REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 25 de septiembre de 2015 205º y 156º ASUNTO: AH12-V-2008-000236 PARTE ACTORA: MARIA AUXILIADORA QUINTERO DE CASTILLO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio titular de la cédula de identidad número V-4.321.735.- APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado REINALDO LEONES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 95.399. PARTE DEMANDADA: RESIDENCIAS VILLASOL C.A., empresa mercantil, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Federal en fecha 02 de junio de 1986 bajo el número 10, tomo 59-A, pro., representada por sus directores ISAAC VAN PRAAG y/o VICTOR ALEZONES RIVERO, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cedulas de identidad números V-2.932.281 y V-3.666.706 respectivamente. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene representación judicial acreditada en autos. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO (Perención de la Instancia) PRIMERO: Este proceso se inició por libelo presentado en fecha 28 de Marzo de 2008, por el ciudadano REINALDO LEONES, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 95.399, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual demanda por Resolución de Contrato a RESIDENCIAS VILLASOL C.A., empresa mercantil, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Federal en fecha 02 de junio de 1986 bajo el número 10, tomo 59-A, pro., representada por sus directores ISAAC VAN PRAAG y/o VICTOR ALEZONES RIVERO, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cedulas de identidad números V-2.932.281 y V-3.666.706 respectivamente. Dicha demanda correspondió ser conocida por este Juzgado luego de haberse efectuado el sorteo de ley. En fecha 25 de mayo de 2011, el Tribunal admitió la presente demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Ahora bien, el Tribunal observa que la última actuación procesal verificada en esta causa consiste en el auto de fecha 25 de mayo de 2011, mediante el cual este Tribunal admite la presente causa y ordenó el emplazamiento de la parte demandada.- Con posterioridad, ha transcurrido más de un (1) año de absoluta inactividad procesal de la parte actora y hasta la fecha de publicación de este fallo no existe ninguna muestra de interés de la parte actora de darle impulso a esta causa. SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, este Tribunal observa que este asunto permaneció en suspenso por más de un (1) año, por inactividad de las partes. Dicho tiempo de parálisis procesal ocurrió desde el auto dictado por este Juzgado en el cual se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, es decir, el 25 de mayo de 2011. En virtud de las indicadas circunstancias y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” En este estado de cosas, resulta oportuna la cita de la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, contenida en decisión de fecha 22 de septiembre de 1993, en la que se estableció lo siguiente: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.” (Resaltado de este Tribunal) TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese, déjese copia y notifíquese.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 25 días del mes de septiembre dos mil quince 2015.- EL JUEZ, Abg. LUÍS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ EL SECRETARIO, Abg. JONATHAN MORALES En esta misma fecha, siendo las _______________, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. EL SECRETARIO, Abg. JONATHAN MORALES LRHG/JM/LZ.- Asunto: AH12-V-2008-000236