N° DE EXPEDIENTE: AP21-S-2015-001902 PARTE OFERENTE: BAYER S.A APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE OFERENTE: MARIELA CASTRO GUERRERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 105.122 PARTE OFERIDA: DEYANIRA MERCEDES APONTE CISNEROS, venezolana, titular de la cédula de identidad número 6.345.612. ABOGADO ASISTENTE DE LAS PARTE OFERIDA: ISABEL PESTANA, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 178.500 SOLICITUD: HOMOLOGACIÒN DE TRANSACCIÒN. Visto el escrito transaccional de fecha 25 de septiembre de 2015, presentado por la ciudadana MARIELA CASTRO GUERRERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 105.122, en su carácter de apoderada judicial de la parte oferente BAYER S.A, por una parte, y por la otra, comparece la parte oferida ciudadana DEYANIRA MERCEDES APONTE CISNEROS, venezolana, titular de la cédula de identidad número 6.345.612, asistida por la ciudadana ISABEL PESTANA, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 178.500, este Tribunal a los efectos de emitir su pronunciamiento, en relación a la procedencia de la homologación de la transacción solicitada por las partes, observa lo siguiente: En primer lugar es importante resaltar que los jueces se encuentran en la obligación de homologar transacciones consignadas en procedimientos de jurisdicción voluntaria, es decir, no se puede decir que son validas solamente las transacciones consignadas en procesos contenciosos. En este sentido, es conveniente resaltar que aunque en principio los jueces laborales solamente tienen las competencias establecidas en el articulo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se refiere a procesos contenciosos, no por ello este Juzgador se va a negar a homologar transacciones consignadas en procesos de jurisdicción graciosa, como es el caso de las ofertas reales de pago, ya que con las mismas se busca por vía excepcional la extinción del proceso. Así se decide. En este mismo orden de ideas, los medios alternativos de solución de conflictos, se encuentran previstos en el artículo 253 constitucional, y forman parte del sistema de justicia, ergo, si la normativa constitucional no limita la utilización de medios alternativos de solución de conflictos a procesos contenciosos, sino que forman parte del sistema de justicia, no lo pueden hacer leyes de rango inferior como sería la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que debe concluirse que este Juzgador tiene competencia para homologar acuerdos transaccionales consignados en procesos de jurisdicción graciosa como es el caso de las ofertas reales de pago. Así se establece. Ahora bien, el hecho de que puedan ser homologadas transacciones consignadas en procesos de jurisdicción voluntaria, no significa que tengan que ser obligatoriamente homologadas, ya que en materia laboral las transacciones deben cumplir con ciertos y determinados requisitos para que tengan validez, a los fines de no vulnerar el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales, requisitos que se encuentran previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y de las Trabajadoras, en consonancia con los principios constitucionales que rigen la materia laboral prevista en el artículo 89 constitucional. En consecuencia, de seguidas este Juzgador pasa analizar si la transacción consignada en autos, cumple con los requisitos previstos en el artículo ut supra señalado de la manera siguiente: Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, a tenor de lo previsto en el numeral 2 del artículo 89 constitucional. Es por lo anterior, que las transacciones deben versar sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos que consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos, a tenor de lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. En el caso sub examine, se observa que la transacción consignada en autos y objeto del presente pronunciamiento carece de motivación y es indeterminada, ya que si bien las partes enuncian en forma general los conceptos cancelados, e igualmente señalan los montos a través de los cuales se cancelan dichos conceptos, sin embargo, no se explica ni en la oferta ni en la transacción consignada por las partes, cuáles fueron los cálculos y/o operaciones aritméticas utilizadas para concluir en los resultados o montos cancelados en la transacción, en franca violación al principio constitucional de que los derechos de las trabajadores y de los trabajadoras son irrenunciables. Así se especifica. De otra parte, la homologación de la transacción es improcedente, ya que a través del pago del monto transaccional, se pretende que las partes se otorguen un finiquito definitivo por otros conceptos laborales que no fueron cancelados, ni objeto de la presente transacción, como una especie de finiquito total, tal y como se observa de la cláusula séptima. En este sentido, es conveniente acotar que no existe homologación de transacciones parciales, es decir, se homologan algunas partes de la transacción y otras se declaran nulas, por lo cual nuevamente se estaría infringiendo la disposición constitucional, referente a la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Así se determina. En este orden de ideas, la parte de la transacción referida al finiquito total entre las partes, debe ser anulada, y por el principio de la indivisibilidad de la transacción la misma en su totalidad debe ser considerada como nula; ya que si alguna de la parte contentiva de una transacción resultare anulada, la totalidad de la transacción debe ser declarada nula, y así, debe decidirse. En consecuencia, es forzoso para este Juzgador declarar SIN LUGAR LA HOMOLOGACIÓN DE LA TRANSACCIÓN, consignada en fecha 25 de septiembre de 2015, por la ciudadana MARIELA CASTRO GUERRERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 105.122, en su carácter de apoderada judicial de la parte oferente BAYER S.A, por una parte, y por la otra, la parte oferida ciudadana DEYANIRA MERCEDES APONTE CISNEROS, venezolana, titular de la cédula de identidad número 6.345.612, asistida por la ciudadana ISABEL PESTANA, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 178.500. Se deja constancia del pago realizado por la parte oferente BAYER S.A, a la parte oferida ciudadana DEYANIRA MERCEDES APONTE CISNEROS, venezolana, titular de la cédula de identidad número 6.345.612, por la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 3.500,00), mediante cheque librado contra el Banco Venezolano de Crédito, identificado con el Nº 00024978, de fecha 22 de septiembre de 2015. El Juez Francisco Javier Río Barrios La Secretaria Nelly Bolívar