REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 17 de septiembre de 2015 205º y 156º ASUNTO: AP11-V-2013-001277 PARTE DEMANDANTE: WILLIAMS JOSE GOLINDANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-13.766.786. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: DANIEL MAES APONTE, Venezolano, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 58.899. PARTE DEMANDADA: MAYRA ALEXANDRA LEON RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-13.969.572. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado constituido en autos. MOTIVO: DIVORCIO CONTENCIOSO.- -I- Se inicio el presente procedimiento por libelo de demanda presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos adscrita a éste Circuito Judicial, correspondiendo por distribución conocer a éste Tribunal del mismo. En fecha 7 de noviembre de 2013 se admitió la demanda de divorcio contencioso, ordenando el emplazamiento de las partes, a fin de que comparecieran a los actos conciliatorios y al de contestación de la demanda. En fecha 27 de noviembre de 2013 la parte actora solicita la citación de la parte demandada y la notificación del Fiscal del Ministerio Publico, librando compulsa y boleta de notificación en fecha 28 de noviembre de 2013, Posteriormente consignan los emolumentos correspondientes para la practica de la citación. En fecha 10 de diciembre de 2013 comparece el alguacil adscrito a este Circuito Judicial y consigna boleta de notificación debidamente firmada y sellada por la Fiscalia 103 del Ministerio Publico. En fecha 16 de diciembre de 2013 la Fiscalia Centésima Tercera del Ministerio Publico Especial, para actuar en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, consigna opinión fiscal en la cual manifiesta que nada tiene que objetar a la solicitud de divorcio. -II- Ahora bien, de una revisión de las actas que conforman el presente expediente considera pertinente este Juzgador realizar una serie de consideraciones de orden fáctico y jurídico a fin de poder determinar si efectivamente se encuentran dados los supuestos para que opere la perención de la instancia. Entre las causas de extinción del proceso está la Institución de la perención que castiga la inercia de las partes en la activación del proceso, siendo ésta el correctivo legal a la crisis de actividad por la paralización prolongada del proceso, y al haber tal inercia se presume el abandono de la instancia. Por otro lado, está el interés público, de evitar la pendencia indefinida del proceso, por ello GIUSEPPE CHIOVENDA considera que: “...Después de un periodo de inactividad procesal prolongado, el Estado tiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal…” (Principios,… II, p. 482). La perención persigue la razón práctica de sancionar la conducta omisiva de las partes que deben inducir al desenvolvimiento del proceso hasta su fin natural que es la sentencia. Este interés procesal debe operar como estímulo constante del proceso, no pudiéndose permitir la perpetuación de los procesos por la sola voluntad de la parte, ya que la función pública del proceso es su marcha constante hacia su finalización en el menor tiempo posible, dentro de los lapsos que la propia ley procesal otorga. En tal sentido el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...” En el caso de autos, se evidencia que desde el 3 de diciembre de 2013 fecha en la cual la parte actora consigna los emolumentos para la practica de la citación de la parte demandada, hasta la presente fecha no consta en autos que la parte actora haya impulsado el proceso no cursando en autos actuación alguna. De esta forma es evidente la existencia de una falta de interés del accionante en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, en el entendido que ha transcurrido un período superior a un (01) año de inactividad procesal trayendo como consecuencia forzada declarar la perención de la instancia y ASI SE ESTABLECE. -III- Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por la Autoridad de la Ley, de conformidad con lo estatuido en los artículos 12, 242, 243 y 267 del Código de Procedimiento Civil, declara: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el Juicio intentado por WILLIAMS JOSE GOLINDANO contra MAYRA ALEXANDRA LEON RIVAS, ambas partes identificadas en el inicio de la presente decisión. De conformidad con lo que dispone el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no se causan costas dada la naturaleza de la decisión. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 7º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 17 de septiembre de 2015. 205º y 156º. EL JUEZ, RICARDO SPERANDIO ZAMORA LA SECRETARIA ACC ANDREA ARANGUREN En esta misma fecha, siendo las 10:24 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. LA SECRETARIA ACC ANDREA ARANGUREN Asunto: AP11-V-2013-001277