TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial con Competencia en DVM. Tribunal de primera Instancia en Función de Control

Caracas, 21 de enero de 2016
205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL: AP01-S-2015-003707
ASUNTO: AP01-S-2015-003707

JUEZA : LUZ MARINA ZERPA
SECRETARIO : MARIA EUGENIA LUGO

IDENTIFICACIÒN DE LAS PARTES

IMPUTADO: EDINSON JOSE RADA CAMARGO.
MINISTERIO PÙBLICO (104°):
VÍCTIMA: ADOLESCENTE Identificación Omitida de Conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
SENTENCIA INTERLOCUTORIA: NEGATIVA DE REVISIÓN DE MEDIDA

Vista la solicitud efectuada por la Defensa del imputado EDINSON JOSE RADA CAMARGO a quien se le sigue causa ante este Juzgado por la presunta comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN, tipificado en el artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, quien solicita Revisión de la Medida Judicial Privativa de Libertad a favor de su representado, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal para decidir previamente observa:

DE LOS HECHOS

Se inició la presente causa, en fecha 11-05-2015, por denuncia que interpusiera la ciudadana Neumary, ante la Guardia Nacional, por haber sido víctima su menor hija de hechos cometidos presuntamente por el ciudadano EDINSON JOSÉ RADA CAMARGO.

En fecha 12-05-2015, se celebró audiencia especial ante este Juzgado, donde la Fiscal de guardia del Ministerio Público, imputó al ciudadano EDINSON JOSE RADA CAMARGO, la presunta comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN, tipificado en el artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes y el Tribunal decreto Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad.

En fecha 06-06-2015, el Ministerio Público solicitó prorroga a que se contrae el artículo 96 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En fecha 07-06-2015, este Juzgado mediante decisión otorgó la prórroga de 15 dias, las cuales vencieron en fecha 26-06-2015.
En fecha 26 de Junio de 2015, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos acto conclusivo de acusación interpuesto por la Fiscalía 104° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en contra del ciudadano EDINSON JOSE RADA CAMARGO, por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACIÓN previsto y sancionado en el artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes.
En fecha 14-07-2015, la defensa del imputado solicitó revisión de la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad que pesa en contra del imputado por una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad de posible cumplimiento.

DEL DERECHO

La Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad se encuentra incluida en la previsión Constitucional al señalar el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo siguiente:

“La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciada por el juez o jueza en cada caso...”.

Con esta norma se observa claramente la protección a la Libertad y la necesidad absoluta de existir dos causales para una privación de la misma, UNA ORDEN JUDICIAL o LA FLAGRANCIA, de otra manera una persona no puede ser privada de su libertad, en prima fase, por lo tanto, el mandato constitucional obliga a una estricta regulación legal de la prisión preventiva, en la que no sólo se fije ya la duración máxima de la misma, sino los presupuestos de su aplicación máxima, limitando en lo posible la subjetividad en la decisión judicial en la que se acuerde, vinculándola a criterios objetivos o, por lo menos objetables, tratándose pues, de rodear de garantías su aplicación. No en vano está aquí en juego una garantía a la seguridad personal como lo es la presunción de inocencia.

En este mismo orden de ideas, el transcrito artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el juzgamiento en estado de libertad, principio este que de igual manera lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo para poder desaplicar ese principio, por las circunstancias de hecho y de derecho, el juzgador debe tomar en cuenta lo estatuido en el compendio de normas adjetivas penales venezolana, en su Libro Primero, Titulo VIII, donde se establece en su capitulo I, los Principio Generales para establecer una Medida Cautelar, siendo a destacar los siguientes artículos de dicho capitulo:

“Artículo 229. Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

Artículo 232. Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución judicial fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los afectados...

Artículo 233. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definan la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.”.

A estos artículos habría que agregar el único que conforma el Capitulo V de dicho titulo y Libro, el cual estatuye:

“Artículo 250. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.”.

Por lo tanto la privaciones de libertad que se realizan como Medida de Coerción, no podrá sustituir a la pena que habrá de cumplir el imputado o acusado de ser declarado o considerado como culpable del hecho que se le imputa o acusa; de igual manera la medida debe ser proporcional al tipo de delito presumiblemente cometido (y no a la capacidad económica como comúnmente se entiende) y a la pena que habría de imponérsele en su oportunidad. Asimismo, la medida puede ser transitoria, en otras palabras puede ser revisable y de considerar el Juez que se ha desvanecido o desaparecido la necesidad de mantener a una persona privada de su libertad, por cuanto ya no existe el peligro de fuga o de obstaculización, quedando desproporcionada la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad dictada, o bien por que el tiempo que ha estado privado de su libertad el imputado o acusado, pudiéndose remplazar legítimamente dicha Medida por una Medida Cautelar Sustitutiva.

En la causa actual, nos encontramos que se decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad en fecha 05-06-2015, por este Juzgado, en virtud haber sido la misma, primeramente solicitada por la representación del Ministerio Público, y segundo al considerar ese Juzgado, que se encontraban llenos los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que se estableció la presunta comisión de uno de los delitos tipificados en la Ley Orgánica Para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes específicamente el tipo penal de ABUSO SE XUAL A ADOLESCENTE CON PENETRACION, tipificado en el artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, y decreto Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, cuyo tipo penal mas grave merece pena corporal de QUINCE (15) a VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÒIN, cuya acción no se encuentra prescrita, por haber sido supuestamente realizado en reciente data, específicamente el 11-05-2015, además de existir fundados elementos de convicción para estimar que el para ese momento imputado fue presuntamente autor o participe de dicho hecho, siendo esos elementos la denuncia, pruebas técnicas, y actas de entrevistas, entre otros elementos, estableciendo su apreciación razonable sobre el peligro de fuga.

Ahora bien, este tribunal considera necesario realizar un análisis a las normas procesales contenidas en los artículos 237 y 238 del Código Adjetivo Penal. En este sentido se tiene que el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, señala el Peligro de fuga en los siguientes términos:

“...Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años...
Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirá presunción de fuga, y motivaran la revocatoria, de oficio a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado”.

En el caso que nos ocupa tenemos, que el ciudadano acusado al momento de ser presentado ante el Juzgado Primero en Función de Control dijo ser y llamarse como queda escrito: EDINSON JOSE RADA CAMARGO, titular de la cédula de identidad titular de la cédula de identidad Nº V- 17.279.547 de nacionalidad Colombiana, fecha de nacimiento: 07/03/1985, de 30 años de edad, de estado civil: Soltero, de profesión u ocupación: Ayudante de Construcción por su cuenta hijo de: Adixa maria Camargo (V) y de padre: Víctor José Rada (V), residenciado en la siguiente dirección: La Dolorita Segunda entrada frente el Aro un cancha de jugar baloncesto, casa sin numero de color azul con puerta de color blanca TELÉFONOS: 0414.366.16.31 y 0426.622.14.20, por lo que el primer ordinal no se encuentra satisfecho, siendo que efectivamente el acusado tiene arraigo en el país y se encuentra plenamente identificado.

En lo que respecta al numeral 2, se observa que el delito calificado por el Fiscal del Ministerio Público y acogido en la audiencia preliminar por la Juez de Control entre otros fue el de ABUSO SEZXUAL CON PENETRACIÓN, tipificado en el artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, , estableciendo , pena corporal de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÒN por lo que la pena que podría llegar a imponérsele de comprobar su participación en los hechos al tratarse de delitos que en su conjunto superarían los DIEZ (10) AÑOS.

Con respecto al numeral 3, el daño causado, conforme la calificación dada a los hechos por la vindicta pública, y admitida por El Juzgado de Control, es un delito que atenta contra el pudor y las buenas costumbres, protegiéndose en este tipo de delitos las buenas costumbres el buen orden de la familia, la salud mental, el pudor, y tratarse de sujeta pasiva adolescente, entre otros, por lo que el daño causado para es grave.

Asimismo, el numeral 4, exige tomar en cuenta el comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, y si bien, de las actas no se desprende que al imputado se le haya seguido algún proceso penal aparte del actual, no puede dejar de obviarse lo analizado en el párrafo anterior.

En lo referente al numeral 5 que es la conducta predelictual, en las actas no ríela certificación de Antecedentes Penales del ciudadano EDINSON JOSÉ RADA CAMARGO, de donde se desprenda que el mismo registre antecedente por un hecho anterior, puesto que el Ministerio Público hasta los actuales momentos no la ha consignado, por lo que en consecuencia debe entenderse que el mismo no presenta o registra ningún antecedente por un hecho penal anterior.

Continuando con el análisis del caso, tenemos entonces que el numeral 1 del artículo 237 no se encuentra lleno en su extremo, puesto que efectivamente el imputado se encuentra identificado, y se encuentra arraigado en el país, por cuanto ha señalado donde reside. En lo que respecta al numeral 2 del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, se encuentra intrínsecamente vinculado con el Parágrafo Primero del artículo 237 del mencionado compendio, puesto que señala la pena que podría llegar a imponerse y cuando se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, situación esta que es de estudiar con mayor detenimiento, puesto que la pena que podría llegar a imponérsele al imputado, de demostrase en el transcurso del juicio su presunta participación en el ilícito precalificado y su culpabilidad en la perpetración del mismo, no superaría los DIEZ (10) años, tomando en consideración los extremos de penalidad ya señalados en párrafos anteriores, y sin pasar a apreciar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni los agravantes o atenuantes que puedan existir, ya que eso es una situación de fondo, que debe ser evaluada en el juicio oral, y precisamente esta pena a imponer, está considerada por el legislador para que un imputado o acusado, dependiendo del caso intentara fugarse, por lo que este Tribunal, estudiada las circunstancias del caso, considera que este numeral se encuentra satisfecho.

El numeral 3 del artículo que aquí se analiza, establece que la magnitud del daño causado, es igualmente una causal para no conceder una Medida cautelar, y a criterio de este Tribunal, la magnitud del daño causado en el presente caso es grave, por tratarse de un delito pluriofensivo y en consecuencia por las consideraciones establecidas en el párrafo anterior quien decide considera que esta exigencia se encuentra satisfecha.

En lo que respecta a los numerales 4 y 5 del mencionado artículo, si bien no se encuentran llenos, ya que no riela en actas la certificación que establezca la existencia de una persecución penal previa y una sentencia condenatoria, no disminuye la importancia de los numerales supra analizados, considerando este Tribunal que las circunstancias que conllevaron al Tribunal de Control a decretar la Medida Judicial Privativa de Libertad no han variado al estar llenos los numerales 2º y 3º en relación al parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal.

Con relación al peligro de OBSTACULIZACIÒN, contenido en el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, debe tomarse en cuenta la grave sospecha de que el imputado:

1º Destruirá, modificara o falsificara elementos de convicción. Con relación a este numeral debe analizarse detenidamente en el presente caso la fase en que actualmente se encuentra el proceso como lo es fase de juicio; por lo que la fase de investigación concluyó al momento en que el Ministerio Público presentó el acto conclusivo de acusación, por lo que las pruebas documentales u otro elemento de convicción que consideró pertinente la vindicta pública para fundamentar su acto conclusivo en contra del imputado, ya fue ante el Juzgado de Control, por lo que mal puede establecerse que a estas alturas del proceso que el mismo pueda destruir, modificar o falsificar algún elemento de convicción y en consecuencia este requisito en el presente caso no se encuentra satisfecho.

2º Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

Con relación al anterior numeral, en el presente caso, el imputado si bien está siendo procesado solo, mal podría influir para que coimputados informen falsamente, no obstante el imputado pudiera influir en la víctima para que se comporte de manera reticente y no comparezca al juicio oral y privado.
Aunado al hecho que el imputado era la pareja de la madre de la victima, quien vendría siendo su hijastra, y sabe donde viven ambas.

Por lo que visto el análisis realizado por este Tribunal, al no haber variado las circunstancias que conllevaron al Tribunal de Control a decretar la Medida Judicial Privativa de Libertad acuerda NEGAR LA REVISIÒN DE Medida Judicial Privativa de Libertad, aunado a que el Ministerio Público presentó acusación en contra del imputado, impetrada por la defensa conforme el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien en sus escrito de revisión de medida los defensores del ciudadano EDINSON JOSE RADA informa a este Juzgado que el mismo se encuentra en el centro penitenciario de YARE III ESTADO MIRANDA a pesar de que en principio este Tribunal ordeno como centro de reclusión RODEO III segundo decisión de fecha 05 de Junio de 2015, es por lo que este Juzgado ratifica como centro penitenciar a la comunidad penitenciaria de RODEO III, asimismo ordena informa al respecto de este decisión al directo de la comunidad penitenciara de YARE III y la comunidad de REDEO III a fin de que el mismo sea traslado de forma inmediata al centro penitenciario acordado en la audiencia de presentación de imputado y ratificado por este Juzgado mediante decisión de fecha 18 de enero de 2016, De igual forma se ordena informar al Ministerio de Asunto Penitenciario para que el mismo haga los tramites correspondientes a fin de que el mismo sea traslado de forma inmediata al centro aquí ordenado.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL AUDIENCIA Y MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL CON COMPETENCIA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud efectuada por la Defensa del imputado EDINSON JOSE RADA CAMARGO, en el sentido de que le sea revisada la Medida Judicial Privativa de Libertad, por considerar que hasta esta etapa procesal no han variado las circunstancias que conllevaron a su decreto y en consecuencia, acuerda MANTENER la Medida Judicial Privativa de Libertad que pesa en contra del mismo, todo conforme a lo establecido en el artículo 236 numerales 1º, 2º y 3º en relación con el artículo 237 numerales 2º y 3º en relación con el parágrafo primero y artículo 238 numeral 2º todos del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes y Líbrese oficio con traslado.

LA JUEZA

ABG. LUZ MARINA ZERPA

SECRETARIA

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ABG. MARIA LUGO

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

SECRETARIA

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ABG. MARIA LUGO