REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Noveno (9°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, 11 de noviembre de 2015. 205º y 156º OFERENTE: INVERSIONES MENGUANTES 56 LC, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 2 de octubre de 2007, bajo el No. 50, Tomo 1680 A Qto. APODERADOS JUDICIALES DE LA OFERENTE: CARLOS MACHADO MANRIQUE, RAMIRO SOSA RODRÍGUEZ, RAMÓN ALFREDO AGUILAR CAMERO, MARIA FÁTIMA DA COSTA, DANIEL ALBERTO FRAGIEL ARENAS, ANNA CATERINA SALVAGGIO MELILLO, LISBETH CAROLINA RONDÓN PINZÓN PAULA MANZANILLA VERA, NATHALIA VALENTINA PAGES DÍAZ, GISELLE CAROLINA THOUREY RODRÍGUEZ y LUBMILA YOVERXY MARTÍNEZ GIMÉNEZ, abogados en ejercicio, Inpreabogado Nos. 17.201, 37.779, 38.383, 64.504, 118.243, 195.592, 195.167, 215.138, 236.196, 232.625 y 205.818, respectivamente. OFERIDO: PEDRO ALFONZO QUINTERO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 10.250.796. ABOGADO ASISTENTE DEL OFERIDO: JESSICA VIRGINIA CORREIA GALLARDO, abogado en ejercicio, Inpreabogado No. 195.511. MOTIVO: Oferta Real de Pago. Vistos: Estos autos. Conoce este Juzgado Superior de la apelación interpuesta en fecha 27 de mayo de 2015, por el abogado DANIEL FRAGIEL, en su carácter de apoderado judicial de la oferente, contra la decisión de fecha 21 de mayo de 2014 dictada por el Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oída en ambos efectos por auto de fecha 1° de junio de 2015. El 3 de junio de 2015 fue distribuido el expediente, el 8 de junio de 2015, se dio por recibido conforme lo previsto en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; por auto de fecha 22 de junio de 2015 se fijó para oportunidad para celebrar la audiencia oral y pública para el día jueves 23 de julio de 2015 a las 11:00 a. m.,ordenándose la notificación de las partes; por auto de fecha 10 de julio de 2015 se ratificó la boleta de notificación librada a la parte oferida; en fecha 23 de julio ante la imposibilidad de notificar al oferido en el domicilio procesal cursante en autos, se instó a la parte oferente a suministrar nuevo domicilio procesal; por auto de fecha 1° de octubre de 2015 se ordenó la notificación de las partes, oferente mediante boleta y oferido mediante cartel conforme lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil; una vez cumplidas las notificaciones ordenadas, por auto de fecha 15 de octubre de 2015 se fijó la audiencia para el día miércoles 4 de noviembre de 2015 a las 2:00 p.m., dictándose el dispositivo del fallo en esa misma oportunidad. Estando dentro de la oportunidad legal para publicar el fallo, este Juzgado pasa a hacerlo en los siguientes términos: CAPITULO I DEL OBJETO DE LA APELACION Según lo alegado en la audiencia oral de alzada, el objeto de la apelación de la oferente es la decisión del Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de mayo de 2015, mediante la cual negó la homologación del acuerdo transaccional suscrito por las partes en el presente procedimiento, por considerar el Tribunal no tener jurisdicción para homologar transacciones celebradas en procedimientos de ofertas reales; invoca el criterio reiterado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la jurisdicción que tiene el tribunal para homologar transacciones aún en procedimientos de jurisdicción voluntaria como lo es la oferta real; citó sentencia No. 579 emanada de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de mayo de 2015 que resolvió una regulación de jurisdicción donde establece que los tribunales laborales tienen plena jurisdicción y deben homologar los acuerdos transaccionales, aún celebrados en estos procedimientos de oferta real y más recientemente invocó la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2015 donde en un caso de su representada se declaró con lugar el recurso de regulación de jurisdicción y estableciendo que los tribunales laborales sí tienen jurisdicción para homologar transacciones en los procedimientos de ofertas reales de pago, siempre y cuando estas transacciones cumplan con los requisitos previstos en la ley por lo cual instó al Tribunal a constatar que la transacción cumple con todos los requisitos de ley y proceda en consecuencia a homologarla y por ende declare con lugar la apelación. El Juez efectuó las siguientes preguntas a la apelante: ¿En este caso la oferta se presentó el 15 de diciembre y se transó el 22 de diciembre por Notaría?, respondió: Sí, es correcto. Juez: sin embargo la solicitud de oferta se admitió el 8 de enero de 2015, es decir, que ¿Se transó cuando no estaba ni siquiera admitida la oferta?, respondió: Sí, es correcto. Juez: ¿Por qué esa situación, por qué se hizo antes de la admisión de la oferta y no se esperó para transar?, respondió: Me imagino que las partes querían cerrar el acuerdo lo antes posible, me imagino que el trabajador quería cobrar su dinero y no se esperó, de hecho para el 22 de diciembre ya los tribunales no estaban despachando. CAPITULO II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con motivo de la oferta de pago presentada el 15 de diciembre de 2014, por INVERSIONES MENGUANTES 56 LC, C.A. a favor del ciudadano PEDRO ALFONZO QUINTERO, el Juzgado Quinto (5º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo dio por recibido el 8 de enero de 2015, siendo admitida en esa misma oportunidad por auto separado ordenándose oficiar a la OCC de este Circuito Judicial, en fecha 8 de mayo de 2015 las partes presentaron ante la URDD un escrito transaccional suscrito ante la Notaría Pública Primera del Municipio Sucre del Estado Miranda; el 13 de mayo de 2015 el a quo solicitó la presentación de instrumento poder que acreditara la representación judicial de la abogada JESSICA CORREIA como apoderada de la oferida; la prenombrada abogado señaló mediante diligencia de fecha 19 de mayo de 2015 que podía evidenciarse de la cláusula sexta del escrito transaccional que el oferido la facultó a presentarlo ante los tribunales competentes y solicitar la respectiva homologación; el 21 de mayo de 2015, el Juzgado 5º de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, negó por trasgredir lo establecido en el ordenamiento jurídico laboral la homologación de la transacción presentada por las partes en la presente causa. El objeto de la apelación es la solicitud de que se homologue un acuerdo transaccional celebrado por las partes ante una notaría pública y que fue presentado en el marco de un procedimiento laboral de oferta real de pago. La oferta real es un procedimiento de naturaleza civil contemplado en los artículos 819 al 828 del Código de Procedimiento Civil, considerado como de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en su primera etapa, que procede cuando el acreedor rechaza recibir el pago, según el artículo 1306 del Código Civil. La oferta real de pago debe cumplir con los requisitos de admisibilidad, previstos en los artículos 819 del Código de Procedimiento Civil, 1306, 1307 y 1308 del Código Civil y 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en tal sentido debe: 1) Presentarse ante el Circuito Judicial del Trabajo del lugar convenido para el pago y en defecto de convención especial para el pago, en el domicilio del acreedor oferido o en el lugar escogido para la ejecución del contrato. 2) El escrito de la oferta deberá contener el nombre, apellido y domicilio del acreedor, la descripción de la obligación que origina la oferta y la causa o razón del ofrecimiento y la especificación de las cosas que se ofrezcan. 3) Hacerse al acreedor que sea capaz de exigir o que tanga facultad para recibir por el; por persona capaz de pagar; que comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y una cantidad para los gastos líquidos, con la reserva para cualquier suplemento, es decir, que la cosa (dinero) se ponga a disposición del oferido, para lo cual debe consignarse copia de cheque de gerencia a favor del oferido, a fin de que el tribunal ordene la apertura de una cuenta a favor del oferido; que el plazo este vencido si se ha estipulado a favor del acreedor. 4) Verificado el cumplimiento de los requisitos anteriores se admite la oferta real de pagos y se ordena la notificación del trabajador oferido. 5) No puede presentarse una transacción o más bien un acuerdo, sin haberse admitido la oferta, porque carece de objeto, esto es no existe la imposibilidad de pagarle al acreedor, según el artículo 1307.3 del Código Civil. 6) En caso de presentarse un acuerdo de pago el Juez debe aplicar el artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a los fines de verificar el consentimiento del oferido, pues, en muchos acuerdos se ventila el tema de la finalización de la relación laboral y se efectúan pagos atinentes a derechos laborales irrenunciable; de cumplirse con lo anterior, se deja constancia del pago, más no es procedente homologar una transacción, pues, la misma hace ejecutable al acuerdo, lo cual no es viable en un proceso de jurisdicción voluntaria y siempre queda abierta la posibilidad de que el trabajador oferido acuda a demandar lo que considere le corresponde. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 579 del 21 de mayo de 2015 (Evi de Venezuela, S. A.), declaró que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir de una transacción judicial con motivo de una oferta de pago, conforme al artículo 29 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pronunciamiento que este referido al tema de la jurisdicción. Sobre la posibilidad de transar en asuntos de jurisdicción voluntaria, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado: En sentencia Nº 2984 del 29 de noviembre de 2002 (Lerry Paúl Rubio Rosales en amparo), que: (i) La autocomposición procesal no puede ocurrir sino dentro del proceso contencioso, dicho acto equivalente a sentencia pone fin al juicio y se hace ejecutable, si es que una parte asume la condición de demandado en una acción de condena. (ii) En los procesos no contenciosos, donde no existe controversia y donde no hay cosa juzgada plena, no surge una fase de ejecución de sentencia, conforme a los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, según los cuales la ejecución se inserta dentro del juicio ordinario. (iii) En los procesos no contenciosos, las partes pueden acordar negocios entre ellos, pero su incumplimiento no genera ejecución alguna contra ellos, en consecuencia, quien pretende se declaren derechos a su favor, basados en tales incumplimientos, debe demandar judicialmente. (iv) El acuerdo, como acto o negocio jurídico, formalizado ante un tribunal, adquiere el carácter de documento auténtico, de similar naturaleza que el otorgado ante un Notario Público u otro funcionario capaz de autenticar. (v) No es admisible que un acuerdo celebrado en un proceso no contencioso, sea objeto de ejecución, pues, no obstante que el artículo 1159 del Código Civil consagra la autonomía de la voluntad en la configuración de los contratos, la intervención del juez es necesaria en tanto nadie puede hacerse justicia por sí mismo. En lo que se refiere a la oferta real la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en diversas sentencias ha sostenido: Sentencia Nº 1685 de fecha 24 de octubre de 2006 (José Ignacio Soler Monje contra Preparados Alimenticios Internacionales, C. A. PAICA), según la cual: (i) El trabajador puede recibir el monto ofertado por el patrono, sin que ello signifique abandono del derecho que tiene de reclamar posteriormente las diferencias que tenga a bien. Y (ii) El hecho de que el trabajador retire la cantidad ofertada no implica que exista cosa juzgada respecto a las cantidades y conceptos establecidos en el escrito correspondiente, siendo incorrecto tratar de subsumir la consecuencia jurídica del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo al procedimiento de oferta real de pago, pues, no se trata de una transacción en los términos establecidos en esa norma. Sentencia Nº 489 de fecha 15 de marzo de 2007 (Laboratorio Policlínica San Felipe contra Marianela Jordán Gil), en la cual resolvió de la misma manera y agregó: (i) No se puede interpretar mecánicamente el artículo 825 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el deudor queda liberado con la oferta de pago, puesto que en materia laboral, ello supondría para el patrono la liberación total de cualquier deuda laboral en detrimento de los derechos del trabajador, viéndose impedido de poder ejercer alguna de las acciones conferidas por la ley adjetiva laboral, con lo cual se violenta el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. (ii) Es un mecanismo que puede tener cabida en el proceso laboral, pero con un tratamiento y consideración particular respecto al establecido en la ley adjetiva común. Y (iii) El patrono puede ofrecer ante los Tribunales laborales, el pago que considera le adeuda al trabajador, bien por prestaciones sociales o por otros conceptos laborales, al término de la relación, sin que ello signifique un menoscabo de la potestad que tiene este de accionar de conformidad con el procedimiento laboral ordinario los derechos que tenga a bien reclamar, y menos aún implique una violación al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Sentencia Nº 2104 de fecha 18 de octubre de 2007 (Carlos Salamanca contra Petrosema), en la cual estableció que: (i) En materia laboral en caso de que exista un procedimiento de oferta real instaurado por el patrono deudor, solo debe cumplirse la etapa de jurisdicción voluntaria, obviándose la etapa contenciosa contenida en los artículos 823 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con el fin de salvaguardar el derecho que tiene el débil jurídico de intentar por vía del juicio ordinario laboral, cualquier posible diferencia. Sentencia Nº 1 del 6 de febrero de 2015 (Inmobiliaria Austral a favor de María Visitación Rivas), en la cual estableció: (i) La “oferta real de pago” es un mecanismo que puede tener cabida en el proceso laboral, con un tratamiento y consideración particular respecto al establecido en el Código de Procedimiento Civil, entendiendo que es posible para el deudor (patrono) acudir ante los tribunales laborales y ofrecer el pago de las cantidades que considera le adeuda al acreedor (trabajador) por prestaciones u otros conceptos laborales al término de la relación. (ii) Lo anterior no implica un menoscabo de la potestad que tiene el trabajador de accionar conforme al procedimiento laboral ordinario, los derechos que tenga a bien reclamar y menos aún que implique una violación al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. (iii) Citando la sentencia Nº 2313 del 18 de diciembre del año 2006, reiteró que el procedimiento de oferta de pago no resulta aplicable en su totalidad en la jurisdicción laboral, ni produce todos los efectos que de él se derivan como en el procedimiento civil, concretamente el efecto liberatorio. (iv) Una vez iniciado el procedimiento de oferta real de pago, los intereses moratorios se causarán hasta tanto se logre notificar al acreedor la intención de la oferta. (v) La Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla un procedimiento para tramitar ofertas reales, las cuales deben tramitarse conforme al Código de Procedimiento Civil. (vi) En la jurisdicción laboral no resulta aplicable en su totalidad, ni produce los efectos que de éste se derivan como un procedimiento civil, específicamente, en cuanto al efecto liberatorio, por estar basado en principios distintos a los establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (vii) La notificación del oferido en el procedimiento de oferta de pago, se produce una vez admitida la solicitud y el juez debe instruir sobre la apertura de una cuenta de ahorro, así como el depósito de las cantidades de dinero ofertadas al extrabajador, en una entidad bancaria. (viii) Conforme a los artículos 826 del Código de Procedimiento Civil y 1310 del Código Civil, el retiro de la oferta de pago procede cuándo el acreedor no haya aceptado la oferta real y antes de que se dicte sentencia sobre la validez o nulidad del procedimiento de oferta real y del depósito, es decir, el retiro del dinero depositado a favor del acreedor procede cuando éste todavía no haya aceptado la oferta de pago. Del análisis de la institución de la oferta real y de las sentencias precedentes, se desprende que por ser la oferta de pago un procedimiento de jurisdicción voluntaria, no es posible la transacción; la oferta de pago en materia laboral, tiene un tratamiento y consideración distinto al establecido en el Código de Procedimiento Civil, entendiendo que es posible para el deudor oferente acudir ante los tribunales laborales y ofrecer el pago de las cantidades que considera le adeuda al trabajador, por prestaciones u otros conceptos laborales al término de la relación, cuando este se niega a recibirla o cuando no es posible su ubicación; el pago efectuado mediante una oferta de pago, no implica un menoscabo de la potestad que tiene el trabajador de accionar conforme al procedimiento laboral ordinario, los derechos que tenga a bien reclamar y menos aún una violación al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. En consecuencia, en la jurisdicción laboral no resulta aplicable en su totalidad el procedimiento de oferta, ni produce los efectos que de éste se derivan como un procedimiento civil, específicamente, en cuanto al efecto liberatorio, por estar basado en principios distintos a los establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no puede subsumirse la consecuencia jurídica del 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, antes artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, al procedimiento de oferta real de pago, pues, no se trata de una transacción en los términos establecidos en esa norma, es decir, la transacción en oferta real solo implica la constancia de un pago y existe la posibilidad de que el trabajador discuta posteriormente si ese pago es correcto o no. En el caso de autos, ni el Tribunal de primera instancia ni este Juzgado Superior han discutido el tema de la jurisdicción, se ha aceptado que los tribunales tienen jurisdicción, pues, de lo contrario no podría siquiera conocerse del asunto, tan es así que el tribunal de primera instancia negó la homologación y tan tiene jurisdicción el Juzgado Superior, que entró a conocer de la apelación ejercida, en caso de no tenerse jurisdicción frente al juez extranjero o a la administración, lo hubiera dicho, más no es lo que se está debatiendo en el presente asunto. Se observa que fue presentada oferta de pago el 15 de diciembre de 2014, por INVERSIONES MENGUANTES 56 LC, C.A. a favor del ciudadano PEDRO ALFONZO QUINTERO, el Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo dio por recibido el 8 de enero de 2015 siendo admitida en esa misma oportunidad por auto separado ordenándose oficiar a la OCC de este Circuito Judicial, no consta que se aperturó la cuenta a favor del oferido; en fecha 8 de mayo de 2015, la apoderada judicial de la oferente, abogado LISBETH CAROLINA RONDÓN PINZÓN. Inpreabogado No. 195.167 y el oferido asistido por la abogado JESSICA VIRGINIA CORREIA GALLARDO, Inpreabogado No. 195.511, presentaron ante la URDD un escrito transaccional suscrito ante la Notaría Pública Primera del Municipio Sucre del Estado Miranda en fecha 16 de diciembre de 2014, mediante el cual la oferente pagó al oferido la cantidad de Bs. 118.768,24, mediante cheque del cual no se señaló identificación ni tampoco se consignó copia simple, por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, en los términos que fueron señalados por las partes en la misma, es decir, dicho acuerdo transaccional, aunque se consignó el 8 de mayo de 2015, se celebró cuando no estaba admitida la oferta (no hay proceso sin demanda) y el auto de admisión es el que da inicio al proceso, aunado a que si bien aparece que el oferido estuvo asistido de abogado, el haberse celebrado antes de la admisión de la demanda y no en el Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, no permitió al juez verificar el consentimiento del oferido conforme al artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por lo que se debe declarar sin lugar la apelación. Así se declara. CAPITULO III DISPOSITIVO Por las razones de hecho y de derecho precedentes, éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: : PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 27 de mayo de 2015, por el abogado DANIEL FRAGIEL, en su carácter de apoderado judicial de la parte oferente, contra la decisión de fecha 21 de mayo de 2014 dictada por el Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la oferta real de pago presentada por la sociedad mercantil INVERSIONES MENGUANTES 56 LC, C.A. a favor del ciudadano PEDRO ALFONZO QUINTERO. SEGUNDO: MODIFICA la sentencia apelada. TERCERO: Se deja constancia del pago efectuado por la parte oferente a favor del oferido. CUARTO: No hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los once (11) días del mes de noviembre de 2015. Años: 205º y 156º. JUAN CARLOS CELI ANDERSON JUEZ JOSEFA MANTILLA SECRETARIA NOTA: En el día de hoy, 11 de noviembre de 2015, se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión. JOSEFA MANTILLA SECRETARIA ASUNTO No: AP21-R-2015-000782. JCCA/JM/ksr.