TSJ Regiones - Decisión

PAPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Exp. Nº AP71-R-2015- 000536
(9280)

PARTE INTIMANTE: FRUCTUOSO COLMENARES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 2.146.189, de profesión abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 5.341, asistido por la abogada EVA MARIA COLMENARES SOBALVARRO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 155.190.
PARTE INTIMADA: FINANCIADORA DEL TRABAJO C.A., inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del, entonces, Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 25-08-1959, anotado bajo el N° 1, Tomo 32-A; reformada por anta de Asamblea de fecha 22-06-1960, bajo el N° 54, tomo 14-A y reformada por asamblea celebrada el 11-01-2008, registrada el 17-03-2008, bajo el N° 47, tomo 27-A Pro; ratificada y registrada el 22-04-2008, bajo el N° 36, tomo 40-A Pro.
APODERADOS JUDICIALES: No consta en autos.
MOTIVO: ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS.
DECISION APELADA: SENTENCIA DEL 07-05-2015, DICTADA POR EL JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL.
Cumplidos los trámites administrativos de distribución de expediente, correspondió el conocimiento de la presente causa a este Superior, quien le dio entrada en fecha 08-06-2015, fijando los lapsos a que se contraen los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil.
Llegada la oportunidad para decidir, pasa esta Alzada a hacerlo en base a las siguientes consideraciones:
PRIMERO
Suben los autos a esta Alzada en virtud de la apelación interpuesta por el abogado FRUCTUOSO COLMENARES, en su carácter de intimante, contra la decisión del 07-05-2015, dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, el cual es del siguiente tenor:
“…IMPROCEDENTE, la MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el bien inmueble Ubicado en la urbanización Las Mercedes de esta ciudad, Avenida Veracruz, Parcela N° 203, con un área de UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS METROS CUADRADOS (1.222 M-2) y el edificio sobre ella construido denominado Torre Imagen con un área de construcción de CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CINCUENTA METROS CUADRADOS (4.170,50 M-2) y cuyos linderos, medidas y demás especificaciones son las siguientes: NORTE: En cuarenta y seis metros con noventa centímetros (46,90 mts) con Parcela 202 de metros (sic) con noventa centímetros (46,90 mts) de la Urbanización; SUR: En cuarenta y cuatro metros con ochenta y ocho centímetros (44,88 mts) con la parcela 204 de la Urbanización; ESTE: Con la Quebrada de Baruta según línea quebrada que formada por dos trozzos (sic) rectos que mide de norte a sur sucesivamente quince metros con ocho metros con cincuenta y ocho centímetros (15.52 mts) (sic) y otro con ocho metros con cincuenta y ocho centímetros (8,58 mts) y OESTE: en una extensión de veintidós metros con sesenta y cinco centímetros (22,65 mts) con la calle Veracruz, el cual es propiedad de FINANCIADORA DEL TRABAJO C.A., parte demandada, según documento otorgado por ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda el día 26 de agosto de 2009 e inscrito bajo el N° 2009.3837, asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el número 241.13.16.12933 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2009, solicitada por la parte intimante en su libelo de demanda, por cuanto no se encuentran llenos los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil…”

SEGUNDO
Conforman el presente Cuaderno de Medidas, las siguientes actuaciones:
- Auto del 06-05-2015, dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en el que se ordena la apertura del Cuaderno de Medidas.
- Copia certificada de la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales causados a su cliente incoada por el ciudadano FRUCTUOSO COLMENARES contra la empresa FINANCIADORA DEL TRABAJO C.A., por actuaciones judiciales y extrajudiciales. Del mismo modo fue solicitada medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble propiedad de la intimada.
- Auto del 09-03-2015, en el que se admite la demanda, ordenándose el emplazamiento de la sociedad mercantil intimada FINANCIADORA DEL TRABAJO C.A., a los fines que compareciera el primer (1er) día de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación a los fines de que acepte o rechace el cobro o ejerza el derecho de retasa.
- Decisión del 07-05-2015, en la que se niega la medida solicitada, tal como quedó reseñado ut supra.

TERCERO
Para decidir, esta Alzada considera:
El artículo 588 del Código de Procedimiento Civil establece textualmente lo siguiente:
“En conformidad con el artículo 585 de éste Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que se hubiere decretado.

Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión…”

La norma parcialmente transcrita nos remite al artículo 585 eiusdem, el cual reza:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”

Conforme a las anteriores normas, se considera que el decreto de cualesquiera de las medidas a que se refiere el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, es potestativo del Juez, quien debe basarse en ciertas condiciones para pronunciarse con respecto a la medida que se solicite, y cerciorarse que además se llenen los siguientes extremos:- que exista presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y que exista riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
En cuanto al primero de los requisitos mencionados (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
Con referencia al segundo de los requisitos (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo dirigidos a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia del 14-06-2005, N° 389, señaló lo siguiente:
“… De conformidad con lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el Juez podrá decretar las medidas nominadas o típicas, en aquellos casos en los que durante la pendencia de un juicio, considere cumplidos los extremos exigidos por el artículo 585 eiusdem, es decir, cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”) y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”).

Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

En relación con el periculum in mora, el tratadista Piero Calamandrei sostiene lo siguiente:

“...En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos puedan asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho. Las condiciones de la providencia cautelar podrían, pues, considerarse estas dos: 1ª la existencia de un derecho; 2ª el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho.

...II) Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro, el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir, dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal, la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo.

Sin embargo, como también una cognición completa y a fondo sobre el punto exclusivo del peligro podría exigir una dilación incompatible con la urgencia de la providencia, la declaración de certeza del peligro puede obtenerse de diversas maneras, correspondientes a las especiales finalidades asegurativas a que cada tipo de medida cautelar debe servir.

a) En ciertos casos la declaración de certeza del peligro se realiza de un modo pleno y profundo, antes de la concesión de la medida cautelar: piénsese, por ejemplo, en el secuestro judicial previsto por el artículo 921 del Código de Procedimiento Civil, cuando, según nos enseña la jurisprudencia dominante, se solicita mediante citación en las formas del proceso ordinario; o también en el secuestro conservativo, en los casos en que el interesado, en lugar de utilizar el procedimiento especial del recurso, prefiera, y no está prohibido, pedirlo mediante citación. Aquí la concesión de la providencia cautelar se basa siempre en un juicio de probabilidades, por lo que se refiere a la existencia del derecho, pero en cuanto a la existencia del peligro, y en general a la existencia de todas las circunstancias que pueden servir para establecer la conveniencia de la cautela pedida, está basada sobre un juicio de verdad...

b) Otras veces, la declaración de la certeza del peligro se realiza, dentro del procedimiento cautelar, en dos tiempos: conocimiento sumario en el primer tiempo, ordinario en el segundo...

c) Finalmente, hay casos en los que, aún cuando la cognición sobre la acción cautelar tenga lugar en vía sumaria, no va seguida de una fase ulterior, en la que, antes e independientemente de la emanación de la providencia principal, se vuelve a examinar con cognición a fondo la existencia de los extremos de la medida cautelar...”. (Providencia Cautelares, Buenos Aires, 1984, págs. 78-81). (Negritas de la Sala).

De igual forma, el autor Rafael Ortiz -Ortiz expresa:

“…Doctrinariamente, tal vez, esto es a los efectos de la comunidad científica, podemos definir este requisito de la siguiente manera:

Es la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar una daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico.

Este peligro –que bien puede denominarse peligro de infructuosidad del fallo- no se presume sino que debe manifestarse de manera probable o potencial, además de ser cierto y serio; en otras palabras, el Periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave, constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio...”. (El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas, Caracas-2002, págs. 283 y 284).

Por su parte, el autor Ricardo Henríquez La Roche señala:

“…Fumus Periculum in mora.- La otra condición de procedibilidad inserida en este articulo bajo comento –sea, el peligro en el retardo- concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase <>. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas- 1995, págs. 299 y 300). (Negritas de la Sala)...”

La Sala acoge los criterios doctrinales que anteceden, y en consecuencia, considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no solo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho en otras palabras significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio.

De esta forma, el juez puede establecer si se han cumplido los extremos legales de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño, derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad.

Sobre ese particular, la Sala dejó sentado en sentencia de 27 de julio de 2004 lo que se transcribe a continuación:
“...las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”).

Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
(Omissis)
La Sala considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio.

De esta forma, el juez puede establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad.

(Omissis)

En consecuencia, para que proceda el decreto de la medida cautelar no solo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes la que recae la medida, si así fuere alegado por el solicitante de la cautela, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba...”.(Caso: Joseph Dergham Akra, contra Mercedes Mariñez de Ventura y Manuel Ventura Rujano).

En consecuencia, para que proceda el decreto de la medida no sólo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad de las partes y del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes recae la medida, si así fuere alegado por el solicitante de la cautela, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba…”

Adminiculada la anterior jurisprudencia al caso en estudio, tenemos que la cautelar negada por el a-quo esta referida a la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte intimante en su escrito libelar, sobre el inmueble propiedad de la intimada ubicado en la Urbanización Las Mercedes de esta ciudad, Avenida Veracruz, Parcela N° 203, con un área de UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS METROS CUADRADOS (1.222 M-2) y el edificio sobre ella construido denominado Torre Imagen con un área de construcción de CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CINCUENTA METROS CUADRADOS (4.170,50 M-2) y cuyos linderos, medidas y demás especificaciones son las siguientes: NORTE: En cuarenta y seis metros con noventa centímetros (46,90mts) con Parcela 202 de metros (sic) con noventa centímetros (46,90mts) de la Urbanización; SUR: En cuarenta y cuatro metros con ochenta y ocho centímetros (44,88mts) con la parcela 204 de la Urbanización; ESTE: Con la Quebrada de Baruta según línea quebrada que formada por dos trozzos (sic) rectos que mide de norte a sur sucesivamente quince metros con ocho metros con cincuenta y ocho centímetros (15.52 mts) (sic) y otro con ocho metros con cincuenta y ocho centímetros (8,58mts) y OESTE: en una extensión de veintidós metros con sesenta y cinco centímetros (22,65 mts) con la calle Veracruz, jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda.
Ahora bien, en razón de ello, tenemos que la prohibición de enajenar y gravar es aquella medida preventiva o cautelar, a través de la cual el Tribunal, a solicitud de parte y cumpliéndose los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, impide que el afectado por la medida pueda de alguna forma vender o traspasar la propiedad de un bien inmueble, litigioso o no, o de alguna manera gravarlo en perjuicio de su contraparte.
A los fines de determinar si la decisión apelada se encuentra o no ajustado a derecho, en primer lugar, esta Alzada observa que solo constan en el presente Cuaderno de Medidas las actuaciones narradas en párrafos precedentes.
Ahora bien, a los efectos de verificar el cumplimiento de los extremos necesarios para el decreto de la medida solicitada se considera que con respecto al “fumus boni iuris”, no consta en el presente Cuaderno de Medidas, medios de pruebas que constituyan en su conjunto elementos de convicción que permitan determinar la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por la parte solicitante de la medida, siendo que en el Cuaderno de Medidas deben constar todos los elementos de prueba necesarios para acordar la medida solicitada y que deben constar en este cuaderno, dada la autonomía del procedimiento cautelar, lo cual constituía una carga probatoria del solicitante de la medida; razón ésta suficiente para declarar insatisfecho este requisito de procedencia. Así se declara.
En lo que respecta al “periculum in mora”, observa quien decide, que la parte actora se limitó a señalar en la parte pertinente del libelo de la demanda, que solicitaba la medida: “…a los fines que no resulte ilusoria la presente demanda …”
Siendo que la apreciación del periculum in mora, reflejado en la existencia de daños irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, reside en que del expediente se desprenda (en principio bajo la carga de que el actor lo alegue y pruebe) la existencia de daños ciertos, lo cual se refiere a la actualidad del daño, por no existe medio de prueba alguno que evidencia que pueda existir un daño posible, inminente o inmediato ni que la demandada, de mala fe, pudiera causar con consecuencias directas en el proceso, ya que como se evidencia de autos, la parte accionante solo argumentó lo referente a que quede ilusoria la demanda, siendo que ese solo señalamiento no es suficiente para la procedencia de la medida, era preciso que se aportaran pruebas que hicieran presumir la ilusoriedad de la ejecución del fallo, las cuales- se repite- deben constar en el Cuaderno de Medidas, o en su defecto, ser acompañadas en copias certificadas por la parte solicitante, circunstancia ésta que debe existir en la causa para dar por demostrado éste requisito de procedencia.
En tal sentido observa esta Alzada que de la totalidad de las actas que conforman el expediente, no se desprende prueba alguna que resulte suficiente para que se presuma que se está en peligro-en este caso específico- que quede ilusoria la ejecución del fallo. Cabe destacar, que en todo proceso (incluso en el cautelar) la parte solicitante, debe demostrar sus respectivas afirmaciones de hecho y de derecho, aportando los elementos que sustenten o apoyen su solicitud, lo cual no ocurrió en el sub iudice. Por lo tanto, al encontrarse insatisfecho este requisito, debe declararse improcedente el decreto de la medida solicitada como lo señaló el A-quo en el auto apelado. ASI SE DECIDE.
En razón de lo expuesto, resalta este Superior, la actitud pasiva del solicitante de la medida, ello en razón que ante esta Superioridad no produjo los medios de prueba que sustenten o apoyen la solicitud de la medida, con la finalidad de proveer a esta Juzgadora de los elementos necesarios para obtener un juicio valorativo de probabilidad sobre la pertinencia de lo reclamado y así determinar la procedencia del decreto de la medida solicitada, por lo que al no haber aportado ninguna probanza que hiciera surgir en quien decide la presunción alguna de ilusoriedad del fallo, y al no presentarse la consecución en el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, la medida de prohibición de enajenar y gravar, será declarada improcedente, tal y como se hará de manera expresa y positiva en el dispositivo del presente fallo.
DECISION
Por lo antes expresado este JUZGADO SUPERIOR NOVENO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara SIN LUGAR LA APELACION ejercida por el Abogado FRUCTUOSO COLMENARES, parte intimante en el presente juicio, contra la sentencia del 07-05-2015, dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial.
Queda así CONFIRMADO el auto recurrido, con la imposición de las costas del recurso a la parte apelante, de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, diarícese y expídase copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 ejusdem.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Noveno Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Palacio de Justicia. En Caracas, al Primer (1er) días del mes de Julio de 2015. AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
LA JUEZA,

DRA. NANCY ARAGOZA ARAGOZA LA SECRETARIA

NELLY B. JUSTO

En esta misma fecha, siendo las 12:25 p.m., se dictó y publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA.

NAA/nbj/damaris
Exp. N° AP71-R-2015-000536
(9280)