REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, veintiocho de julio de dos mil dieciséis 206º y 157º ASUNTO: AP31-S-2015-011798 Vista la diligencia de fecha 07 de junio de 2016, presentada por la abogada MARIA CRISTINA ROZAS, actuando en su carácter de Fiscal Nonagésima Cuarta del Ministerio Público encargada, especial para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, mediante la cual solicitó la corrección del auto de admisión de fecha 06/04/2016, visto que las partes en el presente procedimiento solicitaron se declare disuelto el vinculo matrimonial que los une, conforme a la Sentencia N° 446-2014 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 02/06/2015 y la misma fue admitida por este Juzgado conforme a lo establecido en el articulo 185-A del Código Civil, este Tribunal a los fines de proveer en relación a lo solicitado, y observando el error material involuntario cometido en el auto de admisión de fecha 06 de abril de 2016, cursante al folio catorce (14) del expediente, considera necesario traer a colación lo establecido en el articulo 206 el Código de Procedimiento Civil, el cual reza: “Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.” Acorde con este postulado, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” Así las cosas, no puede pasar por alto éste Juzgado que si bien es cierto que las reposiciones sólo deben acordarse en los casos determinados por la ley, la reposición de la causa, es una institución procesal creada con el fin práctico de corregir los errores de procedimiento que afecten o menoscaben el derecho de las partes con infracción de normas legales que señalen las condiciones que deben seguirse en el trámite del proceso. Por lo que la reposición no puede tener por objeto subsanar desaciertos de las partes, sino corregir vicios procesales, es decir, faltas del Tribunal que afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de éstas, y siempre que este vicio o error y daño consiguiente no haya sido subsanado o no pueda subsanarse de otra manera; la reposición debe tener por objeto la realización de actos procesalmente necesarios, o cuanto menos útiles y nunca causa de demora y perjuicios a las partes que debe perseguir, en todo caso un fin que responda al interés específico de la administración de justicia dentro del proceso, poniendo a cubierto el valor de los fundamentos que atienden al orden público y evitando o reparando la carga o gravamen que una falta de procedimiento pueda ocasionar o haya ocasionado en el derecho y el interés de las partes. Por último, la reposición tiene como finalidad mantener el equilibrio en el proceso, procurando que no se afecte la estabilidad de los juicios y corregir los errores de procedimiento que afecten o menoscaben el derecho a la defensa. Pues, así debe entenderse según lo estatuido en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente dispone: (SIC)”…Artículo 245.- Salvo lo dispuesto en el artículo 209, la sentencia podrá limitarse a ordenar la reposición de la causa, por algún motivo legal, al estado que en la propia sentencia se determine…”. (Subrayado y negrita del Tribunal). Sentado lo precedentemente expuesto, el legislador patrio ha establecido que el fallo puede ordenar la reposición de la causa cuando afecte las garantías procesales y perfectamente exista un motivo legal para ello. En materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorpora el requisito de la utilidad de la reposición. No obstante, para declarar su incumplimiento debe atender a la finalidad del requisito y con esa base examinar la utilidad de la reposición, pues para ordenar la reposición de una causa, debe tener el juez por norte la utilidad de aquélla, de manera que sea absolutamente necesaria para limpiar de errores el proceso y que el acto cuya nulidad se solicite no haya alcanzado el fin perseguido. Ordenarla sin que se cumplan estos postulados, representaría una reposición inútil, con el consabido retraso, pernicioso por demás, de la administración de justicia y de la celeridad procesal. Es así que en el caso de autos, los interesados en su escrito libelar solicitaron se declare disuelto el vinculo matrimonial que los une, conforme a la Sentencia N° 446-2014 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 02/06/2015, siendo admitida la misma por el procedimiento establecido en el articulo 185-A del Código Civil, siendo lo correcto ser admitida por el procedimiento establecido en el articulo 185 del Código Civil en concordancia con los artículos 754 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme lo establecido en Sentencia N° 446-2014 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 02/06/2015, y como quiera que al momento de su admisión ésta se llevó a cabo conforme a lo pautado por un procedimiento distinto al solicitado, resulta indiscutible en derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, la Reposición de la causa al Estado de su Admisión, declarándose la nulidad de todo lo actuado en el presente expediente, quedando en consecuencia nulas todas las actuaciones con posterioridad al auto de admisión de fecha 06 de abril de 2016. Así se decide. EL JUEZ, NELSO GUTIERREZ CORNEJO EL SECRETARIO, RHAZES I. GUANCHE M. NGC/RIGM/GeneM ASUNTO Nº AP31-S-2015-011798.