REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 11 de abril de 2016 205º y 157º ASUNTO: AP11-V-2016-000453 PARTE DEMANDANTE: Ciudadana SASHA KATERINE GUZMAN DIAZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-23.614.829. ABOGADO ASISTENTE: Ciudadana YELITZA ROJAS, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 156.704. MOTIVO: Acción Merodeclarativa de Concubinato I Se inicia el presente procedimiento por escrito presentado para su distribución, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 04 de Abril de 2016, por la ciudadana SASHA GUZMAN, debidamente asistida por la abogada YELITZA ROJAS, mediante el cual solicita según los requerimientos establecido en el articulo 767 del Código Civil Vigente, que se declare que existió una comunidad concubinaria entre el hoy de cujus JOSE ALONSO MILLA MESIA y la ciudadana antes mencionada En este sentido, estando en la oportunidad correspondiente, para proceder a la admisión o no de la demanda, este Tribunal pasa a pronunciarse de la siguiente manera: Alega la solicitante que en el año 2011, inició una unión concubinaria con JOSE ALONSO MILLA MESIA, titular de la cedula de Identidad Nº V-16.023.470, que mantuvieron en forman ininterrumpida, pública y notoria, entre familiares, relaciones sociales vecinos del lugar donde les tocó vivir en todos esos años y en donde hicieron juntos un capital a través de sus esfuerzo en común, donde ella contribuyó a la formación del patrimonio que se obtuvo con el aporte de su propio trabajo, y el cuido esmerado que siempre le dio a su amado compañero, que les permitió comprarse tres (03) motos: según consta de documentos que acompañó marcados con letra “A”, “B” y ”C”. Posteriormente el concubino falleció el día 04 de Enero de 2016, según consta en del acta de defunción que acompañó marcada “D”. Que consigna justificativo de testigos y Registro de Información Fiscal, entre otros, con la finalidad de demostrar la vida en común con el fallecido ciudadano y el socorro mutuo, ayuda económica reiterada y vida social conjunta, y solicita que se declare oficialmente que existió una comunidad concubinaria entre el hoy fallecido y la prenombrada ciudadana. II En este sentido, sin entrar a analizar la procedencia de fondo de esta demanda, debe el Tribunal efectuar ciertas consideraciones como puntos de mero derecho, obstan la proponibilidad de la presente solicitud: Advierte este Juzgador que el contenido del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, es del tenor siguiente: “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica…”. De la norma parcialmente transcrita ut supra se desprende que la misma está referida a la necesidad del proceso como único medio para obtener la garantía jurisdiccional del Estado, el reconocimiento o satisfacción de un derecho que no ha sido reconocido o satisfecho por el titular de la obligación jurídica. La doctrina ha distinguido la existencia de tres (3) tipos de interés procesal: el que deviene del incumplimiento de una obligación, de la ley y de la falta de certeza. El interés procesal que deviene de la falta de certeza, corresponde a los procesos merodeclarativos, en virtud de una situación de incertidumbre, por ausencia o deficiencia del título, que autoriza la intervención en vía preventiva para crear certeza oficial que aleje el peligro de la trasgresión posible en el futuro. De lo anterior se deriva que la doctrina reconoce la existencia de la acción de declaración como medio general de actuación de la Ley, no sólo en aquellos casos regulados por diversos instrumentos legislativos, sino también en aquellos que carecen de regulación expresa. De la lectura efectuada al escrito libelar se evidencia que la ciudadana SASHA GUZMAN, pretende se declare que existió una relación concubinaria entre su persona y el de cujus JOSE ALONSO MILLA MESIA, fundamentando su pedimento en los artículos 77 de la Constitución de la República y 767 del Código Civil. La declaración de existencia de un concubinato corresponde sustanciarse bajo la acción merodeclarativa, procedimiento constitutivo requerido en virtud de la ausencia de un título. Como en todo juicio, en el escrito de interposición de la pretensión (libelo de la demanda) ha de indicarse contra quien obra la misma, es decir, los demandados, y una vez admitida la querella, se emplaza a los mismos para contestar la demanda. En el caso de marras, del escrito presentado para iniciar el proceso se desprende que se entiende éste como el de una solicitud, siendo lo correcto demandar a los herederos conocidos y desconocidos del de cujus ciudadano JOSE ALONSO MILLA MESIA, para el reconocimiento de la unión de hecho existente entre ella y el prenombrado ciudadano, debiendo llamarse los mismos a juicio. Debido al carácter de eminente orden público que envuelve el trámite de demandas relativas al estado civil de las personas, su sustanciación y sentencia, debe cumplir para poder materializarse, con el procedimiento que la Ley ha establecido especialmente para ello, sin que en ningún caso pueda ser suplido por la recurrencia a otras vías. Por ese motivo, se aclara que el procedimiento seguido cuando de una demanda se trata, a pesar de demandar a todas aquellas personas que pudiesen ver afectados sus derechos, no encuentra aplicación si la pretensión versa sobre el reconocimiento formal de la existencia de una unión de hecho. Ahora bien, la doctrina establecida por el Máximo Tribunal de la República, ha sentado que el ejercicio de la acción se encuentra condicionado por ciertas y determinadas circunstancias, cuya ausencia pueden determinar la inadmisión de la reclamación intentada por el demandante, así lo dejó sentado en sentencia Nº 776 de fecha 18-05-2001 emanada en Sala Constitucional, en la cual se instituyó: “La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho. En sentido general, la acción es inadmisible: 1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil . 2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado). 3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso (…) Consecuencia de lo anterior, es que quien demanda (reconociendo la Sala que el escrito de demanda es una vía para ejercer el derecho de acción, pero que con ella no se confunde), utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, carece de acción (…) Tratándose la acción de un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción, su falta o su inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en casación…”. (Subrayado del Tribunal). En el caso sub examine nos encontramos en presencia del tercero de los supuestos de inadmisibilidad de la acción, es decir, por la prohibición de admitir la acción propuesta toda vez que no satisface los requisitos exigidos por la legislación y los principios generales del derecho procesal, lo cual hace ab initio y sin ningún género de dudas, inadmisible la acción impetrada. Dilucidado entonces que la presente acción se hace inviable en virtud de las reflexiones explanadas con antelación, lo ajustado a derecho es que este sentenciador, en aplicación de la doctrina asentada por nuestro Máximo Tribunal que permite pronunciar la declaratoria de inadmisión de la acción en cualquier estado y grado de la causa, por su carácter de eminente orden público, declare de igual forma la inadmisibilidad de esta demanda, y así será decidido. III Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la presente solicitud de Acción Merodeclarativa presentada por la ciudadana SASHA KATERINE GUZMAN DIAZ. Así se decide. No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de este fallo.- Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, Once (11) de Abril de Dos Mil Dieciséis (2016). Año 205º y 157º.- EL JUEZ, DR. JUAN CARLOS VARELA RAMOS. LA SECRETARIA Abg. AURORA MONTERO B. En la misma fecha, siendo las 10:38 a.m., se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.- LA SECRETARIA Abg. AURORA MONTERO B.