REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 24 de febrero de 2016 205º y 156º ASUNTO: AH15-M-1987-000003 PARTE ACTORA: BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil, inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 15 de enero de 1938, bajo el Nº 30, y cuya última modificación estatutaria fue inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 04 de marzo de 1986, bajo el Nº 19, Tomo 39-A-Sdo. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: AUGUSTO MATHEUS PINTO, JOSE A. MORALES GOMEZ y FERNANDO F. GUERRERO BRICEÑO, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 830, 9.197 y 8.496, respectivamente. PARTE DEMANDADA: INMOBILIARIA SAN JACINTO, C.A., sociedad mercantil, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 1 de agosto de 1975, bajo el Nº 54, Tomo 52-A, reformado su Documento Constitutivo Estatutario en varias oportunidades, siendo la última en el mes de septiembre del año 1977, bajo el Nº 54, Tomo 112-A-Sdo. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación alguna. MOTIVO: EJECUCIÓN DE HIPOTECA. TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva. I ANTECEDENTES El Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, recibió el presente expediente proveniente del juzgado distribuidor de turno en fecha 05 de mayo de 1987, y admitiò la demanda por auto de fecha 07 de mayo de 1987. Posteriormente en fecha 10 de junio de 1987, dicho Tribunal dictó auto en el cual acordó remitir el presente expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, recibiéndose el mismo 02 de julio de 1987. Todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 942 del Código de Comercio. Por auto de fecha 23 de febrero de 2016, el Juez que suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. II PUNTO ÚNICO. De los Efectos de la pérdida de interés. De la anterior narrativa se evidencia que desde el año 1987, las partes no han efectuado actuación procesal alguna de la que se evidencie su interés en que se dicte la sentencia de mérito en la causa. Si bien es cierto no puede declararse la perención de la instancia una vez vista la causa, no es menos cierto que debe surgir de las actas como requisito de la acción, la necesidad fehaciente de los solicitantes de que se le declare o reconozca el derecho pretendido a su favor. En este orden, sigue este juzgador el criterio pacifico y reiterado de Tribunal Supremo de Justicia, asentado en sentencia Nro. 956 del 01/07/2001, de la Sala Constitucional en Ponencia del Magistrado Jesús Cabrera Romero, caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva De Valero, la cual estableció: “Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida. No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción. Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.” En atención al criterio anteriormente citado, considera este juzgador que al evidenciarse en autos la falta de ejercicio de tutela por parte de los interesados en este juicio, siendo que han transcurrido mas de veintiocho (28) años sin que se produzca ningún tipo de actuación que impulsará el proceso y se demostrara así el interés de los solicitantes de dilucidar el conflicto traído a juicio. Según Alcalá Zamora y Castillo, la instancia, es el elemento estrictamente procesal, el cual coincide con lo que Liebman, denomina el interés para accionar, procesal, secundario e instrumental y tiene por objeto la providencia que se pide del magistrado, como medio para obtener la satisfacción del interés primario o sustancial, que ha quedado lesionado por el comportamiento de la contraparte, o más genéricamente por la situación de hecho objetivamente existente. Ese interés procesal surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial, presupone por eso la lesión de ese interés y la idoneidad de la resolución demandada para protegerlo y satisfacerlo. Ello significa que los solicitantes perdieron ese elemento dinámico de la acción que la condujo a su decaimiento, lo que conduce a la extinción del proceso. III DE LA DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara LA EXTINCIÓN DEL PROCESO por decaimiento de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en la presente acción que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA, sigue BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., contra INMOBILIARIA SAN JACINTO, C.A. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Se ordena el cierre del presente expediente; ordenándose su remisión por lotes (legajos) a los Archivos Judiciales. Publíquese, regístrese, y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, 24 de febrero de 2016. Años 205° y 156°. EL JUEZ, MAURO JOSE GUERRA. LA SECRETARIA, ENDRINA OVALLE OCANTO En la misma fecha y siendo las 11:22 a.m se publicó, registró y dejó copia certificada de la presente decisión en el copiador respectivo. LA SECRETARIA, ENDRINA OVALLE OCANTO MJG/EOO/Yenny*