REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Vigésimo Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, (22) de enero de 2016. 205º y 156º DEMANDANTE: Sociedad de comercio ORGANIZACIÓN PAFI, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del actual Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 22 de diciembre de 1994, bajo el N° 47, Tomo 198-A-Pro. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JHONATHAN R. PERALES MORALES Y MARIEL MELENDEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 142.049 Y 178.198, respectivamente.- PARTE DEMANDADA: ciudadana MAYRA MIREYA BETANCOURT SALAZAR, venezolana mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 6.693.540.- APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no constituyó en autos. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES.- -II- -BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES- Mediante escrito presentado en fecha 5 de junio del 2015, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, Circuito Judicial Los Cortijos, los abogados JHONATHAN R. PERALES MORALES y MARIEL MELENDEZ AMELIA DURAN SANTOS y DIEGO ESPOSITO, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 142.049 y 178.198, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad de comercio ORGANIZACIÓN PAFI, C.A., introdujeron libelo de demanda por Cobro de Bolívares en contra de la ciudadana MAYRA MIREYA BETANCOURT SALAZAR, antes identificada. - En fecha 08 de junio de 2015, este Tribual dicto auto ordenando darle entrada a la presente causa y anotarla en su libro respectivo. En fecha 21 de julio de 2015, la parte actora solicito la admisión de la misma. En fecha 18 de Noviembre del 2015, se dictó auto mediante el cual se admitió la demanda por el juicio breve. -III- -MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR- De conformidad con lo establecido en el ordinal Cuarto (4°) del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa éste Juzgado a establecer los motivos de hecho y de derecho en los cuales fundamentará su decisión a cuyo efecto, establece: -DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA- Dada la importancia de la administración de justicia y siguiendo la reiterada opinión doctrinaria que advierte la existencia de un modo atípico de extinción de la relación procesal, que deviene de la inactividad de las partes en un lapso establecido taxativamente por la ley; obstaculizando con su conducta omisiva el efectivo desarrollo de la actividad judicial ya que impide que el proceso llegue a su natural desenvolvimiento: la sentencia. Este Tribunal a los efectos de pronunciarse sobre la Perención de la Instancia, cree oportuno citar la Sentencia de fecha Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Cuatro (2004), dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Dr. Tulio Alvarez Ledo, y la cual señala lo siguiente: “(…) Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaría que previó la ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deber ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación (…)”.- (Negrita y Subrayado del Tribunal) Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la falta de estímulo procesal dado por el desinterés de la parte actora en accionar, coloca al órgano judicial en una pendencia indefinida a una relación procesal aparentemente paralizada. En respuesta de lo anterior nuestros legisladores crearon la institución de LA PERENCIÓN, figura con la cual se busca sancionar la conducta omisiva de las partes y con la correlativa función de cooperar al exigir el efectivo y oportuno actuar de los litigantes. Con la reforma legislativa producida en 1.986 se establecieron los parámetros descriptivos de la institución jurídica denominada perención, puesto que se dispuso que esta no es renunciable a las partes, debe ser declarada de oficio por el juez y opera de pleno derecho, es decir, la sentencia cumple la función de declarar un hecho jurídico que ya se había consumado por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes y que tuvo como efecto la extinción del proceso. Al respecto señala, el autor CARLOS MORALES PUENTES, en su obra “De Las CITACIONES Y NOTIFICACIONES en el Procedimiento Civil Ordinario Venezolano. Págs 438 y 439, el cual señala lo siguiente: “las obligaciones que permanecen vigentes según el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en las que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de quinientos metros de la sede del Tribunal; de otro modo, su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la Citación.-” Del análisis del concepto anterior surgen dos supuestos para procedencia de la Perención de la Instancia. El primer presupuesto consiste en la inactividad procesal, entendiéndose por tal, la actitud omisiva y negligente del demandante, única y específicamente; y, el segundo presupuesto, hace necesario que la dicha inactividad ocurra por lo menos durante treinta días continuos, y dicho plazo se computa desde el día de la admisión de la demanda o de su reforma hasta la fecha en que la parte demandante mediante la presentación de diligencias pone a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado. De todo conforme con el criterio antes señalado, esta sentenciadora observa, que de la revisión detallada de las actuaciones realizadas en este proceso, se evidencia que la demanda fue admitida 03 de diciembre del 2013.- Así las cosas, observa esta sentenciadora que desde la fecha en que se admitió la demanda es decir desde el día 03 de diciembre del año 2013, hasta el día de hoy, han trascurrido mas de 30 días consecutivos, sin que la parte actora cumpliera con la obligación que le impone la Ley, es decir, suministrar al alguacil los recursos y medios necesarios para el logro de la citación personal del demandado, por lo que es concluyente para este Juzgado declarar consumada la Perención de la Instancia en los términos dispuestos en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. -IV- -DISPOSITIVA- En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos, éste Juzgado Vigésimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Autoridad de la Ley, DECIDE: -PRIMERO: Se declara consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por COBRO DE BOLIVARES que intentara La Sociedad de comercio ORGANIZACIÓN PAFI, C.A., en contra de la ciudadana MAYRA MIREYA BETANCOURT SALAZAR. -SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se declara EXTINGUIDO el presente proceso, con el expreso señalamiento a la parte actora, que para volver a proponer la acción que nos ocupa, deberá dejar transcurrir íntegramente el lapso previsto en el artículo 271 ejusdem. -TERCERO: No se hace especial condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo, ello de conformidad en lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. -PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA.- Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de éste JUZGADO VIGÉSIMO SEXTO (26°) DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los __________ (___) días del mes de enero del año Dos Mil Dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. LA JUEZ TEMPORAL Abg. OLGA VITALE LA SECRETARIA TEMPORAL, Abg. AURORA MONTRERO En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las 10:30 a .m. LA SECRETARIA TEMPORAL, Abg. AURORA MONTERO.