TSJ Regiones - Decisión

EXPEDIENTE: AP71-X-2016-000096 (793)

JUEZA INHIBIDA: LETICIA BARRIOS RUÌZ.

JUZGADO: CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

I

SITUACIÓN PROCESAL QUE SE DESPRENDE DE LOS AUTOS

En fecha diecinueve (19) de julio de 2016, esta alzada recibió las presentes actuaciones, previa distribución, contentiva de la inhibición formulada por la Dra. LETICIA BARRIOS RUIZ, en su condición de Jueza a cargo del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, basada en el numeral 15° del articulo 82 del Código de Procedimiento Civil, contentivo del juicio que por RESOLUCIÒN DE CONTRATO que sigue el ciudadano EDGAR LUIS GUYMARE RODRIGUEZ contra la UNIDAD EDUCATIVA VENEZUELA NUEVA C.A., Consta del acta de Inhibición de fecha primero (01) de julio de 2016, donde la Jueza Inhibida expresó lo siguiente:

“En fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016) se recibió en la sede de este juzgado, expediente distinguido con el Nº AP31-V-2009-002431, proveniente del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien conoció de la apelación interpuesta por el abogado Pedro Jesús Castro, contra la decisión dictada por este Tribunal en fecha 8 de enero de 2.010. Ahora bien, de una revisión a las actas que conforman el expediente se observa que en fecha 3 de marzo de 2016, el Juzgado Superior Octavo, dictó sentencia en la cual declaró con lugar la apelación intentada y, revocó la sentencia definitiva dictada por quien suscribe en fecha 8 de enero de 2.010, reponiendo la causa al estado de admisión de la demanda a los fines de ordenar la citación del Consejo Nacional del Niño, Niñas y Adolescentes, Representante de la zona Educativa del Municipio Sucre y la Procuraduría General de la República. En este estado y visto que en fecha 8 de enero de 2010, como Juez que conoció en primera instancia, declaré con lugar la presente demanda por las razones que se expresaron en el texto del fallo, es por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 15 del artículo 82 ejusdem, procedo a INHIBIRME de conocer la presente causa, en virtud de la decisión dictada, todo ello en virtud del principio constitucional de impartir una justicia imparcial y en resguardo de los derechos r intereses de las partes, por haber emitido un criterio de una u otra forma pudiera ser utilizado como fundamento de la nueva decisión que deba dictarse en el presente proceso. Remítase la presente Acta de inhibición al Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de ésta Circunscripción Judicial a los fines de que se le asigne el conocimiento de la misma, al Juzgado que resulte seleccionado. Así mismo, una vez vencido el lapso de allanamiento se remitirá el Expediente a la Unidad de Distribución de Expedientes del Circuito Judicial, a fin de que se le asigne el conocimiento de la presente causa otro Juzgado de Municipio…”

Llegada la oportunidad de decidir el Tribunal, observa:

II
FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN:

El Estado se encuentra interesado, como base fundamental de su organización en que las personas llamadas a dispensar justicia en calidad de jueces o magistrados, aparte de su idoneidad para el desempeño de ella la que implica una apropiada versación en los conocimientos jurídicos sobre los asuntos puestos a su consideración, que estos detenten verdadera capacidad subjetiva para hacerlo, la cual consiste, en que al ejercer la actividad encomendada puedan desempeñarse con la independencia y la objetividad necesarias, porque como lo expresa el tratadista EDUARDO J. COUTURE
"Los ciudadanos no tienen un derecho adquirido a la sabiduría del juez; pero tienen un derecho adquirido a la independencia, a la autoridad y a la responsabilidad del juez" (Fundamentos del Derecho Procesal Civil - Ediciones De Palma - Buenos Aires 1978, Págs. 41 y 42).-
Esa absoluta serenidad de espíritu que requieren para ocuparse de los cometidos confiados, puede verse a veces afectada por vínculos afectivos o de intereses de diversa naturaleza, que tienden sombras de duda sobre la recta imparcialidad que tales agentes incapacitándolos para asumir su labor en un determinado caso.
Es por ello, que para garantizar su excepcional misión, la ley permite a los propios funcionarios mediante la declaración de su impedimento (inhibición) separarse del análisis de la causa. Cuando esto no acontece por voluntad de la persona en quien concurre el obstáculo impediente de su imparcialidad los interesados en desvincularlo del asunto puesto a su examen se encuentran facultados para hacerlo por la vía de la recusación.
La inhibición, que es el caso que nos ocupa, es el acto en virtud del cual el Juez, u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificado por la ley, con las partes o con el objeto del proceso (Ricardo Henríquez La Roche, T.I., Pág.292).
La ley impone al funcionario que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación la obligación de declararla, sin aguardar que se le recuse, es decir, que el Juez debe separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes.
En tal sentido, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
"El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin guardar a que se le recuse, a fin de que las partes dentro de los dos días siguientes manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido.
Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior, que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares.
La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en el cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento".

No cualquier motivo da base para un impedimento o para presentar una recusación, ya que si esto fuese así se entorpecería frecuentemente la administración de justicia. Por ello, el legislador pasó a establecer, a través del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, las causales taxativas para hacerlo. En los 22 motivos indicados en dicho artículo, se compendian los fundamentos de la inhibición y la recusación y bajo tales premisas debe examinarse la inhibición interpuesta.

III
CONCLUSION DEL TRIBUNAL

Una vez aclarado lo anterior, pasa el Tribunal resolver lo siguiente:
Con respecto, al fondo de la Inhibición, cabe destacar que la justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial. Cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por incurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad en favor o en contra de alguna de las partes, pierde el atributo esencial de los dispensadores de justicia, sufre de incompetencia personal y es inhábil para conocer del negocio o para intervenir en él.
En cuanto a la causal de inhibición alegada por la Jueza (numeral 15°, artículo 82 del CPC), ésta establece:
Artículo 82.- Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:

…OMISSIS…
Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el juez de la causa…".

Ahora bien, como la ley le exige al funcionario Judicial que conozca que en su persona existe alguna causal de recusación, la obligación de declararla, sin aguardar a que se le recuse, es decir, el Juez debe separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes. Tal es el caso que, se evidencia del acta de inhibición suscrita por la Jueza inhibida, donde expresó;

“Ahora bien, de una revisión a las actas que conforman el expediente se observa que en fecha 3 de marzo de 2016, el Juzgado Superior Octavo, dictó sentencia en la cual declaró con lugar la apelación intentada y, revocó la sentencia definitiva dictada por quien suscribe en fecha 8 de enero de 2.010, reponiendo la causa al estado de admisión de la demanda a los fines de ordenar la citación del Consejo Nacional del Niño, Niñas y Adolescentes, Representante de la zona Educativa del Municipio Sucre y la Procuraduría General de la República. En este estado y visto que en fecha 8 de enero de 2010, como Juez que conoció en primera instancia, declaré con lugar la presente demanda por las razones que se expresaron en el texto del fallo, es por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 15 del artículo 82 ejusdem, procedo a INHIBIRME de conocer la presente causa, en virtud de la decisión dictada, todo ello en virtud del principio constitucional de impartir una justicia imparcial y en resguardo de los derechos r intereses de las partes, por haber emitido un criterio de una u otra forma pudiera ser utilizado como fundamento de la nueva decisión que deba dictarse en el presente proceso. Remítase la presente Acta de inhibición al Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de ésta Circunscripción Judicial a los fines de que se le asigne el conocimiento de la misma, al Juzgado que resulte seleccionado. Así mismo, una vez vencido el lapso de allanamiento se remitirá el Expediente a la Unidad de Distribución de Expedientes del Circuito Judicial, a fin de que se le asigne el conocimiento de la presente causa otro Juzgado de Municipio….”

De tal manera que por lo expuesto por la Jueza, así como de la sentencia de fecha 8 de enero de 2010 dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que por cuanto ya emitió opinión sobre el asunto principal. Y a los fines de garantizar el debido proceso esta Alzada considera que dicha inhibición reúne los requisitos consagrados en el numeral 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil; por lo tanto es una opinión comprometida y fundada sobre el fondo de la demanda incoada. Así se decide.

IV
DECISIÓN

A la luz de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITNA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; declara:

PRIMERO: Con lugar la Inhibición con fundamento en el numeral 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, propuesta por la Dra. LETICIA BARRIOS RUIZ, en su condición de Jueza a cargo del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del juicio que por RESOLUCIÒN DE CONTRATO que sigue el ciudadano EDGAR LUIS GUYMARE RODRIGUEZ contra la UNIDAD EDUCATIVA VENEZUELA NUEVA C.A,.

SEGUNDO: Remítanse oficios dirigidos al Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, (Jueza Inhibida) y al Tribunal Vigésimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Juez Sustituto) participándoles de la presente decisión, en cumplimiento al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 23 de noviembre de 2010, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.925 de fecha 12 de enero de 2011.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los veintidós (22) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016). Años 206 de la Independencia y 157 de la Federación.
EL JUEZ,

VICTOR GONZALEZ JAIMES

LA SECRETARIA,

MARÍA ELVIRA REIS.

En esta misma fecha, siendo las 1:30 PM, se publicó, registró y diarizó la anterior decisión, en el expediente N° AP71-X-2016-000096, como está ordenado.
LA SECRETARIA,

MARÍA ELVIRA REIS.