TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 2 de Diciembre de 2015
205º y 156º

ASUNTO: AP11-V-2013-000042

DEMANDANTE: La ciudadana LIOBE MARGARITA RIERA DE DÁVILA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-1.142.839.

DEMANDADOS: Los ciudadanos MARÍA LUCILA PALZA DE KINGSMILL y GERALD KINGSMILL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V- 4.029 y V- 4030, respectivamente.

APODERADO DEMANDANTE: El ciudadano HÉCTOR JOHNNY DUARTE PINEDA, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 150.499.

DEFENSORA JUDICIAL: El ciudadano OSCAR MARTÍN CORONA, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 7.587.

MOTIVO: Prescripción Adquisitiva.

- I -
- SÍNTESIS DE LOS HECHOS -
Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda presentado en fecha veintidós (22) de enero de 2.013, por la representación judicial de la ciudadana LIOBE MARGARITA RIERA DE DÁVILA, mediante el cual demandó por acción de Prescripción Adquisitiva a los ciudadanos MARÍA LUCILA PALZA DE KINGSMILL y GERALD KINGSMILL.

Por providencia de fecha veintiocho (28) de enero de 2.013, se admitió la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 690 ejusdem.

En fecha veinte (20) de marzo de 2013 se libró edicto de conformidad con lo establecido en el artículo 692 del Código de Procedimiento Civil.

Consignadas las publicaciones de los edictos en la prensa, el apoderado actor solicitó el nombramiento de un Defensor Judicial a la parte demandada, designándose al efecto, al abogado OSCAR MARTIN CORONA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 7.587.

Debidamente notificado el mencionado auxiliar de justicia, compareció por ante este Tribunal y mediante diligencia suscrita en fecha veinte (20) de Enero de 2.014, aceptó el cargo recaído en su persona y prestó el juramento de Ley.

Por diligencia consignada en fecha cuatro (04) de agosto de 2.014, el Alguacil adscrito a este Juzgado, dejó constancia de haber citado al abogado OSCAR MARTIN CORONA, en su carácter de defensor judicial en esta causa, consignando el recibo de citación debidamente firmado.

Asimismo, el apoderado judicial de la parte demandada en fecha catorce (14) de Octubre de 2014, consignó escrito de contestación de la demanda, en nombre de los ciudadanos MARÍA LUCILA PALZA DE KINGSMILL y GERALD KINGSMILL.

- II -
- MOTIVACIONES PARA DECIDIR -
Con vista a como ha quedado planteada la litis en el caso que nos ocupa, quien suscribe procede de inmediato a dictar sentencia en el presente asunto con los elementos existentes en los autos, conforme lo dispone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:

“Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados…” (Resaltado del Tribunal).

En efecto, constituye principio cardinal en materia procesal aquél conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos por las partes, “...sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.” (Principio de Veracidad o Dispositivo, contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil).

El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, pues para él no existe otra verdad que la que resulta de los alegatos y actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a estos alegatos para decidir.

Lo resaltado constituye también el llamado Principio de Presentación, según el cual, el Juez no puede sacar elementos de convicción fuera de los autos (“quod non est in actis non est in mundo”: “lo que no está en las actas, no existe en el mundo”), limitando el precitado principio la función del Juzgador, ya que su decisión debe basarse en lo alegado y probado en autos por las partes.

En concordancia con lo expuesto y conforme a lo señalado en el ordinal 5° del artículo 243 del Texto Adjetivo, que consagra el Principio de Congruencia, la sentencia debe contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, lo que se traduce, en que, el Juez, está obligado a decidir sobre los argumentos planteados por las partes como fundamento de su pretensión, tanto en el libelo de la demanda como en la oportunidad de la contestación, quedando así, de esta manera, trabada la litis, razón por la cual, con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al debate que alterarían la relación procesal ya planteada.

- De la Reposición de la Causa -
Establecido lo anterior, y efectuado como ha sido el análisis exhaustivo de las actas que conforman el presente expediente, no puede pasar por alto este Tribunal ciertos hechos relevantes para el presente procedimiento, los cuales pasa a indicar a continuación: tal y como fue narrado precedentemente, la parte accionante procedió en fecha veintidós (22) de enero de 2.013 a consignar escrito libelar, mediante el cual demandó a los ciudadanos MARÍA LUCILA PALZA DE KINGSMILL y GERALD KINGSMILL, indicando que de acuerdo a los documentos archivados en la Dirección de Catastro del Municipio Libertador de Caracas, ambos ciudadanos fueron propietarios del inmueble quienes ganaron en una Ejecución de Hipoteca incoada en el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.

Al efecto, este Tribunal procedió a admitir la demanda en fecha veintiocho (28) de enero de 2.013, ordenándose el emplazamiento de los mencionados ciudadanos, para que comparecieran dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última de sus citaciones, a los fines de dar contestación a la demanda.

Posteriormente a ello, en fecha catorce (14) de octubre de 2.014, el defensor judicial designado compareció y dio contestación a la demanda, en nombre de los ciudadanos MARÍA LUCILA PALZA DE KINGSMILL y GERALD KINGSMILL, sin haberse agotado la citación personal de los codemandados antes indicados.

Así las cosas, resulta oportuno destacar la importancia que tiene para el proceso el que los actos procesales se efectúen correctamente, observando las formas y validez de cada acto pues, cualquier falla que ocurra, puede afectar no sólo el acto en sí, sino a los subsiguientes que dependen de aquél. Por lo tanto, la nulidad procesal puede definirse como la desviación del acto que vicia la finalidad para la cual fue establecida por la Ley o cuando no se ha cumplido con las formas procesales esenciales a su validez.

En el mismo orden de ideas, la consecuencia de la declaratoria de la nulidad de un acto es la reposición de la causa al estado de que en la misma sentencia señale, pero ésta, por los efectos que produce en los actos consecutivos al acto irrito, y muy especialmente en lo referente a la economía del proceso, por obra de la jurisprudencia, ha ido adquiriendo contornos cada vez más limitados y así se tiene sentado como rasgos característicos de la reposición los siguientes: 1) La reposición de la causa no es un fin, sino un medio para corregir un vicio procesal declarado, cuando no puede subsanarse de otro modo; pero no se declarará la nulidad del acto y la reposición, si éste ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. 2) Con la reposición se corrige la violación de la Ley que produzca un vicio procesal, y no la violación de preceptos legales, que tengan por objeto, no el procedimiento sino la decisión del litigio o de algunas de las cuestiones que lo integran, porque entonces el error alegado, caso de existir, se corrige por la interpretación y aplicación que el Tribunal de alzada dé a las disposiciones legales que se pretenden violadas. 3) La reposición no puede tener por objeto subsanar desaciertos de las partes, sino corregir vicios procesales, faltas del Tribunal que afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de éstas y siempre que ese vicio o error y el daño consiguiente, no haya sido subsanado o no pueda subsanarse de otra manera. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha Diecinueve (19) de Marzo de 1.998, con ponencia del Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani).

Para el procesalista Arístides Rengel Romberg “...en la cadena del proceso, algunos actos son causalmente dependientes del que le precede, a tal punto que la nulidad de éste, afecta la validez de los actos consecutivos que dependen de él”. Se distinguen así en nuestro sistema los efectos que produce la nulidad de un acto aislado del procedimiento, de aquéllos que produce la nulidad de un acto del cual dependen los que le siguen.

La nulidad de los actos consecutivos a un acto irrito, se produce cuando éste, por disposición de la Ley, sea esencial a la validez de aquéllos, o cuando la misma Ley preceptúa especialmente tal nulidad. Se entiende entonces que un acto es esencial a la validez de los que le siguen, cuando éstos son causalmente dependientes de aquél y, por ello, la nulidad del acto que les sirve de base o fundamento los afecta necesariamente. En estos casos se produce la llamada reposición de la causa, esto es, la restitución del proceso al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad, anulándose todo lo actuado desde aquel momento.

Ciertamente, en el caso bajo estudio, puede inferirse que al no poder verificarse de autos el agotamiento de la citación personal de los codemandados MARÍA LUCILA PALZA DE KINGSMILL y GERALD KINGSMILL se produce una falta la cual es necesario corregir a los fines de procurar la estabilidad del juicio, y siendo que en el ámbito jurídico, el orden público tiene especial importancia por tratarse de ese conjunto de normas obligatorias que tutelan un interés o beneficio que la Ley concede, como expresión del equilibrio en la sociedad y con fundamento en la necesidad de resguardo y protección de los derechos, considera este Juzgador que resulta procedente y ajustado a derecho, en aras de amparar el derecho a la defensa y el debido proceso consagrados en nuestra Ley Fundamental, decretar la Reposición de la Causa al estado de practicarse la citación personal de los ciudadanos MARÍA LUCILA PALZA DE KINGSMILL y GERALD KINGSMILL, quedando en plena vigencia y valor, el edicto librado en fecha veinte (20) de marzo de 2.013, como las demás formalidades efectuadas, y relativas a la norma contenida en el artículo 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. Cumplidas que sean las formalidades de la citación ordenada, comenzará a computarse el lapso del emplazamiento para la contestación de la demanda. De la misma manera, se hace procedente declarar la nulidad de todas las actuaciones posteriores al Auto dictado en fecha ocho (08) de octubre de 2.013 (f. 135). Así se establece.

- III -
- D E C I S I Ó N -
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio que por acción de Prescripción Adquisitiva intentó la ciudadana LIOBE MARGARITA RIERA DE DÁVILA, contra los ciudadanos MARÍA LUCILA PALZA DE KINGSMILL y GERALD KINGSMILL, todos ya identificados en esta sentencia, decide así:
PRIMERO: Se REPONE LA CAUSA al estado de practicarse la citación personal de los ciudadanos MARÍA LUCILA PALZA DE KINGSMILL y GERALD KINGSMILL, en los términos señalados en la parte motiva del presente fallo. En consecuencia, se declara la nulidad de todas las actuaciones posteriores al Auto dictado en fecha ocho (08) de octubre de 2.013 (f. 135).
SEGUNDO: Se ordena la notificación de las partes, conforme a lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 8º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 2 de Diciembre de 2015. 205º y 156º.

El Juez,

Abg. César A. Mata Rengifo
La Secretaria

Abg. Inés Belisario Gavazut

En esta misma fecha, siendo las 2:21 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria

Abg. Inés Belisario Gavazut

Asunto: AP11-V-2013-000042
CAM/IBG/Vanessa