REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 16 de febrero de 2016
205º y 156º
Asunto: AH11-X-2016-000010.
Demandante: SANDRA SOMMI DE GARCÍA, venezolana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en el estado de Michigan, Estados Unidos de América y titular de la cédula de identidad No. V-5.216.950.
Apoderado Judicial: Abogado Félix Antonio Bravo Mayol, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 19.883.
Demandada: SABRINA ALEXANDRA SOMMI SEGNINI, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-25.964.172.
Apoderado Judicial: Abogada María José Lóbrega Idrogo, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 87.347.
Motivo: Nulidad de Venta (Tutela Cautelar).
Capítulo I
ANTECEDENTES
Se inició el presente juicio mediante escrito libelar presentado ante este Tribunal -previa distribución de causas- contentivo de la demanda de Nulidad de Venta que incoara la ciudadana Sandra Sommi De García, contra la ciudadana Sabrina Alexandra Sommi Segnini, ambas identificados en la parte inicial de este fallo.
Mediante auto del 16 de junio de 2015, se admitió la demanda ordenándose el emplazamiento de la parte demandada.
En fecha 9 de octubre de 2015, se ordenó librar compulsa de citación a la parte demandada, siendo positiva la resulta de citación.
El 21 de enero de 2016, se ordenó agregar a los autos los escritos de pruebas presentados por las partes, siendo los mismos admitidos mediante auto de fecha 1º de febrero de 2016.
En fecha 05 de febrero se ordenó la apertura del presente cuaderno de medidas a solicitud del apoderado actor, por lo que encontrándose la presente causa en estado de emitir pronunciamiento respecto a la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada, se procede a decidir en base a las consideraciones que serán explicadas infra.
Capítulo II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El juez previo al decreto debe establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, no debiendo sólo apreciar la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinar si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, pues si bien la medida se encuentran vinculada al juicio principal, ésta debe aguardar -en razón de su instrumentalidad- la decisión sobre el juicio final, en virtud de lo cual, el juez se ve impedido de extender su pronunciamiento en una incidencia cautelar sobre el thema decidendum en el juicio principal. Sostener lo contrario, significaría atentar contra la naturaleza esencialmente cautelar y no sustitutiva de tales medidas.
Sobre este particular se pronunció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 29 de abril de 2008, caso: INVERSIONES LA ECONÓMICA C.A., y CONSTRUCTURA 325 C.A., contra las empresas DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., WESTCHESTER INTERNATIONAL LIMITED y TERRENO NAVARRETE C.A., sentando al efecto el siguiente criterio: “…En la esfera de las medidas cautelares, para decretar o no su procedencia, corresponde al juez verificar los extremos que la ley exige…Ahora bien, esa exigencia no puede llevarse hasta el extremo de que el material (alegaciones, pruebas) que el juez debe tomar en consideración para otorgar la medida, tenga que ser el mismo que se requiere para resolver sobre el juicio principal, y en consecuencia, deba ser tratado del mismo modo como se exige para el procedimiento principal. De ser así, no sólo se le estaría obligando al sentenciador a juzgar sobre el fondo de la controversia -aspecto que no es atinente a las medidas cautelares, sino que también se desnaturalizaría la función que tiene encomendada la cautelar, esto es, superar la demora que implica el proceso principal y el riesgo de que el demandado adopte conductas que dificulten la efectividad de la sentencia…”’.
En atención a lo expuesto, pasa entonces quien decide a verificar si se cumplieron los requisitos de procedencia y en tal sentido se hace necesario acotar que, en la doctrina se ha denominado al periculum in mora, como el simple retardo del proceso judicial. En realidad, el hecho de que se use la expresión peligro en la mora, el requisito apunta a determinar una serie de hechos objetivos, aún apreciables por terceros como dice Redenti, Podetti y Leo Rosemberg, por los cuales se produce, al menos, una presunción de la necesidad de la medida y para evitar que la futura ejecución del fallo quede ilusoria. Como puede verse, no se trata del hecho de que los procesos tengan retardo sino de que aunado a ello, una de las partes puede sustraerse del cumplimiento del dispositivo sentencial.
En cuanto a la apariencia de buen derecho, conocida en la doctrina como fumus boni iuris, se trata como decía Piero Calamandrei de un cálculo de probabilidades que el solicitante de la medida será, en definitiva, el sujeto del juicio de verdad plasmado en la sentencia; la apariencia de buen derecho es un juicio preliminar, que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene apariencias de que efectivamente lo es. En ocasiones es innecesaria la demostración de este requisito por ser común a todas las personas, verbigracia, el derecho a la defensa, el honor, reputación, etc., pero en otras ocasiones debe demostrarse prima facie que se es arrendador o arrendatario, propietario, comprador, entre otros.
En el sub examine, la parte solicitante de la medida fundamentó su protección cautelar en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 3º del artículo 588 eiusdem, acompañando a los autos copia certificada del documento de venta protocolizado en el Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 25 de marzo de 2015, bajo el Nº 2015.214, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 240.13.18.1.13134 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2015, cuya nulidad pretende por considerar dicha venta simulada, de donde emerge la presunción del buen derecho que tiene la parte actora para solicitar la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble que señaló -sin que tal consideración pueda entenderse como una aceptación de la acción propuesta ni mucho menos como adelantar opinión sobre el fondo de lo controvertido-. Así se decide.
En cuanto al periculum in mora cabe advertir que, nos encontramos en presencia de un juicio de nulidad de venta en cuyo procedimiento -ordinario- pudiesen existir retardos de la actividad jurisdiccional por motivos no imputables a su función sino por el propio proceso que actualmente contraviene los postulados constitucionales establecidos en nuestra carta magna -ya en proceso de reforma-, lo cual deber ser apreciado por el jurisdicente, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba, de donde debe deducirse el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad jurisdiccional, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes recae la medida. Así se decide.
Capítulo III
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
Primero: PROCEDENTE la solicitud de tutela cautelar efectuada por la representación judicial de la parte actora, en consecuencia, se decreta MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un apartamento distinguido con las letras PH, situado en las secciones Nortes y Oeste de la Planta Quince (15) del Edificio Argentum, situado en la calle o Transversal Segunda entre las Avenidas Primera y Andrés Bello de la Urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao del Estado Miranda, signado con el Catastro Nº 211470130000056, el cual se encuentra construido sobre la parcela de terreno, siendo sus medidas, linderos, y demás determinaciones, tanto la parcela de terreno, como del Edifico Argentum, constan suficientemente en el Documento de Condominio protocolizado en la oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, el día ocho (8) de enero de 1964, anotado bajo el Nº 1, Folio 1, Protocolo Primero. El cual tiene una superficie aproximada de TRESCIENTOS SIETE METROS CUADADRADOS (307 M2), consta de las siguientes dependencias: Cinco (5) dormitorios, recibo comedor, lavandero, tendedero, cuatro (4) baños principales, cuarto y baño de servicio, un salón para oficina, y demás accesorios. Le corresponde un porcentaje sobre los bienes y cargas del condominio del Edificio, de tres con sesenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve cien milésimas por ciento (3,64339%). Así mismo, le corresponden dos puestos de estacionamientos cubiertos, distinguidos con los número ocho (8) y veintisiete (27), que se encuentran en la planta sótano, dicho inmueble consta de documento protocolizado en el Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015), bajo el Nº 2015.214, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 240.13.18.1.13134 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2015.
Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 de la Ley Adjetiva Civil, particípese lo conducente al Registrador correspondiente.
Tercero: Regístrese, publíquese y déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 1ºde 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 17 días del mes de febrero de 2016. 205º y 156º.
El Juez Provisorio
Raúl Alejandro Colombani
El Secretario
Abg. Luis Vargas
En esta misma fecha, siendo las 12:38 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
El Secretario
Abg. Luis Vargas
RAC/LV/AM
Asunto: AH11-X-2016-000010
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