REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 3 de febrero de 2016
205º y 156º
ASUNTO: AP11-M-2013-000731
Vistas las pruebas promovidas por las partes en este juicio, el Tribunal pasa a emitir su pronunciamiento con respecto a las mismas en los siguientes términos:
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA
Compareció por ante esta sede judicial en fecha 24 de abril de 2015, los abogados HUGO ALBARRAN ACOSTA y CARLOS DAVID GONZALEZ FILOT, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 19.519 y 52.055, respectivamente, quienes actúa en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSORA INKOBE, C.A., y consignó escrito de promoción de pruebas constante de nueve (09) folios útiles, mediante la cual promovió a favor de su representada las siguientes probanzas:
PRUEBAS DOCUMENTALES
La representación judicial de la parte actora, promueve en este capitulo a favor de su representada:
• Todas aquellas DOCUMENTALES, que consignaron junto con el escrito de libelo de la demanda, marcadas con las letras “A”, “B”, “C”, “C1”, “C2”, “C3”, “D”, “D1”, “D2”, “E”, “E1”, “F”, F1”, “F2”, “G”, “G1”, “H”, “I”, “J”, “J1” y “J2”.
En cuanto a las pruebas promovidas como DOCUMENTALES, el Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la admite en cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente salvo su apreciación en la definitiva.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA
En cuanto a las pruebas promovidas por la ciudadana MARÍA GABRIELA PIÑANGO LABARADOR, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 124.870, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil MONAGAS PLAZA, C.A., y consignó escrito de promoción de pruebas constante de dos (02) folios útiles, mediante la cual promovió a favor de su representada las siguientes probanzas:
DEL MÉRITO FAVORABLE
En cuanto a la promoción del mérito favorable de los autos, es procedente hacer algunas precisiones, si bien esta fórmula es frecuentemente utilizada en la práctica forense y aceptada por la gran mayoría de nuestros abogados litigantes, nuestro sistema probatorio esta regido por una serie de principios entre los que se encuentra el de la comunidad de la prueba también denominado principio de adquisición procesal, el cual explica el autor colombiano Jairo Parra Quijano, de la siguiente manera:
“…El resultado de la actividad probatoria de cada parte se adquiere para el proceso y esta no puede pretender que solo a ella la beneficie. No se puede desistir de la prueba practicada; no se puede estar tan solo a lo favorable de la declaración de un testigo, ya que esta afecta conjuntamente a las partes, tanto en lo favorable como en lo desfavorable. En otras palabras, este principio consiste en que las pruebas son sustraídas a la disposición de las partes, para pertenecer objetivamente al proceso...”
En el mismo sentido el tratadista Santiago Sentis Melendo, citando al autor italiano Aurelio Scardaccione, con respecto a este principio, nos dice:
“… principio de adquisición en virtud del cual las pruebas una vez recogidas, despliegan su eficacia a favor o en contra de ambas partes, sin distinción entre la que las ha producido y las otras. El Juez puede y debe utilizar el material probatorio prescindiendo de su procedencia…”
Esto quiere decir, que al decidir la controversia, el sentenciador no sólo va a apreciar la parte favorable de las pruebas por cada parte, sino que tiene que apreciarlas en su totalidad, tanto lo favorable como lo desfavorable que pueda contener la prueba con respecto a todas las partes involucradas en la controversia, y no solo apreciar lo favorable de una prueba con relación a la parte que la incorporó en el proceso, respetando así los principios de adquisición procesal y el de unidad de la prueba. Y ASÍ SE DECLARA.
En el mismo sentido, se hace menester hacer referencia en relación al principio jurídico del derecho procesal como lo es el “Iura novit curia”, el cual indica que el Juez es conocedor del Derecho, y lo obliga a decidir de acuerdo a las normas legales, aún cuando las partes no hayan expresado las leyes en que fundan sus derechos subjetivos, o hayan invocado normas jurídicas distintas a las que el Juez considera aplicables al caso concreto, de acuerdo a los hechos relatados y a las pruebas ofrecidas, cuyo cargo, sí está en manos de los litigantes, siempre sin dictar sentencia sobre hechos no peticionados por las partes. El Juez debe aplicar el derecho haciendo la calificación jurídica adecuada de los hechos, o como lo expresa Calamandrei, “…el Juez es servidor de la ley y su fiel intérprete…”, por supuesto inspirado por otros principios como el de la equidad, pues las leyes son abstractas, y el Juez debe aplicarlas adecuándolas a la situación fáctica a resolver y eligiendo entre ellas, si hay varias, la más adecuada a resolver la cuestión. En razón de ello, éste Tribunal admite la prueba por no ser la misma manifiestamente ilegal, ni impertinente, salvo su apreciación en la definitiva.
El Juez,
Abg. Carlos A. Rodríguez Rodríguez
El Secretario,
Abg. Luis José Rangel M.
Asistente que realizo la actuación: German
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