TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 26 de mayo de 2015
205º y 156º

ASUNTO: AP11-V-2013-000029
PARTE ACTORA: ciudadano JOSE GABRIEL RODRIGUEZ ARISTEGUI, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 14.301.611.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: abogados RAMON ALFREDO AGUILAR MONTAÑO, MARIA VICTORIA AGUILAR HERRERA y CARLOS ALFREDO AGUILAR FLORES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 17.573, 173.056 y 84.702, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ciudadana MURIEL GABRIELA DELGADO CAMPOS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No.V-12.976.902.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no tiene apoderado judicial acreditado en autos.-
MOTIVO: DIVORCIO.-
I
Se inició el presente proceso de divorcio mediante libelo presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; incoado por el ciudadano JOSE GABRIEL RODRIGUEZ ARISTEGUI, contra la ciudadana MURIEL GABRIELA DELGADO CAMPOS, ambos antes identificados, y previo el sorteo de ley de fecha 18 de Enero de 2013, correspondió su conocimiento a este Tribunal.
Admitida como fue la presente causa en fecha 24 de Enero de 2013, se ordenó el emplazamiento de la demandada, así como la notificación del Fiscal del Ministerio Público.
Mediante diligencia de fecha 19 de Febrero de 2013, la representación judicial de la parte accionante consignó los emolumentos correspondientes.-
Consignados como fueron los fotostatos correspondientes, en fecha 21 de Febrero de 2013, se libró la compulsa respectiva.-
El Alguacil de este Circuito Judicial en fecha 18 de Marzo de 2013, dejó constancia de que practicó la citación personal de la parte demandada.
En fecha 06 de Mayo de 2013, tuvo lugar el primer acto conciliatorio, dejándose constancia de la incomparecencia de ambas partes, haciéndose constar igualmente, la presencia de la representante judicial de la parte actora.
En fecha 21 de Junio de 2013, tuvo lugar el segundo acto conciliatorio, dejándose constancia de la incomparecencia de la parte accionada y del Fiscal del Ministerio Público, haciéndose constar igualmente, la presencia de la parte actora y de su representante judicial.
En fecha 02 de julio de 2013, oportunidad en que debió verificarse el acto de contestación de la demanda, anunciado el acto en la forma de ley por el Alguacil a las puertas de esta sede judicial, no compareció personal alguna al mismo, por lo que se declaró desierto.
En fecha 4 de julio de 2013, este Tribunal dicto sentencia que repuso la causa, al estado en que se encontraba para el día 6 de mayo de 2013.
Por auto de fecha 8 de julio de 2013, este Juzgado ordeno librar boleta de notificación a las partes a los fines de hacer de su conocimiento de la reposición de la causa.
II
Para decidir el Tribunal observa:
Como puede desprenderse de la lectura emprendida a estos autos, se evidenció que desde el 8 de julio de 2013, fecha en la cual ordeno librar boleta de notificación a las partes a los fines de hacer de su conocimiento de la reposición de la causa , hasta la presente fecha, ha trascurrido mas de un año sin impulsar la practica de la citación de la parte demandada, ni darle impulso al presente proceso, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida este Juzgador, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés de la accionante en sostener el juicio por ella incoado y deja a este Jurisdicente en un estado de incertidumbre que, en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.
Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), y que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, estableció:
“se ha interpretado como una limitación al derecho de acceso de toda persona a los órganos de la administración de justicia, garantizado por el artículo 26 de la Constitución de 1999, la pérdida del interés procesal, conceptuando éste como un requisito de la pretensión, en virtud de lo cual al ponerse de manifiesto tal situación antes o después de ser admitida aquélla para su trámite, ocasiona el decaimiento del ejercicio de la acción, por falta del debido impulso de parte, y permite declarar terminado el procedimiento, en razón de la ausencia de tal presupuesto, cuando ha transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al Juez que el actor o solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o no requiere que se le satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento así lo denota”.
Igualmente, la Sala Constitucional se ha pronunciado acerca de la perención, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de enero de 2006 en el caso Iván Ramón Luna Vásquez, en los siguientes términos:
“….En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente:
1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días. 2. Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno. 3. El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…” Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia. En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Subrayado del Tribunal).
En este sentido, dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

Asimismo, establece el artículo 269 eiusdem, lo siguiente:
...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
En el caso de estos autos la omisión de actuación de la parte demandante durante más de un (1) año, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en la sentencia parcialmente transcrita como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta consumada.
En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés de la parte actora por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse.
III
En mérito de las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, y en consecuencia, EXTINGUIDO el juicio que por DIVORCIO intentara el ciudadano JOSE GABRIEL RODRIGUEZ ARISTEGUI, contra la ciudadana MURIEL GABRIELA DELGADO CAMPOS, plenamente identificados en el encabezamiento de esta decisión, y así se decide.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los días veintiséis (26) del mes de Mayo de dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.-
EL JUEZ,
LA SECRETARIA
Dr. JUAN CARLOS VARELA RAMOS. ,
Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO.
En la misma fecha, siendo las 12:18 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.-
LA SECRETARIA,

Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO.

JCVR/DPB/OJDM.-