REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis (2016) 205º y 156º ASUNTO: AH15-V-2004-000096. I ANTECEDENTES Se inició el presente juicio mediante escrito libelar presentado en fecha 26 de enero de 2004, mediante el cual la sociedad mercantil FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL, domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital Estado Miranda, en fecha 22 de enero de 2001, bajo el Nº 17, Tomo 10-A-Pro, debidamente representada por los abogados DORIS RAMOS DE JIMENEZ, DORGI JIMENEZ RAMOS y ENRIQUE TERCERO BELLO TABARES, inscritos en el inpreabogado bajo los números 32.424, 66.487 y 70.634, respectivamente, contra los ciudadanos LUIS RAMÓN CHIRINOS y MIREYA URSULA SANTI VASQUEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números. V-9.929.916 y V-9.929.830, respectivamente, la cual se admitió mediante auto de fecha 15 de octubre de 2004, por el trámite previsto en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se ordenó la intimación de la parte demandada. En fecha 21 de enero de 2005, este Tribunal, dictó auto mediante el cual ordenó la paralización del presente procedimiento de ejecución de hipoteca de conformidad con lo establecido en la Ley Especial al Deudor Hipotecario de Vivienda, ordenando abrir una articulación probatoria tal como lo dispone el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, debe este Juzgador analizar cuando fue la última actuación impulsando el proceso II PUNTO ÚNICO. De los Efectos de la pérdida de interés. De la anterior narrativa se evidencia que desde el año 2005, las partes no han efectuado actuación procesal alguna de la que se evidencie su interés en que se dicte la sentencia de mérito en la causa. Si bien es cierto no puede declararse la perención de la instancia una vez vista la causa, no es menos cierto que debe surgir de las actas como requisito de la acción, la necesidad fehaciente de las partes de que se le declare o reconozca el derecho pretendido a su favor. En este orden, sigue este juzgador el criterio pacifico y reiterado de Tribunal Supremo de Justicia, asentado en sentencia Nro. 956 del 01/07/2001, de la Sala Constitucional en Ponencia del Magistrado Jesús Cabrera Romero, caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva De Valero, la cual estableció: “Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida. No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción. Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.” En atención al criterio anteriormente citado, considera este juzgador que al evidenciarse en autos la falta de ejercicio de tutela por parte de los interesados en este juicio, siendo que han transcurrido mas de 20 años sin que se produzca ningún tipo de actuación que impulsará el proceso y se demostrara así el interés de las partes de dilucidar el conflicto traído a juicio. Según Alcalá Zamora y Castillo, la instancia, es el elemento estrictamente procesal, el cual coincide con lo que Liebman, denomina el interés para accionar, procesal, secundario e instrumental y tiene por objeto la providencia que se pide del magistrado, como medio para obtener la satisfacción del interés primario o sustancial, que ha quedado lesionado por el comportamiento de la contraparte, o más genéricamente por la situación de hecho objetivamente existente. Ese interés procesal surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial, presupone por eso la lesión de ese interés y la idoneidad de la resolución demandada para protegerlo y satisfacerlo. Ello significa que la parte actora perdió ese elemento dinámico de la acción que la condujo a su decaimiento, lo que conduce a la extinción del proceso. III DE LA DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara LA EXTINCIÓN DEL PROCESO por decaimiento de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en la presente acción que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA, sigue el FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra los ciudadanos LUIS RAMON CHIRINOS y MIREYA URSULA SANTI VASQUEZ. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Remítase el presente expediente a la Coordinación de Archivo de este Circuito Judicial, a fin de que se forme el legajo para su remisión a los depósitos del Archivo Judicial.- Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016) Años 205° y 156°. EL JUEZ PROVISORIO, MAURO JOSÉ GUERRA. LA SECRETARIA, ENDRINA OVALLE OCANTO En la misma fecha y siendo las _______, se publicó, registró y dejó copia certificada de la presente decisión en el copiador respectivo. LA SECRETARIA, MJG/EO/Andreina*