REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO CUADRAGÉSIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 8 de Enero de 2016
Año 205° y 156°


ASUNTO N°: AP21-L-2015-003866


Vista la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta en fecha 17 de Diciembre de 2015, por el ciudadano FELIPE JOSE NAVAS NARANJO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-7.433.528, contra la entidad de trabajo BARECA SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., este Tribunal observa:

Alega la parte actora, ciudadano FELIPE JOSE NAVAS NARANJO, anteriormente identificado, haber comenzado a prestar sus servicios personales en fecha 15 de Septiembre de 1998, desempeñando el cargo de GERENTE DE SUCURSAL, para la entidad de trabajo BARECA SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., bajo la supervisión u orden del ciudadano RICARDO ANGLES, con un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., devengando un salario mensual de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES CON 21/100 (Bs.54.828,21), no obstante en fecha 04 de Diciembre de 2015, fue despedido por el ciudadano RICARDO ANGLES, en su carácter de Presidente.

Ahora bien, atendiendo a la solicitud planteada, es preciso señalar que el Decreto N° 1.583 del 30 de diciembre de 2014, Gaceta Oficial Nº 6.168, Extraordinario, de la misma fecha, vigente a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, aplicable ratione temporis, establece en su artículo 5º:

“…Artículo 5°. Gozarán de la protección prevista en este Decreto, independientemente del salario que devenguen:

a) Los trabajadores y las trabajadoras a tiempo indeterminado a partir de un (1) mes al servicio de un patrono o patrona;
b) Los trabajadores y las trabajadoras contratados y contratadas por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato;
c) Los trabajadores y las trabajadoras contratados y contratadas para una obra determinada mientras no haya concluido la totalidad o parte de la misma que constituya su obligación

Quedan exceptuados del presente Decreto los trabajadores y trabajadoras que ejerzan cargos de dirección y los trabajadores y trabajadoras de temporada u ocasionales.

La estabilidad de los funcionarios y funcionarias públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública…” (Resaltados añadidos)


En tal sentido el artículo 3º del mencionado Decreto establece:

“…Artículo 3°. En caso que el trabajador o la trabajadora protegido o protegida por este Decreto sea despedido, despedida, desmejorado o desmejorada sin justa causa, trasladado o trasladada sin su consentimiento, podrá denunciar el hecho dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida, según el procedimiento establecido en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores….” (Resaltados añadidos)


En el caso de autos se evidencia que el trabajador tenía más de un (1) mes al servicio del patrono y no se especifica ni infiere que fuese un trabajador con funciones de dirección, quienes no gozan de inmovilidad a tenor de lo establecido en el señalado Decreto, ni de estabilidad a tenor de lo establecido en el artículo 87, in fine, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; así como tampoco, temporero u ocasional; ni funcionario público, en cuyo caso la competencia corresponde a los Tribunales Funcionariales. Por lo tanto, el trabajador al solicitar su calificación de despido como injustificado y que por consecuencia se ordene el reenganche y pago de salarios caídos, debe concluirse que es un trabajador amparado por la inamovilidad laboral del señalado Decreto, por lo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el fuero jurisdiccional competente corresponde a las Inspectorías del Trabajo.

En este orden de ideas, en el presente caso nos encontramos en presencia de una falta de jurisdicción, por cuanto el asunto sometido a la consideración de la Juez no corresponde en absoluto a la esfera de sus poderes y deberes en su función de administrar justicia, sino a las atribuciones de otros órganos del poder público, como lo son los órganos administrativos conformados por las Inspectorías del Trabajo.

Por las consideraciones expuestas este Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN en el presente asunto y ordena la remisión del expediente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para que conozca de la consulta obligatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZ,


SADY CARDONA MORENO

EL SECRETARIO,

JIMMY PEREZ GARCIA