REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Segundo del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y
Nacional de Adopción Internacional
Caracas, veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015)
205° y 156°

ASUNTO: AP51-R-2015-004241
ASUNTO PRINCIPAL: AP51-J-2014-008371
JUEZ PONENTE: Dra. YAQUELINE LANDAETA VILERA.
MOTIVO: RECTIFICACIÓN DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL
PARTE RECURRENTE: Abogado RAMÓN ALEJANDRO LISCANO, en su carácter de Fiscal Provisorio Nonagésimo Segundo (92°) del Ministerio Público, a nivel Nacional, con Competencia en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.
PARTE CONTRARECURRENTE: INES MARIA PEDROZO CANTILLO, de Nacionalidad Colombiana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº E-84.424.418.
Niña: (SE OMITE ART. 65 LOPNNA)
, de once (11) años de edad.-
SENTENCIA APELADA: En fecha 10 de febrero de 2015, dictada por el Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial de Protección.
I
Conoce este Tribunal Superior Segundo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado RAMÓN ALEJANDRO LISCANO, en su carácter de Fiscal Provisorio Nonagésimo Segundo (92°) del Ministerio Público, a nivel Nacional, con Competencia en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, en fecha 19 de febrero de 2015, contra la sentencia dictada en fecha 10 de febrero de 2015, dictada por el Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial de Protección.
En fecha trece (13) de marzo de 2015, se le dio entrada al presente recurso y fijó oportunidad para la formalización del mismo de conformidad con el artículo 488-A de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En fecha 17/03/2015, en virtud del error material en el auto de entrada y en el aviso del presente expediente, este Tribunal ordenó librar nuevo aviso subsanando así dichos errores.
En fecha veinte (20) de marzo de 2015, estando dentro de la oportunidad procesal para la fundamentación del recurso de apelación tal y como lo establece el artículo 488-A de nuestra Ley Especial, la parte recurrente consignó su escrito de Formalización de apelación.
Asimismo, se constató que la parte contra recurrente no presentó el escrito que contradicen los alegatos del recurrente.-
En fecha siete (07) de abril de 2015, se celebró la audiencia de Apelación de conformidad con el artículo 488-A. de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Asimismo, en esta misma fecha, se dictó el dispositivo del presente fallo, dejando constancia que la publicación del extenso del mismo se realizaría dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, tal y como lo establece el artículo 488-D de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
DE LA SENTENCIA RECURRIDA:
En fecha 10/02/2015, el Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, dictó Sentencia cuyo dispositivo es del tenor siguiente:

“(…)Revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente asunto, contentivo de la solicitud que por Rectificación de Partida de Nacimiento, y visto los recaudos que la acompañan, presentada por los ciudadanos GIOVANI TORDECILLA ORTEGA e INES MARIA PEDROZO CANTILLO, antes identificada, debidamente asistido por la abogada MARIA DEL ROSARIO GONCALVES TRINIDAD, debidamente inscrita en el Inpreabogado N° 36.214, solicitando la rectificación del acta de nacimiento de su hija (SE OMITE ART. 65 LOPNNA)
, venezolana, de diez (10) años de edad, la cual esta asentada en el acta Nº 2792, expedida por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, en la Dirección de la Maternidad Concepción Palacios, manifestando los precitados ciudadanos que se incurrió en un error material al transcribir el número de cédula de la madre, en virtud de lo expuesto, solicita la rectificación del acta en cuestión.
Como prueba de lo alegado la parte solicitante consignó:
(SE OMITE ART. 65 LOPNNA)
 , venezolana, de diez (10) años de edad, la cual esta asentada en el acta Nº 2792, expedida por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, en la Dirección de la Maternidad Concepción Palacios.
 Copias de la cédula de identidad de INES MARIA PEDROZO CANTILLO, signada bajo el Nº E-84.424.418.

Se admitió la presente solicitud en fecha 07/05/2014, y se fijó en fecha 29/07/2015, oportunidad para la audiencia Única del artículo 512 de Nuestra Ley Especial.
Al hilo de lo anteriormente señalado, este Tribunal considera que el error denunciado no amerita ser tramitado mediante juicio de Rectificación de Partida de nacimiento previsto en el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, y visto que se ha verificado que estamos evidentemente en un caso de error de datos, todo ello verificado en las actas antes señaladas, este Despacho Judicial a cargo de la Juez Décima Quinta (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución, del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, procede en forma SUMARIA, de conformidad con lo establecido en el literal "I" Parágrafo segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 156 ejusdem, declara CON LUGAR la RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO Nº 2792, expedida por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, en la Dirección de la Maternidad Concepción Palacios, a favor (SE OMITE ART. 65 LOPNNA)
, venezolana, de diez (10) años de edad, en el sentido de la identificación del número de cédula de la progenitora como: ( )…V-15150.539…( ). Debe decir: ( )…E-84.424.418 …( ). Que es lo correcto. Y ASI SE DECIDE…”

DE LOS ALEGATOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE RECURRENTE:

Al interponer el presente recurso de Apelación, el abogado RAMÓN ALEJANDRO LISCANO, anteriormente identificado, alegó lo siguiente:
Que de la sentencia impugnada la presente apelación obedece al agravio del orden público producido por violaciones a disposiciones expresas de Ley, por la Sentencia definitiva dictada en fecha 10 de febrero de 2015 por el Tribunal A quo, que declaro con lugar la solicitud de rectificación de acta de nacimiento de la niña antes referida.
Que hay error en el procedimiento, violación al orden público, y a la doctrina vinculante emanada de la sala Constitucional de la República.
Que en fecha 07/05/2014, el Tribunal Séptimo (7°) de Mediación, Sustanciación y Ejecución, Tribunal que conocía para ese momento de la presente causa admite la solicitud ordena la notificación del Fiscal del Ministerio Público, a los fines de proceder a fijar la Audiencia única correspondiente.
Que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente no consagra expresamente la notificación del Fiscal del Ministerio Público. No obstante, el artículo 131, ordinal 3°, y los artículos 770 y 771 del Código de Procedimiento Civil consagran la intervención del representante Fiscal en este tipo de procesos por estar interesado el orden público, por versar sobre el estado y capacidad de las personas, de allí nuestra legitimación para interponer el presente recurso.
Que se puede observar del iter procedimental que el Tribunal de Primera Instancia, no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 516 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Que de la norma anteriormente mencionada, evidenciaron el procedimiento a seguir en los casos de Rectificación de Acta que sean conocidas por la Jurisdicción especial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista un error que afecte el fondo de la misma.
Que de la norma se observa el deber que tiene el Juez de Protección de emplazar a cuantas personas puedan ser afectadas en sus derechos, esto es, aquellas personas contra quienes pueda obrar la rectificación solicitada y para aquellos terceros interesados acudan al proceso a objeto de que puedan formular sus oposiciones y defensa sobre la pretensión de rectificación del acta que presuntamente tiene el error en la Audiencia Única de Jurisdicción Voluntaria.
Que ello impone que por cumplimiento de la disposición expresa en la Ley aludida el Juez de Protección que conoce de una solicitud de rectificación de Actas debe ordenar la publicación de un cartel en un diario Nacional o Local de conformidad con lo establecido en el artículo 461 de la Ley Orgánica para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Que recordemos, que la noción de orden público esta integrada por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado se supedita al interés particular, para la Protección de ciertas Instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad Jurídica. Tal es el caso del Registro del Estado Civil, ya que, en él se hacen constar de un modo autentico, los hechos, actos y situaciones relativas al estado civil de las personas, y es calificado por la Ley Orgánica del Registro Civil como un servidor público esencial.
Que en el presente caso de los hechos señalados por la propia solicitante, se evidencia que no se trata la solicitud de la corrección de un simple error material cometido por la Autoridad Civil al momento de la presentación, pues señalan los solicitantes, que para el momento de la inscripción del nacimiento de su hija en el Registro Civil, se cometió un error material involuntario por parte del personal de la maternidad Concepción Palacios al identificar a la madre de la niña como: Venezolana, portadora de la cédula de identidad Nro V-15.150.539, cuando según lo alegado su nacionalidad es colombiana y se encuentra cedulada bajo el Nro. E-84.424.418, aportando como medio de prueba 4 cédulas laminadas anexadas al escrito de solicitud.
Que como se observara, el error denunciado en el acta no se corresponde con un simple error material, de un numero de cédula, o un error de letras en los nombres, se trata de un error que afecta el fondo del acta de nacimiento por ser un error en la cédula de identidad instrumento fundamental de identificación de las personas.
Que en ese sentido pueden citar sentencias Nº 705 de fecha 14/07/2010; Nº 1225 de fecha 06/10/2011; y Nº 958 de fecha 14/07/2011, emanadas todas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fallos en los cuales se observa el criterio de la Sala acerca de que el numero de la cédula de identidad constituye un dato fundamental y no representa su corrección un simple error material.
Que por tratarse, el presente caso de un error que afecta el contenido del fondo del acta, toda vez que no se trata de un error en letras o números, sino un error de la cédula de identidad, evidentemente debe ser considerado como un error que afecta el fondo del contenido del acta.
Que es por ello que debe aplicarse lo establecido en el segundo párrafo del artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, norma que fue derogado parcialmente sólo en cuanto a las competencias de los Consejos de Protección, pero norma que sigue vigente, y establece la publicación de un cartel , en este caso un único cartel, a cuantas personas o terceras per45sonas que puedan verse afectadas en sus derechos y pudieren formular sus oposiciones y defensas en la audiencia única.
Que creen, que las normas procedimentales, no pueden ser relajadas por el Tribunal, por no ser estricta de reserva legal y de orden público, ella son una manifestación del Derecho al debido proceso, como garantía fundamental establecida en el artículo 49 Constitucional, numeral 3°, que postula el derecho a ser oído en cualquier clase proceso, con las debidas garantías.
Que deben señalar que en fecha 28/11/2008 la sala Constituonal (sic.) del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchan, estableció en sentencia Nº 1851 de manera vinculante establecio (sic.) como NO conforme a derecho la desaplicación del artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Que todo ello, en su criterio obliga a los Tribunales de Protección a la aplicación de la referida norma procedimental, lo cual en el caso de marras debería implicar la nulidad de lo actuado, y la reposición de la causa al estado en que se publique dicho cartel, y posteriormente a ello se celebre nuevamente la audiencia única.
Que consideran muy respetuosamente, que el Tribunal A quo no valoró adecuadamente las pruebas aportadas por la parte solicitante, lo cual le llevó a la declaratoria con lugar de la rectificación solicitada, a pesar de haber ciertas incongruencias en los medios probatorios que consta en autos.
Que en primer lugar la solicitante afirma ser extranjera y titular de la cédula N° E-84.424.418, no obstante, solo consta como elemento probatorios cédulas laminadas consignadas con el libelo, sin embargo se evidencio de la respuesta de l SAIME, acerca de los datos filiatorios lo siguiente: “INES MARIA PEDROSO CANTILLO, C.I E-84.424.418 fecha de nacimiento 22/04/1972, nacionalidad Venezolana. Aparece registrada en nuestro sistema computarizado, pero físicamente no hay alfabética con que cotejar sus datos, por lo tanto no podemos emitir datos filiatorios.”
Que se observa que siendo extranjera, en el sistema del SAIME señale que posee nacionalidad Venezolana. Que además de ello seria importante verificar si para el momento en que se hizo la presentación de la niña, ya la madre tenia esa cédula de identidad , o si por el contrario la obtuvo sobrevenidamente a la presentación. Esto a objeto de entender si estamos ante un caso de rectificación de acta o si la pretensión debe ser satisfecha a través de una sentencia mero declarativa.
Que en segundo lugar, en el acta de nacimiento se dice “natural de ciudad Ojeda estado Zulia”, lo cual no fue enunciado como error por la solicitante, pero lógicamente si es natural de esta población no seria extranjera, ahora en caso de que sea otro error debería ser alegado y demostrado tal circunstancia, todo ello, con el fin de garantizar que los datos que se registran en el Registro del Estado Civil sean fidedignos.
Que en virtud de lo anteriormente señalado, y con el objeto de salvaguardar el debido proceso y el orden público y el orden público, solicita de conformidad con lo establecido en los artículo 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil y en aplicación del articulo 516 de la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se declare con lugar el presente recurso de apelación y que consecuentemente se ordene la reposición de la causa al estadote que el Tribunal A quo libre único cartel a publicarse en un diario de circulación nacional o local, y una vez cumplidas con las formalidades del mismo se fije oportunidad para que tenga lugar la Audiencia Única que establece la Ley.
PUNTO PREVIO
Es de previo pronunciamiento para esta Alzada el hecho que el Tribunal A quo no cumplió con el procedimiento al no ordenar librar un cartel en un diario de circulación Nacional o local, por cuanto la presente causa trata sobre una rectificación de acta de nacimiento, lo cual se observa en el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el deber que tiene el Juez de Protección de emplazar a cuantas personas puedan ser afectadas en sus derecho por cuanto si existen terceros interesados acudan al proceso con motivo que puedan formular su oposición y defensa sobre la pretensión de rectificación del acta que presuntamente tiene el error, en la audiencia Única de Jurisdicción Voluntaria, en este sentido en fecha 28/11/2008 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrados Carmen Zuleta de Merchan, estableció en sentencia Nº 1851 de manera vinculante como no conforme a Derecho la desaplicación del artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente lo siguiente:
“las salas de juicio de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de todo el país, que ante una solicitud de rectificación de partida que involucre a un niño, niña o adolescente, deberán decidir, como punto previo, si la solicitud de rectificación de partida versa sobre verdaderos errores materiales, y si así lo fuere remitir, en consecuencia, la solicitud del consejo de Protección de Niños Niñas y Adolescentes de conformidad con lo establecido en el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes , o si por el contrario, cabe la intervención judicial al Tratarse de un error cuya solución debe obtenerse a través de la jurisdicción voluntaria en aplicación de lo establecido en el artículo 511 eiusdem; ello con el fin de evitar que ningún otro juez con la referida competencia aplique en los casos de solicitud de rectificación de Partidas de Niños, Niñas y Adolescentes el procedimiento establecido en los artículos 768 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en prevalencia de lo estatuido por la norma especial contenida en el artículo 516 de la novísima Ley Orgánica para la Protección de niños, Niñas y Adolescentes.”

En este caso concreto, de la revisión efectuada a las actas que conforman el presente asunto, observa esta Juzgadora, que a través del Recurso de Apelación que nos ocupa, se intenta la impugnación de la sentencia dictada en fecha diez (10) de febrero de 2015, por la Jueza del Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial, en la cual se declaró Con Lugar la Rectificación del Acta de Nacimiento Nº 2792, expedida por la alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, en la Dirección de la Maternidad Concepción Palacios, a favor de la niña de autos; asimismo, se observa que una vez recibido la presente causa por la unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de este Circuito Judicial, dictó auto de entrada, mediante la cual admite la solicitud de Rectificación de actas de Nacimiento de conformidad con los artículos 177 parágrafo segundo, literal “a” y 511 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, obviando ordenar librar el cartel en un diario de mayor circulación o local; y así emplazar a cuantas personas pudieran ser afectadas en sus derechos sobre la pretensión de rectificación del acta de nacimiento, comprobándose que el Tribunal a quo erró en el procedimiento, violando así el orden público, por lo que esta juzgadora, considera pertinente considerar lo suscrito por el autor Dr GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, en su obra DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta S.R.L., pp. 226 lo siguiente:
(“…)Orden Público. Más fácil es sentirlo que definirlo, y en la doctrina las definiciones dadas han sido las unas contrarias a las otras, sin poder determinar cuáles son límites, cuáles las fronteras, cuáles las líneas divisorias exactas del orden público. El profesor Posada lo definía diciendo que es “aquella situación de normalidad en que se mantiene y vive un estado cuando se desarrollan las diversas actividades, individuales y colectivas, sin que se produzcan perturbaciones o conflictos”. El orden público es sinónimo de un deber, “que se supone general en los súbditos de no perturbar el buen orden de la cosa pública” (…”)
De acuerdo a todo lo antes expresado, es forzoso para quien aquí suscribe, en aplicación del orden público y al debido proceso, en virtud, de lo que se observa en el presente asunto, en cuanto a la omisión del Tribunal A quo de Librar el Cartel en un diario de mayor circulación nacional o local, por lo que implica la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal A quo en fecha 10/02/2015 de conformidad con el artículo 160 numeral 1, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto hubo un pronunciamiento a fondo sin haber garantizado el derecho a ser oído, a terceras personas contra quienes pudiera obrar la rectificación solicitada, todo ello de conformidad con el articulo 49 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con el artículo 516 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.- Y así se declara.-
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Cumplidas como han sido las formalidades de la sustanciación del presente recurso y desarrollada como fue la audiencia de apelación en fecha siete (07) de abril de dos mil quince (2015), de conformidad con lo previsto en el artículo 488-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, esta Jueza del Tribunal Superior Segundo procede a exponer las motivaciones de hecho y de derecho que precedieron a dictar el dispositivo del presente fallo. -
De la revisión exhaustiva desde principio a fin, del expediente Nº AP51-J-2014-008371, se observa en el libelo de la demanda, la solicitante INES MARIA PEDROSO CANTILLO, se identifica con dos números de cédulas de identidad el primero con el Nº E-52.401.814 y el segundo con el Nº E-84.424.418, siendo incongruente, en virtud, que en su solicitud de rectificación de actas de nacimiento, alega que: se cometió un error material voluntario por parte del personal de LA Maternidad Concepción Palacios al identificar a la ciudadana INES MARIA PEDROSO CANTILLO, como venezolana portadora de la cédula de identidad Nro V-15.150.539, cuando realmente su nacionalidad es colombiana y que se encuentra cedulada bajo el Nro E-84.424.418, tomando en cuenta quien aquí suscribe, que ya tenemos en presencia de tres números de cédulas diferente, por lo que para este Tribunal es curioso también, que la ciudadana INES MARIA PEDROSO CANTILLO, en su solicitud, siendo ésta colombiana solo pida la corrección de la cédula de identidad cuando en el acta de nacimiento dice “natural de ciudad Ojeda estado Zulia” , es decir, si es natural de Ciudad Ojeda Estado Zulia, debería ser venezolana, por lo que estaría en curso otro error en el acta de nacimiento el cual debería haber sido alegado por la misma, tal como ciertamente fue delatado por el recurrente.
Además, se puede cotejar, que en el primer número de cédula alegado (E-52.401.814), fue registrado de la misma forma en su primera solicitud de Rectificación de Actas, registrado bajo nuestro sistema Juris 2000, bajo el Nº AP51-V-2008-016207, conociendo de esta causa el Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial, dando entrada al mismo en fecha 07/10/2008, el cual quedó perecido mediante sentencia de fecha 25/02/2015, dictada por dicho tribunal, por lo que este Juzgado, se pregunta por qué en el primer expediente AP51-V-2008-016207 y en el segundo AP51-J-2014-008371 (ambos con la misma pretensión de rectificación de acta de nacimiento de la misma niña), hay dos números de identificación diferentes para la ciudadana INES MARIA PEDROSO CANTILLO, por lo que considera este Juzgado Superior que el Tribunal a quo, debió haber dictado despacho saneador a los fines de verificar los datos y garantizar que éstos fueran fidedignos y subsanando así dicho error.
De igual manera, en cuanto a la revisión del expediente Nº AP51-J-2014-008371, objeto del presente recurso se observa, que el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito, en fecha 17/09/2014, libró oficio Nº 1796, al Director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, a los fines de solicitarle su valiosa colaboración, en el sentido de que sirviera remitir a ese despacho Judicial, los datos filiatorios de la ciudadana INES MARIA PEDROZO CANTILLO, titular de la cédula de identidad Nº E-84.424.418, siendo el mismo respondido por el organismo anteriormente mencionado en fecha 30/12/2014 mediante oficio Nº RIIE-1-0501-8024, donde transcriben: que en los archivos de esta dirección APARECE REGISTRADO (A) EL CIUDADANO (A), referido (a) en su solicitud. INESMARIA CANTILLO C.I N° E-81.424.418, FECHA DE NACIMIENTO: 22-04-11972, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, NACIONALIDAD VENEZOLANA. // APARECE REGISTRADA EN NUESTRO SISTEMA COMPUTARIZADO PERO FISICAMENTE NO HAY ALFABETICA CON QUE COTEJAR SUS DATOS. POR LO TANTO NO PODEMOS EMITIR LOS DATOS FILIATORIOS. Siendo este organismo incoherente, con relación a los datos registrados en su sistema, con respecto a la ciudadana INES MARIA PEDROZO CANTILLO, exponiendo un número de cédula extranjero y de nacionalidad venezolana, por lo que este Tribunal Superior Segundo, ante tal incongruencia debe indagarse a través de nuevo oficio al ente administrativo y todas las probanzas de parte o de oficio por el Tribunal necesarias a los fines de la toma de decisión que corresponda en el presente asunto, y así se establece.-
Aunado a lo anterior, considera esta Alzada que lo correcto es aplicar en estos casos el artículo 516 de la Ley Orgánica de Protección, de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual se encuentra derogado sólo en lo referente a la competencia que tenían los Consejos de Protección en las rectificaciones de errores materiales de partidas, según la Disposición Derogatoria Quinta de la Ley Orgánica de Registro Civil, el cual señala lo siguiente:
“…. En caso de rectificación de partidas, salvo los referidos a la corrección de errores materiales cometidos en la Actas del registro Civil (………) Adicionalmente, debe indicar las personas contra quienes pueda obrar el cambio, o que tenga interés en ello, así como su domicilio y residencia…
Antes de proceder a notificar, debe publicarse un cartel en un diario de circulación nacional o local, de conformidad con el artículo 461 de esta Ley, emplazando para la audiencia a cuantas personas puedan ver afectados sus derechos. Las personas contra quienes obre la solicitud y los terceros interesados puedan formular sus oposiciones y defensas en la audiencia.

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes regula lo relacionado con la rectificación de partidas en un aspecto muy especial y particular, ya que la Ley Orgánica del Registro Civil en su artículo 156 otorga a la jurisdicción de protección de niñez y adolescencia la competencia exclusiva para las rectificaciones, reconstrucciones, inserciones, nulidades y demás acciones tendentes a modificar o extinguir el contenido de las actas del Registro civil, que se refieran a niños, niñas y adolescentes; ello así está materializado en el artículo 177, Parágrafo Segundo –Jurisdicción Voluntaria-, literal i de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en los siguientes términos:
(…) i) Rectificación y nulidad de partidas relativas al estado civil de niños, niñas y adolescentes, …..”
Es decir, el trámite referido al cambios al estado civil de la niñez y adolescencia cuando se trate de modificaciones que afecten el fondo del acta, debe llevarse en esta jurisdicción especial, por el procedimiento de jurisdicción voluntaria, debiendo ordenarse la publicarse el cartel establecido en el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concatenación a los artículos 149: “Procede la solicitud de rectificación judicial cuando existan errores que afecten el contenido de fondo del acta,……”; y 156: “ Las rectificaciones, inserciones, nulidades y demás acciones tendentes a modificar o extinguir el contenido de las actas del Registro Civil, que se refieran a niños, niñas y adolescentes, serán competencia de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes” de la Ley Orgánica de Registro Civil, y así se establece.-
De lo anterior se desprende revisando el presente asunto que, si bien se ha llevado por el procedimiento de jurisdicción voluntaria, al no tratarse evidentemente de un error material es necesario ordenar la publicación del cartel establecido en el artículo 516 ejusdem, aún cuando la progenitora señale que se trata de un error material en la partida de nacimiento de la niña de autos, hija de la solicitante, toda vez, que uno de los errores que contiene la partida de nacimiento es el número de su cédula de identidad, evidenciándose que tiene o ha tenido tres (03) números asignados, es evidente que no se trata de un error material, sino de fondo, por lo que aplica el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y así se establece.-
Ahora bien, en vista que la reposición de la causa se da cuando se trate de formalidades esenciales para alcanzar el fin del proceso o cuya ausencia produzca indefensión o perjudiquen a las partes, como la violación del derecho a la defensa, caso que nos ocupa, por cuanto no se aplicó el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en tal sentido quien aquí decide debe forzosamente anular la sentencia dictada en fecha 10/02/2015, por el Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial, y reponer la causa al estado de nueva admisión en aplicación de los artículos 177, parágrafo segundo, literal i, 511 y 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; en concordancia de los artículos 149, 150, numeral 1, 151, 152 y 156 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en el asunto signado bajo la nomenclatura AP51-J-2014-008371. Y así se decide
III
DISPOSITIVO
En mérito de las anteriores consideraciones, este TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCION INTERNACIONAL, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara
PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 19/02/2015, por el abogado RAMÓN LISCANO, en su carácter de Fiscal N° 92, a nivel Nacional del Ministerio Público, en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contra la decisión dictada en fecha 10/02/2015, por el Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial, por los motivos de hecho y de derecho que se expondrán en la parte motiva del presente fallo al momento de su publicación, y así se decide.
SEGUNDO: Se ANULA la sentencia dictada en fecha diez (10) de febrero de dos mil quince (2015), por el Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 160, numeral 1ero, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
TERCERO: En consecuencia se REPONE el asunto principal al estado de nueva admisión en aplicación de los artículos 177, parágrafo segundo, literal i, 511 y 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; en concordancia de los artículos 149, 150, numeral 1 , 151, 152 y 156 de la Ley Orgánica de Registro Civil.
CUARTO: En virtud que la Jueza del Tribunal A quo, se pronunció al fondo de la controversia planteada en este asunto, se ordena la remisión del mismo a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), a los fines que sea distribuido a un nuevo Tribunal de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
QUINTO: Se ordena remitir copia certificada del presente fallo al Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, a los fines legales consiguientes.
Publíquese y Regístrese
Dada, firmada y sellada en este Tribunal Superior Segundo del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. En Caracas, a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil quince (2015). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR SEGUNDA,
LA SECRETARIA,
DRA. YAQUELINE LANDAETA VILERA
Abg. MIGDALIA HERRERA
En la misma fecha, se publicó, registró y diarizó la anterior sentencia, siendo la hora establecida en el Sistema de Documentación, Gestión y Decisión Juris 2000.
LA SECRETARIA,

Abg. MIGDALIA HERRERA.
YLV/MH/LUIS.-
ASUNTO: AP51-R-2015-004241
ASUNTO PRINCIPAL: AP51-J-2014-008371