sala de Casación Civil ha elaborado una teoría sobre las nulidades procesales que consiste en indagar si el acto sometido a impugnación satisface o no los fines prácticos que persigue, pues en caso afirmativo, la orientación es declarar la legitimidad del acto que aún afectado de irregularidades, pudo de todos modos realizar lo que en esencia era su objetivo según el principio establecido en la parte in fine del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.
Desde la vigencia de esta disposición legal es obligación de los jueces examinar, si la violación de la legalidad de los actos procesales, produce menoscabo en el derecho de defensa para concluir si la reposición cumple un fin procesalmente útil.
Luego de lo antes narrado, quien emite pronunciamiento ha verificado en el caso que nos ocupa, el defensor judicial de la parte demandada JOSÉ MANUEL MORENO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.72.950, dio contestación a la demanda el cual se opuso a la acción intentada en la presente demanda de conformidad en lo establecido en el articulo 881 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, en el asunto bajo estudio el vicio procesal radica en que no contestó la demanda de conformidad en lo establecido en el articulo 690 del Código de Procedimiento Civil.-
Ahora bien, éste Juzgado aplicando al caso que nos ocupa, el artículo 690 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, establece:
Artículo 690 “Cuando se pretenda la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva según la ley, o la declaración de cualquier otro derecho real susceptible de prescripción adquisitiva, el interesado presentara demanda en forma ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil del lugar de situación del inmueble, la cual se sustanciará y resolverá con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo”.
Artículo 691 “La demanda deberá proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva Oficina de Registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. Con la demanda deberá presentarse una certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas, y copia certificada del título respectivo”.
Artículo 692 “Admitida la demanda se ordenará la citación de los demandados en la forma prevista en el Capítulo IV, Título IV, Libro Primero de este Código, y la publicación de un edicto emplazando para el juicio a todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble, quienes deberán comparecer dentro de los quince días siguientes a la última publicación. El edicto se fijará y publicará en la forma prevista en el artículo 231 de este Código, una vez que esté realizada la citación de los demandados principales”.
Artículo 693 “La contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los veinte días siguientes a la citación del demandado, o del último de los demandados, si fueren varios. Tanto para la contestación, como para los trámites siguientes, se observarán las reglas del procedimiento ordinario”.

Luego de lo narrado anteriormente, este Órgano Jurisdiccional en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 11 y 15 de la Ley Adjetiva Civil, y a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa, un derecho fundamental, autónomo, ligado al debido proceso, ya que la Ley procesal es fiel intérprete de los Principios de la Constitución, siendo los derechos antes referidos del orden público, que no pueden ser convalidados, ni resquebrajados, so pena de invalidación de todo lo actuado, estando el Juez en la obligación de cumplir y hacer cumplir en cualquier estado y grado de la causa, corrigiendo todas aquellas faltas que puedan alterar la validez del procedimiento y mantener el equilibrio procesal, con el fin de lograr una sana Administración de Justicia, en conformidad con los establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 15, 26 y 206 Ejusdem, en concordancia con los artículos 218 y 359 Eiusdem, considera Imprescindible Declarar la Nulidad de las actuaciones que cursan al folio cientos setenta y uno (171) al ciento setenta y seis (176), en consecuencia la reposición de la causa al estado en que el defensor judicial de la parte demandada JOSÉ MANUEL MORENO GALINDO, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 9.119.175, de contestación a la presente demandada de conformidad en lo establecido en el artículo 690 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Así se Decide.

-III-
DISPOSITIVO
Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, éste Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: la Nulidad de las actuaciones que cursan al folio cientos setenta y uno (171) al ciento setenta y seis (176), en consecuencia LA REPOSICIÓN la causa al estado en que el defensor judicial de la parte demandada JOSÉ MANUEL MORENO GALINDO, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 9.119.175, de contestación a la presente demandada de conformidad en lo establecido en el artículo 690 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
SEGUNDO: Notifíquese al Defensor Judicial, en aplicación a lo pautado en el artículo 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la anterior decisión en el copiador de sentencias de éste Tribunal, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia y 156° de la Federación.-
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,
DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
ABG. GABRIELA PAREDES.
En esta misma fecha, siendo las 1:51 p.m., se registró y publicó la anterior decisión y se dejó copia en el copiador de sentencias del Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Adjetiva Civil.-
LA SECRETARIA,

ABG. GABRIELA PAREDES.

Asunto: AP11-V-2014-000405.-
AVR/GP/Gustavo.-