TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Caracas, 05 de junio de 2015
205º y 156º
ASUNTO: AH1C-R-2003-000025

PARTE ACTORA: CARLOS EDUARDO PACANINS CLEARY, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad numero 3.190.361.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ALFREDO D´ ASCOLI CENTENO, OLEARY ELÍAS CONTRERAS CARRILLO, JOSÉ MAUNEL MUÑOZ RODRÍGUEZ, ROXANA GÓMEZ MARCANO, DAMARIS CENTENO MARTÍNEZ, MARÍA FERNANDA DÍAZ y MARÍA DE LOS ANGELES SURGA MORALES, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 59.308, 53.920, 58.073, 64.403, 101.916, 84.926 y 111.440, respectivamente.
PARTE DEMANDADA (RECURRENTE): BLANCA PEÑA BOADA, no consta en autos Cédula de Identidad de la demandada, así como tampoco cualquier otro número de identificación.
DECISION RECURRIDA: Auto de fecha 25 de septiembre de 2003, dictada por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: BERTA C. TRUJILLO Q, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 44.079.
MOTIVO: DESALOJO (APELACION).

I
Actuaciones en esta alzada.

Llegan las presentes actuaciones a esta alzada, en virtud al recurso de apelación ejercido en fecha 29 de septiembre de 2003, por la abogada BERTA C. TRUJILLO Q, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra el auto dictado por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 25 de septiembre de 2003.
En fecha 21 de octubre de 2003, fue recibido por Secretaría, un juego de copias certificadas pertinente a este recurso.
Mediante diligencia de fecha 03 de noviembre de 2003, la representación judicial de la parte apelante, pidió a este Tribunal que requiriera del Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cuaderno de medidas 00645.
En fecha 04 de diciembre de 2003, se recibió el presente cuaderno de medidas, proveniente del Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana.
Mediante diligencia de fecha 11 de octubre de 2005, la abogada MARIA DE LOS ANGELES SURGA MORALES, consignó ad effectum videndi instrumento poder otorgado por el ciudadano CARLOS EDUARDO PACANIS CLEARY, parte actora en la presente causa.-
En fechas 11 de octubre de 2005 y 17 de marzo de 2006, la representación judicial de la parte actora, solicitó a este Tribunal procediera a dictar sentencia en la presente causa.-
Por auto de esta misma fecha la Jueza que suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa.-
II
Motivaciones para decidir.

Conforme a las actuaciones anteriormente relatadas, y conociendo esta alzada del recurso de apelación ejercido en fecha 29 de septiembre de 2003, por la abogada BERTA C. TRUJILLO Q, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra el auto dictado por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 25 de septiembre de 2003, el Tribunal hace la siguiente observación:

En fecha 17 de marzo de 2006, la representación judicial de la parte actora solicitó a este Tribunal procediera a dictar sentencia en la presente causa, siendo esta la última actuación realizada por alguna de las partes en esta instancia, y en virtud a ello se trae a colación lo establecido en las siguientes normas adjetivas:

El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención”.

En el mismo orden de ideas, el artículo 269 del Código Adjetivo señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Los artículos anteriormente reproducidos, señalan que la perención se verifica cuando el proceso se paraliza por inactividad procesal y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al Juez de la causa a que de oficio se pronuncie sobre la extinción del procedimiento, en virtud de lo establecido por la institución jurídica de la perención, es decir, que de la norma anterior se desprende la facultad que tiene el juez de declarar la perención de oficio, cuando se configuren de autos todos sus supuestos necesarios para ello.
Siguiendo el orden de ideas explanadas, se trae a colación lo previsto en el artículo 270 eiusdem, que expresa:

“La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los autos; solamente extingue el proceso.
Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en las cuales no habrá lugar a perención”. (Negrilla de esta alzada).
De la norma transcrita, se colige que cuando la perención se verifica en alzada, trae como consecuencia la firmeza de la decisión dictada por el juzgador de primer grado de conocimiento, produciéndose así, que la decisión apelada adquiera fuerza de cosa juzgada; de manera que, no se extingue la sentencia emanada del juzgado a-quo, sino que, en consecuencia, quedara extinguida la instancia de alzada; ello, por cuanto la firmeza del fallo recurrido es, a su vez, consecuencia del efecto de validez de las decisiones dictadas. Así se establece.-

Al respecto, la Sala de Casación Civil, en sentencia numero 450 de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil uno (2001), expediente 01-113, estableció en relación a los efectos de la declaratoria de perención en segunda instancia sobre el recurso de apelación, lo siguiente:

”…Cabe señalar, adicionalmente, que conforme a la referida norma si la perención se verifica en segunda instancia, la sentencia apelada mantiene sus efectos, adquiriendo el carácter de cosa juzgada, de modo que sólo perime la segunda instancia porque la apelación se extingue. Por tanto, la firmeza de la sentencia dictada en primera instancia deviene del efecto de validez que contempla la citada norma, respecto de las decisiones dictadas…” (Negrilla de esta alzada).

De la citada jurisprudencia se deduce, que la figura de la perención cuando opera en segunda instancia, respecto a los recursos que se interpongan contra las decisiones dictadas por el tribunal que conoció en el primer grado de conocimiento, conlleva a que esa decisión que fue objeto de impugnación, consiga el carácter de cosa juzgada.-
En tal sentido, se tiene claro que las partes tienen la carga de impulsar el procedimiento en segunda instancia hasta obtener la decisión que resuelva el recurso sobre el auto dictado por el tribunal que conoció en el primer grado de conocimiento, y que de no hacerlo, extingue el recurso, trayendo como consecuencia, que la decisión apelada, adquiera el carácter de cosa juzgada.-
Dicho lo anterior, se observa que estando ambas partes obligadas a la carga de impulsar el procedimiento en segunda instancia, sin embargo, las mismas no cumplieron con dicha carga, tal y como se evidencia de las actas del expediente.-
A mayor abundamiento, se establece que desde el 17 de marzo de 2006, fecha en la cual, la representación judicial de la parte actora solicitó a este Tribunal procediera a dictar sentencia en la presente causa, hasta el día de hoy ha transcurrido nueve (09) años y tres (03) meses, lapso que supera con creces el tiempo necesario para que opere la perención de la instancia, sin que las partes realizaran actuación alguna que impulsara este proceso, nisiquiera consta en autos, solicitud de abocamiento de los distintos jueces que han regentado este Tribunal en ese espacio de tiempo, aunado al hecho cierto, que ninguna de las partes inmersas en el proceso desde la fecha antes reseñada, han hecho acto de presencia en la presente causa que hoy ocupa la atención de esta Sentenciadora, a los fines de concluir el asunto objeto de apelación, mediante el correspondiente fallo; y como quiera que tales hechos guardan estrecha relación de identidad con el supuesto fáctico consagrado en los artículos 267 y 270 del Código de Procedimiento Civil, debe esta Juzgadora, obligatoriamente, concluir que con respecto a la apelación ejercida en el caso de marras, ha operado la perención anual de la instancia, y como consecuencia de ello, declarar firme la decisión dictada por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 25 de septiembre de 2003, tal y como será declarado expresamente en la parte dispositiva de la presente decisión.

III
Dispositiva.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243, 267 y 270, del Código de Procedimiento Civil, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, con respecto al recurso de apelación ejercido en fecha 29 de septiembre de 2003, por la abogada BERTA C. TRUJILLO Q, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra el auto dictado por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 25 de septiembre de 2003, en el presente expediente.
SEGUNDO: FIRME EL AUTO dictado por el por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 25 de septiembre de 2003, en el presente expediente.
TERCERO: Remítase el expediente al Tribunal de origen.
CUARTO: No hay condenatorias en costas conforme a lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los 25 días del mes de junio de 2015. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA,

DRA. BELLA DAYANA SEVILLA JIMÉNEZ.
LA SECRETARIA,

ABG. JENNY VILLAMIZAR.
En esta misma fecha, siendo las 02:30 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,

ABG. JENNY VILLAMIZAR.
ASUNTO: AH1C-R-2003-000025