TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 6 de febrero de 2015
204º y 155º

ASUNTO Nº AF41-U-2000-000099.- INTERLOCUTORIA Nº 25.-
ASUNTO ANTIGUO Nº 1623.-
En fecha 14 de noviembre de 2000, el abogado Elías Tarbay Assad, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 76.945, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente RODRIGUEZ GUTIERREZ & COMPAÑÍA, S.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil anteriormente llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 17 de septiembre de 1993, bajo el N° 287, Tomo VII, interpuso recurso contencioso tributario contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° RNO-DSA-2000-189, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha 29 de septiembre de 2000, mediante la cual se confirmó el Acta de Reparo N° RNO-DF/99/72, de fecha 06 de agosto de 1999, levantada en materia de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, determinándose en consecuencia a las siguientes obligaciones:
PERÍODOS IMPOSITIVOS CONCEPTO MONTO BS. MONTO BS. ACTUALES
Desde agosto de 1994 hasta julio de 1998 IMPUESTO 1.796.447.720,00 1.796.447,72
MULTA 1.886.322.381,00 1.886.322,38
INTERESES MORATORIOS 1.791.501.671,00 1.791.501,67
TOTAL 5.474.271.772,00 5.474.271,77

En fecha 23 de noviembre de 2000, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a quien correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, dio entrada en su archivo al Asunto Nº 1623, actual Asunto Nº AF41-U-2000-000099, y ordenó librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor y Procurador General de la República, así como al Gerente Jurídico Tributario, actual Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT. Asimismo, se solicitó el envío a éste Órgano Jurisdiccional, del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado.
Cumplidas las notificaciones enunciadas, por sentencia interlocutoria Nº 38 del 1 de marzo de 2001, fue admitido el referido recurso.
Mediante auto de fecha 20 de marzo de 2001, quedó la causa abierta a pruebas a partir del primer (1er) día de despacho siguiente.
En fecha 4 de abril de 2001, el abogado Héctor Sánchez Acuña, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 54.261, actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente, presentó escrito de promoción de pruebas haciendo valer el mérito favorable de los autos y pruebas documentales.
Mediante auto de fecha 17 de abril de 2001, fueron admitidas dichas pruebas por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.
Por auto de fecha 24 de mayo de 2001, se fijó al décimo quinto (15º) día de despacho siguiente, la oportunidad para la presentación de los Informes.
En la oportunidad procesal correspondiente para la presentación de informes, en fecha 29 de junio de 2001, comparecieron la abogada Antonieta Sbarra Romanuella, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 26.507, actuando en representación del Fisco Nacional, y el apoderado judicial de la contribuyente, quienes presentaron sus conclusiones escritas.
En fecha 20 de julio de 2001, el representante judicial de la contribuyente consignó escrito de observaciones a los informes del Fisco Nacional.
En fecha 23 de julio de 2001, el Tribunal dijo “Vistos”.
Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 175 de fecha 19 de noviembre de 2012, el Tribunal ordenó la notificación de la recurrente, para que en el lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de su notificación, y de la constancia en autos de haberse practicado la misma, manifestara su interés en continuar el proceso, todo ello en atención a lo establecido en diversas Sentencias de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal. En esa misma fecha, se libró la correspondiente boleta de notificación, la cual fue remitida mediante comisión dada al Tribunal de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas que por distribución le correspondiese; a tal fin, se libró el Oficio Nº 342/2012.
En fecha 21 de noviembre de 2014, se recibió Oficio Nº 4072-14, de fecha 4 de noviembre de 2014, emanado del Tribunal de Municipio comisionado, mediante el cual se remitió las resultas de la comisión librada en fecha 19 de noviembre de 2012, dejando constancia de la notificación de la contribuyente por cartel fijado en su domicilio por el alguacil de dicho Juzgado.
En fecha 25 de noviembre de 2014, este Órgano Jurisdiccional ordenó librar Cartel de Notificación a las puertas del Tribunal, dirigido a la contribuyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
El 28 de enero de 2015, quien suscribe la presente decisión, en su carácter de Jueza Suplente de este Tribunal, debidamente designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 5 de diciembre de 2014, juramentada en fecha 10 del mismo mes y año por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y convocada mediante Oficio Nº 025/2015 del 16 de enero de 2015, emanado de la Coordinación de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; se abocó al conocimiento de la presente causa.
Cumplido el lapso otorgado a la contribuyente para que manifestara el interés procesal, sin que conste en autos su comparecencia, pasa este Tribunal a decidir en los siguientes términos:
I
ÚNICO
De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede esta Juzgadora evidenciar que desde el 23 de julio de 2001, oportunidad en la cual se dijo “VISTOS”, la representación judicial de la contribuyente RODRIGUEZ GUTIERREZ & COMPAÑÍA, S.A. no ha instado el proceso, luego de haber efectuado su última actuación procesal en fecha 20 de julio de ese año, oportunidad en la cual consignó escrito de observaciones a los informes del Fisco Nacional. A partir de allí, no ha ocurrido a dar impulso al proceso, por lo cual resulta oportuno analizar si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente, y en consecuencia, el decaimiento de la acción incoada.
En tal sentido, resulta pertinente hacer referencia al criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó lo establecido por dicha Sala en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), en los términos siguientes:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…” (Resaltado del Tribunal).
Del fallo parcialmente citado, se colige que la pérdida sobrevenida del interés puede ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión de la acción incoada o después que la causa ha entrado en fase de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En este punto, y a fin de una mayor profundización de las consideraciones antes señaladas, se estima acertado destacar lo puntualizado en el prenombrado fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se indicó lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”. (Destacado de este Juzgado Superior).
Con base a lo anterior, este Despacho evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, ya que la accionante realizó su última actuación en fecha 20 de julio de 2001, oportunidad en la cual consignó escrito de observaciones a los informes del Fisco Nacional, y en fecha 23 del mismo mes y año entró la causa en estado de sentencia.
Igualmente, advierte el Tribunal que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 175, dictada en fecha 19 de noviembre de 2012, se ordenó notificar a la recurrente, a los fines que manifestara su interés en que se decidiera el fondo de la presente causa; y visto que no ha realizado ninguna actuación orientada a obtener el pronunciamiento respectivo en el recurso contencioso tributario por ella interpuesto, puede comprobar este Juzgado que desde el 23 de julio de 2001 (“Vistos”) hasta la fecha en la cual se toma esta decisión (6 de febrero de 2015), ha transcurrido un lapso de trece (13) años, seis (6) meses y catorce (14) días, tiempo suficiente que rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión.
A mayor abundamiento, vale destacar el análisis efectuado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión publicada en fecha 30 de noviembre de 2011, bajo el Nº 01624, caso: Industria Láctea Venezolana, C.A. (INDULAC), en la cual dicha Sala, como Alzada de esta Jurisdicción Especial Tributaria, en un caso similar al analizado en el presente fallo, expresó:
“(…)
Ahora bien, en el caso concreto esta Alzada pudo constatar que, tal como lo señaló la recurrida, desde el 11 de enero de 2000, fecha en la cual el Tribunal dijo “vistos”, hasta el 10 de agosto de 2011 cuando la representación judicial de la empresa contribuyente ejerció la apelación, no se evidencia ninguna actuación por parte de la accionante con miras a demostrar su interés en el proceso, es decir, transcurrieron más de once (11) años sin ningún tipo de manifestación, lo que encuadra dentro del supuesto jurisprudencial establecido reiteradamente por este Alto Tribunal, respecto a la extinción de la acción por la pérdida del interés. (vid., entre otras decisiones de esta Sala Político-Administrativa, las sentencias Nros. 01077, 00986, 01243 de fechas 9 de agosto, 19 de julio de 2011 y 8 de diciembre de 2010, casos: Luz Mary Rodríguez Zambrano, Yajanira Machado Hurtado y Marcos José Rodríguez Rodríguez, respectivamente).
Se aprecia asimismo, la falta de interés manifiesta en la decisión de la causa por parte de la sociedad mercantil Industrias Lácteas, C.A., (INDULAC), toda vez que (i) en el transcurso del proceso, específicamente, después del 7 de julio de 1999, fecha en que se admitió el recurso contencioso tributario incoado subsidiariamente al recurso jerárquico y hasta la declaratoria de “vistos” (11 de enero de 2000), la accionante sostuvo la misma inactividad procesal aún cuando se encontraba a derecho, dejando de promover pruebas y de presentar los respectivos informes; y (ii) después del 11 de enero de 2000, fecha en que se dijo “vistos”, la recurrente recibió el 18 de mayo de 2004 del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) la boleta de notificación librada por el Tribunal de la causa en relación con el nombramiento del abogado Ricardo Caigua como Juez Temporal del mencionado órgano jurisdiccional y su abocamiento al conocimiento de la causa, y tampoco se produjo manifestación procesal alguna por parte de la empresa apelante.
Por las razones antes señaladas, esta Sala considera que existen suficientes elementos probatorios en autos para suponer que es ostensible y manifiesta la desaparición del interés procesal por parte de la accionante para mantener en curso el presente juicio. Así se declara.
(…)”. (Negrillas propias de la cita).
En tal sentido, y vista la ausencia de manifestación por parte de la recurrente RODRIGUEZ GUTIERREZ & COMPAÑÍA, S.A. en que se decida la presente causa con una sentencia sobre el fondo controvertido, este Tribunal considera que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias citadas supra, así como la Sala Político-Administrativa como máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la cual es parte esta Jurisdicción Especial Tributaria conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En consecuencia, se declara extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. Así se decide.-
II
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente RODRIGUEZ GUTIERREZ & COMPAÑÍA, S.A., contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° RNO-DSA-2000-189, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha 29 de septiembre de 2000, mediante la cual se confirmó el Acta de Reparo N° RNO-DF/99/72, de fecha 06 de agosto de 1999.
Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario de 2001. Asimismo, a los fines de practicar la notificación dirigida al representante legal y/o apoderado judicial de la recurrente, líbrese Cartel de Notificación a las puertas del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la Sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los seis (6) días del mes de febrero de dos mil quince (2015). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.-
La Jueza Suplente,

Abg. Aura Coromoto Román Ríos.- El Secretario Suplente,

Abg. Genaro A. Bolívar Puerta.-

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las dos y nueve minutos de la tarde (02:09 p.m.) -----------------------------------------------------------------------------------------

El Secretario Suplente,

Abg. Genaro A. Bolívar Puerta.-

ASUNTO N° AF41-U-2000-000099.-
ASUNTO ANTIGUO Nº 1623.-