REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 9 de Marzo de 2016 205º y 157º ASUNTO: AP11-V-2013-001442 DEMANDANTES: NERIO LOZADA y MANUEL ACEVEDO, titulares de las cédulas de identidad números V-5.805.722 y V-5.409.923, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.565 y 56.178 respectivamente, quienes actúan en su propio nombre. DEMANDADOS: MARLENE RAMOS CALDERÓN y JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMOS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-8.035.943, V- 6.090.211. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No constituido en autos. MOTIVO: Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales – I – En fecha 11 de febrero de 2014, previa consignación de los instrumentos fundamentales, el Tribunal admitió la demanda interpuesta y ordenó la intimación de los demandados. Mediante auto de fecha 17de febrero de 2014, se dictó auto complementario ordenando la intimación de la ciudadana MARLENE RAMOS CALDERÓN. En fecha 24 de febrero de 2014 la Secretaría de este Juzgado dejó constancia que se libró compulsa a la parte demandada. Mediante auto de fecha 28 de abril de 2014, este Tribunal ordenó librar cartel de citación a la parte demandada en el presente juicio. En esa misma fecha se libraron los referidos carteles. En fecha 18 de junio de 2014, la Secretaría de este Juzgado dejó constancia de haber fijado el cartel de citación dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Mediante auto de fecha 30 de enero de 2015, este Tribunal designó al abogado Oscar Medina como defensor ad litem de la parte demandada. En la misma fecha se libró boleta de notificación al defensor judicial. Mediante auto de fecha 24 de febrero de 2015, se revocó al ciudadano Oscar Medina como defensor judicial, y se designó al ciudadano Reiner Carmona como defensor ad litem de las partes demandadas. En esta misma fecha se libró boleta de notificación al referido defensor. – II – El Tribunal a los fines de proveer sobre esta causa, hace las siguientes observaciones: Se hace menester hacer referencia a la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes...”. Por su parte, el artículo 269 ejusdem dispone lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Asimismo la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nº 156 de fecha diez (10) de agosto del año 2.000, expresó: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...” A este respecto, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche ha sostenido que: "Un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es mas que la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el cual no se realizan actos de impulso procesal y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. Toda paralización del proceso contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse, según se den o no los factores legales que la determinan. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso y; por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal". Conforme a la norma y la jurisprudencia antes citadas, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente, que desde el día 24 de febrero de 2015, fecha en la cual este Juzgado se revoco al ciudadano Oscar Medina como defensor judicial, y se designo al ciudadano Reiner Carmona como defensor ad-litem de las partes demandadas., se observa que hasta la fecha, no consta en autos la consignación de diligencia alguna mediante la cual, la parte actora haya dado impulso al proceso, habiendo transcurrido más de un (01) año, por lo que forzosamente este Despacho debe concluir que en el caso de autos, ha operado la perención de la instancia a la que hace referencia el artículo anteriormente citado. Y siendo que en el caso de estos autos la omisión de actuación del demandante durante más de un (01) año, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en la sentencia parcialmente transcrita como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el abandono de trámite resulta consumado. En armonía con lo anterior y siendo visible de manera fehaciente, el decaimiento del interés del demandante por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la aniquilación de este procedimiento, y así se declara. En conclusión de todo lo antes expuesto, resulta forzoso a este Juzgador declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, con fundamento en lo previsto en el articulado arriba citado. Así se decide. – III – Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide así: ÚNICO: Se declara PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales intentada por los abogados Nerio Lozada y Manuel Acevedo contra los ciudadanos Marlene Ramos Calderón, y José Domínguez Ramos ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 ejusdem. Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 8º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 9 de Marzo de 2016. 205º y 157º. El Juez, Abg. César A. Mata Rengifo La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut En esta misma fecha, siendo las 3:26 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut Asunto: AP11-V-2013-001442 CAM/IBG/Ángela