REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPERIOR DÉCIMO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL Caracas, 5 de febrero de 2015 204º y 155º En fecha 30 de octubre de 2012, el ciudadano RICHARD JAVIER REY titular de la cédula de identidad Nro. 13.136.346, asistido por el abogado Miguel Angel Esqueda inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 184.509, consignaron ante el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando en Sede Distribuidora, escrito contentivo de la querella funcionarial interpuesta contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS. El 27 de noviembre de 2012 este Juzgado declinó la competencia en las Cortes de lo Contencioso Administrativo, asimismo, el 30 de enero de 2014 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara su incompetencia para conocer la presente causa y plantea el conflicto de competencia remitiendo la presente causa a la Sala Politico Administrativ del Tribunal Supremo de Justicia, asi pues, el 9 de diciembre de 2014 la mencionada Sala declara que es el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el competente para conocer la presente querella funcionarial. En el referido escrito, la parte actora pretende la nulidad del acto administrativo Nro. 0561 de fecha “noviembre de 2001” así como la reincorporación y el pago de los salarios dejados de percibir. Corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse sobre su competencia para decidir y conocer la presente querella funcionarial. De la lectura del libelo de la demanda se puede apreciar que la parte querellante, pretende (i) la nulidad del acto administrativo, mediante el cual fue destituido del cargo que ejercía en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (CICPC) (ii) así como su reincorporación y el pago de los salarios dejados de percibir. En atención a la cualidad del actual demandante el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece: “Artículo 93.- Corresponde a los tribunales competentes en materia contencioso administrativa funcionarial conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes: 1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública Nacional. 2. Las solicitudes de declaratoria de nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos.” En consecuencia, este Tribunal considera que de conformidad con la disposición antes transcrita, por tratarse el presente caso de una demanda interpuesta con ocasión de la prestación de servicios funcionariales para el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, (CICPC) corresponde su conocimiento en primer grado de jurisdicción a los Tribunales Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, razón por la cual, este Órgano Jurisdiccional declara su competencia para conocer de la presente causa. Así se decide. Ahora bien, estando dentro de la oportunidad procesal para admitir la presente querella funcionarial conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y verificados los requisitos exigidos en el artículo 33 de la indicada Ley que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal ADMITE cuanto ha lugar en derecho la querella funcionarial ejercida por el mencionado ciudadano. En consecuencia, se ordena citar al ciudadano PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA a los fines que de contestación dentro del lapso de quince (15) días de despacho, según lo dispuesto por el primer aparte del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; el cual comenzará a computarse una vez vencido el término de quince (15) días hábiles siguientes a que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, oportunidad en la que se entenderá citado, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Por otra parte, se ordena notificar al ciudadano DIRECTOR DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS y al ciudadano MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ de la presente querella funcionarial. A los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el querellante deberá consignar los fotostatos necesarios para la elaboración de las compulsas, las cuales se anexaran a las notificaciones ordenadas. De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el ente querellado deberá consignar el expediente administrativo de la querellante, el cual deberá ser remitido debidamente certificado y foliado en orden cronológico y consecutivo. Finalmente, una vez que la parte querellante haya consignado los indicados fotostatos, se ordena certificar los mismos por secretaría, para que se elaboren las respectivas compulsas y la orden de comparecencia de la parte demandada, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense los respectivos oficios. El Juez Temporal, El Secretario Acc, DANIEL DAVID FERNÁNDEZ FONTAINE FELIX NOVA En esta misma fecha, siendo las tres post meridiem (03:00 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nro.________. Se ordena imprimir dos (2) originales del mismo tenor de la presente decisión, cuyo segundo ejemplar será agregado al copiador de sentencias de este Tribunal, previa su certificación por secretaría. Cúmplase lo ordenado. El Secretario Acc, FELIX NOVA Exp. 2675-14/2015/DDFF/FN/rg.-