REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Trigésimo Noveno de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, doce (12) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
205° y 156°
N° DE EXPEDIENTE: AP21-S-2016 -001333
PARTE OFERENTE: GRUPO 4GD C.A
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE OFERENTE: Armando José Sánchez Rios, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 70.604.
PARTE OFERIDA: JOSE SUAREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad número 3.811.576.
ABOGADO ASISTENTE DE LAS PARTE OFERIDA: Leonardo Hernandez, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 76.984.
SOLICITUD: HOMOLOGACIÒN DE TRANSACCIÒN.
Visto el escrito transaccional de fecha 08 de diciembre de 2016, presentado por el ciudadano Armando José Sánchez Ríos, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 70.604, en su carácter de apoderado judicial de la parte oferente GRUPO 4GD C.A, por una parte; y por la otra, el oferido el ciudadano JOSE SUAREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad número 3.811.576, asistido por el ciudadano Leonardo Hernández, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 76.984, este Tribunal a los efectos de emitir su pronunciamiento, en relación a la procedencia de la homologación de la transacción consignada por las partes, observa lo siguiente:
Como punto previo no se puede consignar ninguna actuación y mucho menos una transacción sin que el proceso de oferta real de pago se encuentre admitido, es decir, cualquier solicitud que se haga con anterioridad a la admisión de una demanda es nula, y mucho mas como pretender terminar un proceso a traves de una transacción si el proceso aun no ha comenzado, ya que el mismo se inicia procesalmente hablando a través del auto de admisión de la demanda.
En primer lugar, no se observa del escrito de solicitud de oferta real de pago realizado por la parte oferente GRUPO 4GD C.A, que el acreedor, es decir, el trabajador JOSE SUAREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad número 3.811.576, se niegue a recibir el pago; o que se encuentre ausente; o tenga un paradero desconocido; lo cual constituye un requisito de admisibilidad de la oferta real de pago, y que en el presente caso, no se esta cumpliendo, por lo cual, debe concluirse que la presente oferta real de pago, debe ser declarada improcedente, a tenor de lo previsto en el articulo 1306 del Código Civil, y por ende, la transacción consignada en la misma no debería tener ningún efecto jurídico. Así se declara.
En otro orden de ideas, vale la pena resaltar que la posibilidad de realizar transacciones en materia laboral ha sido objeto de discusiones por el aspecto social del derecho del trabajo. Tanto es así, que en algunas legislaciones no es permisible las transacciones al considerarse que los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras se estaría lesionando o vulnerando, si se renuncia aquello que les pertenece, y por tanto, pudiera afectarse el orden público que caracteriza e impregna la materia laboral tanto en su parte sustantiva como en su parte adjetiva. La transacción en materia laboral presupone en principio que deben producirse renuncias reciprocas para que puedan materializarse, y que el patrono debe ceder en algunas oportunidades antes las exigencias del trabajador.
En nuestra legislación se admite la posibilidad de que el trabajador y el patrono realicen transacciones en materia laboral siempre y cuando, las mismas cumplan con los requisitos previstos en los artículos 89 y 92 constitucional, en concordancia con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores, y los artículos 10 y 11 de su Reglamento, en armonía con el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Por otra parte, es importante resaltar que los jueces se encuentran en la obligación de homologar transacciones consignadas en procedimientos de jurisdicción voluntaria, es decir, no se puede decir que son validas solamente las transacciones consignadas en procesos contenciosos, y que por ende, son las únicas que pueden ser objeto de homologación. También son validas las transacciones presentadas en procesos de jurisdicción voluntaria siempre que cumplan con los requisitos previstos para las transacciones de acuerdo a las normativas especiales de cada materia.
En este sentido, es conveniente resaltar que aunque en principio los jueces laborales solamente tienen las competencias establecidas en el articulo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se refiere a procesos contenciosos, no por ello este Juzgador se va a negar a homologar transacciones consignadas en procesos de jurisdicción graciosa, como es el caso de las ofertas reales de pago, ya que con las mismas se busca por vía excepcional la extinción del proceso o precaver uno eventual.
En este mismo orden de ideas, los medios alternativos de solución de conflictos, se encuentran previstos en el artículo 253 constitucional, y forman parte del sistema de justicia, ergo, si la normativa constitucional no limita la utilización de medios alternativos de solución de conflictos a procesos contenciosos, no lo pueden hacer leyes de rango inferior como sería la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que debe arribarse a la conclusión, de que este Juzgador, tiene competencia para homologar acuerdos transaccionales, consignados en procesos de jurisdicción graciosa, como es el caso de las ofertas reales de pago. Así se resuelve.
Ahora bien, el hecho de que puedan ser homologadas transacciones consignadas en procesos de jurisdicción voluntaria, no significa que tengan que ser obligatoriamente homologadas por el Juzgador, ya que en materia laboral las transacciones deben cumplir con ciertos y determinados requisitos para que tengan validez, a los fines de no vulnerar el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales, requisitos que se encuentran previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y de las Trabajadoras, en consonancia con los principios constitucionales que rigen la materia laboral prevista en el artículo 89 al 92 constitucional.
En consecuencia, de seguidas este Juzgador pasa analizar si la transacción consignada en autos, cumple con los requisitos previstos en el artículo ut supra señalado de la manera siguiente:
En el caso sub examine, se observa que la transacción consignada en autos y objeto del presente pronunciamiento carece de motivación y es indeterminada, ya que si bien las partes enuncian en forma general los conceptos cancelados, e igualmente señalan los montos a través de los cuales se cancelan dichos conceptos, sin embargo, no se explica en la transacción consignada por las partes, cuáles fueron los cálculos y/o operaciones aritméticas utilizadas para concluir en los resultados o montos cancelados en la transacción, en franca violación al principio constitucional de que los derechos de las trabajadores y de los trabajadoras son irrenunciables. Así se especifica.
De otra parte, la homologación de la transacción es improcedente, ya que a través del pago del monto transaccional, se pretende que las partes se otorguen un finiquito definitivo por otros conceptos laborales que no fueron cancelados, ni objeto de la presente transacción, como una especie de finiquito total, tal y como se observa de la cláusula tercera de la transacción bajo examine. En este sentido, es conveniente acotar que no existe homologación de transacciones parciales, es decir, se homologan algunas partes de la transacción y otras se declaran nulas, por lo cual nuevamente se estaría infringiendo la disposición constitucional, referente a la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Así se establece.
En este orden de ideas, adicionalmente a los argumentos esgrimidos, la parte de la transacción referida al finiquito total entre las partes, debe ser anulada, y por el principio de la indivisibilidad de la transacción la misma en su totalidad debe ser considerada como nula; ya que si alguna de la parte contentiva de una transacción resultare anulada, la totalidad de la transacción debe ser declarada nula, y así, debe decidirse.
En consecuencia, es forzoso para este Juzgador declarar SIN LUGAR LA HOMOLOGACIÓN DE LA TRANSACCIÓN, consignada en fecha 08 de diciembre de 2016, por el ciudadano Armando José Sánchez Ríos, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 70.604, en su carácter de apoderado judicial de la parte oferente GRUPO 4GD C.A, y el oferido el ciudadano JOSE SUAREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad número 3.811.576, asistido por el ciudadano Leonardo Hernandez, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 76.984.
Se deja constancia del pago realizado por la parte oferente GRUPO 4GD C.A, a la parte oferida ciudadano JOSE SUAREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad número 3.811.576, por la cantidad de ciento ochenta y nueve mil setecientos cuatro bolívares con setenta y dos céntimos (Bs 189.704,72), a través de un cheque girado contra el Banco Provincial numero 000666925
El Juez
Francisco Javier Río Barrios
La Secretaria
Suhail FLores
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