TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA ACTUAL C. G., C. A., de este domicilio inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 05 de Mayo de 1989, bajo el Número 66, Tomo 38-A-Pro y sus modificaciones realizadas en fechas 10 de Abril de 1990, bajo el Número 1, Tomo 5-A-Pro; 04 de Julio de 1990, bajo el Número 16, Tomo 5-A-Pro; 04 de Abril de 1991, bajo el Número 29, Tomo 8-A-Pro; y 13 de Agosto de 1996, bajo el Número 40, Tomo 218-A Pro.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LUIS LUNA DE LA ROSA, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Número. 6.070.

PARTE DEMANDADA: PEDRO ROGELIO HERNÁNDEZ FLORES, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Número 2.085.584
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: JOSÉ D. HERNÁNDEZ FLORES, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Número 21.544.

MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.
Expediente Nº:12-0500 (Tribunal Itinerante).
Expediente Nº:AH16-R-2004-000027 (Tribunal de la causa).
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
I
NARRATIVA
Se inició el presente procedimiento mediante demanda por Cobro de Bolívares en fecha doce (12) de Mayo de dos mil tres (2003).
Previa distribución, el Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha veintidós (22) de Mayo de dos mil tres (2003), dictó auto mediante el cual admitió la demanda.
En fecha dieciocho (18) de Junio de dos mil tres (2003), compareció ante el Tribunal de la causa el ciudadano MIGUEL HERNÁNDEZ, en su carácter de Alguacil del Juzgado Noveno de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, y consignó recibo de citación debidamente firmado por la parte demandada.
La representación judicial de la parte demandada en fecha dieciocho (18) de Agosto de dos mil tres (2003), consignó escrito mediante el cual opuso cuestiones previas prevista en el ordinal 6º del artículo 346 en concordancia con el artículo 340 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil.
En fecha veintiocho (28) de Agosto de dos mil tres (2003) la representación judicial de la parte actora consignó escrito a los fines de subsanar o contradecir las cuestiones previas opuestas por la parte demandada.
La representación judicial de la parte demandada en fecha tres (03) de Septiembre de dos mil tres (2003), consignó escrito de promoción de pruebas.
Mediante nota de Secretaría, de fecha ocho (08) de Septiembre de dos mil tres (2003), se dejó constancia que en el presente espacio cursa a los folios 95 al 99 escrito de contestación a la formalización de tacha, del presente expediente, en virtud de su desglose.
El Tribunal de la causa mediante auto de fecha ocho (08) de Septiembre de dos mil tres (2003), ordenó la apertura del respectivo cuaderno de tacha, a fin de su tramitación por cuaderno separado.
Mediante auto de fecha once (11) de Septiembre de dos mil tres (2003), el Tribunal de la causa admitió las pruebas promovidas por la parte demandada y fijó el 3º día de despacho siguiente para que la parte actora exhibiera las documentales.
La representación judicial de la parte demandada consignó escrito de conclusiones en fecha diecinueve (19) de Septiembre de dos mil tres (2003).
El Tribunal de la causa en fecha nueve (09) de Octubre de dos mil tres (2003) dictó Sentencia Interlocutoria, mediante la cual declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas por la parte demandada.
En fecha (16) de Octubre de dos mil tres (2003) la representación judicial de la parte demandada consignó escrito de contestación a la demanda.
La representación judicial de la parte actora en fecha diez (10) de Noviembre de dos mil tres (2003), consignó escrito de promoción de pruebas. Así mismo en esa misma fecha la representación judicial de la parte demandada consignó escrito de promoción de pruebas y en fecha once (11) de Noviembre de ese mismo año, consignó escrito complementario de promoción de pruebas.
En fecha doce (12) de Noviembre de dos mil tres (2003) la representación judicial de la parte demandada consignó escrito de oposición a las pruebas promovidas por la parte actora.
Mediante auto de fecha veinticinco (25) de Noviembre de dos mil tres (2003) el Tribunal de la causa admitió las pruebas consignadas de la parte actora y en cuanto a la prueba de exhibición de documento observa que la parte promovente no acompañó copia del documento, o en su defecto los datos que conozca de los mismos, por lo que negó la admisión, así mismo, en esta misma fecha admitió las pruebas promovidas por la parte demandada.
En fecha nueve (09) de Marzo de dos mil cuatro (2004), ambas partes litigantes consignaron sus respectivos escritos de informes. Posteriormente, fechados diecinueve (19) de Marzo de dos mil tres (2004) ambas partes consignaron escritos de observaciones de informes.
El Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha veintiuno (21) de Junio de dos mil cuatro (2004) dictó Sentencia Definitiva, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por Cobro de Bolívares y declaró SIN LUGAR la Tacha de Falsedad propuesta por la parte demandada.
La representación judicial de la parte actora mediante diligencia fechada veintiocho (28) de Junio de dos mil cuatro (2004), ejerció recurso de apelación.
El Tribunal de la causa en fecha primero (1º) de Julio de dos mil cuatro (2004), oyó en ambos efectos la apelación ejercida por la representación judicial de la parte actora y ordenó la remisión al Juzgado Distribuidor de Turno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial.
Previa distribución, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Mediante, mediante auto de fecha diecinueve (19) de Julio de dos mil cuatro (2004), le dio entrada al expediente.
En fecha catorce (14) de Febrero de dos mil doce (2012) el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, remitió el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U. R. D. D.) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en cumplimiento a la Resolución Número 2011-0062, de fecha treinta (30) de Noviembre de dos mil once (2011) dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha once (11) de Abril de dos mil doce (2012) este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, le dio entrada a la presente causa, previa distribución.
Mediante auto de fecha diecisiete (17) de Octubre de dos mil trece (2013) la Juez Titular Celsa Díaz Villarroel se avocó de oficio y de manera general al conocimiento de las causas.
Mediante nota por Secretaría de fecha treinta (30) de Octubre de dos mil trece (2013) se dejó constancia de haberse publicado cartel único y general de avocamiento en el diario Últimas Noticias, en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, y haberse fijado en la cartelera del Tribunal, dando así cumplimiento con los requisitos establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
II
MOTIVACION PARA DECIDIR
Estando en la oportunidad procesal correspondiente y habiéndose efectuado previamente una síntesis de los hechos, este Tribunal en conocimiento de las presentes actuaciones pasa a emitir su pronunciamiento con base a las siguientes consideraciones:
Narrados los hechos procesales que cursan en el presente expediente, ha precisado este Juzgado que la última actuación de la parte actora-recurrente fue en fecha ocho (08) de Febrero de dos mil seis (2006), oportunidad en la cual solicitó al Tribunal de la causa que dictara Sentencia definitiva en el presente procedimiento, sin que conste en autos que haya realizado actuación alguna que le diera impulso al recurso, lo que implica que no ha manifestado su interés para la prosecución de la causa desde esa oportunidad hasta la presente fecha y como consecuencia ha operado el decaimiento del recurso ejercido, sin embargo, quien aquí decide para una mejor ilustración considera pertinente indicar el derecho que tiene toda persona para acceder a los órganos de justicia y con el fin de no menoscabar el derecho a la defensa de las partes, conforme lo dispone el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra el derecho de toda persona a acceder a los órganos de justicia. Y que a la letra dice: “Toda persona tienen derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y obtener con prontitud la decisión correspondiente…”.
Así, la acción como derecho, facultad o poder reconocido Constitucionalmente, deviene del interés de todas las personas de instar al órgano jurisdiccional a fin de que se le tutele su derecho, el cual se materializa con la interposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso hasta obtener una decisión.
En Sentencia Nº 1.167/2001 (Caso: Felipe Amado) la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, definió el concepto de acción, en los términos siguientes: “…La acción es el derecho de las personas a exigir de los órganos jurisdiccionales, mediante el proceso, la resolución de una controversia o de una petición, independientemente de que obtengan o no sentencia favorable. La acción pone en movimiento a la jurisdicción y una de las formas de su extinción es la sentencia que finaliza definitivamente el proceso. Con el ejercicio del derecho de acción se crea en el Estado, por intermedio del órgano jurisdiccional competente, la obligación de prestar la función jurisdiccional...”.
De allí que, cuando la parte hace uso de su derecho a accionar ante los órganos de administración de justicia, es ineludible su deber de mantener y demostrar el interés que tiene en la resolución de la apelación interpuesta, pues de lo contrario conforme al criterio del más Alto Tribunal de la República deberá ser declarado el decaimiento del recurso ejercido.
Al respecto, la Sala Constitucional mediante decisión Nº 956/2001, (Caso: Fran Valero González y otra), expresó: “…la pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin … (omisis) …La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido…”.
Con fundamento en los anteriores argumentos, la referida Sala concluyó lo siguiente: “… si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación, o no en poder del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el termino que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción…”.
Aun más, en cuanto a las consecuencias de esa pérdida del interés, la citada Sala en su fallo Nº 1167/2001, entre otros, estableció que: “… a juicio de esta Sala, la diferencia entre los efectos de la pérdida de la acción y la extinción del proceso son claros en el código de procedimiento civil, ya que mientras el desistimiento de la acción, lo que conlleva a su perdida, se convierte en cosa juzgada, el desistimiento del procedimiento y por ende la perención, solamente extingue la instancia y en principio no perjudica la acción…”.
De allí, que no queda lugar a dudas que la perención y el decaimiento de la acción son figuras jurídicas distintas y cuyas consecuencias son totalmente diferentes. Ahora bien, se observa, que el decaimiento de la acción sólo ocurre en dos casos específicos: a) Cuando se abandona la causa antes de que el tribunal se pronuncie sobre su admisibilidad. b) Cuando estando en estado de sentencia la causa se suspende por un término superior al de la prescripción del derecho objeto de la pretensión que se reclama.
De lo antes expuesto se puede evidenciar a toda luz de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, que la última actuación realizada por la representación judicial de la parte actora-recurrente fue en fecha ocho (08) de Febrero de dos mil seis (2006), oportunidad en la cual mediante diligencia solicitó se dictara Sentencia definitiva; por lo cual se evidencia que desde esa actuación han transcurrido más de diez (10) años, sin que dicha parte haya instado la continuación del procedimiento ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, mucho menos insistido en sus pretensiones a pesar que en fecha diecisiete (17) de Octubre de dos mil trece (2013) se dejó expresa constancia de haberse cumplido con las formalidades de ley, es decir, notificadas las partes del avocamiento de la Jueza mediante cartel único publicado en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sede de este Juzgado, así como en el diario ”Ultimas Noticias” en fecha treinta (30) de Octubre de dos mil trece (2013).
En sintonía con todo lo expuesto, visto que la pérdida del interés procesal en la presente causa se produjo en la etapa de sentencia y que rebasa el término de prescripción del recurso de apelación ejercido por la parte actora-recurrente, concluye esta Juzgadora que en este proceso ha decaído el interés de la misma, lo que se pone de manifiesto tras apreciar su inactividad procesal por un lapso holgadamente superior al de la prescripción de dicho recurso en el cual se basa su pretensión, en consecuencia, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar la extinción del recurso de apelación ejercido por abandono y falta de interés, lo cual se dispondrá de manera expresa, positiva y precisa en la sección in fine de esta decisión; Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.
III
DISPOSITIVA

En mérito a todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: EL DECAIMIENTO Y EXTINCIÓN por abandono y falta de interés en el Recurso de Apelación ejercido por la parte actora-recurrente contra Sentencia dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha veintiuno (21) de Junio de dos mil. Cuatro (2004), en el juicio que por Cobro de Bolívares sigue la Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA ACTUAL C. G., C. A. contra el ciudadano PEDRO ROGELIO HERNANDEZ FLORES, plenamente identificados al iniico del presente fallo.
SEGUNDO: En consecuencia SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el fallo al que se hace referencia en el Particular Primero.
TERCERO: Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas.
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y NOTIFIQUESE.
Déjese copia certificada de esta decisión en el copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los diez (10) días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016). Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
LA JUEZ ,

CELSA DÍAZ VILLARROEL.
EL SECRETARIO ACC.,

LUIS JOSE ZAPATA.
En esta misma fecha, siendo las once y cincuenta de la mañana (11:50 a. m.), se publicó, agregó y registró la anterior sentencia, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
EL SECRETARIO ACC.,

LUIS JOSE ZAPATA.

CDV /LJZ/nega.