REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 23 de Julio de 2015 205º y 156º ASUNTO: AP11-M-2009-000514 PARTE ACTORA: Ciudadano MISAEL MANTILLA GELVES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-21.117.274. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados en ejercicio NORBERTO JOSE QUIJADA y AMADA J. MARCANO SILVA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº. 25.185 y 29.786, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Ciudadano SAMUEL IFEAYCHUKWU AGUBOSIM, de nacionalidad nigeriano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº E-82.360.134. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene representación judicial acreditada en autos. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA-VENTA (Perención de la Instancia) I DE LA NARRATIVA PRIMERO: Este proceso se inició por libelo presentado en fecha 25 de noviembre de 2009, por los abogados NORBERTO JOSE QUIJADA y AMADA J. MARCANO SILVA, ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA-VENTA al ciudadano SAMUEL IFEAYCHUKWU AGUBOSIM. Dicha demanda correspondió ser conocida por este Juzgado luego de haberse efectuado el sorteo de ley. En fecha 27 de noviembre de 2010, el Tribunal le dio entrada y admitió la presente demanda, ordenándose la citación de la parte demandada. En fecha 03 de diciembre de 2010, compareció AMADA MARCANO apoderada judicial de la parte actora, a los fines de solicitar la elaboración de la compulsa. En fecha 15 de enero de 2010, la Secretaria del Tribunal dejó constancia de haber librado la correspondiente compulsa. En fecha 17 de marzo de 2010, compareció AMADA MARCANO apoderado judicial de la parte actora, a los fines de indicar la dirección de la parte demandada, a objeto de que fuera practicada la citación de la parte demandada. En fecha 18 de marzo de 2010, compareció el ciudadano Rosendo Henríquez, alguacil de este circuito, a los fines de informar que se dirigió a la dirección suministrada por la parte acto a objeto de practicar la citación, la cual no pudo realizar por motivo que no encontró al demandado. En fecha 08 de abril de 2010, compareció AMADA MARCANO apoderado judicial de la parte actora, a los fines de solicitar que se librará nueva boleta de citación, a objeto de citar al demandado. Siendo que en fecha 08 de abril de 2010 se realizó por la parte actora la última actuación tendiente a impulsar el proceso para que se practique la citación del demandado, habiendo transcurrido desde entonces más de cinco (5) años de absoluta inactividad procesal y hasta la fecha de publicación de este fallo no existe ninguna muestra de interés de la parte actora en darle impulso a esta causa, resultaría procedente la perención de la instancia. SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, este Tribunal observa que este asunto permaneció en suspenso por más de cinco (5) años, por inactividad de la parte actora. Dicho tiempo de parálisis procesal ocurrió desde la diligencia de fecha 08 de abril de 2010 presentada por aquella, fecha en la cual se realizó la última actuación relativa a la práctica de la citación de la parte demandada. En virtud de las indicadas circunstancias y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” En este estado de cosas, resulta oportuna la cita de la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, contenida en decisión de fecha 22 de septiembre de 1993, en la que se estableció lo siguiente: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.” (Resaltado de este Tribunal) TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE ASUNTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese, déjese copia.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 23 días del mes de julio de 2015.- El Juez, Abg. Luís R. Herrera González El Secretario Abg. Jonathan Morales En esta misma fecha, siendo las 9:52 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario Abg. Jonathan Morales Asunto: AP11-M-2009-000514