TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 8 de enero de 2015
204º y 155º
ASUNTO: AH1A-X-2015-000001
Vista la solicitud mediante la cual se requiere el decreto de Medida Innominada, peticionada por la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN 231298 C.A., inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 16 de Febrero de 2004, bajo el Nº 44, Tomo 869-A, en el escrito en el cual propone AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la cual se ordene la suspensión de todos los efectos del decreto de medida innominada dictado por el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio del Area Metropolitana de Caracas, el 16 de junio de 2014 y de cualquier otro complemento o medida que se hubiera decretado por el Tribunal mencionado, en el juicio tramitado en el expediente No. AP31-V-2014-000841 (Cuaderno de Medidas AN3D-X-2014-000009), propuesto por TRIDE INVERSIONES C.A., INVERSIONES COPACKING C.A., CORPORACION 231298; CORPORACION 14498, CORPORACION 27288 C.A., CORPORACION 1512004 y el ciudadano VICTOR BANGUENSES PEREZ por NULIDAD ABSOLUTA de la Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad EMPRESAS TAPA AMARILLA C.A., celebrada en fecha 03 de junio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 25 de abril de 2014, bajo el No., 28, Tomo 56-A, el Tribunal pasa a resolver sobre la procedencia de la misma, previa las consideraciones que se exponen a continuación:
Establecen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Artículo 585: Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”
“Artículo 588: Parágrafo Primero:
“…El Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. (…)”
Las normas anteriores establecen las condiciones que deben darse para que el Juez, previo, pueda decretar la medida innominada. Se trata además de la presencia del humo de buen derecho y del periculum in mora, de la existencia de un daño o un riesgo de daño irreversible para el solicitante de la cautelar de la naturaleza del derecho pretendido, cuya requisito se conoce como periculum in danni.
Sobre la medida cautelar solicitada, constata este juzgador constitucional que la parte presuntamente agraviada solicitó en su petitorio que se ordene la suspensión de todos los efectos del decreto de medida innominada dictado por el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio del Area Metropolitana de Caracas, el 16 de junio de 2014 y de cualquier otro complemento o medida que se hubiera decretado por el Tribunal mencionado, en el juicio tramitado en el expediente No. AP31-V-2014-000841 (Cuaderno de Medidas AN3D-X-2014-000009), propuesto por TRIDE INVERSIONES C.A., INVERSIONES COPACKING C.A., CORPORACION 231298; CORPORACION 14498, CORPORACION 27288 C.A., CORPORACION 1512004 y el ciudadano VICTOR BANGUENSES PEREZ por NULIDAD ABSOLUTA de la Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad EMPRESAS TAPA AMARILLA C.A., celebrada en fecha 03 de junio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 25 de abril de 2014, bajo el No., 28, Tomo 56-A.
Al respecto, este jurisdicente hace suyo el criterio sentado en su fallo número 156 de fecha veinticuatro (24) de marzo del año 2000, con ponencia del magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera, expediente número 2000-0436 (Caso: Corporación L´ Hotels, C.A.), donde respecto a la posibilidad de dictar medidas cautelares en el proceso de amparo, citando el caso José Amado Mejía, preciso:
“Ante las anteriores razones, ¿No proceden en los amparos, las medidas preventivas?”.
“A pesar de lo breve y célero de estos procesos, hay veces en que se hace necesario suspender el peligro que se cierne sobre la situación jurídica que se dice infringida o evitar que se pueda continuar violando antes que se dicte el fallo del proceso de amparo; y dentro de un Estado de Derecho y de Justicia ante esa necesidad, el juez del amparo puede decretar medidas precautelativas. Pero para la provisión de dichas medidas, y al menos en los amparos contra sentencias, al contrario de lo que exige el Código de Procedimiento Civil, al peticionario de la medida no se le pueden exigir los requisitos clásicos de las medidas innominadas: fumus boni iuris, con medios de prueba que lo verifiquen; ni la prueba de un periculum in mora (peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo), como sí se necesita cuando se solicita una medida en base al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, donde también han de cumplirse los extremos del artículo 588 eiusdem, si se pide una cautela innominada”.
“Dada la urgencia del amparo, y las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no puede exigírsele al accionante, que demuestre una presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el juez del fallo impugnado; mientras que por otra parte, el periculum in mora, está consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga y, que requiere que urgentemente se le restablezca o repare la situación”.
“De allí, que el juez del amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en este fallo, ni el temor fundado de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ya que ese temor o el daño ya causado a la situación jurídica del accionante es la causa del amparo, por lo que el requisito concurrente que pide el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, para que procedan las medidas innominadas, tampoco es necesario que se justifique; quedando a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada es o no procedente”.
“Viene a ser la posible tardanza de la resolución del proceso de amparo, así él sea breve, el elemento principal a tomar en cuenta por el juez que ha admitido el amparo, a los fines del decreto de medidas preventivas, y ello queda a su total criterio. El juez que admite un amparo, no lo hace con el mismo criterio que el juez civil que admite la demanda a ventilarse por el juicio ordinario, ya que lo que se pondera en este proceso es distinto. En el amparo lo que analiza el juez es la posibilidad de que se esté lesionando al accionante en un derecho constitucional, motivo por el cual la sentencia de amparo no es ni de condena, ni mero declarativa, ni constitutiva; y si por la verosímil lesión se da curso al amparo se está aceptando la posibilidad de un buen derecho por parte del accionante, que no necesita prueba específica, bastándose el fallo impugnado para crear la verosimilitud, lo que motiva la admisión de la acción y la apertura del juicio de amparo”.
“Quien intenta un juicio ordinario pide se le satisfaga una pretensión de naturaleza civil. Aspira que se dicte una sentencia mero declarativa, constitutiva o de condena, y por ello las medidas preventivas nominadas o innominadas buscan (excepto en la sentencia mero declarativa) que no quede ilusoria la ejecución del fallo, y se exige prueba de esa circunstancia; o las cautelas solicitadas persiguen que una parte no cause lesiones graves o de difícil reparación en el derecho de la otra. Pero quien intenta un amparo no pide una sentencia de condena, mero declarativa o constitutiva, sino que cese de inmediato una lesión, o una amenaza, a su situación jurídica”.
“Quien acciona el amparo se limita a pedir que cese la lesión o la amenaza lesiva, y si tiene razón, el juez lo restablece en la situación o le evita el perjuicio; pero todo ello es transitorio, pudiendo las partes en juicio contencioso dirimir sus derechos que en el amparo no se discuten”.
“Tal realidad se refleja sobre las medidas preventivas que puedan las partes solicitar. Para el proceso de naturaleza civil y debido a que se discuten derechos, se exige al peticionante de la medida el cumplimiento de requisitos, ya que el derecho aún no se ha declarado a su favor, y cuando ello sucede con un fallo firme, surgirá la cosa juzgada que habrá de ejecutarse en algunas sentencias. Pero en el proceso de amparo, donde no hay que asegurar los efectos de la declaratoria del derecho (ejecución) o de su posible lesión, sino de que se detenga una agresión que disminuye o enerva la situación jurídica, o que se la evite, no pueden exigirse el cumplimiento de requisitos idénticos a los del juicio civil, porque lo que esté ocurriendo con la situación jurídica que es el objeto del amparo, debe existir para el momento en que se interpone la acción, debe tratarse de una situación urgente, y mal puede ante ella, pedir el juez de amparo constitución de garantías para decretarlas, o requerir el cumplimiento de las exigencias del Código de Procedimiento Civil, con lo que estaría desconociendo la situación que es la esencia de la acción de amparo”.
“Por ello, el juez de amparo utilizando su saber y ponderando con lo que existe en autos la realidad de la lesión y la magnitud del daño, la admite o la niega sin más”.
“Lo importante de la medida que se solicita con el amparo, es la protección constitucional que se pretenda y, al igual que en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la protección constitucional se concreta suspendiendo efectos lesivos o amenazantes, y es éste el tipo básico de medidas que puede pedir el accionante, y cuyo decreto queda a criterio del juez de amparo si lo estima o considera procedente para la protección constitucional sobre la cual gravita la inmediatez del daño. Es más, no permitiendo la estructura del proceso de amparo una específica oposición a la medida que se pide con la solicitud de amparo, el juez debe analizar muy bien los efectos que puede causar la medida que decrete, teniendo en cuenta la actuación de los afectados y el carácter reversible de lo que decrete, en el sentido de que si el accionante no tuviese razón, la medida no perjudica al accionado. Esto sin perjuicio de la responsabilidad proveniente del error judicial”.
Omissis…
“La amplitud de criterio que según esta Sala tiene el juez del amparo para decretar medidas cautelares, le permite en la valoración de los recaudos que se acompañan, la mayor flexibilidad, de acuerdo a las circunstancias urgentes”.
“En fallo del 1º de febrero de 2000 (caso José Amando Mejía), esta Sala consideró que para decretar medidas era necesario que se acompañaran documentos auténticos que respaldarán las peticiones de medidas, ya que los instrumentos no auténticos sólo producen verosimilitudes; sin embargo, en el mismo fallo señalado se sostuvo que cuando el amparo se intenta contra sentencia, podrá acompañarse copia simple de los documentos que originan el amparo, y por ende de aquellos que permitan justificar medidas preventivas, a tenor de los dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil” (subrayado de este juzgado constitucional).
Omissis… “
El anterior criterio jurisprudencial deja absolutamente claro que el decreto de las medidas cautelares en sede constitucional, no requieren la comprobación de los extremos contenidos en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, sino la valoración y ponderación del juez sobre la procedencia de estas, tomando en consideración la posibilidad de que se materialice la violación constitucional.
Considera este sentenciador prima facie (a primera vista), con fundamento en la prueba instrumental aportada con el escrito que contiene la interposición de la acción de amparo, suficientemente acreditado una presunción de que el derecho que alega a su favor la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN 231298 C.A., inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 16 de Febrero de 2004, bajo el Nº 44, Tomo 869-A, corre peligro de ser vulnerado sino es dictada una cautela que evite, temporalmente, al menos hasta que se dicte sentencia en esta primera instancia, la ejecución del decreto de medida innominada dictado por el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio del Area Metropolitana de Caracas, en el fallo dictado en fecha el 16 de junio de 2014 y de cualquier otro complemento o medida que se hubiera decretado por el Tribunal mencionado, en el juicio tramitado en el expediente No. AP31-V-2014-000841 (Cuaderno de Medidas AN3D-X-2014-000009), propuesto por TRIDE INVERSIONES C.A., INVERSIONES COPACKING C.A., CORPORACION 231298; CORPORACION 14498, CORPORACION 27288 C.A., CORPORACION 1512004 y el ciudadano VICTOR BANGUENSES PEREZ por NULIDAD ABSOLUTA de la Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad EMPRESAS TAPA AMARILLA C.A., celebrada en fecha 03 de junio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 25 de abril de 2014, bajo el No., 28, Tomo 56-A.
Por lo antes expuesto, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se decreta la medida cautelar innominada y en consecuencia, se SUSPENDE hasta que acontezca sentencia en esta primera instancia que dirima la acción de amparo contenida en estos autos, todos los efectos del decreto de medida innominada dictado por el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio del Area Metropolitana de Caracas, en el fallo de fecha 16 de junio de 2014 y de cualquier otro complemento o medida que se hubiera decretado por el Tribunal mencionado, en el juicio tramitado en el expediente No. AP31-V-2014-000841 (Cuaderno de Medidas AN3D-X-2014-000009), propuesto por TRIDE INVERSIONES C.A., INVERSIONES COPACKING C.A., CORPORACION 231298; CORPORACION 14498, CORPORACION 27288 C.A., CORPORACION 1512004 y el ciudadano VICTOR BANGUENSES PEREZ por NULIDAD ABSOLUTA de la Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad EMPRESAS TAPA AMARILLA C.A., celebrada en fecha 03 de junio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 25 de abril de 2014, bajo el No., 28, Tomo 56-A. Ofíciese lo conducente.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada por Secretaria de la decisión, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción Judicial del estado Cojedes, actuando en sede Constitucional, en Caracas a los ocho (08) días del mes de enero de dos mil quince (2015). Años: 204º de la Declaración de Independencia y 155º de la Federación.-
EL JUEZ,

Abg. LUIS ERNESTO GÓMEZ SAEZ
LA SECRETARIA,

Abg. Sonia Carrizo Ontiveros

En esta misma fecha, siendo las __________, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia.
LA SECRETARIA,

Abg. Sonia Carrizo Ontiveros

Asunto: AH1A-X-2015-000001