REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 19 de enero de 2015.
204º y 155º
ASUNTO: AP11-O-2015-000007
Sentencia Interlocutoria
PARTES PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: ciudadanos ANDRES DE LA VARGA MANGA, ROBERTO DI JULIO CERESO, DOMENICO ZULLI CACCHIONE y FORTUNETA MARIA PETROCELLI ROCCINI venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-6.818.080, V-6.810.807, V-5.301.069, V-12.063.913, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: PATRICIO RICCI y FRANK PETIT DA COSTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.068.678 y V-3.094.736, abogado en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 69.120 y 7.276, respectivamente.
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, con cargo de la ciudadana Jueza MARITZA BETANCOURT.
TERCERO INTERESADO: ciudadana TATIANA KADUSKIEWICZ de JAKOWLEW, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº 6.087.201.-
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.
I
Visto el libelo de la demanda y los recaudos consignados por los profesionales del Derecho PATRICIO RICCI y FRANK PETIT DA COSTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.068.678 y V-3.094.736, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 69.120 y 7.276, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la parte presuntamente agraviada ciudadanos ANDRES DE LA VARGA MANGA, ROBERTO DI JULIO CERESO, DOMENICO ZULLI CACCHIONE y FORTUNETA MARIA PETROCELLI ROCCINI venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-6.818.080, V-6.810.807, V-5.301.069, V-12.063.913, respectivamente, en la cual solicitó se decrete Medida Cautelar Innominada, este Tribunal a los fines de proveer lo conducente, hasta tanto se decida la solicitud de amparo constitucional, pasa a efectuar las siguientes consideraciones:
Primero: Se observa que los apoderados judiciales de la parte presuntamente agraviada fundamenta su solicitud de decreto de Medida Cautelar Innominada de suspensión de los efectos de la decisión interlocutoria de medida innominada, dictada por el JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, con cargo de la ciudadana Jueza MARITZA BETANCOURT, en fecha 16 de diciembre de 2014, dictada en la causa AP31-V-2014-001239, en virtud de la situación jurídica infringida, debido a que la referida sentencia ordenó lo siguiente:
“I. ORDENA la suspensión de los efectos de el asamblea ordinaria de copropietarios de Centro Comercial Plaza Las Ameritas Etapa I, celebrada el 17 de julio de 2014”
“II. ORDEN la suspensión o cese de las funciones de la actual Junta de Condominio, conformada por los ciudadanos FORTUNETTA PETROCELLI, SALVADOR PEPE, ROBERTO DI JULIO, DOMENICO ZULLI, ANDRES DE LA VARGA, LUIS SANCHEZ y SARA LAMANNA, así como de la actual administradora, ciudadana ZEIDA BORDIN MORELLATO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº V- 11.741.076;
“III. ORDENA la designación de una Administración Judicial Provisional, la cual habrá de estar a cargo de un funcionario designado por este despacho, a efecto de que cumpla con las funciones de administración provisoriamente, en defensa de los intereses de los propietarios e inquilinos del centro comercial, quien deberá practicar una auditoria sobre las cuentas, libros y todos los elementos de carácter contable y administrativo de centro comercial, en el periodo comprendido desde el año 2013 subsiguientes, quien deberá disponer de todos los instrumentos necesarios para el cumplimento de sus funciones, a cuyo efecto se ordena la ocupación de las oficinas administrativas del centro comercial Plaza Las Ameritas Etapa I, por parte del administrador judicial.
Segundo: Que el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, establece la potestad del Juez de dictar cualquier medida que considere necesaria a los fines de evitar que ocurra un daño cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación, de la siguiente manera:
“Artículo 588 En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
…omissis…
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
…omissis…”
En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de marzo de 2000 (caso Corporación L’ Hotels C.A.), estableció que en la solicitud de medidas cautelares dentro de juicios de Amparo Constitucional, el peticionante no está obligado a probar la existencia de fumus boni iuris, ni de periculum in mora, únicamente, dada la celeridad y brevedad que caracterizan al proceso de amparo constitucional, su pretensión dependerá, del sano criterio del juez, quien acordará o no tales medidas, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso sometido a su examen.
Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado sobre el alcance del poder cautelar de los jueces en el otorgamiento de medidas cautelares innominadas en las acciones amparo sosteniendo lo siguiente:
“…Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil de 1.987, otorgó al Juez una prerrogativa “poder cautelar general”, que consiste en la posibilidad de que se decreten providencias de índole cautelar distintas a las medidas nominadas (embargo, prohibición de enajenar y gravar y secuestro), que sean susceptibles de evitar daños o que hagan cesar la continuidad de una lesión determinada.
Igualmente, en anteriores oportunidades esta Sala, específicamente en el caso: Corporación L’ Hotels, contempló el otorgamiento de medidas cautelares innominadas en las acciones de amparo constitucional, a pesar de lo breve y célere de estos procesos, con la circunstancia fáctica de que se haga necesario suspender el peligro que se cierne sobre la situación jurídica supuestamente infringida o evitar que se pueda continuar violando antes que se dicte el fallo del proceso de amparo…”
Además en el mencionado caso, se previó que dada la urgencia del amparo, no puede exigírsele al accionante que demuestre una presunción del buen derecho, bastando la ponderación por el Juez constitucional del fallo impugnado; mientras que por otra parte, el periculum in mora está íntimamente relacionado con la petición de amparo que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, y que requiere urgentemente se le restablezca la situación jurídica supuestamente infringida…” (Sentencia de fecha 26 de enero de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, expediente Nro. 001748, sentencia Nro. 45).
Asimismo, ha señalado el máximo Tribunal:
“…Por otra parte, en lo atinente a la medida cautelar innominada solicitada por el apoderado judicial del accionante, observa esta Sala, que por decisión de fecha 24 de marzo de 2000, quedó sentada la tesis que postula la posibilidad de otorgar medidas cautelares integradas a un proceso de amparo, no obstante “lo breve y célere” del procedimiento. Asimismo, quedó igualmente la tesis según la cual el Juez dentro de ese tipo de procesos, y dadas las circunstancias particulares del caso, podía prescindir de la exigencia al presunto agraviante de elementos probatorios suficientes para acordar la protección inmediata, pero en tal caso, el Juez examinaría los supuestos de hechos aportados y realizaría la ponderación correspondiente a fin de declarar la procedencia de la medida…” (Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 12 de marzo de 2001, con ponencia del Magistrado Antonio García García, expediente Nro. 01-0289, sentencia Nro. 330).
En este mismo orden de ideas, los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señala:
“Artículo 3.- También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión.
La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad.
Artículo 5.- La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio.”
De los artículos precedentemente explanados, se observa que la protección constitucional se concreta suspendiendo efectos lesivos o amenazantes; y, éste es el tipo de medidas que puede pedir el accionante, cuyo decreto queda a criterio del Juez de amparo si lo estima o considera procedente para la protección constitucional sobre la cual gravita la inmediatez del daño, siendo criterio de la Sala Constitucional, que el objetivo que se persigue en los procesos de amparo no es otro que evitar que el agravio constitucional se vuelva irreparable, y con ello, imposible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. De allí que el Juez de amparo tiene gran flexibilidad para el decreto de medidas cautelares.
Así la cosas, acoge este Juzgador el criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, conforme a lo establecido en el Artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y lo aplica al caso sub- examine. En consecuencia, en virtud de la naturaleza de la medida preventiva solicitada, y sin prejuzgar el fondo del asunto, aun cuando no está obligado el peticionante de amparo a probar la existencia del fumus boni iuris, ni del periculum in mora, no es menos cierto, que el hecho de acordar o no la medida cautelar solicitada, depende del sano criterio, así como de las máximas de experiencias del juzgador; y en el caso que nos ocupa de un examen detenido de los hechos narrados por la representación judicial de la presunta agraviada, así como del análisis de las actas procesales, se evidencia la existencia de una situación que requiere la utilización por parte de este Órgano Jurisdiccional de sus poderes cautelares, por lo que quien aquí decide DECRETA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, por lo que se ordena la Suspensión de los efectos de la Sentencia Interlocutoria dictada por el JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a cargo de la ciudadana Jueza MARITZA BETANCOURT, en fecha 16 de diciembre de 2014, en la causa AP31-V-2014-001239; hasta tanto este Tribunal decida en sede Constitucional el fondo de la presente Acción de Amparo.
En consecuencia, ofíciese al Juzgado Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales consiguientes. ASÍ SE DECIDE.-
EL JUEZ,
LA SECRETARIA.,
DR. ÁNGEL VARGAS RODRIGUEZ.
ABG. GABRIELA PAREDES.
ASUNTO: AP11-O-2015-000007.
AVR/GP/***
|