REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 14 de agosto de 2015
205º y 156º

ASUNTO: AH1C-R-2000-000015
PARTE RECURRENTE: CANDIDO ANTONIO MARTELL, mayor de edad, venezolano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad numero 4.674.103, y CANDIDO TORRES, mayor de edad, extranjero, titular de la cédula de identidad numero 197.831.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: EVELINY ASCENCION ARNAL MARTÍNEZ y ÁNGEL REINALO FLORES CORONEL, abogados inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 29.592 y 30.099, respectivamente.
DECISION RECURRIDA: Sentencia de fecha 19 de enero de 1998, dictada por el Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
PARTE DEMANDADA: JUAN JESUS CEDEÑO y JUAN JESUS CEDEÑO GARCÍA, mayores de edad, venezolanos, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números 3.422.256 y 11.481.022, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: OLIMPIADES RODRÍGUEZ GUTIERREZ, MARBELLE JUVALI TERAN PACHECO y ALEXIS RIGUEY MAURICIO CALDERON, abogados inscritos en el INPREABOAGDO bajo los números 6.938, 37.559 y 25.815, respectivamente.
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO (APELACION).-

I
Actuaciones en esta alzada.
Llegan las presentes actuaciones a esta alzada, en virtud del recurso de apelación ejercido en fecha 11 de febrero de 2000, por el abogado Reinaldo Flores, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión de fecha 19 de enero de 1998, dictada por el Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 16 de febrero de 2000, la Secretaria de este Tribunal para esa fecha, dio por recibido el presente expediente.
Por auto de fecha 08 de marzo de 2000, se dio entrada a la presente causa.
Por auto de fecha 16 de marzo de 2000, se abrió una articulación probatoria de cinco días.
En fecha 27 de marzo de 2000, la representación judicial de la parte actora, presentó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 30 de marzo de 2000, la representación judicial de la parte recurrente, presentó escrito de informes.
Mediante diligencia de fecha 03 de junio de 2002, la representación judicial de la parte recurrente, solicitó que se dictara sentencia.
Por auto de esta misma fecha quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra.

II
Motivaciones para decidir.
Conforme a las actuaciones anteriormente relatadas, y conociendo esta alzada del recurso de apelación ejercido en fecha en fecha 11 de febrero de 2000, por el abogado Reinaldo Flores, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión de fecha 19 de enero de 1998, dictada por el Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, este Tribunal antes de emitir pronunciamiento alguno sobre el fondo de lo debatido, observa que no consta en autos, actuación alguna posterior a la fecha 03 de junio de 2002, por alguna de las partes inmersas en el presente asunto, por lo que obligatoriamente se debe traer a colación las siguientes normas adjetivas:

El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención”.
En el mismo orden de ideas, el artículo 269 del Código Adjetivo señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Los artículos anteriormente reproducidos, señalan que la perención se verifica cuando el proceso se paraliza por inactividad procesal y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al Juez de la causa a que de oficio se pronuncie sobre la extinción del procedimiento, en virtud de lo establecido por la institución jurídica de la perención, es decir, que de la norma anterior se desprende la facultad que tiene el juez de declarar la perención de oficio, cuando se configuren de autos todos sus supuestos necesarios para ello.-
Siguiendo el orden de ideas explanadas, se trae a colación lo previsto en el artículo 270 eiusdem, que expresa:
“La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los autos; solamente extingue el proceso.
Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en las cuales no habrá lugar a perención”. (Negrilla de esta alzada).
De la norma transcrita, se colige que cuando la perención se verifica en alzada, trae como consecuencia la firmeza de la decisión dictada por el juzgador de primer grado de conocimiento, produciéndose así, que la decisión apelada adquiera fuerza de cosa juzgada; de manera que, no se extingue la sentencia emanada del juzgado a-quo, sino que, en consecuencia, quedara extinguida la instancia de alzada; ello, por cuanto la firmeza del fallo recurrido es, a su vez, consecuencia del efecto de validez de las decisiones dictadas. Así se establece.-
Al respecto, la Sala de Casación Civil, en sentencia numero 450 de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil uno (2001), expediente 01-113, estableció en relación a los efectos de la declaratoria de perención en segunda instancia sobre el recurso de apelación, lo siguiente:
”…Cabe señalar, adicionalmente, que conforme a la referida norma si la perención se verifica en segunda instancia, la sentencia apelada mantiene sus efectos, adquiriendo el carácter de cosa juzgada, de modo que sólo perime la segunda instancia porque la apelación se extingue. Por tanto, la firmeza de la sentencia dictada en primera instancia deviene del efecto de validez que contempla la citada norma, respecto de las decisiones dictadas…” (Negrilla de esta alzada).

De la citada jurisprudencia se deduce, que la figura de la perención cuando opera en segunda instancia, respecto a los recursos que se interpongan contra las decisiones dictadas por el tribunal que conoció en el primer grado de conocimiento, conlleva a que esa decisión que fue objeto de impugnación, consiga el carácter de cosa juzgada.-
En tal sentido, se tiene claro que las partes tienen la carga de impulsar el procedimiento en segunda instancia hasta obtener la decisión que resuelva el recurso sobre la sentencia dictada por el tribunal que conoció en el primer grado de conocimiento, y que de no hacerlo, extingue el recurso, trayendo como consecuencia, que la decisión apelada, adquiera el carácter de cosa juzgada.-
Dicho lo anterior, se observa que estando ambas partes obligadas a impulsar el procedimiento en segunda instancia, las mismas no cumplieron con dicha carga, tal y como se evidencia de las actas del expediente.-
A mayor abundamiento, que desde el día 03 de junio de 2002, hasta el día de hoy ha transcurrido 13 años y 02 meses, lapso que supera con creces el tiempo necesario para que opere la perención de la instancia, sin que las partes realizaran actuación alguna que impulsara este proceso, y siendo que las partes no han hecho acto de presencia en la causa que hoy ocupa la atención de esta Sentenciadora, a los fines de concluir el asunto objeto de apelación, mediante el correspondiente fallo; y como quiera que tales hechos guardan estrecha relación de identidad con el supuesto fáctico consagrado en los artículos 267 y 270 del Código de Procedimiento Civil, debe esta Juzgadora, obligatoriamente, concluir que con respecto a la apelación ejercida en el caso de marras, ha operado la perención anual de la instancia, y como consecuencia de ello, firme la decisión dictada en la presente causa por el Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 19 de enero de 1998. Y así se decide.

III
Dispositiva.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243, 267 y 270, del Código de Procedimiento Civil, declara:

PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, con respecto al recurso de apelación ejercido en fecha 11 de febrero de 2000, por el abogado Reinaldo Flores, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión de fecha 19 de enero de 1998, dictada por el Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
SEGUNDO: FIRME LA DECISIÓN dictada en la presente causa en fecha 19 de enero de 1998 por el Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
TERCERO: Remítase el expediente al Tribunal de origen.
CUARTO: No hay condenatorias en costas conforme a lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los 14 días del mes de agosto de 2015. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.-
LA JUEZA,

DRA. BELLA DAYANA SEVILLA JIMÉNEZ.-
LA SECRETARIA,

ABG. JENNY VILLAMIZAR.-
En esta misma fecha, siendo las 9:25 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.-
LA SECRETARIA,

ABG. JENNY VILLAMIZAR.-
ASUNTO: AH1C-R-2000-000015