TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 16 de diciembre de 2016
206º y 157º
ASUNTO: AH1B-X-2016-000054

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano JESUS ABEL BALLARALES BUITRIAGO, venezolano mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 3.795.345, quien actúa en su propio nombre y en representación de sus hijos ciudadanos MARITZANELLY BALLARALES GUEVARA, MARÍA LETICIA BALLARALES GUEVARA y JESÚS OSWALDO BALLARALES GUEVARA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad número 14.178.284, 13.485.032, 17.945.225 y 25.422.275, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: IRVING JOSÉ MAURELL GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL GALÍNDEZ GONZALEZ, JUAN JOSÉ SUÁREZS MUÑOZ, WILFREDO JOSÉ MAURELL GONZÁLEZ y CARLOS MIGUEL MUÑOZ RUIZ, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 83.025, 90.759, 90.704, 111.531 y 252.757, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Ciudadanos CECILIA COROMOTO GUEVARA DE BALLARALES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad número Nº V-4.431.783.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado Judicial Constituido.
MOTIVO: NULIDAD TESTAMENTARIA
-I-
A los fines de proveer lo conducente respecto a la Medida de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR que fue solicitada en el escrito libelar y ratificada mediante diligencia de fecha 15 de Diciembre de 2016, suscrita por el abogado MIGUEL ÁNGEL GALINDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 90.759, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadanos JESUS ABEL BALLARALES BUITRIAGO, MARITZANELLY BALLARALES GUEVARA, MARÍA LETICIA BALLARALES GUEVARA y JESÚS OSWALDO BALLARALES GUEVARA, sobre el Cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad de una parcela de terreno y la casa sobre ella construida, destinada a vivienda familiar, situada en la Calle Península de Paraguaná, marcada con el Nº 707 del plano definitivo del parcelamiento de la Urbanización Cumbres de Curumo, Municipio Baruta del Estado Miranda, el cual tiene una superficie de un mil trescientos cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y ocho centímetros (1.352,98 m2).
Ahora bien, éste Juzgador ante de pronunciarse respecto a la procedencia o no de las referidas medidas, pasa a efectuar las siguientes consideraciones:
Fue admitida la presente demanda de NULIDAD TESTAMENTARIA presentada por los abogados IRVING JOSÉ MAURELL GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL GALÍNDEZ GONZALEZ y CARLOS MUÑOZ RUIZ en su condición de Apoderados Judiciales del ciudadano JESUS ABEL BALLARALES BUITRIAGO, quien actúa en su propio nombre y en representación de sus hijos ciudadanos MARITZANELLY BALLARALES GUEVARA, MARÍA LETICIA BALLARALES GUEVARA y JESÚS OSWALDO BALLARALES GUEVARA, tal y como se evidencia del auto de admisión dictado el día 14 de Diciembre de 2016, acompañando la parte actora junto con su escrito libela, los siguientes documentos:
• Documento poder debidamente Autenticado por ante la Notaría Pública de Araure Estado Portuguesa, otorgado por el ciudadano JESUS ABEL BALLARALES BUITRIAGO, quien actúa en su propio nombre y en representación de sus hijos ciudadanos MARITZANELLY BALLARALES GUEVARA, MARÍA LETICIA BALLARALES GUEVARA y JESÚS OSWALDO BALLARALES GUEVARA a los abogados IRVING JOSÉ MAURELL GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL GALÍNDEZ GONZALEZ, JUAN JOSÉ SUÁREZS MUÑOZ, WILFREDO JOSÉ MAURELL GONZÁLEZ y CARLOS MIGUEL MUÑOZ RUIZ

• Poder general de administración y Disposición, debidamente Autenticado por ante la Notaría Pública de Araure Estado Portuguesa, otorgado por los ciudadanos MARITZANELLY BALLARALES GUEVARA, MARÍA LETICIA BALLARALES GUEVARA y JESÚS OSWALDO BALLARALES GUEVARA al ciudadano JESUS ABEL BALLARALES BUITRIAGO.

• Testamento otorgado por la ciudadana PILAR DOLORES MUJICA DE GUEVARA a las ciudadanas MIREYA GUEVARA DE GESSEN y CECILIA COROMOTO GUEVARA DE BALLARALES, el cual se encuentra debidamente apostillado.

• Copia certificada del acta de nacimiento de la ciudadana CECILIA COROMOTO.

• Copia certificada del acta de defunción del ciudadano OSWALDO GUEVARA MUJICA, titular de la Cédula de Identidad 3.213.334.

• Documento mediante el cual las ciudadanas GRACIELA GUEVARA MUJICA, MIREYA GUEVARA DE GESSEN, CECILIA GUEVARA DE BALLARALES, renunciamos a favor de su madre PILAR DOLORES MUJICA DE GUEVAR, a todos los derechos sucesorales que les corresponda a les pueda corresponder como herederas legítimas de su finado padre OSWALDO GUEVARA MUJICA.

• Copia certificada del acta de defunción de la ciudadana GRACIELA GUEVARA MUJICA.

• Copia simple de la declaración sucesoral de la ciudadana GRACIELA GUEVARA MUJICA.

• Copia certificada del Acta de defunción de la ciudadana PILAR DOLORES MUJICA DE GUEVARA.

• Copia simple de la declaración sucesoral de la ciudadana PILAR DOLORES MUJICA DE GUEVARA.

• Acta de defunción de la ciudadana CECILIA GUEVARA DE BALLARALES

• Copia certificada del acta de matrimonio de los ciudadanos JESUS ABEL BALLARALES BUITRIAGO y CECILIA COROMOTO GUEVARA MUJICA.

• Copias certificadas de las actas de nacimiento de los ciudadanos Oswado José, Maritzanelly, maria Leticia y Jesús Oswaldo.

• Copia simple de la planilla de Impuestos sobre sucesiones de los causantes GUEVARA DE BALLARALES y CECILIA COROMOTO.

• Copia certificada del documento de propiedad de una parcela de terreno y la casa sobre ella construida, destinada a vivienda familiar, situada en la Calle Península de Paraguaná, marcada con el Nº 707 del plano definitivo del parcelamiento de la Urbanización Cumbres de Curumo, Municipio Baruta del Estado Miranda, el cual tiene una superficie de un mil trescientos cincuenta y dos metros cuadrados con noventa y ocho centímetros (1.352,98 m2).

Ahora bien, los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, establecen lo siguiente:
Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
PARÁGRAFO PRIMERO: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los Artículos 602, 603 y 604 de este Código.
PARÁGRAFO TERCERO: El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el Artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del Artículo 589”.

En consecuencia, las medidas cautelares por excelencia persiguen la anticipación de los efectos de una providencia principal; ellas están destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio futuro y eventual al cual están preordenados sus efectos. Así se evita que la parte perdidosa haga nugatorio el triunfo del adversario, el cual podría encontrarse con la situación de que su victoria en la litis no tendría sobre que materializarse, quedándole solo una sentencia a su favor pero ningún bien del perdidoso del cual cobrarse para hacer efectiva su pretensión, bien sea porque este se insolventó real o fraudulentamente, o porque de una u otra manera ha ocultado sus bienes para eludir su responsabilidad procesal.
Así las cosas a la luz de lo preceptuado en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, antes trascrito, la procedibilidad de las medidas preventivas depende de la concurrencia de dos condiciones a saber:
1. El periculum in mora; o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. A este respecto, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece “…cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia…”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
2. El fumus boni iuris; o la presunción grave del derecho que se reclama. También es conocida como la “Apariencia del Buen Derecho”, constituye un juicio preliminar que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene visos de que efectivamente lo es. Este surge como la necesidad, la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida. El eximio profesor italiano Piero Calamendrei, afirma que en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, es decir, basta que según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar.
Al respecto de lo anterior, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 21 de junio de 2005, caso: Operadora Colona C.A., c/ José Lino De Andrade y otra, estableció lo siguiente:
“...El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, denunciado como infringido, señala lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber:
1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); y,
2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”).
Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
En relación con el periculum in mora, Piero Calamandrei sostiene lo siguiente: ...En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos puedan asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho.-
Las condiciones de la providencia cautelar podrían, pues, considerarse estas dos:
1ª la existencia de un derecho;
2ª el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho. ...II) Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro, el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir, dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal, la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo.
Sin embargo, como también una cognición completa y a fondo sobre el punto exclusivo del peligro podría exigir una dilación incompatible con la urgencia de la providencia, la declaración de certeza del peligro puede obtenerse de diversas maneras, correspondientes a las especiales finalidades asegurativas a que cada tipo de medida cautelar debe servir.
a) En ciertos casos la declaración de certeza del peligro se realiza de un modo pleno y profundo, antes de la concesión de la medida cautelar: piénsese, por ejemplo, en el secuestro judicial previsto por el artículo 921 del Cód. (sic) de Proc. (sic) Civ., (sic) cuando, según nos enseña la jurisprudencia dominante, se solicita mediante citación en las formas del proceso ordinario; o también en el secuestro conservativo, en los casos en que el interesado, en lugar de utilizar el procedimiento especial del recurso, prefiera, y no está prohibido, pedirlo mediante citación.
Aquí la concesión de la providencia cautelar se basa siempre en un juicio de probabilidades, por lo que se refiere a la existencia del derecho, pero en cuanto a la existencia del peligro, y en general a la existencia de todas las circunstancias que pueden servir para establecer la conveniencia de la cautela pedida, está basada sobre un juicio de verdad...
b) Otras veces, la declaración de la certeza del peligro se realiza, dentro del procedimiento cautelar, en dos tiempos: conocimiento sumario en el primer tiempo, ordinario en el segundo...
c) Finalmente, hay casos en los que, aún cuando la cognición sobre la acción cautelar tenga lugar en vía sumaria, no va seguida de una fase ulterior, en la que, antes e independientemente de la emanación de la providencia principal, se vuelve a examinar con cognición a fondo la existencia de los extremos de la medida cautelar...”. (Providencia Cautelares, Buenos Aires, 1984, págs. 78-81). (Negritas de).
De igual forma, el autor Rafael Ortiz -Ortiz expresa: “...Doctrinariamente, tal vez, esto es a los efectos de la comunidad científica, podemos definir este requisito de la siguiente manera: Es la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar una daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico. Este peligro –que bien puede denominarse peligro de infructuosidad del fallo- no se presume sino que debe manifestarse de manera probable o potencial, además de ser cierto y serio; en otras palabras, el Periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave, constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio...”. (El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas, Caracas-2002, págs. 283 y 284).
Por su parte, el autor Ricardo Henríquez señala: “…Fumus Periculum in mora.- La otra condición de procedibilidad inserida en este articulo bajo comento –sea, el peligro en el retardo- concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia... El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas- 1995, págs. 299 y 300).
La Sala acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, y en consecuencia considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio. De esta forma, el juez puede establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad…”.

A mayor abundamiento, nuestro máximo Tribunal de Justicia, mediante sentencia de fecha 17 de Abril de 2001, estableció lo siguiente:
“…Uno de los derechos más importantes y fundamentales en todo Estado de Derecho, es el derecho a la tutela judicial efectiva, que está conformado por otros derechos, como lo son: el derecho a tener acceso a la justicia, el derecho a intentar todas las acciones y recursos procedentes en vía judicial, el derecho a la tutela judicial cautelar y el derecho a la ejecución del fallo.
En efecto, las Medidas Cautelares son parte esencial de este derecho y del derecho a la defensa, teniendo su base en la propia función del Juez de juzgar y ejecutar lo juzgado y pueden ser utilizadas, siempre que cumplan los dos requisitos esenciales del periculum in mora y del fumus boni iuris, de la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que decida sobre el fondo de la controversia.…” (Sic.) (www.tsj.gov.ve TSJ-SPA, Sent. No. 662 del 17-4-2001).

En consecuencia, quien se pronuncia puede afirmar que, el poder cautelar es una función de los órganos jurisdiccionales tendiente a que si una de las partes en un determinado juicio solicita el decreto de una medida cautelar, el juez previo examen de la concurrencia de los requisitos de ley, puede decretarlo para evitar una situación de daño o de peligro, y a la par obrar según su prudente arbitrio, vale decir, el juez es soberano y tiene amplias facultades cuando están llenos los extremos legales para decretar las medidas que soliciten las partes.
De lo anterior narrado se colige, que el poder cautelar debe ejercerlo el juez dentro de los parámetros contenidos en el ordenamiento jurídico procesal, respetando las características intrínsecas de las medidas cautelares, entre ellas, la instrumentalidad y la provisoriedad o interinidad. Estas características, señaladas por la jurisprudencia patria, a través de la Sala Constitucional, en sentencia de fecha 03 de abril de 2003, nos conducen a determinar que los efectos que produce el decreto y la ejecución de una medida cautelar no son cosa juzgada material y el decretarla o negarla no conlleva un prejuzgamiento del juez, sino más bien, a la observación de los requisitos que prevé la ley para decretar las medidas que le fueran requeridas.
En tal sentido, refiriéndonos al caso que nos ocupa, es de observar en primer lugar que se trata de una acción de NULIDAD TESTAMENTARIA sigue el ciudadano JESUS ABEL BALLARALES BUITRIAGO quien actúa en su propio nombre y en representación de sus hijos ciudadanos MARITZANELLY BALLARALES GUEVARA, MARÍA LETICIA BALLARALES GUEVARA y JESÚS OSWALDO BALLARALES GUEVARA contra la ciudadano MIREYA GUEVARA DE GESSEN, que persigue la Nulidad parcial del testamento contenido en el documento que fue protocolizado por ante el Registro público del Primer Circuito del Municipio Bauta del Estado Miranda, en fecha 13 de Febrero de 2009, bajo el número 28, folio 209 del Tomo 19 del Protocolo del Transcripción, el cual fue consignado en copia certificada debidamente apostillada.
Ahora bien, como se mencionó anteriormente en materia de medidas preventivas la discrecionalidad del juez no es absoluta, sino que es menester el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y que se haya acompañado el medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Además el juez debe limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio.
Establecido lo ut supra narrado, quien se pronuncia observa que, para que proceda el decreto de la medida, no solo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse, si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario, se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, en consecuencia, en caso que nos ocupa, sin que ello implique valorar las pruebas aportadas por la parte demandante junto con el libelo de demanda, por cuanto seria emitir opinión anticipada al fondo de lo controvertido, es criterio de éste Juzgador considerar que el solicitante de la medida, aportó un medio de prueba veraz y suficiente, que conforme a lo alegado en su escrito de demanda, hace deducir a quien emite pronunciamiento que, existe una presunción grave de tal circunstancia, por lo que a criterio de éste Juzgador, los requisitos de lo establecido en el artículo 585 ejusdem, referente al Periculum In Mora y al Fomus Boni Iuris, se encuentran debidamente probados y procedentes. Y así se Establece.
Por los fundamentos antes expuestos, éste Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y en el artículo 588 ordinal 3° Ejusdem, y en el ejercicio de la potestad cautelar que le reconoce nuestro Código Adjetivo Civil vigente, le resulta forzoso decretar MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el siguiente bien inmueble:
“El 50% de los derechos de propiedad de una parcela de terreno y la casa sobre ella construida, situado en la Calle Península de Paraguaná, marcada con el Nº 707 del plano definitivo del parcelamiento de la Urbanización Cumbres de Curumo, Municipio Baruta del Estado Miranda, el cual tiene una superficie de UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y OCHO CENTÍMETROS (1.352,98 m2), comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: En diciocho metros con sesenta y tres centímetros (18,63 Mts), con la calle intervecinal Colinas de Santa Mónica -Cumbres de Curumo. SUR: en Treinta y Un metros con Veinte centímetros (31,20 mts), con la calle Península de Paraguaná; ESTE: En sesenta metros con setenta centímetros (60,70 mts), con la parcela número setecientos seis (706); y OESTE; En cincuenta metros con ochenta y siete centímetros (50,87 mts), con la parcela número setecientos ocho (708). El referido inmueble le pertenece al ciudadano OSWALDO GUEVARA MUJÍCA, quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, casad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº 321.334, según documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 05 de Septiembre de 1961, bajo el nº 21, Tomo 17, Protocolo Primero.
A los fines de la práctica de la presente medida, éste Tribunal acuerda librar oficio dirigido al Registrador de la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, a los fines de que estampe la respectiva nota marginal y se de cumplimiento a la medida antes decretada, de conformidad con lo establecido en el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 11º de 1era Inst. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 16 de diciembre de 2016. 206º y 157º.
El Juez,

Abg. Maritza Betancourt Morales
La Secretaria

Abg. Isbel Quintero
En esta misma fecha, siendo las 12:45 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria

Abg. Isbel Quintero

Asunto: AH1B-X-2016-000054