TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

Expediente No 9632

Mediante escrito de fecha 27 de enero de 2015, los ciudadanos LUZ MARINA OLIVARES DE PLAZOLA, ALCIDES BENITO SCATT VARGAS, THAIS TIBISAY PÉREZ DÍAZ, YOLIMAR LOZANO MORENO, AMARLIG HELENA FERRIGNI AGUDELO, YELISBETH DEL CARMEN CERA PARRA, DORIS ELENA LABRADOR MONTOYA, MARIBEL JOSEFINA ANZOLA CAMACHO, MAISY CAROLINA MOROS SOSA, JACQUELINE DEL CARMEN REGARDIZ GARCÍA, todos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números 6.245.331, 6.522.512, 7.661.741, 12.562.958, 15.664.410, 14.946.568, 14.934.135, 10.098.746, 11.553.783 y 7.929.984, respectivamente, "... actuando en su propio nombre y representación, y a la vez en representación de la Coalición de Trabajadores formada en ocasión a la defensa de los derechos fundamentales..." presuntamente conculcados en la presente causa, asistidos por el Abogado JUAN RAFAEL GARCÍA VELASQUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 90.847, interpusieron amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada, en contra de la GERENTE DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA, adscrito al Departamento de Apoyo Médico de la Subdirección Médica del Hospital General Dr. Jesús Yerena de Lídice. Asignado por distribución el expediente a este Juzgado Superior, consta en nota de secretaría que corre inserta al folio 10 del presente juicio, que en esta misma fecha se le dio entrada al mismo, formándose expediente bajo el No. 9632.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Mediante escrito de fecha 27 de enero de 2015, la parte accionante sustentó su pretensión en las razones de hecho y de derecho siguientes:

Que forman parte del grupo de Enfermeros y Enfermeras adscritos al turno nocturno del Servicio de Enfermería del Hospital General Dr. Jesús Yerena de Lídice. Aducen que dicho servicio se encuentra dividido en dos (2) turnos, matutino y vespertino, los cuales inician de 7 ante meridiem a 7 post meridiem, y viceversa, que dichos turnos a su vez, se encuentran subdivididos en 2 grupos denominados A y B, los cuales se caracterizan por trabajar los fines de semana el sábado o el domingo, dependiendo del turno.

Indican que la planificación de las guardias, se han venido trabajando desde la firma de la III Convención Colectiva entre el Gobierno del Distrito Federal y los Profesionales de la Enfermería, adscritos a los Establecimientos de Salud y los Docentes del Colegio Universitario de Enfermería del Gobierno del Distrito Federal, aprobada el 27 de julio de 1998. Denunciando que la Gerente de Enfermería del Servicio de Enfermería adscrito al Departamento de Apoyo Médico, de la Subdirección Médica del Hospital General Dr. Jesús Yerena de Índice, acordó en conjunto con los supervisores a la mencionada gerencia, que a partir del 1° de lebrero de 2015, entrará en vigencia una modificación de la jornada del turno nocturno del personal bajo su cargo, dentro de los cuales se encuentran los actores de la presente acción de amparo, todo ello de conformidad con la Cláusula No II de la Convención Colectiva del Trabajo, bajo el marco de Reunión Normativa Laboral para la Rama de Actividad del Sector Salud con alcance nacional, aprobada mediante Resolución No8424 de fecha 08 de agosto de 2013, emanada del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, denunciando con este hecho la violación sobrevenida "... DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES A LA SALUD, Y LABORALES RELATIVOS INTANGIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES, Y LA PROHIBICIÓN DE LABORAR HORAS EXTROORDINARJAS Y LA PROGRESIVA DISMINUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO...".

Señalan que optaron por el ejercicio de la presente acción de amparo constitucional, en virtud de entender que no existe, un acto formal o material que atacar, que recoja la pretensión de la Gerente de Enfermería del Servicio de Enfermería adscrito al Departamento de Apoyo Médico, de la Subdirección del Hospital General Dr. Jesús Yerena de Lídice, relativa al cambio de planificación de la Jornada Laboral del Turno que presta servicio para dicho Hospital, considerando que la querella funcionarial no es el medio idóneo para atacar sus pretensiones. Asimismo aducen que la presente causa tampoco es una vía de hecho toda vez que la misma se configuraría el día 1° de febrero de 2015 y que mucho menos puede intentarse como una abstención o carencia, toda vez, que la presente causa no trata de petición alguna.

Por último, solicitan que se admita la presente acción de amparo constitucional, que se declare con lugar la misma y que se le ordene a la Gerente de Enfermería del Servicio de Enfermería adscrito al departamento de apoyo médico, de la Subdirección Médica del Hospital General Dr. Jesús Yerena de Lídice, se abstenga de ejecutar cualquier modificación en la planificación de la jornada del tumo nocturno del personal bajo su cargo.
DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento procede este Órgano Jurisdiccional a verificar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, en virtud de lo cual se observa, que la acción de amparo se interpone en contra de la GERENTE DE ENFERMERÍA DELSERVICIO DE ENFERMERÍA adscrito al Departamento de Apoyo Módico, de la Subdirección Médica del Hospital General Dr. Jesús Yerena de Lídice, presunta agraviante -, en virtud de que esta última, a decir de los accionantes, pretende modificar la planificación de la jornada del turno nocturno del personal bajo su cargo, en ocasión a la "... aplicación de la Cláusula No 11 Convención Colectiva del Trabajo, bajo el marco de Reunión Normativa Laboral para la Rama de Actividad del Sector Salud con Alcance Nacional... ".

Ello así, en virtud de lo antes expuesto, a fin de determinar la competencia en el presente caso, es necesario traer a colación la sentencia No 00-02; caso EMERY MATA MILLAN, de fecha 20 de enero de 2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció en materia de amparo constitucional, lo siguiente:

“(...) Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta (...)” Destacado de este Tribunal.

En aplicación del criterio anterior al caso concreto, tenemos que la materia afín o relacionada con el presente caso es la materia contencioso administrativo funcionarial, por lo cual, a tenor de los artículos 259 constitucional, que establece "(…) Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para (...) disponer lo necesario para el restablecimiento de la situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa (...)"; 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que señala "(...) Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de (...) Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la Ley (...)" y 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública que indica "(...) Corresponderán a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular (...) Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarías públicos o aspirantes a ingresar a la administración pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública (...)", y visto que los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos, representan la Primera Instancia en materia funcionarial de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Juzgado se declara COMPETENTE para conocer en primera instancia, de la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Declarada como ha sido por este Juzgado, la competencia para conocer de la presente acción de Amparo Constitucional, procede en consecuencia a pronunciarse sobre su admisibilidad, y al efecto observa:

Ante la interposición de una acción de Amparo Constitucional, es obligación de todo juez revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos ordinarios, pues al no constar el cumplimiento de ese presupuesto procesal, la consecuencia lógica es declarar la inadmisibilidad de la acción. Asimismo, sólo podrá proponerse inmediatamente dicha acción, cuando de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, se desprenda que el uso de los medios judiciales ordinarios, resulta insuficiente o no idóneo para el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

Consecuentemente, al analizar las causales de inadmisibilidad en materia de amparo constitucional, se aprecia, que el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:

"(...) No se admitirá la acción de amparo:

5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24, 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado'".

Al respecto, estima pertinente esta instancia judicial señalar, que la norma ut supra transcrita ha sido objeto de diversas interpretaciones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, destacando entre ellas, la establecida en la sentencia No. 2369 de fecha 23 de noviembre de 2001 (Caso: Parabólicas Service's Maracay C.A.):

"(...) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e
Inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, (...)
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes: por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional,
(...). Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)". (Subrayado de este Juzgado Superior).

Asimismo, en sentencia No 1496 del 13 de agosto de 2001 (Caso: Gloria América Rangel Ramos), se ha pronunciado la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, cuando estableció las condiciones necesarias para que operara la vía de la acción de amparo constitucional, ante la falta de agotamiento de la vía judicial previa. Al respecto dispuso que:

"(...) la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida (...)".

Conforme a los criterios precedentemente transcritos, se colige que la admisibilidad de la acción de Amparo Constitucional se encuentra supeditada a que no exista en el ordenamiento jurídico, un medio procesal idóneo que permita reestablecer la alegada situación jurídica lesionada, pues existiendo, éste debe ser ejercido ya que la falta de agotamiento de la vía ordinaria por parte del presunto agraviado, faculta al juez que actúa en sede constitucional, para declarar la inadmisibilidad de la acción de Amparo Constitucional.

En el caso bajo estudio, el accionante sostiene en su escrito libelar que interpone la presente acción de Amparo Constitucional, en contra de La GERENTE DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA, adscrito al Departamento de Apoyo Médico, de la Subdirección Médica del Hospital General Dr. Jesús Yerena de Lídice, - presunta agraviante - en virtud de que ésta última, pretende modificar la planificación de la jornada del turno nocturno del personal bajo su cargo, en ocasión a la “ … Aplicación de la Cláusula II Convención Colectiva de Trabajo, bajo el Marco de Reunión Normativa Laboral para la Rama de Actividad del Sector Salud con alcance Nacional…”, sin que este Juzgador evidencie de las actas procesales, que se hayan previamente hecho uso de las vías procesales ordinarias que por demás fueron denunciadas por el accionante como medios ineficaces para dar satisfacción a la pretensión deducida.

En virtud de ello, visto que lo pretendido por los accionantes, detenta una naturaleza funcionarial, considera este Tribunal que en el presente caso existe un medio procesal acorde e idóneo dirigido a obtener la tutela constitucional solicitada, tal como lo es la demanda de nulidad, cuyo procedimiento se encuentra previsto en el artículo 93 Ley del estatuto de la Función Pública, establecido por el legislador para que se resuelvan las controversias, reclamos y solicitudes que formulen los funcionarios y aspirantes a funcionarios públicos cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos emanados de los órganos o entes de la Administración Pública.

En este sentido, es oportuno señalar que, han sido reiteradas las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al inadmitir las acciones de Amparo Constitucional en contra de actos administrativos, hechos u omisiones emanados o dictados por la Administración Pública, cuando existe un medio ordinario que no ha sido accionado por el justiciable, estableciendo que con el ejercicio del citado mecanismo ordinario, se puede obtener también el restablecimiento de la situación jurídica vulnerada, mas aún, si se acciona conjuntamente con ejercicio de la tutela cautelar, de ser considerado necesario por el accionante.

Consecuentemente, en virtud de las consideraciones antes indicadas, este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe forzosamente declarar INADMISIBLE la pretensión de Amparo Constitucional interpuesta. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE la solicitud de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos LUZ MARINA OLIVARES DE PLAZOLA, ALCIDES BENITO SCATT VARGAS, THAIS TIBISAY PÉREZ DÍAZ, YOLIMAR LOZANO MORENO, AMARLIG HELENA FERRIGNI AGUDELO, YELISBETH DEL CARMEN CERA PARRA, DORIS ELENA LABRADOR MONTOYA, MARIBEL JOSEFINA ANZOLA CAMACHO, MAISY CAROLINA MOROS SOSA, JACQUELINE DEL CARMEN REGARDIZ GARCÍA, todos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números 6.245.331, 6.522.512, 7.661.741, 12.562.958, 15.664.410, 14.946.568, 14 934.135, 10.098.746, 11.553.783 y 7.929.984, respectivamente, "... actuando en su propio nombre y representación, y a la vez en representación de la Coalición de Trabajadores formada en ocasión a la defensa de los derechos fundamentales... "presuntamente conculcados en la presente causa, asistidos por el Abogado JUAN RAFAEL GARCÍA VELASQÜEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 90.847, en contra de la GERENTE DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA, adscrito al Departamento de Apoyo Módico de la Subdirección Médica del Hospital General Dr. Jesús Yerena de Lídice.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil quince (2015). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
EL JUEZ,

HÉCTOR SALCEDO LÓPEZ.
EL SECRETARIO ACC,

JESÚS ESCALONA CARBALLO

En la misma fecha de hoy, siendo las ( ), se publicó y registró la anterior decisión, bajo el Nº

EL SECRETARIO ACC,

JESÚS ESCALONA CARBALLO

Exp. Nº 9632
HSL/kae.-