REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 18 de mayo de 2015
205º y 156º
ASUNTO: AP11-V-2011-000483
QUERELLANTES: Los ciudadanos JOSÉ LUÍS CASTILLO, EDGAR R. SÁNCHEZ, EDGAR ANTONIO PEÑA R., JUAN CARLOS CUETO M., ROGER ALBERTO GONZÁLEZ ALVIS, ROSARIO M. DE LA CRUZ GALVÁN y JEAN CARLOS SANTIAGO, venezolanos, titulares de las cedulas de identidad Nºs V- 11.630.637, V-9.365.552, V-11.945.951, V-12.834.006, V-15.182.669, V-16.572.085 y V-17.975.668, respectivamente.
QUERELLADO: La Sociedad Mercantil DOSEROVI DOS C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, el 8 de agosto de 1986, bajo el numero 74, tomo 36-A Sgdo.
APODERADOS: Por la parte querellante los Abogados en ejercicio Gladys Yolanda Pineda, Alfredo Daniel Izquiel y Nakary Valentina Pineda, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nºs 25.375, 131.974 y 148.087 respectivamente. La parte querellada no tiene apoderado judicial constituido en autos.
MOTIVO: Interdicto por Despojo.
– I –
Antecedentes
Se inicia el presente procedimiento mediante escrito presentado en fecha 15 de abril del año 2011, presentada por la abogada Gladys Yolanda Pineda en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos José Luís Castillo, Edgar R. Sánchez, Edgar Antonio Peña R, Juan Carlos Cueto M., Roger Alberto González Alvis, Rosario M. De La Cruz Galván y Jean Carlos Santiago, mediante la cual interpone Interdicto por Despojo en contra de Doserovi Dos C.A.
Por auto de fecha 29 de abril de 2011, se instó al accionante subsanar el libelo de la demanda, respecto a la cuantía de la demanda en Unidades Tributarias.
Subsanada la cuantía de la demanda, este Tribunal por auto de fecha 1 de Junio de 2011, admitió la presente demanda, y se ordenó a la parte querellada a consignar dentro de los 5 días de despacho siguientes la fianza fijada por este Tribunal.
Mediante diligencia de fecha 16 de junio de 2011 la abogada Nakary Pineda consignó dossier relativo a la fianza.
– II –
El Tribunal a los fines de proveer sobre esta causa, hace las siguientes observaciones:
Se hace menester hacer referencia a la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual establece que:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes...”.
Por su parte, el artículo 269 ejusdem reza que:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Asimismo la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nº 156 de fecha diez (10) de agosto del año 2.000, expresó:
“...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...”
A este respecto, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche ha sostenido que:
"Un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es mas que la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el cual no se realizan actos de impulso procesal y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. Toda paralización del proceso contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse, según se den o no los factores legales que la determinan. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso y; por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal".
Establecido previamente lo anterior, se procedió a realizar un minucioso examen a las actas que integran el presente expediente, evidenciándose del mismo que ha transcurrido más de un (01) año, desde el día 01 de junio de 2011, fecha en la cual se ordenó a la parte querellante a consignar la fianza fijada por este Tribunal, sin que hasta la presente fecha la parte interesada haya dado el impulso procesal respectivo al presente expediente, ya que es deber de las partes impulsar el proceso en cualquier estado o grado de la causa, aún en estado de sentencia. Así se establece.
Resulta evidente que, los hechos supra descritos, se subsumen perfectamente en la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, antes trascrito, al haber transcurrido, suficientemente, el lapso legal para que se produzca la perención de la instancia, y así lo puede declarar el Tribunal por imperativo de la norma contenida en el artículo 269 ejusdem. Así se declara.
– III –
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y extinguido el proceso de Interdicto por Despojo, siguieron los ciudadanos JOSÉ LUÍS CASTILLO, EDGAR R. SÁNCHEZ, EDGAR ANTONIO PEÑA R., JUAN CARLOS CUETO M., ROGER ALBERTO GONZÁLEZ ALVIS, ROSARIO M. DE LA CRUZ GALVÁN y JEAN CARLOS SANTIAGO contra la Sociedad Mercantil DOSEROVI DOS C.A., ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2015. Años: 205º y 156º.
El Juez,
Abg. César A. Mata Rengifo
La Secretaria,
Abg. Inés Belisario Gavazut
En esta misma fecha, siendo las 11:59 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria,
Abg. Inés Belisario Gavazut
|
