TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.

PARTES Y APODERADOS:

DEMANDANTE: Ciudadanos LUISA ELENA LIENDO y JOSE LUIS HURTADO GOMEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-6.001.865 y V-6.198.645, respectivamente.

DEMANDADOS: Ciudadano ROMEL JOSE RIVERO OROPEZA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-10.356.429.

APODERADOS:

DEMANDANTE: Abogados MANUEL DE JESÚS DOMINGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 41.605.

DEMANDADO: Abogados RICHARD SANCHEZ MARTINEZ y MARLENY MALAVE MALAVE, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 23.044 y 77.933, respectivamente.

MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS.

PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA

Se plantea la presente controversia cuando la parte accionante, ciudadanos LUISA ELENA LIENDO y JOSE LUIS HURTADO GOMEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-6.001.865 y V-6.198.645, respectivamente, acuden a éste órgano jurisdiccional a demandar al ciudadano ROMEL JOSE RIVERO OROPEZA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-10.356.429, por Daños y Perjuicios, por lo siguiente:

Indica el actor que en fecha 20 de abril de 2.001, siendo aproximadamente las doce y treinta del medio día encontrándose en su domicilio el ciudadano JOSE LUIS HURTADO GOMEZ en compañía de su Serra LUISA ELENA LIENDO, en su residencia, Ubicada en la Calle Vargas-Barrio San Miguel, casa número 31, (parte alta) Sector Las Palmas urbanización El Cementerio Parroquia Santa Rosalía, tocaron la puerta de su hogar, al abrirla penetran en una forma violenta un grupo de personas aproximadamente de seis (6), quienes vestían de civiles, quienes arremeten contra su integridad física, y sin previo aviso, les ordenaron acostarse en el piso de la vivienda, y al exigirle explicaciones a este grupo de personas extrañas a su núcleo familiar, estos dicen que tienen ordenes expresas del Director General de la Policía Metropolitana y la jefa de la Zona 10 del Valle, practicarle este allanamiento, por estar vendiendo estupefacientes.

Posteriormente, este grupo de ciudadanos después de tener una hora dentro del domicilio del esposo LIENDO HURTADO, quienes concordaba o liderizaba tal allanamiento, fue que se identifico como funcionario de la Policía Metropolitana, con el grado o rango de Inspector cuyo nombre fue ROSMEL JOSE RIVERO OROPEZA, adscrito a la Zona 10 de los Jardines del Valle, quien le manifestó tener ordenes expresa de un Tribunal para tal visita en su residencia, mostrándole al actor una orden de visita domiciliaria, al leer tal orden de allanamiento, le manifestó al jefe de la comisión que la dirección no concordaba con la de su domicilio, ni el nombre ni el apellido, tampoco, al darse cuenta de tal error, el jefe de la comisión y los otros integrantes de la misma, le exigieron al actor que de todas manera tenia que entregarles SIETE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 7.000.000,00) en caso contrario le sembrarían estupefaciente, mostrándole un bolso de color rojo contentivo en su interior varias porciones de droga, trasladando a uno de los demandantes ciudadano JOSE LUIS HURTADO GOMEZ, ya identificado, con la amenaza e advertencia, por parte de los funcionarios quienes vestían de civiles, que si no llevaban el dinero, aplicarían tráfico de estupefacientes y lo pasarían a los Tribunales competentes.

Aduce el actor que estando ilegalmente detenido en la Comisaría Pedro Emilio Coll, conocida comúnmente como la Zona 10 de Los Jardines del Valle, al cabo de cuatro horas, se presentó la ciudadana EUSEBIA ROSA HURTADO GÓMEZ y EDUWAL JOSÉ PALACIOS, hermana y su cuñado, a la Zona 10 de la Policía Metropolitana, el cual le hicieron entrega a el funcionario PABLO ALBINO RUIZ BARRERA, la cantidad de SIETE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 7.000.000,00), a cambio de la libertad del actor, quien fue puesto en libertad por ordenes expresas de la jefa de la Zona 10, Comisaría Cristina Méndez Rosales.

Que luego de ser puesto en libertad los días 21, 22 y 23 de abril de 2.001, se presentaron los mismos funcionarios de la Policía Metropolitana, vistiendo de civil, quienes le practicaron aun sin órdenes expresas de un tribunal competente, allanamiento al domicilio del actor, comandada por el cabo segundo. ORLANDO DELGADO GARCÍA, PABLO ALBINO RUIZ BARRERA, WILMER GREGORIO MONTIEL OROPEZA, y la femenina CARMEN YOLANDA GONZALEZ, a la residencia de los esposos GÓMEZ-LIENDO, y bajo amenaza que si los denunciaba, sobre la entrega del dinero y los daños a su domicilio, podían salir de verdad perjudicados.
Señala el actor que en fecha 24 de abril, de 2.001, en vista de tanto hostigamiento, acoso, extorsión por parte de los funcionarios de la Zona 10 de la Policía Metropolitana ubicada en la calle 11 de los Jardines del Valle, interpone Recurso de Acción de Amparo Constitucional, por ante la Oficina Distribuidora Ejecutiva de Expedientes Penales, y por vía de Distribución recayó en el Tribunal n funciones de Control Sexto del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así mismo denuncia a los transgresores de la ley ut supra identificado,, por ante la División de Inspectoria Asuntos Internos de la Policía Metropolitana, siendo sustanciada por el grupo B e investigada por el Sub-Comisionario POND ANDRADE.

Igualmente, en fecha 30 de abril de 2.001, se realizo la audiencia Constitucional, el cual el Tribunal Sexto en Función de Control Penal, actuando como Tribunal Constitucional declaró con lugar la Acción de Amparo Constitucional, por la violación del domicilio de los ciudadanos JOSÉ LUIS HURTADO GÓMEZ y LUISA ELENA LIENDO. Seguidamente los apoderados de los funcionarios, apelaron de dicha decisión, recayendo por vía de distribución, en la Corte de Apelaciones Nº 10, quien confirmó en toda sus instancias, la decisión del Tribunal Sexto en Función de Control Penal.
Ahora bien, vistas las actuaciones que conforman el presente expediente el Tribunal observa que, consta en autos que en fecha 22 de Abril de 2.003, se declaró con lugar la Cuestión Previa contenida en el Ordinal 8º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y conforme al artículo 355 ibidem, la presente causa deberá seguir hasta llegar al estado de sentencia, suspendiéndose el proceso hasta tanto constara en autos las resultas de la cuestión prejudicial.
En tal sentido, y por cuanto la última actuación que consta en autos fue realizada en fecha 20 de Septiembre de 2005, referente al auto dictado por este Tribunal mediante el cual suspendió la presente causa en el estado de dictar sentencia hasta tanto la cuestión prejudicial que debe influir en el juicio sea resuelta, evidenciándose que no concurrieran al juicio a realizar algún acto de impulso del proceso, esta circunstancia expuesta evidencia que las partes perdieron interés en esta causa desde la decisión de fecha 20 de Septiembre de 2005, pues no consta impulso alguno de parte de ellas para activar el proceso, todo lo cual representa una inercia procesal de aproximadamente diez (10) años y seis (06) meses.
En tales circunstancias, es de considerar que el interés supremo del Estado es la pronta solución de los conflictos suscitados entre particulares sometidos a su consideración, prevaleciendo el mantenimiento del orden público y la paz social por sobre el interés particular del individuo, evitándose, con ello, la indebida prolongación de los juicios pues, de acuerdo al artículo 149 del Código de Procedimiento Civil, el deber de impulsar el procedimiento corresponde por igual a todos los litisconsortes, con lo cual la ley consagra el principio inherente a las partes de sustanciar su juicio, más aún si se tiene en consideración que la detención del proceso no ocurre a consecuencia de una causa legal sino, al contrario, a motivos imputables a ambas partes, lo que, indudablemente, entraña su falta de interés en proseguir los trámites procesales correspondientes. En casos similares, como el que nos ocupa, el Supremo Tribunal de la República ha sostenido lo siguiente:

“...Suele comentarse que la perención no tiene lugar cuando el juicio está en suspenso. A juicio de esta Sala hay que diferenciar la naturaleza de la detención procesal, ya que si ella es producto de una suspensión por algún motivo legal, durante la suspensión, el juez pierde la facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), y éste entra en un estado de latencia mientras dure el término legal de suspensión, pero transcurrido éste, así no exista impulso de los sujetos procesales, el proceso automáticamente debe continuar, y si no lo hace, comienza a computarse el término para perimir...
(omissis)
...La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió.
El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes...
(omissis)
...Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía a derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso se va a reanudar, y recomienza en el siguiente estadio procesal a aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo previó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil.
Ese es el criterio que gobierna al artículo 257 eiusdem. Las partes se encuentran a derecho mientras en el proceso corren los lapsos para sentenciar, pero transcurridos esos términos sin fallo alguno, ellas dejan de estar a derecho, por lo que deberán ser notificadas, a fin que corran los lapsos para interponer los recursos contra la sentencia dictada extemporáneamente. Tal notificación se ordena de oficio, debido al carácter de director del proceso que tiene el juez, ya que es a él a quien es atribuible la dilación..
Cuando, en el término para sentenciar y en el de diferimiento, no se sentencia, la causa se paraliza y cesa la estadía a derecho de las partes.
Para que el proceso continúe se necesita el impulso de uno de los sujetos procesales, ya que es la inactividad de éstos lo que produce la parálisis, y en el caso de la sentencia emitida extemporáneamente, el legislador consideró que es el Tribunal quien actúa y pone en movimiento el juicio en relación con las partes, quienes son los que tienen interés en ejercer su derecho a la defensa (interposición de recursos, nombramientos de expertos para la experticia complementaria, etc.).
Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento Civil, la inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención...
(omissis)
...Sin embargo, no puede entenderse que esa expectativa legítima sea indefinida, ya que una inactividad absoluta y continuada produce otros efectos jurídicos, aunque distintos de la perención.
La expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos que no sean contrarios a derecho...
(omissis)
...No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor...
(omissis)
...Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor...
(omissis)
...ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción. De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción...” (Extracto de la sentencia N° 956 dictada en fecha 1 de junio de 2001 por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en el caso de F. V. González y otro en amparo), cuya doctrina, dado su carácter vinculante, debe ser aplicada por mandato expreso del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en aras de resolver el asunto que nos ocupa y, por ende, resulta procedente y ajustado a derecho recurrir al trámite conclusivo del proceso a que alude el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pues las partes involucradas en esta controversia no fueron diligentes en impulsar la continuación del procedimiento para la resolución de la causa. Así se establece.

DECISION

Sobre la base de las razones de hecho y de derecho arriba expuestas, este Tribunal, en uso de sus facultades legales, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara:

1.- En conformidad a lo previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, se declara consumada de pleno derecho la perención de la instancia en el presente juicio.

2.- Dada la naturaleza de este fallo, no existe especial condenatoria en costas, todo ello a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

REGISTRESE Y PUBLIQUESE.

Dada firmada y sellada en Caracas a los 30/03/2016, Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZ

Dra. MARIA A. GUTIERREZ.
LA SECRETARIA

Abg. DILCIA MONTENEGRO

En la misma fecha siendo las _______________, horas se registró y publicó la anterior sentencia.
LA SECRETARIA

MAGC/DM/Enny
EXP. 02-0944