TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Años: 205° y 156°

SOLICITANTE: ANA CRISTINA HURTADO ESTRADA, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 11.921.424.
APODERADO
JUDICIAL: FELIX ALBERTO HERRERA, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.15.193.

MOTIVO: SOLICITUD DE EXEQUÁTUR

SENTENCIA: DEFINITIVA

MATERIA: CIVIL

SOLICITUD: AP71-S-2015-000017

I
ANTECEDENTES

Corresponde a este Juzgado Superior conocer y decidir respecto a la solicitud de exequátur interpuesta por el abogado en ejercicio FELIX ALBERTO HERRERA, actuando en su condición de apoderado judicial de la solicitante ciudadana ANA CRISTINA HURTADO ESTRADA, ut supra identificada, de la sentencia de divorcio dictada por la Corte Superior de Justicia, Juzgado de Familia de Ottawa Ontario Canadá, en fecha 19 de noviembre de 2014, expediente Nº FC-14-00002088-0000, que disolvió el vinculo matrimonial contraído por los ciudadanos ANA CRISTINA HURTADO ESTRADA y RICARDO ENRIQUE SUAREZ CHANTADA, ante la Primera Autoridad Civil del Municipio El Hatillo del estado Miranda, en fecha 20 de diciembre de 2003.

Verificada la insaculación de causas el día 17 de marzo de 2015, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue asignado el conocimiento y decisión de la aludida solicitud a este Juzgado Superior Segundo.

El apoderado judicial de la solicitante, consignó conjuntamente con su escrito de exequátur, los siguientes recaudos:

• Poder otorgado por la ciudadana ANA CRISTINA HUSTADO ESTRADA, al abogado FELIX ALBERTO HERRERA, autenticado en fecha 16 de enero de 2015, ante la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ottawa, Provincia de Ontario, Canadá.
• Copia certificada del acta de matrimonio emitida por la Primera Autoridad Civil del Municipio El Hatillo del estado Miranda, en fecha 20 de diciembre de 2003.
• Sentencia de divorcio dictada por la Corte Superior de Justicia, Juzgado de Familia, en fecha 19 de noviembre de 2014.
• Copia del pasaporte Canadiense de la ciudadana Ana Cristina Hurtado (f. 25).
• Copia de constancia de residencia del ciudadano Ricardo Enrique Suárez, y su copia de la cédula de identidad de venezolano (f. 26 y 27).

En fecha 19 de marzo de 2015, por auto dictado por este Juzgado Superior Segundo se le dio entrada a la presente solicitud, quedando registrada bajo el Nº AP71-S-2015-000017 en el libro de control de causas. En esa misma data se le dio cuenta al Juez (f. 30).

Mediante auto dictado en fecha 9 de abril de 2015 (f. 31 y 32), se admitió la solicitud de exequátur de conformidad con lo preceptuado en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, por no ser contraria a derecho, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, ordenándose el emplazamiento del ciudadano RICARDO ENRIQUE SUAREZ y ordenó oficiar al Fiscal de Turno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su intervención en este procedimiento, tal y como lo prevé el ordinal 5º del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 1º del artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, a cuyos efectos se libró oficio N° 117-15. Asimismo se ordenó oficiar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), con objeto de que suministrara a este Juzgado sobre el movimiento migratorio y último domicilio del ciudadano RICARDO ENRIQUE SUAREZ.

Se verifica al folio 36, que en fecha 15 de abril de 2015, el ciudadano Alguacil de este despacho ciudadano José Gregorio Pereira Rondón, dejó constancia de haber entregado el oficio N° 118-15 en la Oficina Principal del SAIME, ubicada en la Avenida Baralt, frente a la Plaza Miranda, en la Oficina de Migración y Zonas Fronterizas. Asimismo, en esa misma data dejo constancia de haber entregado el oficio 117-15, en la sede del Ministerio Público.

En fecha 27 de mayo de 2015, se ordenó agregar al presente expediente el oficio Nº RIIE-1-0501-2193, de fecha 8 de mayo de 2015, contentivo del domicilio del ciudadano RICARDO ENRIQUE SUAREZ.

Por diligencia de fecha 21 de julio de 2015, compareció el abogado JOSE ARMANDO VELAZCO RAMIREZ, y consignó poder otorgado por el ciudadano RICARDO ENRIQUE SUAREZ, y se dio por citado del presente procedimiento.

Seguidamente, en fecha 29 de julio de 2015, compareció el abogado José Armando Velazco, y consignó escrito por el cual dio su contestación a la presente solicitud, admitiendo los hechos y sin realizar objeción alguna de la misma.

Luego, compareció en fecha 10 de agosto de 2015 la Dra. MADELAINE AGREDA ADAMS, actuando en su carácter de Fiscal Nonagésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través del cual manifestó su opinión respecto a la presente solicitud de exequátur; indicando que no realiza observación alguna al presente procedimiento.

Por auto dictado en fecha de 10 de agosto de 2015, el Tribunal fijó un lapso de cinco (5) días consecutivos siguientes a esa data, exclusive, a los fines de dictar sentencia.

II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Encontrándonos dentro de la oportunidad legal para fallar, procede a ello este Juzgado Superior Segundo, con sujeción en los razonamientos y consideraciones que de seguida se exponen:

PRIMERO: Corresponde a este Tribunal Superior definir su competencia para conocer de la solicitud in comento, y al respecto se observa:

Se procede a analizar si el procedimiento que dio lugar a la sentencia de divorcio dictada por la Corte Superior de Justicia, Juzgado de Familia de Ottawa, Ontario Canadá, en fecha 19 de noviembre de 2014, expediente Nº FC-14-00002088-0000, que disolvió el vinculo matrimonial contraído por ciudadanos ANA CRISTINA HURTADO ESTRADA y RICARDO ENRIQUE SUAREZ CHANTADA ante la Primera Autoridad Civil del Municipio El Hatillo del Estado Miranda, en fecha 20 de diciembre de 2003, es o no de naturaleza contenciosa, por cuanto sólo en caso negativo corresponderá a este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas la competencia para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales o en la ley, conforme a lo establecido en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, disposición legal que textualmente expresa:

“…El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se hayan de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables…”. (Énfasis y subrayado del Tribunal).

Efectuada una revisión a las actas que conforman el presente expediente, se determina que en el sub iudice ciertamente el procedimiento que dio origen a la sentencia de divorcio, objeto de la solicitud de exequátur, no tuvo carácter contencioso, ello en razón de una revisión a la sentencia Nº FC-14-00002088-00003.006, que disolvió el vinculo matrimonial, la cual aparece dictada por la Corte Superior de Justicia, Juzgado de Familia de Ottawa, Ontario Canadá, en fecha 19 de noviembre de 2014, en la que se dejó constancia que el divorcio fue solicitado por mutuo consentimiento. Así se declara.

SEGUNDO: Determinada como ha sido la competencia de este Tribunal, se procede a analizar el presente caso, debiendo indicarse que toda solicitud de exequátur impone su estudio dentro del marco del Derecho Procesal Civil Internacional, por lo que, al igual que ocurre en todos los casos que presentan elementos de extranjería, debe atenderse para su decisión a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado. Así, la Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en fecha 6 de febrero de 1999, en su artículo 1º, determina el orden de prelación en los términos siguientes:

“Artículo 1º.- Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”.

La disposición ut supra transcrita, en primer lugar ordena la aplicación de las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En el sub examine, se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare la fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela a una sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia, Juzgado de Familia de Ottawa, Ontario Canadá, en fecha 19 de noviembre de 2014, expediente Nº FC-14-00002088-0000, que disolvió el vinculo matrimonial contraído por ciudadanos ANA CRISTINA HURTADO ESTRADA y RICARDO ENRIQUE SUAREZ CHANTADA, y por ello se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano, específicamente lo dispuesto en la Ley de Derecho Internacional Privado y dentro de ésta, lo establecido en las disposiciones contempladas en su Capítulo X, “De la Eficacia de las Sentencias Extranjeras”.

El artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, derogatorio parcialmente de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, señala los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan eficacia jurídica en la República Bolivariana de Venezuela, a saber:

“1.- Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones privadas;
2.- Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del estado en el cual han sido pronunciadas;
3.- Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la república o que no se haya arrebatado a Venezuela la Jurisdicción para conocer del negocio;
4.- Que los tribunales del estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;
5.- Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
6.- Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera…”.

De acuerdo con el contenido de la citada norma -rectora de la materia- y examinadas como han sido estas actas, en especial la sentencia objeto de la solicitud de exequátur, este Juzgado Superior procede a examinar si en la presente solicitud han quedado acreditados plenamente todos los extremos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, así como, si la sentencia que se analiza no contraría preceptos de orden público venezolano, y al respecto se observa:

Que la sentencia in comento versa sobre el divorcio, dictada por la Corte Superior de Justicia, Juzgado de Familia, Canada, por lo que estamos en presencia de una materia de naturaleza civil, cumpliéndose con el primer requisito del preindicado artículo.

Que se ha verificado el cumplimiento del segundo requisito, al tener la sentencia de autos fuerza de cosa juzgada de acuerdo a la ley del Estado en la cual fue pronunciada, lo cual se constata así:

La sentencia efectivamente disuelve el vínculo matrimonial contraído en fecha 20 de diciembre de 2003, celebrado ante la Primera Autoridad Civil del Municipio El Hatillo del estado Miranda, entre los ciudadanos ANA CRISTINA HURTADO ESTRADA y RICARDO ENRIQUE SUAREZ CHANTADA.

En tercer lugar, la sentencia que se analiza cumple con los dos requisitos establecidos en el numeral 3° del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, dado que por una parte, la misma no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela y por la otra, no se le arrebató a los tribunales venezolanos la jurisdicción para conocer de la demanda, ya que los solicitantes, tenían su último domicilio conyugal en el lugar donde la Corte tiene Jurisdicción, conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 44 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, se determinó la jurisdicción del Estado sentenciador.

En cuarto lugar, del contenido de la sentencia y del escrito de solicitud de exequátur se constata que los ciudadanos ANA CRISTINA HURTADO ESTRADA y RICARDO ENRIQUE SUAREZ CHANTADA, solicitaron el divorcio por mutuo consentimiento, en cuyo proceso se le resguardaron a ambos las garantías procesales a su defensa, cumpliéndose con lo establecido en el numeral 5º del artículo 53 eiusdem.

En quinto lugar, no se evidencia en estas actas que la sentencia, objeto de la solicitud de exequátur, sea incompatible con sentencia de data anterior que tenga autoridad de cosa juzgada ni que se encuentre pendiente en los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela algún juicio que verse sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado previamente al que se hubiese dictado la sentencia extranjera que nos ocupa, extremo éste exigido en el numeral 6º del artículo 53 ibídem.

Finalmente, debe reseñarse que la representación del Ministerio Público ejercida por la Dra. MADELAINE AGREDA ADAMS, en su carácter de Fiscal Nonagésima de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, manifestó su opinión respecto a la presente solicitud de exequátur; indicando que no realizaba observación alguna al presente procedimiento.

Congruente con los razonamientos expuestos, se impone para este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conceder el pase correspondiente otorgándole en este sentido fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de divorcio dictada por la Corte Superior de Justicia, Juzgado de Familia de Ottawa, Ontario Canadá, en fecha 19 de noviembre de 2014, que disolvió el vinculo matrimonial contraído por los ciudadanos ANA CRISTINA HURTADO ESTRADA y RICARDO ENRIQUE SUAREZ CHANTADA, celebrado ante la Primera Autoridad Civil del Municipio El Hatillo del estado Miranda, en fecha 20 de diciembre de 2003.

III
DISPOSITIVA

Por los razonamientos de hecho y de derecho ya expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la ley, declara: CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada por la Corte Superior de Justicia, Juzgado de Familia de Ottawa, Ontario Canadá, en fecha 19 de noviembre de 2014, que disolvió el vinculo matrimonial celebrado el día 20 de diciembre de 2003, entre los ciudadanos ANA CRISTINA HURTADO ESTRADA y RICARDO ENRIQUE SUAREZ CHANTADA.

Expídase por Secretaría copia certificada de la presente decisión, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias definitivas que lleva este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación. En la ciudad de Caracas, a los once (11) días del mes de agosto de 2015.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,

ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ ABG. MARICEL CARRERO PÉREZ
En esta misma data, siendo la una y veinte minutos de la tarde (1:20 p.m.), se publicó, se registró y se agregó al presente expediente la anterior decisión, constante de tres (3) folios útiles.
LA SECRETARIA,

ABG. MARICEL CARRERO PÉREZ

Expediente Nº AP71-S-2015-000017
AMJ/MCP/jgp.-