TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 26 de octubre de 2015
205º y 156º

Asunto principal: AP11-V-2012-000624
PARTE ACTORA: Ciudadanos NELSON JESÚS GONZÁLEZ VILLAMEDIANA y MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ, venezolanos, mayor de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos V-6.859.700 y V-8.741.213, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JOSÉ ALEJO URDANETA FUENMAYOR y CARMEN MARÍA TRENARD, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 3.111 y 23.144, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Ciudadanos ISABEL BOHÓRQUES DE GONZÁLEZ y LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio la primera, y el segundo domiciliado en Toronto, Canadá y titulares de las cédulas de identidad Nos V-939.062 y 6.157.068, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Del codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ, los abogados KNUT NICOLAY WAALE RODRIGUEZ y DAVID ROLANDO APONTE CASTILLO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos V-4.269.431 y V-6.122.424, respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 3.111 y 23.144, en el mismo orden enunciado. La codemandada ISABEL BOHÓRQUES DE GONZÁLEZ, no tiene acreditada en autos representación judicial alguna.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
-I-
SÍNTESIS DEL PROCESO
Conoce este Juzgado del presente asunto en virtud de la inhibición planteada por el ciudadano JUAN CARLOS VARELA RAMOS, en su carácter de Juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, toda vez que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 5 de diciembre de 2014, casó de oficio la decisión dictada por el Juzgado Superior Décimo de esta misma Circunscripción en fecha 26 de marzo de 2014, decretó su nulidad y repuso la causa al estado de citación de la parte demandada.
Mediante diligencia presentada en fecha 2 de marzo de 2015, la representación judicial de la parte actora solicitó la admisión de la demanda, siendo negado por auto de esa misma fecha, toda vez que la causa se encontraba en fase de citación.
En fecha 3 de marzo de 2015, la representación actora consignó fotostatos para la elaboración de la compulsa de la parte demandada, y en fecha 4 del mismo mes y año, dejó constancia el pago de los emolumentos para el traslado del Alguacil, instándosele mediante autos en varias oportunidades a consignar la totalidad de los fotostatos correspondientes para proveer lo conducente.
En fecha 23 de marzo de 2015 dicha representación judicial consignó la totalidad de los fotostatos para la elaboración de la compulsa, siendo libradas en fecha 24 de marzo de 2015, tal y como se evidencia del folio 224 de la pieza III del presente asunto.
Consta a los folios 227 y 251 de la pieza III del presente asunto que, en fecha 9 de abril de 2015, el ciudadano ROSENDO HENRIQUEZ, Alguacil adscrito a la unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial, dejó constancia de haber resultado infructuosos los traslados realizados a fin de citar a la parte demandada.
En fecha 14 de abril de 2015, la representación actora solicitó la citación por carteles, siendo negado por auto de esa misma fecha, por considerarse insuficientes los traslados realizados por el Alguacil para considerar agotada la citación personal de la parte demandada.
Durante el despacho del día 21 de abril de 2015, compareció el abogado DAVID ROLANDO APONTE CASTILLO, quien consignando instrumento poder que le fuera otorgado por el codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ, se dio por citado en nombre de su representado.
En fecha 22 de abril de 2015, la representación judicial de la parte actora solicitó se oficiara al SAIME a fin de que suministraran el domicilio de la parte demandada, siendo acordado por auto de fecha 22 de abril de 2015, librándose a tal efecto Oficio Nº 298-2015, siendo entregado ante el referido organismo en fecha 6 de mayo de 2015, y recibidas las resultas en fecha 8 de junio de 2015.
En fecha 18 de junio de 2015, la representación judicial de la parte actora consignó escrito de reforma de la demanda, siendo admitida en esa misma fecha, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para la contestación de la demanda, instándose al efecto a la actora a consignar los fotostatos necesarios a fin de la elaboración de las respectivas compulsas.
Seguidamente, en fecha 26 de junio de 2015, la representación actora solicitó la modificación del auto de admisión de la reforma, siendo negado por auto de fecha 2 de julio de 2015.
Mediante diligencias presentadas en fecha 7 de julio de 2015, la representación actora consignó los fotostatos para la elaboración de las compulsas de citación y dejó constancia de haber suministrado los emolumentos necesarios para el traslado del Alguacil para la práctica de la citación.
Asimismo, en fecha 8 de julio de 2015, dicha representación judicial solicitó la citación del codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ en la persona de su apoderado, indicando mediante diligencia de fecha 13 de julio de 2015, la dirección correspondiente, siendo acordado por auto de fecha 16 de julio de 2015 e instándose a la actora a consignar la totalidad de los fotostatos correspondientes.
En fecha 17 de julio de 2015, el abogado DAVID ROLANDO APONTE CASTILLO, consignó diligencia mediante la cual se dio por citado en nombre del codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ.
Posteriormente, en fecha 20 de julio de 2015, el Alguacil FELWIL CAMPOS, dejó constancia de su imposibilidad de citar a la codemandada ISABEL BOHORQUEZ.
En fecha 3 de agosto de 2015, la representación actora dejó constancia de haber consignados los fotostatos respectivos para la elaboración de la compulsa de la codemandada ISABEL BOHORQUEZ, siendo librada en fecha 4 de agosto de 2015.
En fecha 24 de septiembre de 2015, la representación actora consignó nuevamente los fotostatos correspondientes al escrito de reforma de la demanda y su auto de admisión a fin de la citación de la codemandada ISABEL BOHORQUEZ, siendo negado por auto de fecha 28 de septiembre de 2015 por resultar inoficioso y se instó a tramitar lo conducente ante la Unidad de Alguacilazgo.
Así las cosas, en fecha 13 de octubre de 2015, el Alguacil FELWIL CAMPOS, dejó constancia de su imposibilidad de citar a la codemandada ISABEL BOHORQUEZ.
Finalmente, mediante diligencia de fecha 20 de octubre de 2015, la representación judicial de la parte actora solicitó la citación por carteles de la codemandada ISABEL BOHORQUEZ.
-II-
MOTIVACIÓN DEL FALLO
Establecida la relación de los hechos en la presente causa, conforme se desprende de la narrativa realizada, considera oportuno esta Directora del proceso realizar las siguientes observaciones:
Los jueces al momento de admitir, tramitar y decidir la controversia sometida a su consideración, deben actuar ajustados a lo dispuesto en las disposiciones adjetivas aplicables al caso, pues, en caso contrario estarían vulnerando el principio de la legalidad de las formas procesales, al subvertir el orden procesal, tal como lo dispone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil:
“…Artículo 12.- Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia.
En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe…”.

Dicho esto, se observa en el caso bajo estudio que, en fecha 17 de julio de 2015, el abogado DAVID ROLANDO APONTE CASTILLO, consignó diligencia mediante la cual se dio por citado en nombre del codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ, tal y como se evidencia a los folios 74 y 75 de la pieza IV del presente asunto.
Ahora bien, destaca esta Juzgadora que desde la fecha en que quedó citado el codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ, a saber, 17 de julio de 2015, hasta la presente fecha, sin que conste en autos la citación de la codemandada ISABEL BOHORQUEZ DE GONZALEZ, ha transcurrido en demasía más de sesenta (60) días.
Así las cosas, resulta oportuno citar el contenido del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, que establece:
“…Artículo 228.- Cuando sean varias las personas que deben ser citadas y el resultado de todas las citaciones no constare en el expediente por lo menos dos días antes del vencimiento del lapso de comparecencia, el acto de contestación de la demanda quedará diferido y el Tribunal fijará el lapso dentro del cual deberá darse la contestación. Esta fijación no podrá exceder del lapso ordinario a que se refiere el artículo 359 ni será menor de diez (10) días. En todo caso, si transcurrieren más de sesenta días entre la primera y la última citación, las practicadas quedarán sin efectos y el procedimiento se suspenderá hasta que el demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Si hubiere citación por carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro del lapso indicado…”. (Negrilla y subrayado del Tribunal).

En el caso bajo análisis se evidencia de manera irrefutable que, la citación del codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ, se materializó en fecha 17 de julio de 2015, transcurriendo un lapso mayor al de sesenta (60) días a que se refiere el artículo 228 supra transcrito, sin que conste en autos la citación de la codemandada ISABEL BOHORQUEZ DE GONZALEZ.
En este mismo orden de ideas, el Juzgado de sustanciación de la Sala Político Administrativa, en fecha 26 de enero de 2005, dispuso lo siguiente:
“…De la interpretación de la norma transcrita (Art. 228 C.P.C.) se colige, la consecuencia jurídica impuesta por el Legislador, para el caso de que transcurra un lapso de sesenta (60) días entre la primera y última citación, esto es, quedarán sin efecto las citaciones practicadas y se suspenderá el proceso hasta tanto el demandante impulse nuevamente la citación de todos los demandados, más aún, si se evidencia que transcurrido dicho lapso, la citación de uno de los codemandados no ha podido realizarse...”.

Igualmente, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 9 de marzo de 2009, expediente Nº 08-638, con ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortíz, estableció lo siguiente:
“…En el caso concreto, resulta evidente que los jueces de instancia quebrantaron formas esenciales al proceso, relativas a la citación de los litisconsortes pasivos prevista en el único aparte del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil; él a quo al no advertir que las citaciones practicadas en el juicio habían quedado sin efecto por haber transcurrido más de sesenta (60) días continuos entre la primera y la última citación de los co-demandados; y el ad quem, al no haber advertido ese quebrantamiento y ordenado la reposición de la causa al estado en que se diera cumplimiento a la previsión contenida en la norma procesal anteriormente transcrita, que como se señala en las jurisprudencias citadas constituye un mandato imperativo ordenado por el legislador.
Esa manera de proceder, sin duda alguna, infringió lo dispuesto en los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse atenido a las normas del derecho; 15, 206 y 208 eiusdem, al no haber ordenado la reposición de la causa al estado en que se diera cumplimiento a lo establecido en el único aparte del artículo 228 ibídem, menoscabando el derecho de defensa de los co-demandados; y, 212 del mismo Código Civil Adjetivo, al no haber decretado la nulidad de los actos procesales habidos durante el tiempo en que el juicio se encontraba suspendido por haber quedado sin efecto las citaciones practicadas.
Es de hacer notar, que en el presente caso los jueces de instancia, a pesar de encontrarse suspendido el juicio por mandato del tantas veces citado único aparte del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, consintieron que la causa continuara su curso hasta alcanzar la sentencia definitiva en ambos grados de la jurisdicción sin que mediara el impulso procesal obligatorio de la parte demandante, de solicitar nuevamente la citación de todos los co-demandados, lo que denota la violación del derecho a la defensa de éstos que fueron declarados confesos y condenados, sin que tuvieran la oportunidad de defenderse, al no ordenarse su nueva citación en un juicio que estaba suspendido, por mandato de lo estatuido en el único aparte del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, dado que la parte demandante, se repite, no cumplió con su obligación de solicitar nuevamente la citación de todos los co-demandados.
Por consiguiente, habiéndose configurado la infracción de los artículos 12, 15, 206, 208, 212 y único aparte del 228 del Código de Procedimiento Civil, la Sala declara procedente la presente delación y en el dispositivo ordenará la reposición de la causa al estado en que se encontraba para el 4 de julio de 2002, fecha en la que la co-demandada Banco Mercantil C.A., quedó citada de forma expresa mediante diligencia, momento éste en el que se activó la suspensión del proceso prevista en el único aparte del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que el proceso quedará suspendido hasta que la parte demandante cumpla con su obligación de instar nuevamente la citación de todos y cada uno de los litisconsortes pasivos co-demandados, quedando anulado todo lo actuado con posterioridad a la precitada fecha. Así se decide…”.

La misma Sala, con anterioridad había sostenido en sentencia Nº 312, de fecha 11 de octubre de 2001, lo siguiente:
“…De la citación emanan dos aspectos diferentes, según el carácter que la informa, como son: 1) En cuanto a Institución Procesal: Por ser la Citación una institución de rango constitucional y necesaria para la validez de un juicio, su carácter interesa al orden público y su inexistencia vicia de nulidad lo actuado a espaldas del demandado. En consecuencia, el propio Juez, aun de oficio, cuando constate (sic) que no se ha verificado, debe proceder a corregir el proceso, ordenando la citación y anulando lo que se hubiere hecho con desconocimiento de la persona demandada. Si falta la citación, dice el maestro Armiño Borjas (sic), “se habrá levantado sobre arena toda la estructura procesal “. 2) En cuanto a Formalidad Procedimental: La institución de la Citación es una de las pocas revestidas en nuestra Ley Procesal de formalismos precisos, por lo que el inflexible cumplimiento de tales formalidades es tan importante como la finalidad misma de la Ley, que no es otra que la de poner en conocimiento de una persona el hecho de que ha sido demandada. Pero dichas formas con que se revisten los trámites procedimentales para verificar la Citación son de interés privado, consagradas en beneficio exclusivo del demandado, por lo que puede renunciar a las mismas sin afectar el proceso, ya sea en forma tácita o de manera expresa, cuando comparece al juicio aún antes siquiera de iniciarse tales trámites para citarlo o cuando convalida lo actuado con su presencia sin oponerse a lo practicado…”.

Igualmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, había establecido mediante Sentencia Nº 01116 de fecha 19 de septiembre de 2002, lo siguiente:
“…La citación es un acto procesal complejo, mediante la cual se emplaza al demandado para que dé contestación a la demanda. Este acto procesal es formalidad necesaria para la validez del juicio y es además, garantía esencial del principio del contradictorio, pues por una lado la parte queda a derecho; y por el otro, cumple con la función comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y del contenido del mismo. La citación es entonces, manifestación esencial de la garantía del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso…”.

Conforme a la norma y a las jurisprudencias antes parcialmente transcritas, y con vista a la situación planteada en autos, aplicadas en atención a lo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal debe forzosamente considerar la existencia en el presente juicio de un lapso mayor al de los sesenta (60) días entre la citación de un codemandado y la falta de citación de otros codemandados, situación que de ser convalidada por este Juzgado, estaría violando el principio de la legalidad de las formas procesales y la transparencia del proceso.
Por otra parte, cabe destacar que la citación es el acto que materializa la garantía constitucional de la defensa, la falta de citación afecta la existencia del proceso; en el caso bajo estudio, se observa que transcurrieron más de sesenta (60) días entre la primera citación (del codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ), sin que conste a los autos la citación de la codemandada ISABEL BOHORQUEZ DE GONZALEZ, razón por la cual se deduce que existe una irregularidad en la citación, la cual puede declararse nula, de oficio o a petición de parte.
En tal sentido, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil señala textualmente lo siguiente:
“…Artículo 206.- Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado…”.

Igualmente, el artículo 211 del citado Código dispone lo siguiente:
“Artículo 211.- No se declarará la nulidad total de los actos consecutivos a un acto írrito, sino cuando éste sea esencial a la validez de los actos subsiguientes o cuando la ley expresamente preceptúe tal nulidad. En estos casos se ordenará la reposición de la causa al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad y renovación del acto írrito…”.

En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 206 y 211 del antes citado Código de Procedimiento Civil, se impone reponer como en efecto SE REPONE LA PRESENTE CAUSA AL ESTADO DE PRACTICAR LA CITACIÓN DE LOS CODEMANDADOS, SUSPENDIÉNDOSE en consecuencia el proceso por imperativo legal del artículo 228 eiusdem, hasta que la parte atora impulse nuevamente la citación de los codemandados en el presente juicio. ASÍ SE DECIDE.
En virtud de lo anterior, se declara nula y sin ningún efecto jurídico la citación del codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ. ASÍ SE DECLARA.
-III-
DECISIÓN
Como consecuencia de los hechos y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoaran los ciudadanos NELSON JESÚS GONZÁLEZ VILLAMEDIANA y MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ, contra los ciudadanos ISABEL BOHÓRQUES DE GONZÁLEZ y LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ, ampliamente identificadas al inicio, DECLARA: Se ordena la REPOSICIÓN DE LA PRESENTE CAUSA al estado de practicar la citación de los codemandados, suspendiéndose consecuencialmente el proceso hasta que la actora impulse nuevamente la citación de los codemandados de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo SE DECLARA nula y sin ningún efecto jurídico la citación del codemandado LUÍS EFRAÍN GONZÁLEZ DÍAZ.
Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
LA JUEZ,

CAROLINA GARCÍA CEDEÑO.-
EL SECRETARIO,

CARLOS TIMAURE ÁLVAREZ.-
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las dos y ocho minutos de la tarde (2:08 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO,

Abg. CARLOS TIMAURE ÁLVAREZ.-