REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 26 de febrero de 2016 205º y 157º ASUNTO: AP11-M-2013-000005 PARTE ACTORA: BANCO CANARIAS DE VENEZUELA BANCO UNIVERSAL, C.A, antes denominado LA MARGARITA, ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO C.A, anteriormente domiciliada en la ciudad de Porlamar Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta, actualmente domiciliada en la ciudad de caracas, constituida por acta inscrita en la Oficina de Registro Público del Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta, en fecha 28 de noviembre de 1966, bajo el Nº 73, folios 126 al 129, Protocolo Primero, Tomo Segundo, sucesor a título universal del patrimonio de la sociedad mercantil Banco Canarias de Venezuela, C.A la cual fue absorbida por fusión, y cuya última reforma de Estatutos Sociales fue realizada mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de septiembre de 2004, inscrita ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 06 de febrero de 2006, bajo el Nº 69, Tomo 1258-A; institución financiera que se encuentra actualmente en proceso de liquidación por parte del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS (antes Fondo de Garantía de Depósitos y Proteccion Bancaria “FOGADE”). APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ VIUDES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro 71.034. PARTE DEMANDADA: ERNESTO CAMILO MORENO RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.172.464. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA (PERENCIÓN).- I ANTECEDENTES Se inició el presente juicio mediante libelo de demanda introducido por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, que se encontraba como distribuidor de turno en fecha 18 de octubre de 2012, contentivo de la demanda que por COBRO DE BOLIVARES intentara la sociedad mercantil BANCO CANARIAS DE VENEZUELA BANCO UNIVERSAL, C.A, contra el ciudadano ERNESTO CAMILO MORENO RODRIGUEZ, ambas partes identificadas en el encabezado del presente fallo. Por auto de fecha 10 de Enero de 2013, se admitió la demanda. Por diligencias de fecha 15 de Enero de 2013, el apoderado judicial de la parte actora consignó los fotostatos correspondientes para la elaboración de la compulsa y consignó emolumentos. Por auto de fecha 24 de Enero de 2013, se suspendió la causa por notificación a la Procuraduría General de la Republica, conforme a lo establecido en el artículo 95 y siguientes del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Por diligencia de fecha 19 de Febrero de 2013 el apoderado judicial de la parte actora consignó los fotostatos correspondientes para la elaboración del oficio dirigido a la Procuraduría. En fecha 26 de Febrero de 2013, se libró oficio a la Procuraduría General de la Republica, el cual fue recibido en fecha 02 de Abril de 2013, según constancia dejada por el alguacil de fecha 16 de abril de 2013, mediante la cual consignó oficio firmado y sellado. En fecha 27 de Septiembre de 2013, se recibió oficio Nº G.G.L-CCP-C.A.R. 09478, proveniente de la Procuraduría General de la República, en el cual informan haber recibido la notificación respectiva por parte de este Tribunal. II MOTIVACIONES PARA DECIDIR Encontrándose aún en fase de citación, este Tribunal pasa a decidir la incidencia de perención de la instancia con arreglo a las siguientes consideraciones: En el proceso civil rige el Principio Dispositivo, por medio del cual la Ley atribuye a las partes cargas y obligaciones que se reflejan en la realización de determinados actos que conllevan a satisfacer su pretensión, y la no realización de los mismos trae como consecuencia la paralización y extinción de la causa, materializándose así, una sanción a todo aquel que a través de una demanda, ponga en movimiento el aparato jurisdiccional y luego se abstenga de impulsar el proceso.- Así las cosas, encontramos que la perención es una sanción a la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso para que éste alcance su fin natural, el cual es la sentencia.- En este sentido, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.- Igualmente, establece el artículo 269 eiusdem: “Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente”.- De una lectura a las anteriores disposiciones legales, se observa que cuando transcurra más de un (1) año sin que se impulse el procedimiento, la instancia queda extinguida, lo cual no es renunciable por las partes y podrá ser declarado, bien a solicitud de parte como de oficio por el Tribunal.- En el caso concreto, de un análisis a las actas que conforman el presente expediente, observa quien sentencia, que concurren los requisitos indispensables para considerar que esta causa está extinguida, habida cuenta que desde el 19 de Febrero de 2013, cuando compareció el accionante y consignó los fotostatos correspondientes para la elaboración del oficio dirigido a la Procuraduría General de la República, ha transcurrido más de un (1) año de inactividad procesal.- Así entonces, se puede determinar que en el caso de marras se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que transcurrió más un (1) año de inactividad procesal, razón por la cual se ha verificado su correspondiente consecuencia jurídica, esto es, la perención de la instancia conforme a lo dispuesto en la citada norma jurídica del Código Adjetivo Civil, Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECLARA.- III DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio.- No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo dictado.- Dada, firmada y sellada en la sede de Despacho del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintiséis (26) días de Febrero de dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.- EL JUEZ, Abg. LUIS ERNESTO GÓMEZ SAEZ LA SECRETARIA ACC, EYMI HERNANDEZ. En esta misma fecha, siendo las ____________, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. LA SECRETARIA ACC, EYMI HERNANDEZ.