REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, ____________________
206° y 157°
PARTE DEMANDANTE: JUAN BAUTISTA ALVAREZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-207.266.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogada YUDELKIS KARINA DURAN ASTOR, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.719.
PARTE DEMANDADA: ALEXIS CLARET ROMERO JARAMILLO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-5.612.506.
MOTIVO: DESALOJO.
EXPEDIENTE: AP31-V-2009-004299.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
I
ANTECEDENTES
Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda presentado por la abogada en ejercicio YUDELKIS KARINA DURAN ASTOR, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JUAN BAUTISTA ALVAREZ, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en los Cortijos, en fecha 03 de diciembre de 2.009, el cual previa distribución de Ley, fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Tribunal, siendo recibido en fecha 07 de diciembre de 2.014.
A través de auto de fecha 15 de Diciembre de 2.009, este Tribunal admitió la demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada.
Mediante diligencia de fecha 25 de enero de 2.010, compareció la apoderada judicial de la parte actora y consignó los respectivos fotostátos para la elaboración de la compulsa dirigida a la parte demandada y los emolumentos necesarios para la práctica de la citación, siendo librada la misma en fecha 25/02/2010.
En fecha 22 de marzo de 2.010, el ciudadano alguacil consignó compulsa de citación debidamente firmada por el demandado.
Mediante escrito consignado en fecha 15 de abril de 2010, el demandado dio contestación a la demanda incoada en su contra.
En fecha 26 de abril de 2010, la apoderada judicial de la parte actora consignó escrito de promoción de pruebas.
Mediante diligencia de fecha 04/05/2010, compareció el apoderado judicial de la parte demandada y desconoció las pruebas consignadas por la parte actora.
En fecha 13 de mayo de 2011, este Tribunal suspendió la causa temporalmente, por la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza.
En fecha 17 de Marzo de 2015, se dictó auto donde se ordeno reanudar, y adaptarla a la ley para la regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, y se fijó fecha para la audiencia de juicio de conformidad con el artículo 114 de la mencionada ley.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”
Asimismo, el artículo 269 eiusdem, señala:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención de acuerdo al encabezado del artículo 267 ibidem, es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un (1) año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un (1) año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el Juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público.
Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación de la demandada, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda.
En el presente caso la parte actora ha debido ser diligente a objeto de cumplir con su carga procesal y en específico debió realizar las actuaciones correspondientes a los fines de lograr la notificación de la parte demandada para que se llevare a cabo la audiencia de juicio ordenada en el auto de fecha 15 de Marzo de 2015.
Ahora bien, en el caso sub examine, observa este Tribunal que desde el día 19 de Febrero de 2015, oportunidad en la cual la parte actora consignó copia del Registro Nacional de Viviendas, hasta el 15 de marzo de 2.015, fecha en que este Tribunal activo nuevamente la causa y fijó oportunidad para la audiencia de juicio, ha transcurrió más de un (1) año sin que la parte actora hubiere impulsado el presente asunto, a quien le correspondía realizar todas las gestiones tendientes a la notificación de su contraparte.
De manera que, ha quedado demostrado en el presente caso, la falta de impulso procesal por parte del accionante, paralizándose la causa por más de un (1) año, debiendo este Tribunal de acuerdo con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, de oficio declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un (1) año de inactividad de la parte actora, sin que realizara ningún tipo de actuación de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención, por lo que no se podrá intentar de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
III
DECISIÓN
Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, este Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un (1) año sin que la parte actora impulsara la boleta de notificación de la parte demandada, a contar desde el día 19 de Febrero de 2015, oportunidad en la cual la parte actora consignó copia del Registro Nacional de Viviendas, hasta el 15 de marzo de 2.015, fecha en que este Tribunal activo nuevamente la causa y fijó oportunidad para la audiencia de juicio, procediendo el supuesto de hecho contenido en el artículo 267, y el artículo 269, ambos del referido Código Procesal, por lo que se declara consumada la perención anual en la presente causa, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem.
Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas, conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión conforme a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En la ciudad de Caracas, a los _______________ (_____) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2.016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
EL JUEZ,
MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA.
LA SECRETARIA,
AIRAM CASTELLANOS.
En la misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión siendo las _________________________________ (__________:__________:__________).-
LA SECRETARIA,
AIRAM CASTELLANOS.
MAF/AC/JACM
Exp. AP31-V-2009-004299
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