TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 04 de agosto de 2016.
206º y 157º

ASUNTO: Nº: AH15-X-2016-000033.
Que con motivo al juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD, incoado por los ciudadanos OSCAR ARMANDO MARTINEZ TIRADO y PABLO ARTURO MARTINEZ TIRADO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-20.446.737 y V-25.244.550, respectivamente, contra los ciudadanos MAYRA ALEJANDRA MARTÍNEZ SPENCER, NELLA TIBISAY MARTÍNEZ SPENCER, LEONARDO MARTÍNEZ SPENCER y ARTURO JOSÉ MARTINEZ SPENCER, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-11.736.588, V-5.299.104, V-6.557.981 y V-5.309.506, la apoderada judicial de la parte actora en su escrito libelar solicitó se decrete medida de prohibición de enajenar y gravar del Inmueble distinguido como una casa Quinta “La Martinera”, ubicada en Calle Venus, urbanización Santa Paula, El Cafetal, Municipio Baruta Estado Miranda.
Las medidas cautelares son por antonomasia manifestación del derecho que tiene todo ciudadano a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses. Al respecto el autor español Jesús González Pérez en su obra “El Derecho a la Tutela Jurisdiccional” (Editorial Civitas, 3ra. Edición, Madrid, 2001, pág. 369) enseña que “la tutela jurisdiccional no será efectiva si, al pronunciarse la sentencia, resulta difícil o prácticamente imposible la satisfacción de la pretensión”.
En igual sentido el autor Joan Picó I Junoy (“Las Garantías Constitucionales del Proceso”, J.M. Bosch Editores, Barcelona, 1997, pág.73) señala que “la tutela judicial –nos indica el T.C.- no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la futura resolución definitiva que recaiga en el proceso. Por ello el legislador no puede eliminar de manera absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de la sentencia, pues así vendría a privarle a los justiciables de una garantía que se configura como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva”.
En nuestro país la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 26 que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, y a obtener una tutela efectiva de los mismos. Dicha norma se erige como el fundamento constitucional del sistema cautelar en nuestro ordenamiento jurídico, que establece en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, las condiciones o requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares.
Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, observa este sentenciador que los demandantes solicitan al Tribunal se decrete Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el Inmueble distinguido como Casa Quinta La Martinera, ubicada en Calle Venus, urbanización Santa Paula, El Cafetal, Municipio Baruta Estado Miranda, de la cual los ciudadanos MAYRA ALEJANDRA MARTÍNEZ SPENCER, NELLA TIBISAY MARTÍNEZ SPENCER, LEONARDO MARTÍNEZ SPENCER y ARTURO JOSÉ MARTINEZ SPENCER, han mantenido la posesión de facto del bien, adueñándose del inmueble que conforma el acervo hereditario, negándose a proceder al reparto del precio, de manera amistosa.
Así las cosas, este Tribunal considera pertinente traer a colación el texto del artículo 585, y el parágrafo primero del artículo 588 en concordancia con el artículo 779 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Artículo 585, las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez, cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.

“Artículo 588, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas”:

1º El embargo de bienes muebles.
2º El secuestro de bienes determinados.
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes muebles.

“Parágrafo Primero: además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado tenor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”.

“Artículo 779, En cualquier estado de la causa podrán las partes solicitar cualquiera de las medidas preventivas a que se refiere el Libro Tercero de este Código, incluyendo la medida de secuestro establecida en el artículo 599. El depositario podrá ser nombrado por mayoría por los interesados, y a falta de acuerdo lo hará el Tribunal”.

La norma anteriormente transcrita establece fundamentalmente que deben decretarse las medidas preventivas correspondientes, cuando existe riesgo de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo, en virtud de conductas ciertas asumidas por la parte contra quien obra la medida, las cuales deben acreditarse en el proceso (periculum in mora), y por otro lado que el sentenciador de la causa debe, al momento de estudiar la procedibilidad de la medida cautelar, hacer una especie de apreciación, no solo de la veracidad del derecho que se reclama, sino una valoración aproximativa y probable de que el derecho subjetivo material reclamado por el solicitante de la medida, tiene ciertamente reales expectativas de ser reconocido por el fallo definitivo, cuya ejecución pretende el solicitante de la medida se le resguarde (fumus boni iuris).
En el caso de autos, observa este sentenciador que de la revisión de los documentos aportados por la parte actora junto con su escrito libelar, y luego de realizado el correspondiente juicio de verosimilitud del derecho alegado por la parte actora, considera este sentenciador que los demandantes han demostrado ser titulares de derechos de posible reconocimiento en la sentencia definitiva que ha de recaer en el proceso, acreditándose de esa forma la presunción de buen derecho exigida por la norma adjetiva.
En este sentido, el Tribunal considera que siendo el proceso un mecanismo para el alcance de la Justicia y que el principio constitucional de la tutela judicial efectiva obliga a los jueces a concretizar en cada caso particular los valores en que se fundamenta la actuación de la vida Republicana, ex artículo 2 de la Constitución de la República, y por cuanto las medidas cautelares son expresión directa de aquel principio, no cabe duda que en el presente caso al haberse comprobado la materialización de los requisitos exigidos por el citado artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal debe declarar procedente la solicitud de decreto cautelar interpuesta por la parte actora y así se decide.-
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado actuando con base a las facultades cautelares concedidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código de Procedimiento Civil, según los artículos 585 y 588, del mencionado texto legal, declara procedente en derecho y con base a estas argumentaciones, la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte actora y en consecuencia de ello decide lo siguiente:
PRIMERO: Se decreta medida cautelar de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre la siguiente bien inmueble:
“Una Casa Quinta denominada “LA MARTINERA”, y la parcela de terreno sobre la cual esta construida con el N° 282, ubicada en la calle Venus, en el sector “G” de la urbanización Santa Paula, en la jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, con una superficie de Seiscientos Treinta y Ocho Metros Cuadrados con ochenta y Dos Decímetros Cuadrados (638,82 Mts) y está alinderada así: NORTE: En Diez y Ocho Metros con Tres Centímetros (18,03 Mts) con zona verde; SUR: Diez y Ocho Metros (18 Mts) con calle Venus; ESTE: En Treinta y Cinco Metros con Treinta Centímetros (35,30 Mts) con la Parcela N° 281; y OESTE: En Treinta y Cinco Metros con Sesenta y Ocho Centímetros (35,68 Mts) con la Parcela N° 283, cuyo bien inmobiliario lo adquirió la causante por adjudicación del 100% de la liquidación de comunidad conyugal con el ciudadano OSCAR MARTÍNEZ GONZALEZ, Registrada por ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, en fecha 27 de junio de 1.997, bajo el N° 35, Tomo 55, Protocolo Primero, Trimestre 2do, y bajo el N° 27, Tomo 3, Protocolo Segundo”.

SEGUNDO: Se ordena librar oficio de participación al REGISTRO PÚBLICO DEL PRIMER CIRCUITO DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA.

Dado, firmado y sellado en la Sala del Despacho, del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los cuatro (04) día del mes de agosto el año dos mil dieciséis (2016). AÑOS: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.-

EL JUEZ,

MAURO JOSÉ GUERRA

LA SECRETARIA,

ENDRINA OVALLE ACANTO.

AH15-X-2016-000033.
MJG/EOO/FranciaV.-