TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 28 de mayo de 2015
205º y 156º

Solicitantes: BRENDA JOSEFINA NUÑEZ GÓMEZ y JOSÉ GREGORIO QUINTERO MARCANO, venezolanos, cónyuges, mayores de edad titulares de las cédulas de identidad número 11.071.193 y 6.517.232, en su orden, asistidos por la abogada Nancy Castro Solorzano, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula nº 20.288.

Motivo: Divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil

Sentencia: Definitiva

Caso: AP31-S-2015-002908

I
En fecha 31 de marzo de 2015, los ciudadanos BRENDA JOSEFINA NUÑEZ GÓMEZ y JOSÉ GREGORIO QUINTERO MARCANO, antes identificados, asistidos por la abogada en ejercicio de su profesión NANCY CASTRO SOLORZANO, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula nº 20.288, presentaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta sede judicial, escrito contentivo de solicitud de divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, cuyo conocimiento recayó en este Tribunal previa distribución efectuada en esa misma fecha.
Mediante auto de fecha 7 de abril de 2015, el Tribunal admitió la solicitud in comento, ordenando notificar mediante boleta al Fiscal del Ministerio Público, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación, y exponga lo que estime pertinente en relación a la solicitud de divorcio.
En fecha 4 de mayo de 2015 por cuanto el abogado Richard Rodríguez Blaise culminó la suplencia que ejercía en el Tribunal Superior Sexto Civil, Mercantil y Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial en el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2015 al 29 de abril de 2015, ambas fechas inclusive, se incorporó a sus funciones como Juez Titular de este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, procedió a abocarse al conocimiento de la presente solicitud y se libró boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público.
Mediante diligencia de fecha 11 de mayo de 2015, compareció el ciudadano Keybel Rosales, en su carácter de Alguacil Titular adscrito a este Circuito Judicial y consignó boleta de notificación firmada y sellada como prueba de haber entregado otro ejemplar del mismo tenor en la sede de su destinatario, Fiscalía Centésima Octava (108º) del Ministerio Público.
En fecha 13 de mayo de 2015, compareció la ciudadana Yolanda del Carmen Colmenarez, en su carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Centésima Octava (108°), quien manifestó que nada tiene que objetar a la presente solicitud.
Por lo tanto, siendo la oportunidad para decidir, el Tribunal lo hace sobre la base de las siguientes consideraciones:
II
La lectura del escrito libelar patentiza, que los solicitantes fundamentaron su petición en las siguientes argumentaciones:
Aducen, que en fecha 6 de febrero de 1991, contrajeron matrimonio ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda, tal y como consta en el acta de la partida de matrimonio que en copia certificada acompañan a los autos a los fines legales consiguientes.
Expresan, que fijaron su domicilio conyugal en el Barrio Unión, Vuelta Los Manolos, casa nº 65, Petare, Municipio Sucre del estado Miranda; que de dicha unión matrimonial procrearon una hija que lleva por nombre Beriuska del Carmen Quintero Nuñez, nacida en fecha 4 de marzo de 1992; y que no adquirieron bienes de fortuna.
Alegan, que su vida conyugal fue interrumpida desde el día 2 de agosto de 2009, y hasta la fecha no la han reanudado, razón por la cual han decidido divorciarse por la ruptura prolongada de la vida en común.
En este sentido, cabe considerar el precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del siguiente tenor:

“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”.

La inteligencia de la referida norma jurídica pone de manifiesto, que para la declaratoria del divorció basada en la ruptura prolongada de la vida en común, el legislador patrio ha establecido un elenco de requisitos, entre ellos, la demostración de la existencia del vinculo conyugal cuya disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente, que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de divorcio.
Por otra parte, autorizada doctrina sostiene que “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”. Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no se exige prueba alguna…”. (Raúl Sojo Bianco. “Apuntes de Derecho de Familia”, Caracas, 1985, p.p. 166-173).
En efecto, “el divorcio quoad vinculum es una institución de carácter absolutamente excepcional (…) contiene dos tendencias fundamentales de cómo se debe entender esa característica de institución, siendo una, la tendencia del divorcio-remedio: De acuerdo con esta, la disolución del matrimonio en vida de los cónyuges se explica en base a la necesidad de liberar a los esposos de un vinculo que, de hecho, ya no tiene sentido o resulta intolerable, independientemente de que esa situación pueda o no imputarse a alguna de las partes”. (Francisco López Herrera. Derecho de Familia. Tomo II, pp. 180-181-182).
Para este Tribunal, la tendencia del Código Civil venezolano corresponde a esa orientación, del divorcio-remedio. Sobre este particular, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que “el antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general”.
Dicho esto, en el caso concreto de autos, luego de revisadas las actas procesales que integran el expediente, observa el Tribunal que están satisfechas todas las formalidades previstas en el artículo 185-A del Código Civil para declarar el divorcio solicitado; en efecto, por una parte, los ciudadanos BRENDA JOSEFINA NUÑEZ GÓMEZ y JOSÉ GREGORIO QUINTERO MARCANO, cónyuges entre sí, contrajeron matrimonio civil en fecha 6 de febrero de 1991, tal y como consta en el acta de la partida de matrimonio que en copia certificada acompañaron a los autos; asimismo, alegaron estar separados de hecho en forma ininterrumpida desde hace más de cinco (5) años, y por otra parte, la representación fiscal no objetó la solicitud de divorcio presentada por los referidos ciudadanos; así se establece.
III
En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: con lugar el divorcio solicitado por los ciudadanos BRENDA JOSEFINA NUÑEZ GÓMEZ y JOSÉ GREGORIO QUINTERO MARCANO, plenamente identificados en autos; por consiguiente disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos en fecha 6 de febrero de 1991, ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda, tal y como consta en el acta de la partida de matrimonio nº 32, del Libro de Registro Civil de matrimonios correspondiente al año 1991.
Ofíciese lo conducente al Registrador Civil del Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda, al Registrador Principal del Estado Miranda y al Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), a los fines legales consiguientes.
Liquídese la comunidad de gananciales.
Regístrese y publíquese la presente decisión, dejándose en el Tribunal copia certificada de la misma, a los fines del libro copiador llevado al efecto.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 28 de mayo de 2015. Años: 205° años de la Independencia y 156° años de la Federación.
El Juez

Abg. Richard Rodríguez Blaise
La Secretaria

Abg. Damaris Ivone García

En esta misma fecha, siendo las 12:34 P.M., se registró y publicó la presente decisión.

La secretaria

Abg. Damaris Ivone García