SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº128 /2015
FECHA 30/11/2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
205º y 156°
Asunto: AF42-U-2002-000091
Expediente: 1890
En fecha 10 de mayo del 200, fue recibido proveniente del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Distribuidor) del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del Recurso Contencioso Tributario, ejercido en fecha 11 de abril del 2002, por el ciudadano Mauricio Rodríguez Yáñez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “CAVENDES BANCO DE INVERSION, C.A”, contra La Resolución Culminatoria del Sumario Nº GCE-SA-R-2001-088 de fecha 31 de octubre del año 2001
En fecha 10 de mayo del 2002, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el Nº 1890/AF42-U-2002-000091, ordenándose notificar a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República, a la Gerencia Jurídico Tributario adscrito al SENIAT y al Director en lo Constitucional de lo Contencioso Administrativo de la Fiscalía General de la República.
Notificados el Director en lo Constitucional de lo Contencioso Administrativo de la Fiscalía General de la República, Procurador General de la República, Contralor General de la República, Gerencia Jurídico Tributario adscrito al SENIAT, todas en fechas 16/05/2002, 07/06/2002, 10/06/2002, 20/09/2002, respectivamente, siendo consignadas dichas boletas al expediente judicial en fechas 22/05/2002, 10/06/2002, 10/06/2002 y 30/09/2002, respectivamente.
Así, en fecha 11 de octubre de 2002, mediante auto, este Tribunal Admitió el presente recurso contencioso tributario en cuanto ha lugar en derecho y ordenó proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente.
En fecha 23 de octubre de 2002, compareció el ciudadano Mauricio Rodríguez Yáñez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 47.014, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente, quien consigno escrito de Promoción de Pruebas constante de cinco (05) folios útiles.
En fecha 20 de noviembre del 2002, se dicto auto, mediante la cual admite las pruebas promovidas.
En fecha 15 de octubre del 2002, este Tribunal levanto acta a los fines de designar como expertos contables a los ciudadanos Licenciados, Julio Ramón Guevara Ruiz, Frank Palmero y a Syr Germán Dávila Avendaño.
En fecha 02 de diciembre del 2002, este Tribunal levanto acta a los fines de que tenga lugar la juramentación de los expertos.
En fecha 28 de febrero del 2003, compareció el ciudadano Julio Ramón Ruiz, en su carácter de experto contable, mediante la cual solicito prorroga de treinta (30) días, a los fines de dar respuesta de dicha experticia.
En fecha 28 de febrero de 2003, compareció el ciudadano Frank Palmero, en su carácter de experto contable, mediante la cual expone su renuncia al cargo.
En fecha 05 de marzo de 2003, compareció la ciudadana Flor María Zurita, en representación de la República, la cual solicita no conceder la prorroga solicitada en fecha 28/02/2003.
En fecha 10 de marzo del 2003, se dicto auto mediante el cual se declara procedente solicitud de la prorroga suscrita por el experto contable, Julio Ramón Ruiz.
En fecha 14 de marzo del 2003, compareció la representante de la república, mediante la cual apela de la decisión de fecha 10 de marzo.
En fecha 17 de marzo del 2003, este Tribunal levanto acta a los fines de designar como experto contable a la ciudadana María Eugenia Ávila.
En fecha 24 de marzo del 2003, este Tribunal levanto acta a los fines de que tenga lugar la juramentación de la experta contable.
En fecha 26 de marzo del 2003, se dicto auto mediante la cual se oye la apelación suscrita en fecha 14/03/2003, por parte de la representación de la república declara procedente solicitud de la prorroga suscrita por el experto contable, Julio Ramón Ruiz.
En fecha 09 de junio del 2003, comparecieron los ciudadanos expertos contables, mediante la cual consignaron informe de dictamen pericial.
En fecha 09 de junio del 2003, se dicto auto mediante la cual se deja constancia de que las partes podrán solicitar la ampliación o aclaratoria de la experticia.
En fecha 18 de junio del 2003, se dicto auto mediante se ordena suspender la fijación del acto de informes en la presente causa.
En fecha 13 de octubre de 2006, se dicto auto mediante la cual se revoca la apelación interpuesta por el fisco nacional y se ordena librar boletas de notificación a los ciudadanos Gerencia de Servicios Jurídicos Tributarios del Seniat, Contralor General de la República, Procurador General de la República y a la contribuyente.
Notificados el Contralor General de la República, Procurador General de la República, Gerencia de Servicios Jurídicos Tributarios del Seniat, todas en fechas 26/10/2006, 23/11/2006 y 11/12/2006, respectivamente, siendo consignadas dichas boletas al expediente judicial en fechas 21/11/2006, 06/12/2006 y 14/12/2006, respectivamente.
En fecha 29 de marzo del 2007, compareció el ciudadano Teodoro Itriago, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente, dando por notificado del auto de fecha 1/10/2006.
En fecha 03 de abril del 2007, se dejo constancia del vencimiento del lapso probatorio y en esa misma fecha comienza a transcurrir los 15 días para la celebración del acto de informes.
En fecha de 26 abril del 2007, comparecieron los ciudadanos apoderado judicial de la contribuyente y la ciudadana apoderada judicial del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual acuerdan suspender la presenta causa por un lapso de veinticinco (25) días calendarios.
En fecha 27 de abril del 2007, se dicto auto mediante la cual homologa dicha suspensión por el lapso antes indicado.
En fechas 22 de mayo y 08 de junio de 2007, compareció el ciudadano Teodoro Itriago Gimenez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 74.647, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente, quien consigno escrito de informes constantes de veintisiete (27) folios útiles.
En fecha 08 de junio de 2007, compareció la ciudadana Adda Almanzar, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº. 68.313, actuando en su carácter de Sustituta de la Procuraduría General de la República, quien consigno escrito de informes constantes de veintisiete (27) folios útiles, setenta y dos (72) folios útiles y Acta de juramentación.
En fecha 26 de junio de 2007, se dejo constancia vencido el lapso para que las partes presenten sus observación de los informes y ninguna hizo uso de ellas este Tribunal entra en la etapa de sentencia y dice “Vistos”.
Por Auto de fecha 23 de Noviembre de 2015, el Juez Gregorio Ignacio Cropper Jean Louis, se aboca al conocimiento y decisión de la presente causa y se ordenó librar cartel de de notificación a las puertas del Tribunal, concediéndole a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, un lapso de tres (03) días de despacho, para que ejercieran el derecho de recusación, sin que ello implicara la paralización o suspensión del mismo.
I
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
No obstante, se observa que desde el 23 de septiembre de 2009, fecha la cual la recurrente consigno copia simple del documento poder que acredita su representación, así mismo solicita dictar sentencia a este Tribunal, hasta la presente fecha, la contribuyente accionante no realizó acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en el cual se estableció lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
B) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.
En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal).
De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión o, ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”.
Siendo así, en el presente caso se observa que desde el 23 de septiembre de 2009, fecha la cual la recurrente consigno copia simple del documento poder que acredita su representación, así mismo solicita dictar sentencia a este Tribunal, hasta la presente fecha, no consta ninguna actuación de la contribuyente, durante seis (06) años aproximadamente, por lo que se presume la pérdida del interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa.
No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 1153, bajo la ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz de fecha 08 de junio de 2006, (caso: “Andrés Velásquez y Otros”), dejó sentado que “… el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos…”
En consecuencia, este Tribunal ordena la notificación personal a la Representación Judicial de la contribuyente “CAVENDES BANCO DE INVERSION, C.A”, para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a la consignación en autos de la boleta de notificación, manifieste su interés en que se dicte sentencia en la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en consonancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras.
Ahora bien, en el supuesto de que no pueda practicarse la notificación personal de la contribuyente de autos, se procederá a fijar un Cartel a las Puertas del Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 271 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 174 y 340 ordinal 9° del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo que transcurridos diez (10) días de despacho desde su fijación se tendrá por notificada y comenzará a correr el lapso de treinta (30) días continuos para que la empresa accionante manifieste si mantiene el interés en que se decida la presente causa, vencido los cuales sin que exista tal pronunciamiento, este Tribunal considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 740 de fecha 19 de junio de 2008, Caso: EMPRESA TOSCANY, C.A., contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE).
II
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA NOTIFICAR a la Representación Judicial de la contribuyente “CAVENDES BANCO DE INVERSION, C.A”, para que exponga, en un plazo máximo de treinta (30) días continuos desde que se evidencie en autos la constancia de haberse practicado su notificación, si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa, vencido los cuales sin que haya respuesta de la recurrente, este Tribunal declarará extinguida la presente causa de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
El Juez
GREGORIO IGNACIO CROPPER JEAN LOUIS
La Secretaria Suplente,
ANA ALEXANDRA GONZALEZ LAUNSETT
Expediente: 1890/Asunto: AF42-U-2002-000091
GGICJL/AAGL/JP.-
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