TSJ Regiones - Decisión

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL

Exp. Nº 007798

En fecha 10 de junio de 2016, la ciudadana BEATRIZ ELENA GONZÁLEZ de DUARTE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 9.246.490, asistida por el abogado AUGUSTO JOSÉ DUARTE, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 97.565, interpuso acción de Amparo Constitucional contra el Acto Administrativo contenido en el Oficio No. SIB-DSB-ORH-6815, de fecha 07 de junio de 2016, dictado por la ciudadana Mary Rosa Espinoza de Robles, en su condición de Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, por la violación de las garantías y derechos constitucionales previstas en los artículos 19, 21, 25, 49, 51, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la violación a las normas procedimentales establecidas en el Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados y en la en Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

I
FUNDAMENTOS DEL AMPARO
Señaló la parte accionante que en fecha 12 de enero de 2011, fue designada como titular de la Auditoria Interna de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, por el lapso de cinco (05) años, según Resolución No. 005-11, publicada en la gaceta Oficial No. 39.592, de fecha 12 de enero de 2011.
Refirió que en fecha 14 de enero de 2016, según comunicación SIB-DSB-ORH-00377, de fecha 13 de enero de 2016, fue notificada de su remoción como titular de la citada Auditoria Interna, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Acotó que la mencionada comunicación estableció el inicio de las diligencias pertinentes a los fines de la designación mediante concurso público de un nuevo titular de la Unidad de Auditoria Interna para el periodo 2016-2021, en el cual podría participar y optar a su reelección.
Narró que en fecha 15 de enero de 2016, fue informada de la designación del ciudadano Gustavo Torres López, titular de la Cédula de Identidad No. 6.065.404, como encargado de la Unidad de Auditoria Interna de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante comunicación SIB-DSB-OHR-16-0005, de fecha 13 de enero de 2016.
Explicó que en fecha 18 de enero de 2016, realizó comunicación dirigida a la ciudadana Mary Rosa Espinoza de Robles, en su condición de Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, mediante la cual manifestó la presunta violación del contenido de los artículos 27 y 30 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, donde se infiere su permanencia en el cargo que ostenta hasta la designación de un nuevo Auditor Interno, sin haber recibido respuesta sobre el particular. Asimismo, adujo que en la citada fecha se procedió a la firma del Acta de Entrega de la referida unidad al ciudadano Gustavo Torres López, ya identificado.
Señaló que en fecha 02 de febrero de 2016, recibió comunicación No. SIB-DSB-ORH-0148, de fecha 25 de enero de 2016, suscrita por la ciudadana Mary Rosa Espinoza de Robles, en su condición de Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, donde se ratificó su remoción del referido ente.
Manifestó que ante tal violación de derechos y garantías constitucionales, en fecha 21 de enero de 2012, interpuso por ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de amparo constitucional contra el acto administrativo contenido en el Oficio No. SIB-DSB-ORH-00377, de fecha 13 de enero de 2016, las cuales declinarían su competencia para conocer del mismo en los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.
Acotó que en fecha 23 de febrero de 2016, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, publicó aviso de prensa donde realizó el llamado a “Concurso Público” para la designación del nuevo titular de Auditoria Interna del mencionado ente.
Refirió que en fecha 14 de marzo de 2016, consignó los recaudos necesarios para su participación en el citado concurso, quedando formalmente inscrita, tal como consta a los folios 31 y 32 del presente expediente.
Agregó que en fecha 02 de junio de 2016, consignó comunicación por ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a los fines de solicitar información referente a la llamada de los concursantes a la entrevista del panel conforme lo previsto en los artículos 35, 36 y 38 del Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de Los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados, con base a lo establecido en lo artículos 51, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de no haber sido llamada a entrevista así como no haber recibido respuesta alguna sobre su pedimento.
Narró que en fecha 07 de junio de 2016, la Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, suscribió comunicación No. SIB-DSB-ORH-6815, de fecha 07 de junio de 2016, mediante la cual participa al ciudadano Víctor Manuel Hernández Guerrero, titular de la Cédula de Identidad No. 5.976.821, haber sido ganador del Concurso Público para el cargo de Auditor Interno de la citada superintendencia, cuya juramentación se realizaría en fecha 14 de junio de 2016.
Denunció la violación de sus derechos y garantías constitucionales previstas en los artículos 19, 21, 25, 49, 51, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la trasgresión de las normas establecidas en los artículos 34, 35, 38 y 46 del Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de Los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados en concordancia con lo previsto en los artículos 19 y 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al no ser llamada a la presentación de la entrevista de panel por parte del jurado del concurso, ni notificada durante el proceso sobre la existencia de algún impedimento para su continuación dentro del concurso y tampoco haber sido informada sobre la puntuación obtenida en el mismo, contrariando el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la información y el de derecho a la obtención de una respuesta oportuna y veraz.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con lo establecido en los artículos 5 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 588 del Código de Procedimiento Civil, solicitó se dicte una medida cautelar de amparo constitucional a los fines de suspender de manera temporal el acto de juramentación del Víctor Manuel Hernández Guerrero, titular de la Cédula de Identidad No. 5.976.821, ganador de Concurso Público para el cargo de Auditor Interno de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, según comunicación No. SIB-DSB-ORH-6815, de fecha 07 de junio de 2016, emanada del referido ente, hasta tanto se verifiquen las circunstancias por las cuales fue objeto de las violaciones y trasgresiones anteriormente señaladas.

II
DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento, procede este Órgano Jurisdiccional a verificar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, en tal sentido es imperativo para quien suscribe, traer a colación lo establecido en el artículo 7 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé:
“Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”.

Contempla la norma que la competencia para conocer de las Acciones Autónomas de Amparo viene determinada en primer lugar, en razón del criterio de afinidad entre la materia que constituye el ámbito de competencia natural de dicha jurisdicción y la naturaleza del derecho pretendidamente vulnerado, lo que constituye la competencia en razón de la materia.
Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 1700, de fecha 07 de Agosto de 2007, determinó el nuevo criterio correspondiente de competencias en materia de amparos constitucionales, definiendo cual es el Tribunal de Primera Instancia dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al cual corresponde el conocimiento de la acción de amparo, y en ese sentido estableció que:
“(…) Así entonces, tal como se ha señalado, la competencia en materia de amparo se encuentra regida por los criterios material y orgánico, siendo este último el que prepondera en el supuesto de los agravios provenientes de la Administración, con algunas particularidades de competencia funcional (vgr. Tributaria o funcionarial).
(Omissis)
Lo expuesto ya ha sido advertido por este Alto Tribunal, al establecer que la distribución competencial en amparo constitucional debe realizarse atendiendo no sólo a la naturaleza de los derechos lesionados, conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino además salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, señalándose como competente al Tribunal de mayor proximidad para el justiciable. Verbigracia, ha sido el criterio que imperó en la sentencia de esta Sala N° 1333/2002; así también la sentencia de la Sala Plena N° 9/2005 que citó a la primera. Inclusive, respecto a la distribución competencial para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, esta Sala, en la sentencia N° 3517/2005, indicó que el conocimiento de tales recursos “corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia…” (resaltado del texto citado), extracto que resume la clara intención del Máximo Tribunal de darle mayor amplitud al derecho al acceso a la justicia que estatuye el artículo 26 de la Constitución
Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional.
En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el amparo autónomo se interpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.
Por último, en caso de apelación, la competencia en este supuesto sí corresponderá a las Cortes, quienes decidirán en segunda y última instancia en materia de amparo (…)”.

Ahora bien, en base a lo anterior y aseverando el criterio orgánico como el criterio material determinante de las competencias, se tiene, en el caso de marras, que al emanar el presunto acto dañoso a los derechos y garantías constitucionales de la parte presuntamente agraviada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, se concluye que la materia afín con la naturaleza de los derechos y garantías constitucionales presuntamente vulnerados corresponde a este Juzgado Superior Contencioso Administrativo, razón por la cual se declara competente para conocer y decidir en primera instancia de la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.

III
DE LA ADMISIBILIDAD

Declarada como ha sido la competencia para conocer de la presente causa, pasa este Juzgado a pronunciarse respecto a la admisión del amparo constitucional, y en ese sentido observa que el mismo fue interpuesto contra el Acto Administrativo contenido en el Oficio No. SIB-DSB-ORH-6815, de fecha 07 de junio de 2016, dictado por la ciudadana Mary Rosa Espinoza de Robles, en su condición de Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, por la violación de las garantías y derechos constitucionales previstas en los artículos 19, 21, 25, 49, 51, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la violación a las normas procedimentales establecidas en el Reglamento Sobre los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Ahora bien, es necesario acotar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 04-1092, de fecha 01 de febrero de 2006, caso BOKSHI BIBARI KARAJA AKACHINANU (BOGSIVICA), declaró lo siguiente,

“(…) De acuerdo con lo indicado, el mencionado artículo 259 de la Constitución otorga a los Tribunales con competencia en lo contencioso administrativo un conjunto de atribuciones que permiten que los justiciables puedan accionar contra la Administración Pública a fin de solicitar el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad de dicha Administración incluidas las vías de hecho o actuaciones materiales, de allí que dicho precepto constitucional señala como potestades de los órganos judiciales con competencia en lo contencioso- administrativo no sólo la posibilidad de anular actos administrativos, de condenar al pago de sumas de dinero por concepto de indemnización de daños y perjuicios y de conocer de las reclamaciones relativas a la prestación de los servicios públicos prestados mediante gestión directa o indirecta, sino también el poder de restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad material o jurídica de los órganos y entes que integran la Administración Pública (…) “Se trata de un criterio que ha sostenido esta Sala en múltiples ocasiones, como lo demuestran también, y entre otras, las sentencias de 23 de octubre de 2002 (caso María Valentina Sánchez y otros); de 20 de febrero de 2003 (caso Benedetto D’alto Carrano); de 23 de abril de 2003 (caso Edgar Parra Moreno), de 6 de junio de 2003 (caso José Ángel Rodríguez); de 22 de octubre de 2003 (caso Enrique Ramón Tigua Vélez); de 24 de mayo de 2004), (caso Leonilda Asunta Filomena Rattazzi Tuberosa); de 20 de julio de 2005 (caso Justo Javier Macuribana); de 28 de julio de 2005 (caso Zdenko Seligo)” “Con fundamento en la postura que se ha sostenido en las decisiones que antes se citaron, esta Sala ha declarado la inadmisibilidad de pretensiones de amparo que se han ejercido contra actuaciones u omisiones de la Administración, precisamente porque los medios procesales contencioso-administrativos son medios ordinarios capaces, por imperativo constitucional, de dar cabida y respuesta a esas pretensiones procesales y a cualesquiera otras que se planteen contra los órganos del Poder Público en ejercicio de la función administrativa, por lo que no es admisible, salvo excepciones, acudir a la vía del amparo constitucional.”

De la sentencia anteriormente transcrita se desprende que para intentar una acción contra las actuaciones u omisiones de la Administración Pública y cualquier otra contra los órganos del Poder Público en ejercicio de la función administrativa, no es admisible ejercer la acción extraordinaria de amparo constitucional, por cuanto existen otros medios procesales contenciosos administrativos más eficaces y capaces de dar respuesta a la pretensión procesal que solicita la actora, siendo que la acción de amparo constitucional procede sólo cuando las vías procesales ordinarias resultan inidóneas ante la violación o amenaza de violación de derechos constitucionales.
En sintonía con lo anterior y con fundamento en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta pertinente indicar que no puede considerarse la acción de amparo constitucional como la única vía idónea para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica alegada como infringida, toda vez que, como se ha sostenido y así lo ha reiterado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en diversos fallos, todos los jueces de la República son custodios de la Constitución y en conocimiento de las vías procesales ordinarias, deben restituir la situación jurídica infringida, antes que la lesión se haga irreparable.
Tal situación nos conduce a revisar la admisión de esta extraordinaria vía de protección, no como la negación absoluta de trámites de acciones de amparo constitucional, sino la determinación al caso concreto, cuando las vías ordinarias no resultarían suficientes o idóneas para restablecer la situación. El caso de autos versa sobre la actuación ejecutada por la por la ciudadana Mary Rosa Espinoza de Robles, en su condición de Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, al suscribir el Acto Administrativo contenido en el Oficio No. SIB-DSB-ORH-6815, de fecha 07 de junio de 2016, mediante el cual informó sobre la designación del ciudadano Víctor Manuel Hernández Guerrero, titular de la Cédula de Identidad No. 5.976.821, como Auditor Interno del referido ente, en virtud de haber sido ganador del Concurso Público para tal fin, obviando la participación de la accionante en el mismo al no ser llamada ésta a la presentación de la entrevista de panel por parte del jurado del concurso, ni notificada durante el proceso sobre la existencia de algún impedimento para su continuación dentro de aquel.
Ahora bien, la eficacia del recurso contencioso administrativo de anulación como medio judicial a los fines del cabal restablecimiento de la situación jurídica infringida, se evidencia de las amplias potestades que por disposición del texto constitucional le han sido otorgadas al juez contencioso, dado que no solo puede anular el acto administrativo impugnado, sino también de disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa (acordar medidas cautelares), lo cual demuestra su absoluta idoneidad con relación a lo que ocurre con el juez constitucional de amparo, para alcanzar así la efectiva protección de los derechos y garantías constitucionales que han sido conculcados por el acto administrativo impugnado.
Esta facultad cuenta con la potestad de aplicar tanto medidas cautelares innominadas, como de amparo cautelar, previéndose así un sistema amplio de protección anticipada de situaciones cuya lesividad haya sido conculcada, capaz de solventar temporalmente los efectos perniciosos de la situación infringida, hasta el momento de dictarse la sentencia definitiva.
Lo expuesto permite afirmar que no es discrecional para el actor la escogencia del amparo constitucional a fin de atacar judicialmente determinado acto administrativo, puesto que ello llevaría a desnaturalizar la esencia misma de la acción de amparo.
Asimismo, resulta necesario para este Órgano Jurisdiccional traer a colación el criterio expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la citada sentencia de fecha 01 de febrero de 2006, caso Asociación Civil Bokshi Bibari Karaja Akachinanu (BOGSIVICA), la cual señaló que :

“…Esa procedencia en el contencioso administrativo de cuantas pretensiones se planteen frente a la Administración Pública se sostiene, según se dijo ya, en el principio de universalidad de control y de integralidad de la tutela judicial, incluso frente a actuaciones administrativas frente a las que el ordenamiento legal no regula medios procesales especiales. Caso paradigmático es el de las vías de hecho, a las que se referían los fallos cuya cita se transcribió, frente a las cuales los administrados pueden incoar pretensiones procesales que los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa han de ventilar aunque no exista aún en nuestro ordenamiento un procedimiento especial para ello”.

Conforme a lo anteriormente expuesto, no puede la parte accionante inferir que el amparo constituya el único medio capaz de ofrecer al justiciable la garantía de un proceso restablecedor de su esfera jurídica cuando hubiese sido lesionada, o sobre la cual haya incidido alguna conducta antijurídica. Eventualmente, la elección de uno de los mecanismos ordinarios que conforman el ordenamiento jurídico puede resultar idóneo para la protección de algún derecho fundamental que se estime conculcado, en cuyo caso el amparo debe ceder ante la vía existente, si el juez constata que resulta capaz de garantizar la protección de los derechos fundamentales alegados como infringidos, por lo que es claro que la inadmisibilidad debe prosperar como circunstancia que puede ser subsumida en la causal contenida en numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Siendo ello así, este Tribunal considera pertinente señalar que la parte accionante en amparo, tenía abierta la posibilidad de acudir a los recursos ordinarios que le ofrece el ordenamiento jurídico vigente, y en sentido contrario, optó por recurrir ab-initio, al recurso extraordinario constituido en la presente acción de amparo constitucional, razón por la cual se infiere que las presuntas violaciones alegadas por la parte accionante pueden ser eventualmente reparadas por medio de las vías ordinarias que ofrece nuestro sistema jurídico-procesal como sería el recurso contencioso administrativo, en tal virtud debe este Juzgado declarar INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo establecido en el referido numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana BEATRIZ ELENA GONZÁLEZ de DUARTE, asistida por el abogado AUGUSTO JOSÉ DUARTE, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 97.565, contra el Acto Administrativo contenido en el Oficio No. SIB-DSB-ORH-6815, de fecha 07 de junio de 2016, dictado por la ciudadana Mary Rosa Espinoza de Robles, en su condición de Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Caracas, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil 2016 (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
EL JUEZ PROVISORIO,

Dr. ANGEL VARGAS RODRÍGUEZ
EL SECRETARIO,

VICTOR BRICEÑO
En esta misma fecha, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.
EL SECRETARIO,
Exp. No. 007798/dj