República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Tribunal Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas PARTE SOLICITANTE: Joan Manuel Flores López y Karen Alejandra Rosales Molina, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.618.278 y V-14.319.747, respectivamente. ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE SOLICITANTE: Nerio Lozada y Manuel Acevedo, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.805.722 y V-5.409.923, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.565 y 56.178, respectivamente. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Graciela Aguilar, en su carácter de Fiscal Centésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. MOTIVO: Divorcio 185-A. Llegada la oportunidad procesal para dictar sentencia definitiva en la solicitud de divorcio presentada por los ciudadanos Joan Manuel Flores López y Karen Alejandra Rosales Molina, debidamente asistidos por el abogado Nerio Lozada, fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, en vista de haber permanecido separados de hecho por más de cinco (05) años, es por lo que una vez efectuado el estudio individual de las actas procesales, se hacen las consideraciones siguientes: - I - ANTECEDENTES El presente procedimiento se inició mediante escrito presentado el día 03.12.2014, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en funciones de distribuidor, quién luego de verificar el trámite administrativo de distribución de expedientes, correspondió su conocimiento a este Tribunal. Luego, en fecha 09.12.2014, se admitió la solicitud por los cauces del procedimiento especial al cual se refiere la norma jurídica que la fundamenta, ordenándose la citación de la Fiscalía del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, para que emitiese opinión respecto al divorcio propuesto, dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su citación, durante las horas destinadas para despachar. Después, el día 09.01.2015, la ciudadana Karen Alejandra Rosales Molina, debidamente asistida por los abogados Nerio Lozada y Manuel Acevedo, consignó las copias fotostáticas requeridas para la elaboración de las copias certificadas que acompañarían a la boleta de citación dirigida a la Vindicta Pública, siendo éstas actuaciones proveídas en fecha 13.01.2015. De seguida, el día 22.01.2015, el alguacil informó acerca de la práctica de la citación de la Fiscalía del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. Acto continuo, en fecha 29.01.2015, la abogada Graciela Aguilar, actuando en su carácter de Fiscal Centésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, consignó escrito en el cual dejó constancia de no tener objeción alguna respecto al divorcio propuesto. - II - FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD Los ciudadanos Joan Manuel Flores López y Karen Alejandra Rosales Molina, debidamente asistidos por el abogado Nerio Lozada, en el escrito de solicitud adujeron lo siguiente: Que, en fecha 06.11.2009, contrajeron matrimonio civil por ante la Dirección de Registro Civil del Municipio Baruta del Estado Miranda, según consta en la partida de matrimonio Nº 213, la cual corre inserta en el Libro II de Registro Civil de Matrimonios llevado por esa autoridad civil durante el año 2.009. Que, su último domicilio conyugal fue fijado en la casa N° 173-A, piso 17 del Edificio Residencias Pórtico del Este, ubicado en la Avenida Las Acacias con Calle Las Flores, Urbanización La Florida, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital. Que, durante la unión matrimonial no procrearon hijos, así como que adquirieron bienes. Que, han permanecido separados de hecho desde el día 10.11.2009, es decir, por más de cinco (05) años de la ruptura prolongada de la vida en común. Fundamentaron jurídicamente su petición en el artículo 185-A del Código Civil. En virtud de lo anterior, procedieron a solicitar se declarase con lugar el divorcio propuesto y, en consecuencia, se decretase disuelto el vínculo matrimonial que los une. - III - ALEGATOS DE LA VINDICTA PÚBLICA La abogada Graciela Aguilar, actuando en su carácter de Fiscal Centésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29.01.2015, consignó escrito en el cual dejó constancia de no tener objeción alguna respecto al divorcio propuesto, en los términos siguientes: “…En el día de hoy, 29 de Enero de dos mil Quince (2015), estando en horas de Despacho (sic) comparece por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, la Abg. Graciela Aguilar, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 78.595, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio en la Fiscalía Centésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Especial para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, a los fines de consignar diligencia en el expediente Nro. AP31-S-2014-011095, el cual cursa ante el Juzgado Décimo Noveno (19º) de Municipio del Circuito Judicial y expone: Revisadas como han sido las actas que conforman al precitado expediente, que contiene la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, por los ciudadanos Karen Alejandra Rosales Molina y Joan Manuel Flores López, de la cual se pudo constatar que dicha solicitud cumple con los supuestos exigidos en el artículo 185-A del Código Civil vigente, por lo que esta Representación del Ministerio Público nada tiene que objetar e imparte su opinión favorable, y se mantendrá atenta al procedimiento hasta su culminación…”. - IV - DE LA COMPETENCIA Pasa a continuación este Tribunal a revisar su competencia para conocer la presente solicitud, conforme a las observaciones siguientes: La competencia consiste en la distribución del poder jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3° y 4° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso. En tal sentido, el artículo 3° de la Resolución Nº 2009-0006, dictada en fecha 18.03.2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone: “Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) Conforme a la anterior disposición jurídica, corresponde a los Juzgados de Municipio conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos en material civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, por lo que este Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud no contenciosa. Así se declara. - V - CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Planteada en estos términos la presente solicitud, procede de seguida este Tribunal a decidirla con base en las consideraciones que se esgrimen a continuación: Observa este Tribunal que la reclamación invocada por los ciudadanos Joan Manuel Flores López y Karen Alejandra Rosales Molina, debidamente asistidos por el abogado Nerio Lozada, se patentiza en la extinción del vínculo matrimonial adquirido en fecha 06.11.2009, por ante la Dirección de Registro Civil del Municipio Baruta del Estado Miranda, según consta en la partida de matrimonio Nº 213, la cual corre inserta en el Libro II de Registro Civil de Matrimonios llevado por esa autoridad civil durante el año 2.009, con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil, en vista de haber permanecido separados de hecho desde el día 10.11.2009. Al respecto, el artículo 185-A del Código Civil, establece: “Artículo 185-A.- Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio. En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país. Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados. Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) La anterior disposición jurídica concede a los cónyuges la posibilidad de solicitar a la autoridad judicial competente, la extinción del vínculo matrimonial que los une, dada la ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (05) años, cuyo procedimiento se reducirá a acordar en la misma oportunidad en que se admite la citación tanto del otro cónyuge, en caso de que la solicitud fuese presentada por uno sólo de ellos, como de la Fiscalía General de la República, a fin de que expongan en su oportunidad legal lo pertinente respecto al divorcio propuesto, resolviendo el Tribunal lo que juzgue respecto al mismo en el duodécimo (12°) día de despacho siguiente al vencimiento de los plazos para la comparecencia de los interesados. En el presente caso, los solicitantes acreditaron en autos copia certificada de la partida de matrimonio N° 213, levantada en fecha 06.11.2009, por la Dirección de Registro Civil del Municipio Baruta del Estado Miranda, inserta en el Libro II de Registro Civil de Matrimonios llevado por esa autoridad civil durante el año 2.009, a la cual se atribuye el valor probatorio que dispensa el artículo 1.384 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que fue expedida por un funcionario público con facultad de dar fe pública en el lugar donde se autorizó, apreciándose de la misma el vínculo matrimonial existente actualmente entre los solicitantes. Por lo tanto, juzga este Tribunal que desde el día 10.11.2009, oportunidad en la cual operó la ruptura de la vida en común entre los solicitantes, hasta la presente fecha, han transcurrido sobradamente más de cinco (05) años, sin que hayan asomado la posible ocurrencia de reconciliación alguna y, siendo que la representación de la Vindicta Pública en nada objetó la solicitud, es por lo que estas circunstancias conducen a declarar la procedencia del divorcio propuesto, por ajustarse a los parámetros contemplados en el artículo 185-A del Código Civil, como así se dictaminará de manera clara y precisa en la parte dispositiva del presente fallo. Así se declara. Finalmente, observa este Tribunal que los solicitantes en su escrito de solicitud procedieron a partir, liquidar y adjudicar voluntariamente los bienes habidos durante la vigencia de la relación matrimonial. En tal sentido, debe destacarse que cuando la pareja decide llegar a un acuerdo previo al matrimonio para regular su patrimonio dentro de la vida conyugal, se habla de Capitulaciones Matrimoniales, caso contrario, si no es llevado a cabo este procedimiento, la ley procura un régimen supletorio denominado Comunidad Limitada de Gananciales. Las Capitulaciones Matrimoniales son acuerdos que realiza la pareja próxima a casarse para determinar el tratamiento que será aplicado a sus bienes patrimoniales durante la existencia del matrimonio, las cuales se caracterizan por ser: i) Bilaterales, debido a que son realizados por los contrayentes; ii) Accesorias, puesto que no podrán celebrarse de manera independiente al matrimonio, toda vez que si éste no llega a realizarse o es declarado nulo, las capitulaciones no surten efecto alguno; iii) Solemnes, debido a que su instrumentación y debida ejecución requiere del cumplimiento de determinadas formalidades establecidas en la ley; iv) Personalísimas, pues son llevadas a cabo exclusivamente por los contrayentes; v) Inapelablemente anteriores al Matrimonio, ya que deben ser pactadas previa a la celebración del matrimonio; vi) Inmutables, por cuanto no pueden modificarse después de verificarse el casamiento civil. Por otro lado, se encuentra el régimen legal supletorio denominado Comunidad Limitada de Gananciales, que entra en escena cuando los futuros cónyuges no ejercen el derecho que les otorga la ley para elegir su régimen patrimonial matrimonial, supliendo el vacío que podría causar esa falta de escogencia. El artículo 148 del Código Civil, establece: “Artículo 148.- Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio”. Por su parte, el artículo 149 ejúsdem, expresa: “Artículo 149.- Esta comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula”. Entre tanto, el artículo 156 ibídem, prevé: “Artículo 156.- Son bienes de la comunidad: 1. Los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, a costa del caudal común, bien se haga la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los cónyuges. 2. Los obtenido por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges. 3. Los frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges”. Así, la Comunidad Limitada de Gananciales puede definirse como un género de comunidad restringida, constituido por la propiedad compartida de un conjunto de bienes, que se consideran comunes a ambos cónyuges, representados por las ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el matrimonio, manteniendo esa propiedad al margen de la existencia de bienes propios de cada esposo y se extingue por las causas taxativamente establecidas en la ley. Al respecto, el artículo 173 del Código Civil, contempla: “Artículo 173.- La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se le declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales. Si hubiera mala fe de parte de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los hijos, y sólo en defecto de éstos a los contrayentes. También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra de uno de los cónyuges y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por este Código. Toda disolución y liquidación voluntaria es nula, salvo lo dispuesto en el artículo 190”. El anterior precepto legal preceptúa las causas de extinción de la comunidad de bienes, cuando precisa que la misma se extingue: 1) Por la disolución del vínculo conyugal. 2) Por la anulación del matrimonio. 3) Por la ausencia declarada de uno de los cónyuges. 4) Por la quiebra de uno de los cónyuges. 5) Por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por la ley. A mayor abundamiento, respecto al contenido y alcance del artículo 173 del Código Civil, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 650, dictada en fecha 17.11.2009, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, en el expediente N° 2009-370, caso: Aylen Felicia Claro, contra Alfredo Briceño Díaz, precisó lo siguiente: "...La norma supra transcrita, prohíbe la disolución y liquidación de la comunidad de bienes de manera voluntaria, salvo cuando alguno de los cónyuges la solicita por haber separación de cuerpos a tenor de lo dispuesto en el artículo 190 eiusdem. Asimismo, es posible la disolución de dicha comunidad por cualquiera de las causales taxativas mencionadas en el artículo 173 del precitado Código, es decir, por la declaración de la nulidad del matrimonio, la ausencia declarada, la quiebra de uno de los cónyuges y la separación judicial de bienes. Estas causales no dependen de la voluntad de los cónyuges, son objetivas, legales y taxativas. Por tanto, es nula toda disolución y liquidación de la comunidad de bienes que sea expresión de la voluntad de los cónyuges, salvo que élla se formule sustentada en la separación de cuerpos...". (Subrayado y Negrillas de este Tribunal) Por su parte, el artículo 186 del Código Civil, puntualiza: “Artículo 186.- Ejecutoria la sentencia que declaró el divorcio, queda disuelto el matrimonio, y cesará la comunidad entre los cónyuges y se procederá a liquidarla. Las partes podrán contraer libremente nuevo matrimonio observándose lo dispuesto en el artículo 57”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) En atención a la anterior disposición jurídica, la comunidad de bienes cesa una vez ejecutoriada la sentencia que disuelve el matrimonio y, por tanto, a partir de ese momento, podrán las partes liquidarla por medio de demanda principal, de conformidad con lo previsto en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, o por convenio amigable, según lo previsto en el artículo 788 ejúsdem. En el presente caso, los solicitantes, en su escrito de solicitud de divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, procedieron a partir, liquidar y adjudicar voluntariamente los bienes habidos durante la vigencia de la relación matrimonial, pese a que todo convenio que tienda a diluir la comunidad conyugal de gananciales sólo puede celebrarse después de ejecutoriada la sentencia definitivamente firme que declara disuelto el vínculo matrimonial, excepto cuando se reclama la separación de cuerpos y de bienes, en atención de lo previsto en el artículo 173 ejúsdem, en concordancia con lo pautado en el artículo 190 ibídem, razón por la que esta circunstancia conlleva a desestimar lo convenido por los solicitantes respecto a la partición, liquidación y adjudicación de los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, debido a que carece de eficacia jurídica alguna, por encontrarse dicho convenio inficionado de nulidad absoluta. Así se declara. - VI - DECISIÓN En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes: Primero: Se declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio presentada por los ciudadanos Joan Manuel Flores López y Karen Alejandra Rosales Molina, debidamente asistidos por el abogado Nerio Lozada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil y, en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que los unía, el cual contrajeron en fecha 06.11.2009, por ante la Dirección de Registro Civil del Municipio Baruta del Estado Miranda, según consta en la partida de matrimonio Nº 213, la cual corre inserta en el Libro II de Registro Civil de Matrimonios llevado por esa autoridad civil durante el año 2.009. Segundo: Se declara la NULIDAD ABSOLUTA del convenio celebrado en el escrito de solicitud por los ciudadanos Joan Manuel Flores López y Karen Alejandra Rosales Molina, debidamente asistidos por el abogado Nerio Lozada, respecto a la partición, liquidación y adjudicación voluntaria de los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y 186 del Código Civil. Tercero: No hay condenatoria en costas, dada la falta de contención acaecida en autos. Cuarto: Definitivamente firme como haya quedado el presente fallo, liquídese la comunidad conyugal, en caso de que ella existiese y remítase bajo oficio, copias certificadas de esta decisión, con inserción del auto de ejecución que se dicte, al Registro Principal del Estado Miranda y a la Dirección de Registro Civil del Municipio Baruta del Estado Miranda. Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil quince (2.015). Años: 204° de la Independencia y 156° de la Federación. El Juez Titular, César Luis González Prato La Secretaria Titular, Grisel del Valle Sánchez Pérez En esta misma fecha, se publicó, registró y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las dos y cuarenta de la tarde (2:40 p.m.). La Secretaria Titular, Grisel del Valle Sánchez Pérez CLGP.- Exp. N° AP31-S-2014-011095