REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PAEZ Y ARAURE DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA.
CAUSA N°: C- 160-2.015.
DEMANDANTE: CARMEN AIDA GUEDEZ DE BARRAET, integrante de la sucesión Jesús Antonio Barraet Álvarez.
DEMANDADO: COMPAÑIA ANONIMA GUILLER MOTOS, representada por los ciudadanos LUIS AUGUSTO RADAELLI SOSA y GUILLERMO AUGUSTO RADAELLI PAIVA.
APODERADA DE LA DEMANDANTE: Abg. Ana Dolores Monagas Carrillo, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 25.895.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: Abg. NARCIZO SEGUNDO GUTIERREZ, inscrito en el Inpreabogado Nº 25.389 y JOSÉ SAMIR ABOURAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 129.393
MOTIVO: DESALOJO DE INMUEBLE
SECUENCIA PROCEDIMENTAL
Se inició la presente causa por DESALOJO DE INMUEBLE, incoada por la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro 5.959.238, de este domicilio, en su carácter de integrante de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez, debidamente asistida de la abogada Ana Dolores Monagas Carrillo, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 25.895, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA GUILLER MOTOS C. A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo del estado Portuguesa, bajo el Nro 03, Tomo 175-A, de fecha 15/08/2015, representada por los ciudadanos Luis Augusto Radaelli Sosa y Guillermo Augusto Radaelli Paiva, en su carácter de Presidente y Vice-presidente, Venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Números V-16.565.118 y 7.599.392, respectivamente. Anexa Copia fotostática debidamente certificada por la Secretaria de este Tribunal Planilla de Declaración Sucesoral, expedida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Acarigua Municipio Páez, estado Portuguesa, expediente signado bajo el número 02-00111, Nro de recepción 126, de fecha 24 de Mayo 2002, el cual aparece como representante legal o responsable de la sucesión de Jesús Antonio Barreat Álvarez, la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat. Contrato de Arrendamiento privado celebrado entre la demandante Carmen Aída Guedez de Barreat, con los ciudadanos Luis Augusto Radaelli Sosa y Guillermo Augusto Radaelli Paiva, representantes de la Compañía Anónima Guiller Motos C.A., de fecha 01 de Septiembre del 2013. (Folios 06 al 14).
En fecha 01 de junio del 2015, se admite la presente demanda de Desalojo de Inmueble. Seguidamente en fecha 02 de junio del 2015, la Secretaria Titular de este Tribunal Abg. María Eugenia Cardozo, se Inhibe del conocimiento de la causa. En esa misma fecha se nombró y juramentó a la asistente del Tribunal Abg. Aura Estela Rangel Romano, como secretaria accidental en dicho expediente. (Folio 15 al 20).
En fecha 05 de junio 2015, la apoderada actora procede a reformar la demanda y acompaña copias fotostáticas simples de los Estatutos de la Compañía Anónima Guiller Motos C.A. y presentó Poder Apud Acta otorgado por la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat parte demandante a la Abogada Ana Dolores Monagas Carrillo (Folios 21 al 34).
En fecha 22 de junio del 2015, cursa la admisión de la reforma de la demanda y se libró boleta de citación a la demandada Compañía Anónima Guiller Motos C.A. (Folios 35 y 36).
En fecha 08 de julio del 2015, consta auto de abocamiento de la Jueza Abg. Miriam Sofía Durand Sánchez (Folio 37).
En fecha 15 de julio del 2015, el Alguacil consignó boleta de Citación sin firmar que le fuere entregada para citar a la demandada Compañía Anónima Guiller Motos C.A. por cuanto la demandada se negó a firmar. Y en esa misma fecha consta diligencia presentada por la apoderada judicial de la parte actora Abg. Ana Dolores Monagas Carrillo, solicitando la notificación de la demandada, de conformidad con lo establecido artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente se acordó lo solicitado, se libró la boleta de notificación y se practicó la notificación correspondiente (Folios 38 al 43).
En fecha 17 de septiembre de 2015, cursa escrito de contestación de la demandada, presentada por los ciudadanos Luis Augusto Radaelli Sosa y Guillermo Augusto Radaelli Paiva, en sus carácter de Presidente y Vice- Presidente de la demandada Compañía Anónima Guiller Motos C.A., debidamente asistidos por el abogado Narcizo Segundo Gutiérrez y acompañan sus respectivas pruebas documentales. (Folios 58 al 122).
En fecha 21 de Septiembre 2015, se dicto auto fijando la oportunidad para la celebración de la Audiencia Preliminar para el quinto (5) día de Despacho siguiente a las 10:00 a.m. (Folio 122).
En fecha 28 de septiembre del 2015, consta la celebración de la Audiencia Preliminar, la cual fue suspendida a solicitud de las partes a los fines de llegar a una posible conciliación. (Folios 124 y 125).
En fecha 08 de octubre del 2015, se celebró la Audiencia Preliminar, estando presente la apoderada judicial de la demandante Abg. Ana Dolores Monagas Carrillo y el Abg. Narcizo Segundo Gutiérrez apoderado judicial de la demandada. Y el Tribunal de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, dicta auto mediante el cual indica que fijará los hechos y los límites de la controversia dentro de los tres (3) días de Despacho siguientes por auto razonado. (Folios 127 al 131).
En fecha 14 de octubre del 2015, el tribunal procedió a fijar los Hechos y los Límites de la Controversia y fijó el lapso de cinco días para la promoción de las pruebas sobre el mérito de la causa. Admitidas las pruebas de las partes se fijó la fecha para la celebración del Debate Oral y Público.
En fecha 18 de noviembre del 2015, se llevó a cabo el Debate Oral y Público. Y en esa misma fecha el Tribunal efectúa el pronunciamiento oral de la decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 876 del Código de Procedimiento Civil.
HECHA LA NARRATIVA EN LOS TÉRMINOS ANTERIORES, ESTE TRIBUNAL PASA A DICTAR SENTENCIA CON BASE A LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:
“En el escrito libelar alega la parte actora la falta de pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015, a razón de Mil Quinientos Veintiséis Bolívares Con Sesenta Céntimos (Bs. 1.526,60) mensuales, mas el Impuesto del Valor Agregado (IVA) en un 12% por un monto de Trece Mil Setecientos Treinta y Nueve Bolívares Con Cuarenta Céntimos (Bs. 13.739,40), lo cual da un total de Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Bolívares Con Setenta y Tres Céntimos (Bs. 1.648,73) en virtud de lo estipulado en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Que haciendo uso del artículo 1.167 del Código Civil, lo pactado en el contrato en la Cláusula Segunda, cláusula redactada con sujeción a lo establecido en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario vigente para el momento, no obstante en fecha 23 de mayo del 2014, se promulgo en Gaceta Oficial Nro 40.418 el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario vigente para el momento de celebrar el contrato (que deroga Ley de Arrendamiento Inmobiliario vigente para el momento de celebrar el contrato). Que es por lo que solicita que la Compañía Anónima Guiller Motos CA., representado por los ciudadanos Luis Augusto Radaelli Sosa y Guillermo Augusto Radaelli Paiva, ambos identificados, Desaloje el inmueble objeto de la presente acción por encontrarse insolvente, respecto a los pagos y obligaciones contractuales, sobre un inmueble constituido por un Local comercial, ubicado en la calles 30 y 31 con avenida 40 local sin numero, Sector el Palito, Acarigua, estado Portuguesa libre de personas, cosas o bienes, o que a ello sea obliga y condenado por este Tribunal, en virtud de haber incurrido la demandada en las causales de desalojo a que se contrae el artículo 40 eiusdem, encontrándose insolvente respecto a los pagos de los cánones de arrendamiento y obligaciones contractuales. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1.159, 1.160, 1.167, 1.264, 1.354 y 1.579 del Código Civil Venezolano, y el artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial y en aplicación del Criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 05 de febrero del 2009, demanda como en efecto demanda a la Compañía Anónima Guiller Motos C.A., representada por los ciudadanos Luis Augusto Radaelli Sosa y Guillermo Augusto Radaelli Paiva, el Desalojo del Inmueble Arrendado, generado por su incumplimiento reiterado de su obligación principal en cuanto a la falta de pago de los cánones de arrendamiento, sobre el contrato de arrendamiento privado y por vía de consecuencia proceda a entregar el inmueble libre de bienes y personas o en su defecto sea condenado por este Juzgado a la entrega inmediata del inmueble en el mismo estado que lo recibió.
EN LA OPORTUNIDAD LEGAL LA PARTE DEMANDADA, DEBIDAMENTE ASISTIDO DEL ABOGADO NARCIZO SEGUNDO GUTIÉRREZ PROCEDIÓ A DAR CONTESTACIÓN A LAS PRETENSIONES DEL ACTOR EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
“Niega, rechaza y contradice la demanda alegando que su representado pago todos los cánones de arrendamientos demandados consignando a tal efecto las consignaciones arrendaticias efectuadas. De conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la causal prevista en el literal A del articulo 146 eiusdem, por encontrarse los nombrados co-herederos en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa, que es el inmueble que su representada ocupa como arrendataria, los demandados oponen la falta de cualidad de la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat, para accionar en nombre y representación de la sucesión de Jesús Antonio Barreat Álvarez, en razón de que en los términos del contrato de arrendamiento privado, suscrito en fecha 01 de septiembre del 2013, producido por la demandante Carmen Aída Guedez de Barreat, afirma actuar como representante de la sucesión de Jesús Antonio Barreat Álvarez, no obstante a tal hecho Carmen Aída Guedez de Barreat no reside la plena legitimación para accionar, toda vez que conforme consta de la declaración sucesoral, que la demandada acompaña al libelo, existen otras personas que son coherederos del nombrado Jesús Antonio Barreat Álvarez, siendo ellos los ciudadanos Urquia Coromoto de Jesús Barreat de Gallo, Offman Jesús Barreat Rodríguez, Jesús Fidel Barreat Rodríguez y Manuel Alejandro Barreat Guedez, todos hijos del fallecido Jesús Antonio Barreat Álvarez, no siendo suficiente para suplir el defecto de legitimación que la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat accione invocando ser representante de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez. Los nombrados coherederos debieron conjuntamente con la demandante, haber suscrito el libelo de la demanda o haber otorgado mandato judicial a un profesional del derecho, para que actuara en su representación en el planteamiento de la demanda y así solicita debe ser declarada”.
EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR, LA APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDANTE ABG. ANA DOLORES MONAGAS CARRILLO Y EL ABG. NARCIZO SEGUNDO GUTIÉRREZ APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDADA, EXPRESARON LO SIGUIENTE:
”… La apoderada Judicial Abg. Ana Dolores Monagas Carrillo, expone:” Ratifico la demanda en todas y cada una de sus partes esto es el Desalojo del inmueble arrendado a la Compañía Anónima Guiller Motos C.A, representado por los ciudadanos Luis Augusto Radaelli Sosa y Guillermo Augusto Radaelli Sosa correspondiente al local ubicado en la calle 30 y 31 con avenida 40 local S/N Sector El Palito Acarigua, estado Portuguesa, generado por el incumplimiento reiterado de su obligación principal como es el pago de los cánones de arrendamiento tal como fue convenido por la partes arrendador y arrendatario establecido en la cláusula segunda del contrato de arrendamiento fundamento de esta acción, esto es, de conformidad con el artículo 1264 del Código Civil de que las obligaciones deben cumplirse exactamente como fueron contraídas y articulo 1167 del código Civil, entre otros que ya fueron mencionados en la demanda y que establecen que el contrato bilateral si una de las partes no ejecuta su obligación la otra pide reclamar judicialmente el cumplimiento de la misma, así mismo el artículo 1.592 ordinal segundo del Código Civil, que establece “Debe pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos…”, igualmente el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 05 de febrero del 2009, y el artículo 40 literal A y el artículo 14 de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Ratifico la documental presentada con la demanda literales “A y B”, así mismo a los efectos de confirmar mas la actuación de mi representada Carmen Aída Guedez de Barreat, como integrante de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez y su carácter de arrendador en la presente causa C-160/2015, consigno los originales efecto vivendi en este acto Acta de Defunción identificada con la letra “A” y Acta de matrimonio con su difunto marido marcado con la letra “B”, e igualmente manifiesto que ante lo expuesto por la demandada de que el documento con que se fundamento la acción es un contrato de arrendamiento no adecuado a la nueva Ley de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, debo manifestar que mi representada hizo todas las diligencias a los efectos de hacer la comunicación y notificación del nuevo contrato de arrendamiento adecuado a la Nueva Ley, esto es, comunicación personal a dicha empresa manifestándole realizar nuevo contrato adecuado a la nueva ley, el 02 de julio del 2014, el cual se negó a firmar, así mismo también a través del Tribunal Segundo de Municipio ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, según solicitud Nro 2218/2014, motivo Notificación sobre la adecuación de dicho contrato por lo que al trasladarse el Tribunal dicha empresa se encontraba cerrada para el público lo cual no fue posible hacer la notificación. Seguidamente y por último y a los efectos de insistir dicha notificación le fue enviado un telegrama por el organismo IPOSTEL del fecha 21 de noviembre del 2014, y recibido en fecha 21/11/2014 por representantes de dicha empresa, Telegrama referente a la actualización de dicho contrato, es por lo que mi representada opta por demandar judicialmente con el único documento o contrato de arrendamiento suscrito y que forma parte o fundamento de esta acción por la negativa de los representantes de la empresa demandada y arrendataria de adecuarse a la nueva normativa de arrendamiento inmobiliario de uso comercial, es por lo que debe ser declarado sin lugar tal petición del demandado y con lugar la demanda en su definitiva, y de conformidad con el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil presento escrito con sus respectivos recaudos”.
Seguidamente el Apoderado Judicial de la demandada abogado Narcizo Segundo Gutiérrez, expone:“ Insisto en hacer valer el escrito de Contestación de la demanda así como también los medio probatorios acompañados en esa oportunidad e invoco su contenido en efecto en el escrito de la Contestación de la demanda se alego la falta de cualidad e interés de la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat como funge como representante de dicha sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez, pero en ningún momento acompaño documentos auténticos o protocolizados que le fueren otorgados por los otros integrantes de la sucesión que son los ciudadano Offman Jesús Barreat Rodríguez, Jesús Fidel Barreat Rodríguez, Urquia Coromoto de Jesús Barreat de Gallo, y Manuel Alejandro Barreat Guedez todos identificados en autos, es decir que ninguno de los otros de los integrantes de la sucesión le otorgaron poder a la señora Carmen Aida Guedez de Barreat para que esta actuara en nombre de la sucesión sin bien es cierto, que ella suscribió el Contrato de Arrendamiento privado objeto fundamental de la presente acción no es menos cierto que es de carácter privado y que haber sido llevado a una Notaria le hubiesen solicitado Poder o Autorización notariada de los demás integrantes de la sucesión, es decir que la presente demanda los demás integrantes de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez debieron juntamente con la señora Carmen Aída Guedez de Barreat haber suscrito el libelo de la demanda o haber otorgado mandato judicial aun profesional del Derecho para que actuara en representación de la sucesión en el planteamiento de la demanda, es por lo tanto que de conformidad con lo establecido en el primer Aparte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil y la causal prevista el Literal “A” del artículos 146 eiusdem, por encontrarse los nombrados Coherederos en estado de comunidad jurídica por respecto al objeto de la causa que es el inmueble que ocupar mi representada Guiller Motos Compañía Anónima razón por la cual la señora Carmen Aída Guedez de Barreat no tiene cualidad para accionar por si sola en nombre y representación de la sucesión del señor Jesús Antonio Barreat Álvarez, por lo cual solicito que dicha falta de cualidad de la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat sea declarada Con Lugar, ya que se trata de un defecto procesal que tiene como consecuencia, la inexistencia del escrito del Libelo de Demanda y de los medios probatorios que acompaño y por ende la Nulidad del acto de presentación de la demanda, del acto de presentación del escrito de Reforma de la eficacia del objeto de prueba de esos medios probatorios del acto de consignación de los emolumentos de la citación de la parte demandada y del acto del otorgamientos del poder Apud Acta y de todos los actos que realice la parte actora en el presente expediente e igualmente invoco los pagos realizados por mi representada contenidos en la copia certificada del expediente Nro 633, expedida por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, la cual cursa de los folios 58 al 122, del presenta expediente C-160/2015, en el cual consta los pagos realizados por mi representada hasta el mes de agosto del año 2015 y en el lapso de pruebas aperturarse en este procedimiento se consignará en copias certificadas el pago del mes de Septiembre delaño2015, de conformidad con el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, consigno escrito que es una síntesis de los alegatos y argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y solicito en primer lugar la declaración con lugar de la falta de cualidad e interés de la señora Carmen Aída Guedez de Barreat para intentar la presente demanda y sin lugar la demanda. El Tribunal de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, expresa que hará la fijación de los hechos y de los límites de la controversia dentro de los tres (3) días de Despacho siguientes por auto razonado. (Folios 127 al 131).
EN EL DEBATE ORAL Y PUBLICO LA APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDANTE ABG. ANA DOLORES MONAGAS CARRILLO Y EL ABG. NARCIZO SEGUNDO GUTIÉRREZ APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDADA, EXPRESARON LO SIGUIENTE:
“La apoderada actora expresa que se inicia la presente demanda de Desalojo de Inmueble específicamente del local comercial ubicado entre calles 30 y 31 con avenida 40 local S/N en el sector el Palito de la ciudad de Acarigua estado Portuguesa propiedad de la sucesión Jesús Antonio Barreat y de la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat, en su condición de Arrendadora y propietaria e integrante de la sucesión demanda el Desalojo de dicho inmueble a la compañía Anónima Guiller C.A., representada por los ciudadanos Luis Augusto Radaelli Sosa y Guillermo Augusto Radelli paiva, tal como consta de los estatutos de dicha empresa que cursa por ante esta causa y representación que ambos tiene en la Cláusula Décima y Vigésima Cuarta de dicho contrato tiene como fundamento la acción en un contrato de arrendamiento privado, cuyo original reposa en la presenta causa con el Literal “B” donde se desprende que en la cláusula segunda de dicho contrato se establece las condiciones de pago de los cánones de arrendamiento, las cuales quedaron convenidas entre las partes, por la cantidad de Mil Quinientos Veintiséis Bolívares Con Sesenta Céntimos, así como el 1% de los intereses de pago por la mora, dicha Cláusula Segunda del contrato privado establece que el arrendatario se obliga a cancelar tal cantidad los primeros 5 días de cada mes oportunamente, que igualmente dicha cláusula establece que la insolvencia de dos meses le da derecho a la arrendadora a solicitar la desocupación de inmueble, es así que el contrato de arrendamiento suscrito por mi representada ya identificada con el arrendatario de fecha 01 de septiembre del 2013, y que es el documento fundamental de esta acción la arrendataria dejó de cancelar los cánones de arrendamiento en la forma en que fue pactado en el contrato esto es incumplimiento la obligación principal y ello se demuestra de la consignación 633 proveniente del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure, cursante al folio 60 fue consignado un cheque de gerencia del Banco Banesco por la cantidad de de Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho Bolívares y en la que se especifica los meses de septiembre y octubre pero con fecha de 05 de noviembre del 2014, así mismo cursa al folio 69, 70, 75 y 76 de dicha consignación que de manera reiterada el arrendatario ha incumplido con el contrato en lo que respecta al pago de dichas cánones tal como fue pactado con mi representado, haciendo uso de la normativa vigente de los artículos 1167 y 1160 1264 1549 del Código Civil Venezolano, así como sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional, de fecha 05 febrero del 2009, la cual es conteste en establecer que los contratos deben cumplirse tales como fueron pactados y ante el reiterado incumplimiento del pago por parte del arrendatario tal como lo establece la cláusula segunda del contrato y de conformidad del artículo 40 literal A de la Ley de Regulación de Arrendamiento para Uso Comercial demando el Desalojo del Inmueble, ya identificado, por el incumplimiento del Arrendatario en los pagos correspondientes, esto es la insolvencia de este y el incumplimiento de las normas contractuales como es el pago de los meses de Septiembre Octubre Noviembre y Diciembre 2014, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2015, es por lo que solicito ciudadana Jueza muy respetuosamente que se declare con lugar la presente demandada, que se ordene el Desalojo del Inmueble, ya identificado anteriormente, le sea entregado a mi representada libre bienes y personas, así como el pago de los cánones insolutos y los que se sigan venciendo hasta la entrega definitiva del inmueble. Asimismo ratifico y ofrezco en el este debate oral todas las documentales presentada en la demanda y la consignación número 633, presentada por la demandada en su escrito de contestación y las documentadles presentada en la audiencia oral que le da plena cualidad a mi representada para estar en este Juicio”.
Acto continuo se le concede el derecho de palabra al abogado de la parte demandada Abg. Jose Samir Abouras, quien expuso: “En primer lugar insistimos en que en la persona Carmen Guedez de Barreat no reside de forma plena el litis consocio activo necesario, toda vez que si la arrendadora es la sucesión del señor Jesús Barret Álvarez y que en el contrato de arrendamiento solamente aparece arrendada esta señora como representante de la sucesión, esto es, que siendo un acto administración, pero para accionar debieron estar presentes los demás sucesores que integran esta sucesión en consecuencia la relación procesada no fue validamente constituida, se solicita a la ciudadana Juez como defensa previa declare como falta de la constitución del litis consorcio activo necesario. Como defensa de fondo oponemos recepción de pago tal como consta e legajo de copias certificadas del expediente de consignaciones arrendaticia Nro 633. No existe falta de pago de dos meses consecutivos y menos de forma reiterada toda vez que los quince (15) día a que se refiere el artículo 51 la Ley de Arrendamiento Inmobiliario precisa, que se aplique de manera supletoria a los asuntos regulador por la novísima Ley de Arrendamiento Inmobiliarios de Uso Comercial. La omisión de la arrendadora en no indicar al arrendatario un numero de cuenta donde depositarle el precio del arrendamiento, la mora del ejecutivo nacional la de aperturar una cuenta, son causa no imputables para el arrendatario porque como debe un jurídico es imposible que las supere por tanto hizo las consignaciones de manera tempestiva en consecuencia no hay mora, en los términos planteados en la demanda, se debe en consecuencia declarar sin lugar la demanda, con consiguientes condena costas procesales con aplicación al principio Constitucionales y acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 2, 26, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Acto continuo hace uso del derecho de palabra la parte demandante quien presenta sus conclusiones de la siguiente manera: “ Insisto solicitar el desalojo del local comercial descrito por falta de cumplimiento de cláusula contractuales en la que se obligó el arrendatario con mi representada y establecido en la cláusula segunda del contrato por haber caído en la insolvencia de sus pagos, tal como fue el convenio en dicho contrato, se declarare con lugar la demandada se declare el Desalojo del Inmueble y la entrega inmediata del mismo, correspondiente al canon de arrendamiento que tiene derecho mi representada, es todo ”. Asimismo el apoderado judicial de la parte demandada, hace uso del derecho de palabra a fin de emitir sus conclusiones de la siguiente manera: “ En el contexto de los hechos liberados y los alegatos y argumentos vertidos en la contestación de la demanda suficientemente probados en lo atinente al pago la causa de pedir no fue debidamente demostrada e igualmente la cualidad de la demandante solicitándose tal como es expuso en los descargos se declare la falta de cualidad alegada o en su defecto sin lugar la demanda al no haberse demostrado la insolvencia de la arrendataria, es todo.” Concluido el Debate Oral y Público la Juez procede a retirarse de la audiencia a deliberar durante un lapso de (30) minutos, vencido dicho lapso procedió a pronunciarse acerca del dispositivo del fallo.”.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De la revisión de las actas procesales y después de haber oído los alegatos formulados, así como las pruebas aportadas por las partes, debe esta Juzgadora antes de entrar a analizar el fondo de la controversia decidir como PUNTO PREVIO lo alegado por el apoderado judicial de la parte demandada, en la contestación de la demanda y ratificado en el presente debate el cual expone: “De conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la causal prevista en el literal A del articulo 146 eiusdem, por encontrarse los nombrados co-herederos en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa, que es el inmueble que su representada ocupa como arrendataria, los demandados oponen la falta de cualidad de la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat, para accionar en nombre y representación de la sucesión de Jesús Antonio Barreat Álvarez, en razón de que en los términos del contrato de arrendamiento privado, suscrito en fecha 01 de septiembre del 2013, producido por la demandante Carmen Aída Guedez de Barreat, afirma actuar como representante de la sucesión de Jesús Antonio Barreat Álvarez, no obstante a tal hecho Carmen Aída Guedez de Barreat no reside la plena legitimación para accionar, toda vez que conforme consta de la declaración sucesoral, que la demandada acompaña al libelo, existen otras personas que son coherederos del nombrado Jesús Antonio Barreat Álvarez, siendo ellos los ciudadanos Urquia Coromoto de Jesús Barreat de Gallo, Offman Jesús Barreat Rodríguez, Jesús Fidel Barreat Rodríguez y Manuel Alejandro Barreat Guedez, todos hijos del fallecido Jesús Antonio Barreat Álvarez, no siendo suficiente para suplir el defecto de legitimación que la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat accione invocando ser representante de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez. Los nombrados coherederos debieron conjuntamente con la demandante, haber suscrito el libelo de la demanda o haber otorgado mandato judicial a un profesional del derecho, para que actuara en su representación en el planteamiento de la demanda y así solicita debe ser declarada”.
Considera quien decide que en tal sentido se hace necesario traer a colación la sentencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 27 de septiembre de 2012, con ponencia de la magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ, en el Exp. Nro. AA20-C-2012-000174, en el cual estableció:”…que es claro en la mayoría de los casos a menos que la ley o la voluntad de las partes válidamente manifestada dispongan lo contrario, cualquiera de los comuneros puede intentar acciones de cualquier tipo cuando se vean afectados los intereses de la comunidad o de cualquiera de sus miembros, aún cuando lo haga uno de ellos en nombre propio, y de considerarlo imperioso podría llamar en juicio a los demás comuneros para que coadyuven en la demanda. Y tal como lo afirma la jurisprudencia a que se hace referencia, en efecto cualquiera de los causahabientes de una sucesión puede intentar la acción para traer al patrimonio hereditario el inmueble que creen fue objeto de negociaciones simuladas, ya que la ley los autoriza a ejecutar todos aquellos actos de defensa o seguridad de la legítima con posterioridad a la muerte de su causante, pues solo se exige que el accionante tenga interés eventual o futuro en que se declare la existencia del acto simulado. En tal sentido, expresa la jurisprudencia es claro que la recurrida no infringió por falta de aplicación el artículo 148 del Código Civil, lo que por vía de consecuencia conduce a desestimar el alegato de violación del artículo 361 eiusdem, pues el juez no estaba obligado a declarar la falta de cualidad activa de los actores. En consecuencia la Sala desestima la denuncia de infracción de los artículos 146 y 12 del mismo Código”.
Siendo ello así, pasa esta juzgadora a analizar en primer lugar el escrito libelar y la posterior reforma de la demanda a fin de verificar los términos en que fue interpuesta la demanda y en la misma se lee lo siguiente: “Yo, Carmen Aída Guedez de Barreat, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-5.950.238, de estado civil viuda, de este domicilio, integrante de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez, tal como consta en planilla o documento sucesoral Rif-30891096-1, el cual cursa anexo en copia certificada por la secretaria de este digno Tribunal por haber presentado a efecto vivendi, marcado “A”, actuando con el carácter de ARRENDADORA-PROPIETARIA de un inmueble, que se detallará en los párrafos siguientes…”. En tal sentido se evidencia a todas luces que la parte actora procede a demandar en su condición de integrante de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez y no como representante de la misma.
En segundo lugar se evidencia del contrato de arrendamiento privado y suscrito entre las partes, quien funge con el carácter de arrendadora es la parte actora en el presente juicio. Asimismo, se evidencia que el contrato tiene una duración a tiempo determinado por el término de un (1) año, contados a partir de 01 de septiembre de 2013 y con fecha de culminación el 01 de septiembre de 2014, sin embargo las partes manifestaron que se podrá realizar un nuevo contrato por un plazo igual, siempre y cuando el arrendatario cumpliera puntualmente con sus obligaciones allí señaladas, documento este el cual fue expresamente reconocido por la parte demandada en la contestación de la demanda, por lo que el Tribunal le otorga valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, se evidencia que el objeto de la demanda versa sobre un inmueble, ubicado entre calles 30 y 31, con avenida 40 local sin número sector El Palito de la ciudad de Acarigua estado Portuguesa, en el cual es co-propietaria la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat, según consta en declaración sucesoral signado con el número de R.I.F. J-30891096-1, de fecha 24 de mayo de 2002, que cursa a los folios 6 al 11 del presente expediente, que a tal efecto consignó la parte actora en la presente causa y por ser un documento emanado de un funcionario autorizado por la ley para ello se le otorga valor probatorio, considerando este Tribunal que ha quedado plenamente demostrada la propiedad de la actora de autos del inmueble objeto del contrato de arrendamiento cuyo desalojo aquí se solicita, aunado a que siendo la materia de inquilinato de orden público no era imperioso llamar en juicio a los demás comuneros para que coadyuven en la demanda.
Por ello, reitero que en relación a la falta de cualidad o legitimación invocada por la parte demandada este Tribunal acoge el criterio de la sentencia anteriormente transcrita y en consecuencia, esta juzgadora considera que la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat, ya identificada e integrante de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez, tal como consta en planilla o documento sucesoral Rif-30891096-1, es co-heredera y co-propietaria, según el artículo 796 del Código Civil, además de ser la arrendadora del inmueble objeto del presente juicio, es quien podía intentar las acciones de cualquier tipo al verse afectados los intereses propios y los de la comunidad o de cualquiera de sus miembros y aún cuando lo haga uno de ellos en nombre propio, era potestativo, no siendo necesario u obligatorio llamar a los otros comuneros para que coadyuven en la demanda, es decir no existe en el presente caso litisconsorte activo tal como lo alega los apoderados de la parte demandada. En consecuencia, quedando plenamente comprobado que la actora es co-heredera y co-propietaria del inmueble arrendado y además es la arrendadora del inmueble objeto del presente juicio, es forzoso para esta juzgadora declarar SIN LUGAR la defensa de falta de cualidad e ilegitimación alegada por la parte demandada, por las razones up supra señaladas. Y así se decide.
En relación a lo alegado por el abogado de la parte demandada, que la arrendadora sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez, no adecuó con su representada los términos del referido contrato de arrendamiento en cuanto a la obligación de proveernos de una cuenta bancaria para depositar el valor de los arrendamientos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Decreto Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, vigente desde el 23 de mayo del año 2014 y desde esa fecha aún, no ha puesto a disposición de los arrendatarios una cuenta bancaria para allí realizar los pagos correspondientes. En ese mismo orden la apoderada judicial de la parte actora expresa que su representada hizo todas las diligencias necesarias a fin de lograr la actualización o adecuación de dicho contrato, siendo imposible hasta la presente fecha y es por lo que precisamente su representada opta por demandar judicialmente con el único documento o contrato de arrendamiento suscrito y que forma parte o sirve de fundamento de la acción, por la negativa de los representantes de la empresa demandada y arrendataria de adecuarse a la nueva normativa de arrendamiento inmobiliario de uso comercial, en virtud del cual solicita sea declarado sin lugar la petición del demandado.
En este sentido, considera quien decide que si bien es cierto que en la Disposiciones Transitorias Primera de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, establece que todos los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto Ley, deberán ser adecuados en un lapso no mayor de seis (6) meses a lo establecido en el Decreto Ley, no obstante, en el caso de marras al proponerse la demanda por desalojo de inmueble con fundamento en el artículo 40 literal “A” de la ley en comento, en razón de que el arrendatario ha dejado de pagar los cánones de arrendamientos demandados, por una parte lo trascendental en principio en el presente juicio es determinar si el arrendatario cumplió o no con la obligación de pagar los cánones de arrendamientos en la fecha estipulada en el contrato privado, suscrito entre las partes, de fecha 01 de septiembre de 2013, y por otra parte es importante señalar que el actual contrato de arrendamiento lo acompañó la actora en el escrito libelar como documento fundamental de la demanda en el cual basa su pretensión, siendo este el último contrato firmado entre las partes, considera quien decide que es el único instrumento que le sirve de fundamentó en la presente acción, el cual consta al folio 13 y 14 del presente expediente, cuya duración de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Tercera era de un (1) año contados a partir del 01 de septiembre de 2013 hasta el 01 de septiembre de 2014, documento este que ha sido aceptado y reconocido en el presente juicio por ambas partes. Y así se decide.
DECIDIDO COMO HA SIDO EL PUNTO PREVIO PASA ESTA SENTENCIADORA A PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
Enunciación y Valoración de las Pruebas
Las pruebas aportadas por la parte actora:
1) Planilla de Declaración Sucesoral, expedida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Acarigua Municipio Páez, estado Portuguesa, expediente signado bajo el número 02-00111, N° de recepción 126, de fecha 24 de Mayo 2002, al ser documento público administrativo no impugnado es apreciado es su justo valor probatorio y sirve para demostrar que la ciudadana Carmen Aida Guedez de Barreat, aparece como representante legal o responsable de la sucesión de Jesús Antonio Barreat Álvarez, parte actora en el presente juicio.
2.- Contrato de arrendamiento privado celebrado entre la demandante Carmen Aída Guedez de Barreat, integrante de la sucesión Barreat con los ciudadanos Luis Augusto Radaelli Sosa y Guillermo Augusto Radaelli Paiva, representantes de la Compañía Anónima Guiller Motos C.A., de fecha 01 de Septiembre del 2013, lo cual se le confiere valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil y 444 del Código de Procedimiento Civil y sirve para demostrar la relación arrendaticia existente entre las partes sobre el inmueble objeto del presente juicio.
3.- Registro de Comercio de la Sociedad Anónima Guiller Motos C.A., inscrita en por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, inscrita bajo el número 3, Tomo 175-A, de fecha 15 de agosto de 2005, el cual se le confiere valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil.
4.- Copias fotostáticas simples del Acta de Defunción Nro 710 del ciudadano Jesús Antonio Barreat Álvarez y del Acta de Matrimonio Nro 35 de la demandante Aída Guedez de Barreat con el de Cujus Jesús Antonio Barreat Álvarez, lo cual se le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil y sirve para demostrar que la parte actora es integrante de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez.
En cuanto a las pruebas de la parte demandada:
1.- Registro de Comercio de la Sociedad Anónima Guiller Motos C.A., inscrita en por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, inscrita bajo el número 3, Tomo 175-A, de fecha 15 de agosto de 2005.
2.- Contrato de arrendamiento privado celebrado entre la demandante Carmen Aída Guedez de Barreat, representante de la sucesión con los ciudadanos Luis Augusto Radaelli Sosa y Guillermo Augusto Radaelli Paiva, representantes de la Compañía Anónima Guiller Motos C.A., de fecha 01 de Septiembre del 2013.
Dichas documentales ya fueron valoradas en el particular tercero de las pruebas promovidas por la actora.
3.- Expediente de Consignaciones Arrendaticias signado bajo el número 633, llevado por el Juzgado Primero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de este mismo Circuito y Circunscripción Judicial.
Antes de proceder a su valoración es importante señalar que la determinación de la validez o improcedencia de la consignación arrendaticia le corresponde al juez analizar cada uno de los pagos efectuados a los fines de verificar si los mismos fueron legítimamente efectuados o no, de acuerdo a las estipulaciones previstas en la ley y en el contrato de arrendamiento privado suscrito entre las partes.
Igualmente es importante señalar que la presente acción es interpuesta en fecha 27 de mayo de 2015, bajo la vigencia de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, de fecha 23 de mayo de 2014, asimismo, se evidencia que el expediente contentivo de las referidas consignaciones arrendaticia fue aperturado, según consta en el presente expediente en fecha 18 de noviembre de 2014, cuya primera consignación fue realizada en fecha 05 de noviembre de 2014, es decir durante la vigencia de la Ley en comento, por lo tanto es la Ley aplicable en el presente caso.
En el caso de marras es necesario indicar que con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, nuestra legislación inquilinaria preveía en su articulo 34 como causal de procedencia que el arrendatario haya dejado de pagar el canon de arrendamiento correspondiente a dos mensualidades consecutivas, entendiéndose que no solo era suficiente el vencimiento de los dos meses para que proceda la acción por desalojo sino que hayan transcurrido más de 15 días continuos siguientes al vencimiento del segundo mes, y así debía ser interpretado a tenor de lo previsto en el articulo 51 de la antigua ley y al arrendador no le estaba permitido suprimir ese derecho para considerar que por el solo vencimiento de los dos meses, procedería el desalojo, pues el derecho a pagar mediante consignación era y es irrenunciable para el locatario en beneficio de quien se ha establecido, tal como lo señalaba el articulo 7 de la ley en comento.
Sin embargo la nueva Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial nada dice al respecto, solo provee en su artículo 40 como causales de desalojo entre otras la siguientes: a) Que el arrendatario haya dejado de pagar dos (2) cánones de arrendamientos.
En el presente caso debemos acudir a las estipulaciones establecidas en el contrato de arrendamiento y según lo expresado en la Cláusula Segunda del contrato el canon de arrendamiento debía ser pagados los primeros Cinco (5) días de cada mes, expresando con toda claridad que en caso de insolvencia o falta de pago de dos (2) meses de los cánones de arrendamiento, la arrendadora podía solicitar la desocupación del inmueble.
Así las cosas, se hace necesario analizar detalladamente las consignaciones arrendaticias efectuadas y al respecto se observa que las consignación del año 2014: La correspondientes a los meses SEPTIEMBRE y OCTUBRE generada el 04 de noviembre, fueron realizadas extemporáneamente, ya que debía ser pagada dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, tal como fue acordado por las partes al momento de suscribir el mencionado contrato de arrendamiento privado. En este mismo orden el pago correspondiente al mes de NOVIEMBRE realizado el día 04 de diciembre de 2014, y el mes de DICIEMBRE consignado el día 13 de enero de 2015, se consideran igualmente extemporáneos. Las consignaciones correspondientes al año 2015: Las correspondientes al mes de ENERO realizada el 10 de febrero; la del mes FEBRERO realizada en fecha 13 de marzo, la del mes de MARZO efectuada 15 de abril; la del mes de ABRIL efectuada el día 15 de mayo; el mes de MAYO realizada el día 01 de junio; el mes de JUNIO el día 07 de julio; el mes de JULIO el 10 de agosto y el mes de AGOSTO realizada el 11 de agosto de 2015, dichas consignaciones arrendaticias se consideran todas en ese mismo orden extemporáneas e ilegítimamente efectuadas, ya que el pago consignatario como se dijo con anterioridad se debió realizar antes de los cinco (5) días de cada mes, según lo pautado en la Cláusula Segunda del Contrato de Arrendamiento.
En otro sentido, es necesario señalar que si por el contrario interpretamos que los cánones de arrendamientos se cancelan los primeros cinco (5) días de cada mes vencido, significaría que el mes de septiembre debía pagarse el cinco (5) de octubre, el mes de octubre debía ser pagadero el cinco (5) de noviembre y el mes de diciembre el día cinco (05) de enero de 2015 y así sucesivamente y la insolvencia inquilinaria se tendría que verificar al vencimiento de los cinco (5) días del término de caducidad de pago, y que adminiculado con las consignaciones arrendaticias que corren en el presente expediente, demostrarían que los cánones de arrendamientos correspondientes a los meses SEPTIEMBRE generada el 04 de noviembre 2014; la del mes de DICIEMBRE 2014, efectuada el día 13 de enero de 2015; la del mes de ENERO realizada el 10 de febrero; la del mes de MARZO efectuada 15 de abril; la del mes de ABRIL efectuada el día 15 de mayo; el mes de JUNIO realizada el 07 de julio y la correspondiente al mes de JULIO efectuada el 10 de agosto de 2015, dichas consignaciones arrendaticias se consideran todas estas extemporáneas e ilegítimamente efectuadas, ya que el pago consignatario se debió realizar antes de los cinco (5) días de cada mes entendiéndose al vencimiento de cada mes, y al no efectuarse dentro del lapso estipulado, se tendría que concluir diciendo que la fecha de cancelación no se cumplieron los cinco (5) días de cada mes, sino que las mismas se cancelaban por mes vencido. En consecuencia, en ambas interpretaciones dichas consignaciones arrendaticias al no haber sido desconocidas ni impugnadas por el demandante, todo lo contrario fueron invocadas por ambas partes adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en el articulo 1.357 del Código Civil; probanzas estas que adminiculadas con los alegatos contenidos en el libelo de demanda y en los alegatos contenidos en el escrito de contestación de la demanda, nos llevan a la conclusión de que para que se pueda verificar la causal de desalojo señalada en el mencionada articulo 40 de la ley en comento, necesariamente debe cumplirse lo estipulado por las partes en las cláusulas del contrato y deben cumplirse con los parámetros que en ella misma se ha señalado. Por lo que al hacerlo con posterioridad en las mencionadas fechas, según consta en el expediente de consignaciones arrendaticias, lo hicieron de manera EXTEMPORÁNEA.
CONCLUSIÓN PROBATORIA
Del análisis de las pruebas y normas legales aplicables que conforman el presente expediente, se desprende que la ciudadana CARMEN AÍDA GUEDEZ DE BARREAT, integrante de la sucesión Jesús Barreat, es propietaria de un inmueble constituido por un local comercial, ubicado entre calles 30 y 31 con avenida 40, local sin número, Sector El Palito de la ciudad de Acarigua estado Portuguesa, según se evidencia del documento Planilla de Declaración Sucesoral, expedida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Acarigua Municipio Páez, estado Portuguesa, expediente signado bajo el número 02-00111, N° de recepción 126, de fecha 24 de Mayo 2002.
Que la relación arrendaticia se evidencia a través del contrato de arrendamiento privado celebrado entre las partes sobre el inmueble objeto del presente juicio, de fecha 01 de septiembre de 2013, así como del expediente de consignaciones arrendaticias cursantes en autos.
Que el canon de arrendamiento fue establecido en la cantidad de Mil Quinientos Veintiséis Bolívares Con Sesenta Céntimos (Bs. 1.526,60) mensuales, más el pago del Impuesto del Valor Agregado y desde el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, el arrendatario dejó de cumplir con su obligación de pagar el canon de arrendamiento mensual convenido, así como los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015 demandados.
Que el arrendatario a pesar de alegar que no conviene en la demanda, rechazándola y contradiciendo en los términos anteriormente señalados no suministró la prueba de sus alegatos, tal como lo establece el referido artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, ni logró demostrar el pago o hecho extintivo de la obligación, incumpliendo con una de sus obligaciones principales, establecida en el Código Civil, como es la de pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos. En consecuencia esta Juzgadora, declara procedente la acción de Desalojo del Inmueble Arrendado intentada por la parte actora, motivado al incumplimiento de lo establecido en el ordinal 2° del artículo 1.592 del Código Civil, considerándose a la demandada en estado de insolvencia en el pago de los cánones respectivos, lo que le da derecho a la arrendadora a demandar por concepto de desalojo de inmueble con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Y así se declara.
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial Del Estado Portuguesa, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la falta de cualidad de la ciudadana Carmen Aída Guedez de Barreat, para accionar en nombre y representación de la sucesión de Jesús Antonio Barreat Álvarez. CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana CARMEN AÍDA GUEDEZ DE BARREAT, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro 5.959.238, de este domicilio, integrante de la sucesión Jesús Antonio Barreat Álvarez, representada judicialmente por la abogada Ana Dolores Monagas Carrillo, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro 25.895, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA GUILLER MOTOS CA., inscrita en el Registro Mercantil Segundo del estado Portuguesa, bajo el Nro 03, Tomo 175-A, de fecha 15/08/2015, representada por los ciudadanos LUIS AUGUSTO RADAELLI SOSA y GUILLERMO AUGUSTO RADAELLI PAIVA, en su carácter de Presidente y Vice-presidente, respectivamente, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-16.565.118 y 7.599.392, respectivamente, representados judicialmente por el abogado Narcizo Segundo Gutiérrez, inscrito en el Inpreabogado Nro. 25.389.
En consecuencia se ordena al Arrendatario a:
1.- La entrega material del bien inmueble objeto del presente juicio, libre de personas y bienes.
2.- El pago en la cantidad de Quince Mil Trescientos Ochenta y Ocho Bolívares Con Trece Céntimos (Bs. 15.388,13) por concepto de pensiones de arrendamiento vencidas e insolutas correspondientes a los meses: septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, así como los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015, a razón de Mil Quinientos Veintiséis Bolívares Con Sesenta Céntimos (Bs. 1.526,60) mensuales, más el pago del Impuesto del Valor Agregado y los que se sigan venciendo hasta la entrega definitiva del inmueble objeto del presente juicio en las cantidades señaladas. Se ordena el retiro de los cánones de arrendamientos consignados deduciéndose el pago de los meses adeudados.
Se condena en costas a la parte demandada dada la naturaleza del presente fallo.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dado, firmado, sellado y refrendado en la Sala del Despacho del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Acarigua, a los 09 días del mes de Diciembre de 2015. AÑOS: 205º y 156º
La Juez,
Abg. Miriam Sofía Durand Sánchez
La Secretaria,
Abg. Aura Estela Rangel Romano
En la misma fecha se publicó, siendo las 10:00 de la mañana. Conste.
Stria.
Exp. C-160/2015
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