REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA





EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS EN FUNCION ITINERANTE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Año 205° y 156º

PARTE DEMANDANTE: Sociedad mercantil GRUPO MEDICO TORRES MERINO Y ASOCIADOS C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 16 de octubre de 1987, anotado bajo el Nº 1, Tomo 16-A sgdo.

APODERADOS JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogados HAYDEE LORENZO DE QUINTERO, ANGEL MANUEL QUINTERO LORENZO, MARIAA LOURDES SALAZAR y ARACELIS APONTE, venezolanos, mayores de edad e inscritos en el en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 12.599, 59.323, 58.927 y 32.093, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ROGER CHANG TORRES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº 3.715.308.

APODERADOS JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados OLGA FUENTES, AURA RAMOS y AGUSTIN CAMARGO AVILA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 13.253, 16.945 y 44.307, respectivamente.

MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO (APELACIÓN)

EXPEDIENTE Nº: (AH1C-R-2003-000040 CAUSA) (15-0952 ITINERANTE).





-I-
SINTESIS DEL PROCESO

Este Tribunal deja constancia, que el presente expediente, se encuentra reconstruido, en virtud de su extravío en el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien dictó auto a tales fines en fecha 03 de Noviembre de 2003. (Folio 1)., por lo que la síntesis del proceso se llevará a cabo con las copias certificadas cursantes en autos.

Se inicia la presente acción por resolución de contrato, incoada por la sociedad mercantil GRUPO MEDICO TORRES MERINO Y ASOCIADOS C.A., anteriormente identificada, en contra del ciudadano ROGER CHANG TORRES, la cual fue debidamente admitida en fecha 23 de octubre de 1998, por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Según asiento Nº 17, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte actora procedió a consignar recaudos.

Según asiento Nº 3, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 23 de Octubre de 1998, se admitió la demanda y se ordenó librar compulsa.

Según asiento Nº 35, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte actora solicitó copias certificadas.

Según asiento Nº 36, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se acordó expedir copias certificadas, y asimismo, se ordenó abrir cuaderno separado de medidas.

Según asiento Nº 37, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se abrió cuaderno de medidas.

Según asiento Nº 38, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte actora consigno copias certificadas.

Según asiento Nº 39, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se acordó agregar las copias certificadas en el cuaderno de medidas.

Según asiento Nº 56, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se decreto medida de secuestro, y se ordenó librar Oficio a la Oficina Ejecutora de Medidas.
Según asiento Nº 16, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, compareció la parte demandada, y confirió poder especial a los ciudadanos OLGA FUENTES, AURA RAMOS y AGUSTIN CAMARGO.

Según asiento Nº 17, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el Secretario del Tribunal certificó que identifico al poderdante ciudadano ROGER CHANG TORRES.

Según asiento Nº 12, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte demandada presente escrito de promoción de pruebas.

Según asiento Nº 42, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte demandada presente escrito de promoción de pruebas.

Según asiento Nº 43, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte demandada impugnó los documentos presentados por la parte actora.

Según asiento Nº 44, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte actora presente escrito de promoción de pruebas.

Según asiento Nº 45, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte actora impugnó la contestación de la demanda.

Según asiento Nº 24, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte demandada presentó escrito de oposición a la medida de secuestro.

Según asiento Nº 38, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la actora ratificó la diligencia de fecha 19 de Noviembre de 1998.

Según asiento Nº 31, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda.

Según asiento Nº 17, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la parte demandada apeló la sentencia dictada por el Tribunal de fecha 10 de diciembre de 1998.

Según asiento Nº 24, en el expediente Nº 3453, nomenclatura del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el Tribunal oyó la apelación en ambos efectos.

En fecha 06 de Julio de 2004, aparece certificación de la Secretaria Accidental del Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual fue la última actuación de autos.

Por auto de fecha 11 de junio de 2015, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió la presente causa, en virtud de la Resolución Nº 2011-0062, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de Noviembre de 2011, correspondiendo a este Juzgado el conocimiento de la presente causa.

Asimismo, este Tribunal en fecha 18 de junio de 2015, le da entrada al presente expediente.

En esa misma fecha, el Tribunal se aboco al conocimiento de la presente causa, y ordenó la notificación conforme a las Resoluciones Nos. 2011-0062, 2012-0033 y 2013-0030, de fechas 30 de Noviembre de 2011, 28 de Noviembre de 2012 y 04 de Diciembre de 2013, emanadas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Mediante nota de secretaria de fecha 30 de Junio de 2015, se dejó constancia de haber cumplido con todas las formalidades contenidas en las resoluciones antes señaladas.

Estando este Juzgado en la oportunidad de dictar sentencia, pasa hacerlo con base a las siguientes consideraciones.



-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión de la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al instituto procesal que se ha denominado “extinción o decaimiento de la acción”. En tal sentido, ha establecido la Sala Constitucional en sentencia Nº 956 del 1 de junio de 2001 (Caso: Fran Valero González), lo siguiente:

“La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que le sentencien, por ello ni incoa un amparo a este fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.
(…)
No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella siga vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor.
En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación?
A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de ocurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor.
(…)
De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado en término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción.”

De otra parte, observa este Tribunal que la pretensión deducida por el accionante se refiere propiamente a una acción personal, mas específicamente una Apelación de un juicio de Resolución de Contrato. Vale decir, que el derecho controvertido está sometido al lapso de prescripción de diez (10) años, establecido en el artículo 1.977 que literalmente establece:

“Artículo 1977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley”.


De los razonamientos precedentemente expuestos, concluye este Juzgador que en este proceso ha decaído el interés del accionante, ya que la última actuación de autos corresponde a la de fecha 06 de Julio de 2004, lo que pone de manifiesto su inactividad procesal por un lapso holgadamente superior al de la prescripción del derecho deducido. Y ASÍ SE DECIDE.

-III-
DISPOSITIVA

Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DECAÍDA LA APELACION que originó este proceso judicial.

Por aplicación analógica de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas en esta decisión.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas en Función Itinerante de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de Julio de dos mil quince (2015).
EL JUEZ,


CESAR HUMBERTO BELLO
EL SECRETARIO,

ENRIQUE GUERRA


En la misma fecha, siendo las dos y cincuenta minutos de la tarde (02:50 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia.
EL SECRETARIO,

ENRIQUE GUERRA








Exp. N° 14-0952
CHB/EG/Christopher