REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 25 de septiembre de 2015
205º y 156º
Solicitantes: Andrés Daniel Barrera Quiroz y Rosa Elizabeth Morales de Barrera, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números 22.028.896 y 22.028.903, en su orden, debidamente asistidos por la abogada, Digna Esperanza Cañetaco Paredes, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula Nº 117.091
Motivo: Divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil
Sentencia: Definitiva
Caso: AP31-S-2015-000597
I
En fecha 3 de febrero de 2015, los ciudadanos Andrés Daniel Barrera Quiroz y Rosa Elizabeth Morales de Barrera, ut supra identificados, asistidos por la abogada Digna Esperanza Cañetaco Paredes, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula Nº 117.091, presentaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta sede judicial, escrito contentivo de solicitud de divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, cuyo conocimiento recayó en este Tribunal previa distribución efectuada en esa misma fecha.
En fecha 6 de febrero de 2015, se dictó auto dándole entrada a la solicitud he instando a los solicitantes a consignar el acta de matrimonio debidamente apostillada ante las autoridades competentes, según lo manifestado por los cónyuges en su escrito que contrajeron matrimonio civil en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador y consignado como fue lo solicitado en fecha 19 de mayo de 2015, en esa misma fecha la solicitante Rosa Elizabeth Morales de Barrera, otorgó poder apud-acta a la abogada Digna Esperanza Cañetaco Paredes, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula Nº 117.091.
En fecha 20 de mayo de 2015, en el cual el Tribunal admitió la presente solicitud de divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, ordenando notificar al Fiscal del Ministerio Público a fin de que compareciera dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación, y exponga lo que estime pertinente en relación a la solicitud.
En fecha 20 de mayo de 2015, compareció la abogada Digna Esperanza Cañetaco Paredes, Inpreabogado No. 117.091, y consignó copia simple del escrito de solicitud de Divorcio y auto de admisión, a los fines legales consiguientes. Asimismo, señaló que la separación de hecho fue en fecha 20 de agosto de 2007 y señalaron que en tiempo de matrimonio no adquirieron bienes, ni procrearon hijos.
En fecha 17 de julio de 2015, compareció la abogada Maria Grazia Giustiniano Quezada, en su carácter de Fiscal Nonagésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Civil e Instrucciones Familiares, solicitando se inste a las partes a señalar su último domicilio conyugal, fecha de separación e indicar si procrearon hijos.
En fecha 18 de junio de 2015, se instó a los cónyuges a que indicaran el último domicilio conyugal, conforme a pedimento de la Fiscal Provisoria Nonagésima Segunda (92º) del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, en fecha 16 de julio de 2015, se instó a los solicitantes a dar fiel cumplimiento a lo solicitado mediante auto dictado en fecha 18 de junio de 2015.
En fecha 28 de julio de 2015, la abogada Digna Esperanza Cañetaco Paredes, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula nº 117.091, dio cumplimiento a lo solicitando y señalo el último domicilio conyugal, en esa misma fecha se libró boleta a la abogada Maria Grazia Giustiniano Quezada, en su carácter de Fiscal Nonagésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Civil e Instrucciones Familiares, a los fines de notificar el cumplimiento de lo requerido en su diligencia de fecha 17 de junio de 2015.
En fecha 5 de agosto de 2015, el funcionario de alguacilazgo correspondiente, consignó la boleta debidamente firmada recibida.
En fecha 22 de septiembre de 2015, luego de verificarse las gestiones tendientes a la notificación de la Fiscalía del Ministerio Público, compareció la abogada Ynes Díaz Orellana, en su carácter de Fiscal Nonagésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Civil e Instrucciones Familiares, y manifestó que nada tiene que objetar en la presente solicitud.
Por lo tanto, siendo la oportunidad para decidir, el Tribunal lo hace sobre la base de las siguientes consideraciones:
II
La lectura del escrito libelar patentiza, que los solicitantes fundamentaron su petición en las siguientes argumentaciones:
Aducen, que contrajeron Matrimonio Civil en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, en fecha 22 de junio de 1990, según consta de acta de matrimonio la cual acompañan a los autos a los fines legales consiguientes.
Expresan, que de dicha unión matrimonial no procrearon hijos, ni adquirieron bienes; asimismo, fijaron su último domicilio conyugal en la Avenida Principal de Calle Alta Vista, Calle Real con Calle Estadio, Edificio Ávila, piso 2, apartamento No. 6, Municipio Libertador del Distrito Capital.
Alegan, que su vida conyugal fue interrumpida el 20 del mes de agosto de 2007, y hasta la fecha no la han reanudado, razón por la cual han decidido divorciarse por la ruptura prolongada de la vida en común.
En este sentido, cabe considerar el precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del siguiente tenor:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”.
La inteligencia de la referida norma jurídica pone de manifiesto, que para la declaratoria del divorció basada en la ruptura prolongada de la vida en común, el legislador patrio ha establecido un elenco de requisitos, entre ellos, la demostración de la existencia del vinculo conyugal cuya disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente, que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de divorcio.
Por otra parte, el profesor Dr. Raúl Sojo Bianco en su obra “Apuntes de Derecho de Familia, Caracas, 1985, p.p. 166-173, sostiene que “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”. Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no se exige prueba alguna…”.
En efecto, “el divorcio quoad vinculum es una institución de carácter absolutamente excepcional (…) contiene dos tendencias fundamentales de cómo se debe entender esa característica de institución, siendo una, la tendencia del divorcio-remedio: De acuerdo con esta, la disolución del matrimonio en vida de los cónyuges se explica en base a la necesidad de liberar a los esposos de un vinculo que, de hecho, ya no tiene sentido o resulta intolerable, independientemente de que esa situación pueda o no imputarse a alguna de las partes”. (Francisco López Herrera. Derecho de Familia. Tomo II, pp. 180-181-182).
Para este Tribunal, la tendencia del Código Civil venezolano corresponde a esa orientación, del divorcio-remedio. Sobre este particular, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que “el antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general”.
Dicho esto, en el caso concreto de autos, luego de revisadas las actas procesales que integran el expediente, observa el Tribunal que están satisfechas todas las formalidades previstas en el artículo 185-A del Código Civil para declarar el divorcio solicitado; en efecto, por una parte, los ciudadanos Andrés Daniel Barrera Quiroz y Rosa Elizabeth Morales de Barrera, cónyuges entre sí, contrajeron matrimonio civil en fecha 22 de junio de 1990, tal y como consta en el acta de la partida de matrimonio que en copia certificada acompañaron a los autos; asimismo, alegaron estar separados de hecho en forma ininterrumpida desde hace aproximadamente siete (7) años, y por otra parte, la representación fiscal no objetó la solicitud de divorcio presentada por los referidos ciudadanos; así se establece.
III
En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar el divorcio solicitado por los ciudadanos Andrés Daniel Barrera Quiroz y Rosa Elizabeth Morales de Barrera, plenamente identificados en autos; por consiguiente disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos en fecha 22 de junio de 1990, ante la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, tal y como consta en el acta de la partida de matrimonio, debidamente apostillada ante el Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 14 de mayo 2015.
Ofíciese a las autoridades correspondientes, a los fines legales consiguientes.
Liquídese la comunidad de gananciales.
Regístrese y publíquese la presente decisión, dejándose en el Tribunal copia certificada de la misma, a los fines del libro copiador llevado al efecto.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 25 días del mes de septiembre de 2015. Años: 205° años de la Independencia y 156° años de la Federación.
El Juez
Abg. Richard Rodríguez Blaise
La Secretaria
Abg. Damaris Ivone García
En esta misma fecha, siendo las 11:23 A.M. se registró y publicó la presente decisión.
La Secretaria
Abg. Damaris Ivone García
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