REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. ASUNTO: AH15-M-2007-000035 PARTE ACTORA: sociedad mercantil BANCO FONDO COMÚN, C.A. (ahora institución Financiera “BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A. BANCO UNIVERSAL”), ultima modificación inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital en fecha 11 y 12 de mayo de 2010, anotadas bajo los Nros. 27 y 30 de los Tomos 109-A Sdo y 110-A. PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil DISTRIBUIDORA AUGE AUGECA, C.A, domiciliada en caracas, e inscrita por el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, el día 31 de julio de 1998, bajo el número 1, Tomo 326-A-Sgdo., y su ultima modificación inscrita por el citado Registro Mercantil, el 25 de julio de 2005, bajo el número 24, Tomo 140-A-Sgdo., y los ciudadanos MANUEL AUGUSTO MÁRQUEZ PIRES y ELIZABETH MIJARES DE MÁRQUEZ PIRES, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números 6.237.944 y 3.751.836, respectivamente. APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ciudadanos JOSÉ EDUARDO BARALT LOPEZ y MIGUEL GABALDON, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el inpreabogado bajo los número 21.797 y 4.842, respectivamente. ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: ciudadana ELIZABETH MALAVER, abogada en ejercicio e inscrita en el inpreabogado bajo el número 54.109. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES. TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva. I ANTECEDENTES Se recibió el presente expediente proveniente del juzgado distribuidor de turno en fecha 25 de abril de 2007. Se dictó auto admitiendo la presente demanda en fecha 24 de mayo de 2007 y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. En fecha 29 de junio de 2007, compareció la representación judicial de la parte actora y consignó Escrito de Transacción celebrado por las partes. En fecha 28 de junio de 2007, este Tribunal dicto auto ordenando a la parte interesada a consignar el poder que acredite la representación de la ciudadana ELIZABETH MIJARES DE MÁRQUEZ, parte demandada. Ahora bien, a pesar de este pedimento debe analizar quien decide cuando fue su última actuación impulsando la decisión que hoy requiere. II PUNTO ÚNICO. De los Efectos de la pérdida de interés. De la anterior narrativa se evidencia que desde el año 2007, las partes no han efectuado actuación procesal alguna de la que se evidencie su interés en que se dicte la sentencia de merito en la causa. Si bien es cierto no puede declararse la perención de la instancia una vez vista la causa, no es menos cierto que debe surgir de las actas como requisito de la acción, la necesidad fehaciente de las partes de que se le declare o reconozca el derecho pretendido a su favor. En este orden, sigue este juzgador el criterio pacifico y reiterado de Tribunal Supremo de Justicia, asentado en sentencia Nro. 956 del 01/07/2001, de la Sala Constitucional en Ponencia del Magistrado Jesús Cabrera Romero, caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva De Valero, la cual estableció: “Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida. No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción. Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.” En atención al criterio anteriormente citado, considera este juzgador que al evidenciarse en autos la falta de ejercicio de tutela por parte de los interesados en este juicio, siendo que han transcurrido mas de 09 años sin que se produzca ningún tipo de actuación que impulsará el proceso y se demostrara así el interés de las partes de dilucidar el conflicto traído a juicio. Según Alcalá Zamora y Castillo, la instancia, es el elemento estrictamente procesal, el cual coincide con lo que Liebman, denomina el interés para accionar, procesal, secundario e instrumental y tiene por objeto la providencia que se pide del magistrado, como medio para obtener la satisfacción del interés primario o sustancial, que ha quedado lesionado por el comportamiento de la contraparte, o más genéricamente por la situación de hecho objetivamente existente. Ese interés procesal surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial, presupone por eso la lesión de ese interés y la idoneidad de la resolución demandada para protegerlo y satisfacerlo. Ello significa que la parte actora perdió ese elemento dinámico de la acción que la condujo a su decaimiento, lo que conduce a la extinción del proceso. III DE LA DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara LA EXTINCIÓN DEL PROCESO por decaimiento de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en la presente acción que por COBRO DE BOLÍVARES, sigue sociedad mercantil BANCO FONDO COMÚN, C.A. (ahora institución Financiera “BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A. BANCO UNIVERSAL”), contra sociedad mercantil DISTRIBUIDORA AUGE AUGECA, C.A, y los ciudadanos MANUEL AUGUSTO MÁRQUEZ PIRES y ELIZABETH MIJARES DE MÁRQUEZ PIRES. En consecuencia, se cierra el presente expediente; ordenándose su remisión por lotes (legajos) a los Archivos Judiciales. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, 16 de febrero de 2016. Años 205° y 156°. EL JUEZ PROVISORIO, MAURO JOSÉ GUERRA. LA SECRETARIA, ENDRINA OVALLE OCANTO En la misma fecha y siendo las 2:39 p.m se publicó, registró y dejó copia certificada de la presente decisión en el copiador respectivo. LA SECRETARIA, ENDRINA OVALLE OCANTO MJG/EO/EM