REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 30 de Noviembre de 2015 205º y 156º ASUNTO: AP11-M-2009-000310 DEMANDANTE: BOLIVAR BANCO C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, constituida por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, en fecha 24 de abril de 1.992, anotado bajo el No. 35-A Pro y cuya última modificación consta de asiento inscrito por ante el mencionado Registro Mercantil, en fecha 15 de agosto de 2002, bajo el No. 8, Tomo 125-A-Pro. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Nayadet C. Mogollón Pacheco y Maria Olimpia Labrador, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 42.014 y 78.133, respectivamente. DEMANDADA: sociedad mercantil INVERSIONES LOS BENITEROS C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 23 de febrero de 2005, anotada bajo el No. 23, Tomo 8-A-PRO, representada por su presidente ciudadano MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ RUIZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-8.869.811. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No constituidos en autos. MOTIVO: Cobro de Bolívares [Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva (Perención)] – I – Se inicia el presente procedimiento por libelo de demanda, presentado en fecha 13 de agosto de 2009, por las abogadas Nayadet C. Mogollón Pacheco y Maria Olimpia Labrador, actuales en su carácter de apoderadas judiciales de BOLIVAR BANCO C.A., Sociedad Mercantil., contra sociedad mercantil INVERSIONES LOS BENITEROS C.A, representada por su presidente ciudadano MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ RUIZ. En fecha 16 de septiembre de 2009, previa consignación de los instrumentos fundamentales, el Tribunal admitió la demanda interpuesta y ordenó la citación de la parte demandada conforme a lo pautado en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Mediante auto de fecha 20 de octubre de 2009, se dejó constancia que se libró compulsa a la parte demandada. En fecha 17 de febrero de 2014, este Juzgado instó a la parte interesada a consignar los fotostatos necesarios a fin de librar nuevas compulsas. En fecha 21 de abril de 2010, se libro oficio No. 2010-0326, despacho y compulsa de citación, recibidas resultas en fecha 16 de octubre de 2012. – II – El Tribunal a los fines de proveer sobre esta causa, hace las siguientes observaciones: Se hace menester hacer referencia a la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes...”. Por su parte, el artículo 269 ejusdem dispone lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Asimismo la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nº 156 de fecha diez (10) de agosto del año 2.000, expresó: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...” A este respecto, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche ha sostenido que: "Un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es mas que la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el cual no se realizan actos de impulso procesal y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. Toda paralización del proceso contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse, según se den o no los factores legales que la determinan. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso y; por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal". Conforme a la norma y la jurisprudencia antes citadas, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente, que desde el día 16 de octubre de 2012, fecha en la cual este Juzgado recibió resultas de comisión remitidas mediante oficio No. 756-12, se observa que hasta la presente fecha, no consta en impulso procesal, habiendo transcurrido más de un (01) año, por lo que forzosamente este Despacho debe concluir que en el caso de autos, ha operado la perención de la instancia a la que hace referencia el artículo anteriormente citado. Y siendo que en el caso de estos autos la omisión de actuación del demandante durante más de un (01) año, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en la sentencia parcialmente transcrita como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el abandono de trámite resulta consumado. En armonía con lo anterior y siendo visible de manera fehaciente, el decaimiento del interés del demandante por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la aniquilación de este procedimiento, y así se declara. En conclusión de todo lo antes expuesto, resulta forzoso a este Juzgador declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, con fundamento en lo previsto en el articulado arriba citado. Así se decide. – III – Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide así: ÚNICO: Se declara PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por que por Cobro de Bolívares, intentara BOLIVAR BANCO C.A., Sociedad Mercantil., contra sociedad mercantil INVERSIONES LOS BENITEROS C.A, representada por su presidente ciudadano MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ RUIZ., ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 ejusdem. Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 8º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 30 de Noviembre de 2015. 205º y 156º. El Juez, Dr. César A. Mata Rengifo La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut En esta misma fecha, siendo las 9:55 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut Asunto: AP11-M-2009-000310 CAM/IBG/Lisbeth