REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. ASUNTO: AH15-V-2004-000079 PARTE ACTORA: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia el día 13 de junio de 1977, bajo el Nº 1, tomo 16-A, cuya transformación a Banco Universal consta de documento inscrito en la citada Oficina de Registro en fecha 04 de septiembre de 1997, bajo el Nº 63, tomo 70-A, el cual forma parte del expediente de la compañía que se acompaño a la participación que por cambio de domicilio se presentó ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 19 de septiembre de 1997, quedando inscrita bajo el Nº 39, Tomo 152-A Qto., y reformado íntegramente sus estatutos sociales en Asamblea extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de marzo de 2002, cuya acta quedó inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de junio de 2002, bajo el Nº 8, tomo 676-A-Qto. PARTE DEMANDADA: ciudadanos NEYDEE LAURA FREITES DE BARROSO Y ALEXIS ANTONIO BARROSO ROJAS, mayores de edad, domiciliados en Cabimas, titulares de las cédulas de identidad números V- 7.866.859 y V- 4.105.430, respectivamente. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ciudadanos GILBERTO CARABALLO CHACIN, ALFONSO ALMENARA ROBLES y CARMEN MENDEZ PEÑALVER, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el inpreabogado bajo los números 1.851, 49.435 Y 3.625, respectivamente. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ciudadanos DARIO GOMEZ GARRIDO e YENIT GONZALEZ RAMIREZ, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el npreabogado bajo los números 34.954 y 64.532, respectivamente. MOTIVO: EJECUCION DE HIPOTECA. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA. I ANTECEDENTES Se recibió el presente expediente proveniente del juzgado distribuidor de turno en fecha 15 de junio de 2004. Se dictó auto admitiendo la presente demanda en fecha 14 de julio de 2004, ordenando la intimación de la parte demandada y la apertura de cuaderno de medidas. En fecha 13 de diciembre de 2004, compareció la representación judicial de la parte demandada, mediante la cual consignó instrumento poder que acredita su representación y formuló oposición de la cuestión previa contemplada en el ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil. En fecha 21 de abril de 2005, este tribunal dictó auto ordenando la paralización del presente procedimiento de ejecución de hipoteca, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda En esta misma fecha, quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. Ahora bien, este Tribunal estima pertinente realizar las siguientes precisiones. II PUNTO ÚNICO. De los Efectos de la pérdida de interés. De la anterior narrativa se evidencia que desde el año 2005, las partes no han efectuado actuación procesal alguna de la que se evidencie su interés en que se dicte la sentencia en la presente causa. Si bien es cierto no puede declararse la perención de la instancia una vez vista la causa, no es menos cierto que debe surgir de las actas como requisito de la acción, la necesidad fehaciente de las partes de que se le declare o reconozca el derecho pretendido a su favor. En este orden, sigue este juzgador el criterio pacifico y reiterado de Tribunal Supremo de Justicia, asentado en sentencia Nro. 956 del 01/07/2001, de la Sala Constitucional en Ponencia del Magistrado Jesús Cabrera Romero, caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva De Valero, la cual estableció: “Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida. No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción. Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.” En atención al criterio anteriormente citado, considera este juzgador que al evidenciarse en autos la falta de ejercicio de tutela por parte de los interesados en este juicio, siendo que han transcurrido mas de 10 años sin que se produzca ningún tipo de actuación que impulsará el proceso y se demostrara así el interés de las partes de dilucidar el conflicto traído a juicio. Según Alcalá Zamora y Castillo, la instancia, es el elemento estrictamente procesal, el cual coincide con lo que Liebman, denomina el interés para accionar, procesal, secundario e instrumental y tiene por objeto la providencia que se pide del magistrado, como medio para obtener la satisfacción del interés primario o sustancial, que ha quedado lesionado por el comportamiento de la contraparte, o más genéricamente por la situación de hecho objetivamente existente. Ese interés procesal surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial, presupone por eso la lesión de ese interés y la idoneidad de la resolución demandada para protegerlo y satisfacerlo. Ello significa que la parte actora perdió ese elemento dinámico de la acción que la condujo a su decaimiento, lo que conduce a la extinción del proceso. III DE LA DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara LA EXTINCIÓN DEL PROCESO por decaimiento de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en la presente acción que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA sigue BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., contra los ciudadanos NEYDEE LAURA FREITES DE BARROSO Y ALEXIS ANTONIO BARROSO ROJAS. En consecuencia, se cierra el presente expediente; ordenándose su remisión por lotes (legajos) a los Archivos Judiciales. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Años 205° y 157°. EL JUEZ, MAURO JOSÉ GUERRA. LA SECRETARIA, ENDRINA OVALLE OCANTO En la misma fecha y siendo las 2:11 p.m se publicó, registró y dejó copia certificada de la presente decisión en el copiador respectivo. LA SECRETARIA, ENDRINA OVALLE OCANTO MJG/EO/fanny***