TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODE LA REGIÓN CAPITAL

Expediente Nº 03067

-I-
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

Mediante escrito presentado ante el Juzgado Superior Distribuidor en fecha 13 de julio de 2001 y recibido por este Tribunal en fecha 19 del mismo mes y año, los abogados César Musso Gómez, Anateresa García y Asunción Frías, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 32.146, 14.363 y 51.238, actuando en carácter de apoderados judiciales de ALFREDO JOSÉ PÉREZ CAMACHO, HORACIO RAMÍREZ RANGEL, ELCIER TRINIDAD SÁNCHEZ, FLOR DE MARÍA DE OCHOA, TERESA DEL CARMEN CONTRERAS, YAJAIRA HAIDEE GONZÁLEZ PÁEZ, AURA POMPEYA MEDINA LIRA, MARÍA JOSEFINA AGUILAR, ALEX FRANCISCO GUEVARA MILLÁN, JOSEFINA CAMBA FIGUEROA, JULIA DEL VALLE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MORELLA DEL ROSARIO FARÍAS MENDOZA y HERMINIA SUAREZ DE RAMIREZ, titulares de la cédulas de identidad números V-6.124.571, V-5.024.342, V-3.035.409, V- 1.710.213, V- 4.470.715, V-6.122.529, V- 2.157.391, V-6.104.300, V-5.081.796, V-2.925.378, V-6.369.629, V-3.253.730 y E-803.596, respectivamente, en su condición de inquilinos del inmueble identificado como EDIFICIO ZETA, ubicado en el callejón Z, entre las esquinas Aurora y Cardones, Parroquia Altagracia, Municipio Bolivariano Libertador, interpusieron recurso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución número 001218, de fecha 23 de noviembre de 2000, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, hoy SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT.

En fecha 25 de julio de 2001, se dictó auto y se libró oficio número 01-0899, dirigido a la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, hoy SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE NARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, a los fines de remitir al presente Juzgado, los antecedentes administrativos del caso. (Ver Folio 89).

En fecha 16 de octubre de 2001 se recibió el expediente administrativo de caso. (Ver Folio 91).

En fecha 17 de octubre de 2001, se admitió el recurso contencioso de nulidad, y se libró boleta dirigida a María Giordano y Ciro Ricucci, en su carácter de directores de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria Giordano, C.A., y oficio número 01-3126, dirigido al Fiscal del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia Inquilinaria. (Ver Folios 92 y 93).

En fecha 05 de marzo del 2002, se libró cartel de emplazamiento y se ordeno publicar en el diario EL UNIVERSAL, en fecha 12 de marzo de 2002, fue consignado al expediente un ejemplar del cartel publicado. (Ver Folios 115, 119 y 120).

En fecha 17 de abril de 2002, se abrió pruebas a la presente causa, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 127 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 03 de mayo de 2002, se agregaron escritos de promoción de pruebas, promovidas por las partes. (Ver folio 132).

En fecha 15 de mayo de 2002, se dictó auto de admisión de pruebas. (Ver Folios 155 y 156 del expediente judicial).

En fecha 31 de mayo de 2002, se oyó la apelación en ambos efectos y se remitió el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual dictó sentencia en fecha 20 de marzo de 2003, a la cual fue presentada la diligencia en fecha 23 de abril del mismo año, a los fines de que fuese corregido un error material presente en la referida sentencia, el cual fue subsanado mediante decisión aclaratoria dictada en fecha 13 de julio de 2007. (Ver Folios 158 al 225).

En fecha 14 de octubre de 2010, se recibió, el presente expediente procedente de la Corte primera de lo Contencioso Administrativo, y se ordeno la notificación de las partyes a los fines de la continuación de la causa

En fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015), se abocó al conocimiento de la causa EMERSON LUIS MORO PÉREZ, en virtud de su designación como Juez de este tribunal, en reunión de la Comisión Judicial de fecha 23 de enero de 2015, y con tal carácter suscribe la presente decisión (Ver folio 10 del expediente judicial).

-II-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO

Luego de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, considera necesario este Juzgador hacer las siguientes consideraciones:

Se entiende por perención de la instancia, el modo de extinguirse la relación procesal por la inactividad de las partes, durante cierto período de tiempo. Esta institución tiene por objeto, evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente en el tiempo, fundamentándose en una racional presunción deducida de la circunstancia que, correspondiendo a las partes dar vida y actividad a la demanda, la falta de impulso por parte de ellas, debe considerarse como un tácito propósito de abandonarla.

El autor patrio Arístides Rengel-Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo ll. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:

“Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso (…)
La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año (…)
La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia (…)”

De lo antes trascrito, se hace claro que lo que pretendió sancionar el legislador al estatuir la institución de la perención de la instancia fue evitar con fundamento en la necesidad social de administración de justicia, evitar la eternización de aquellos juicios en los cuales no medie el interés impulsivo de las partes contendoras, erigiéndose dicha institución como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes.

Se configuran los elementos exigibles para que opere la perención de la instancia, siempre y cuando: (i) el primero de ellos relacionado con la paralización efectiva de la causa, (ii) el segundo relacionado a que esa paralización sea imputable a las partes y no al juez y (iii) el tercero que exige que dicha paralización se mantenga por el lapso de un año.

Así pues, pasa quien decide a analizar si en el caso de autos ha operado la perención de la instancia, para lo cual estima pertinente verificar la existencia del primero de los requisitos señalados, es decir, “la paralización de la causa”, se entiende por paralización o inercia de la causa aquella situación procesal en la que se encuentre un proceso en el que no se hayan realizado en el expediente actuaciones de impulso procesal. Es decir, cada etapa del proceso requiere el impulso de las partes, consistente bien en la dotación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las formalidades de ley en materia de citación y notificación, bien el proporcionar las direcciones o datos necesarios para la práctica de las de tales diligencias, circunstancias que cumplirán una doble función, en principio servirán para que se vayan cumpliendo cada una de las etapas del proceso, y adicionalmente se estatuyen como un mecanismo a través del cual se demuestra el interés del accionante y del accionado en la tramitación del juicio y con ello en obtener una resolución a su conflicto.

Ello explica el hecho de que no todo acto que se realice en un procedimiento, interrumpa el lapso para la consumación de la perención, sino sólo aquellos que contengan implícita o explícitamente la intención de impulsar el mismo, excluyéndose por vía de jurisprudencia por ejemplo la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos que se haga en el expediente, pues estas en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso, es decir, que serán capaces de interrumpir la paralización aquellas actuaciones que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente. En tal sentido, comenzará a contarse el lapso de perención al día siguiente a partir del último acto tendiente a dar impulso procesal.

Realizadas las consideraciones que anteceden, este Juzgado pasa a verificar si en la presente causa ha operado la perención de la instancia, para lo cual advierte que la demanda que en ella se contiene fue intentada en fecha 13 de julio de 2001, siendo el último acto de impulso procesal el auto de fecha 14 de octubre de 2010 mediante el cual se dio por recibido el presente expediente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y se ordeno la notificación de las partes al efecto de la continuación de la presente causa.-

En este orden de ideas, el segundo requisito al que hace referencia la doctrina para que se verifique la perención, está relacionado con el hecho de que la inactividad que dio origen a la paralización de la causa, no le sea imputable al juez, es decir, que el acto procesal subsiguiente no sea carga del tribunal, como sería por ejemplo la admisión de pruebas, circunstancia que se explica porque tal situación implicaría sancionar a las partes por la negligencia del tribunal de no emitir las providencias procesales a las que se encuentra obligado en su condición de Director del Proceso.

En este punto es importante señalar, que es la parte la que debe impulsar las notificaciones que se realicen durante el procedimiento circunstancia ésta que hace evidente que la paralización que nos ocupa no puede imputársele al tribunal ya que en este estado del proceso no corresponde al tribunal impulsar la causa. Y así se decide.

Adicionalmente a lo expuesto, se hace necesario traer a colación el contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual expresa que el Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo bien de oficio o a instancia de parte; ahora bien, ¿en cuáles casos podría decirse que el Juez está autorizado a actuar de oficio?, para dar respuesta a esa interrogante es necesario citar el contenido del artículo 30 eiusdem que expresa: “Artículo 30.- Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán a instancia de parte, o de oficio cuando la ley lo autorice.”; de cuyo texto se puede inferir el espíritu, propósito y razón del legislador al dictar dicha norma, pues ciertamente esa posibilidad de actuar de oficio nace en aquellos casos en que exista una disposición expresa de ley que faculte tal proceder, y adiciona quien decide que también podrá actuarse de oficio en aquellos casos en los que como consecuencia de los hechos denunciados pudiese vulnerarse el orden público constitucional, es decir que trasciendan de los intereses particulares pudiendo afectar a una colectividad o interés general (Vid. Sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de diciembre de 2006).-

De manera que, conforme al análisis realizado en las líneas precedentes, en la presente causa queda descartada, por la misma naturaleza de la acción propuesta, la posibilidad de que el Juez en su condición de Director del Proceso pudiese impulsarla de oficio Por todo lo expuesto este Juzgador acredita el segundo de los requisitos analizados. Y así se declara.-
Con respecto al tercero de los requisitos, relacionado con que la inercia procesal, sea extendida, en el tiempo por un lapso de un (1) año contado a partir de la fecha de inicio de la paralización, vale decir, desde el día siguiente a aquel en que conste en autos la última actuación de impulso procesal, este tribunal advierte que en el caso de marras, la presente causa se encuentra paralizada desde el día 14 de octubre de 2010, fecha en la cual se recibió, el presente expediente procedente de la Corte primera de lo Contencioso Administrativo, y se ordeno la notificación de las partes con el fin de que la causa siguiera su curso y que desde entonces hasta hoy ha transcurrido el lapso superior a un año (1) a que hace referencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que haya operado la perención de la instancia. Y así se decide.-

Ahora bien, hechas las consideraciones anteriores este juzgador determina, que en el presente caso nos encontramos ante la consumación de lo que la doctrina llama perención ordinaria de la instancia, o más comúnmente perención de un (1) año, en virtud que, al ser examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, se constató que el presente juicio, ha estado paralizado desde el 14 de octubre de 2010, fecha en la cual se recibió, el presente expediente procedente de la Corte primera de lo Contencioso Administrativo, y se ordeno la notificación de las partes con el fin de que la presente causa siguiera su curso, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal, declarar de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, por haber transcurrido un lapso superior al año, siendo tal inactividad procesal desde el 08 de abril del 2010 sin que durante ese lapso las partes hubieren realizado acto posterior alguno del procedimiento.

-III-
DECISIÓN

Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del recurso contencioso de nulidad interpuesta por los ciudadanos: ALFREDO JOSÉ PÉREZ CAMACHO, HORACIO RAMÍREZ RANGEL, ELCIER TRINIDAD SÁNCHEZ, FLOR DE MARÍA DE OCHOA, TERESA DEL CARMEN CONTRERAS, YAJAIRA HAIDEE GONZÁLEZ PÁEZ, AURA POMPEYA MEDINA LIRA, MARÍA JOSEFINA AGUILAR, ALEX FRANCISCO GUEVARA MILLÁN, JOSEFINA CAMBA FIGUEROA, JULIA DEL VALLE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MORELLA DEL ROSARIO FARÍAS MENDOZA y HERMINIA SUAREZ DE RAMIREZ, titulares de la cédulas de identidad números V-6.124.571, V-5.024.342, V-3.035.409, V- 1.710.213, V- 4.470.715, V-6.122.529, V- 2.157.391, V-6.104.300, V-5.081.796, V-2.925.378, V-6.369.629, V-3.253.730 y E-803.596, respectivamente, en su condición de inquilinos de los apartamentos 11. 01, 03, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 01-A 2-B, 3-A y 4-B, del inmueble identificado como EDIFICIO ZETA, ubicado en el callejón Z, entre las esquinas Aurora y Cardones, Parroquia Altagracia, Municipio Bolivariano Libertador, interpusieron recurso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución número 001218, de fecha 23 de noviembre de 2000, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, hoy SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE NARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la ciudad de Caracas a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

EMERSON LUÍS MORO PÉREZ

EL JUEZ
GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ PONCE

EL SECRETARIO

En la misma fecha, siendo las nueve horas y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión en el asiento número ____ dando cumplimiento a lo ordenado.
GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ PONCE

EL SECRETARIO
Expediente Nº 03067.-
E.L.M.P./G.J.R.P./Gsm.